El papel de la comunidad internacional

Además de las investigaciones abiertas por ej juez Baltasar Garzón en España, en agosto de 1998 un tribunal alemán abrió un caso relacionado con la "desaparición" en 1976 de un ciudadano argentinoalemán, Guillermo Augusto Engel, mientras que ese mismo mes se anunció que se habían organizado campañas en varios países europeos para recabar 500 mil firmas a favor de los juicios de antiguos violadores de los derechos humanos en Argentina y Chile. El presidente Menem recibió peticiones similares de miembros de los gobiernos de España, Finlandia y Suecia durante las visitas de Estado a estos países.

La Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos--por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos--también siguió desempeñando un papel importante en la observación de los derechos humanos en Argentina, que incluyó casos de muertes en custodia policial, "desapariciones," persecución de periodistas y abuso de la detención preventiva. En marzo de 1997, la Comisión Interamericana concluyó que Argentina había violado los derechos a la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho a juicio dentro de un período razonable en 23 casos concretos, en los cuales se había detenido provisionalmente a personas durante períodos que oscilaban entre los tres y los casi siete años. La Comisión exhortó a Argentina a que revisara sus prácticas en materia de detención preventiva y pusiera inmediatamente en libertad a las personas recluidas en contravención de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos participaron activamente en la búsqueda de soluciones amistosas, que incluyeron los pagos de indemnizaciones a familiares en los casos de presos "desaparecidos" después de su detención por parte de la policía, sobre los que el Estado argentino había reconocido su responsabilidad. Entre ellos se encontraba el caso de Paulo Cristián Guardatti, "desaparecido" tras ser detenido por la Policía Provincial de Mendoza en 1992, en el que se aceptó una solución amistosa en 1997. En los casos de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, "desaparecidos" en 1990 tras ser detenidos por el mismo cuerpo policial, la Comisión rechazó la solución propuesta por Argentina, y dejó el caso en manos de la Corte en 1998.

Estados Unidos

En su informe de 1998, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en concreto la serie de amenazas constantes contra periodistas y los ataques a la libertad de prensa, así como destacó el caso de José Luis Cabezas, que, según declaró, al parecer había muerto debido a su participación en las investigaciones de las actividades criminales de la policía. Además, el informe señaló las amenazas telefónicas durante 1997 contra la organización Periodistas, establecida dos años antes para defender el periodismo independiente frente a las amenazas constantes.

Informes Relevantes de Human Rights Watch

La Inseguridad Policial: Violencia de las Fuerzas de Seguridad en la Argentina, 10/98


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