VI. LA RESPUESTA INTERNACIONAL

La República Dominicana ha sido objeto de críticas internacionales intensas y sostenidas por su trato a los haitianos y dominicanos de origen haitiano. Varios organismos intergubernamentales-entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU-ha manifestado su preocupación en relación con los abusos cometidos contra la población haitiana. Su análisis de la situación se basa en las iniciativas constantes de los grupos de derechos humanos de Haití y la República Dominicana.

A lo largo de lo años, las autoridades dominicanas han reaccionado a dichas críticas con actitud desafiante o incluso con hostilidad manifiesta. En 1991, el Presidente Balaguer advirtió que la preocupación internacional por el trato a los haitianos era el reflejo de una "campaña amenazante" contra el país. No sólo no remedió las prácticas abusivas, sino que emprendió medidas aún más drásticas para expulsar a los haitianos indocumentados.

Aunque sus sucesores han demostrado una actitud algo más abierta al escrutinio internacional, la posición de base del gobierno ha sido con frecuencia intransigente. De hecho, la reacción del Presidente Leonel Fernández al informe de 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declarándose "indignado" por las críticas del informe, parecía casi una réplica de la de Balaguer.¹⁵⁰ Las deportaciones masivas que se instituyeron poco después de la publicación del informe también fueron preocupantemente evocadoras de la estrategia de Balaguer.

En lugar de tomarse en serio las críticas internacionales-y corregir las prácticas abusivas en consonancia-las autoridades dominicanas se han aprestado a calificarlas de parciales e injustas. Una ilustración típica de esta tendencia es el informe más reciente presentado por la República Dominicana al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial:

Ese argumento [de que el país sufre un prejuicio racial] carece totalmente de fundamento y, más aún la manipulación que en algunos instrumentos internacionales se ha hecho sobre el particular... siendo, en consecuencia, más que un absurdo, un pretexto de supervivencia de algunas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras.¹⁵¹

No sólo se han desdeñado las recomendaciones internacionales, sino que los grupos locales han sido sometidos a una fuerte presión para acallar sus críticas. Políticos ultranacionalistas, personalidades religiosas destacadas y comentaristas han atacado públicamente a los defensores de los derechos humanos por su defensa de los derechos de los haitianos y los domínico-haitianos.¹⁵² Estos ataques fueron especialmente virulentos durante el escándalo de la quema de una bandera de abril de 2001.

Pero ciertas tendencias recientes permiten cierto optimismo. En septiembre de 2001, como acontecimiento más destacado, el gobierno de Hipólito Mejía alcanzó un acuerdo con la Comisión Interamericana para la resolución de una demanda relacionada con dos niños a los que se había negado una prueba de nacionalidad dominicana. La nueva postura cooperativa del gobierno siembra la esperanza de que cuestiones más importantes que rodean el caso puedan resolverse también de manera compatible con las normas internacionales.

El sistema interamericano de derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó por primera sobre los abusos a haitianos en la República Dominicana en 1991, tras realizar una visita in situ al país. En junio de 1997, la Comisión realizó otra visita in situ. Ambos informes de la Comisión sobre la situación de los haitianos en la República Dominicana centraron la atención en las expulsiones masivas, las violaciones al debido proceso, la separación forzada de familiares, las malas condiciones de vida de los bateyes y las violaciones a los derechos laborales.

La Comisión se puso en contacto con la República Dominicana en febrero de 2001 para pedirle información con respecto a las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones de su informe de 1999. En respuesta, la República Dominicana invitó a la Comisión a realizar una visita de seguimiento, que seguía pendiente cuando se escribió este informe.¹⁵³

Actualmente, hay dos casos pendientes contra la República Dominicana ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El primero de ellos, el caso 12.189, está relacionado con el derecho a la nacionalidad dominicana y a la educación pública de los hijos de indocumentados. El segundo, el caso 12.271, cuestiona las prácticas de deportación de la República Dominicana, el maltrato a los deportados y la negación de documentación a los dominicanos de origen haitiano y los trabajadores inmigrantes haitianos.

La primera demanda fue interpuesta ante la Comisión en octubre de 1998 por la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Boalt Hall, en la Universidad de California en Berkeley, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA). Los demandantes solicitaron que la Comisión dictara medidas cautelares para dos niñas, una de 15 años y otra de cuatro. Las niñas habían nacido en la República Dominicana de madre dominicana y padre haitiano, y se les había negado a ambas los papeles de maternidad. La niña mayor no pudo asistir a la escuela durante dos años por no tenía prueba de nacionalidad dominicana. En agosto de 1999, la Comisión ordenó a la República Dominicana que adoptara medidas inmediatas para garantizar que ambas niñas no serían expulsadas del país, y que la niña mayor pudiera asistir a la escuela.

La Comisión decretó la admisibilidad del caso en febrero de 2001.¹⁵⁴ En septiembre de ese año, tras la visita de una delegación de la Comisión a Santo Domingo, el gobierno aceptó resolver el caso entregando papeles de maternidad a las dos niñas.¹⁵⁵

El 12 de noviembre de 2001, un grupo más amplio de ONG y clínicas de facultades de derecho presentaron una segunda demanda contra la República Dominicana.¹⁵⁶ En la petición se solicitaba a la Comisión que dictara medidas cautelares para proteger a la población de haitianos y dominicanos de origen haitianos frente al riesgo de expulsión.¹⁵⁷ El 22 de noviembre de 1999, la Comisión dictó medidas cautelares y ordenó a la República Dominicana que cesara las expulsiones colectivas y garantizara el debido proceso en las expulsiones individuales.¹⁵⁸ Durante varios meses, la República Dominicana dudó entre la ignorancia y el rechazo total de las ordenes de medidas cautelares dictadas por la Comisión.¹⁵⁹ Como resultado de esto, la Comisión decidió solicitar medidas provisionales vinculantes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¹⁶⁰

La Corte Interamericana pidió a la Comisión que nombrara a víctimas individuales que fueran representativas del grupo de personas sometidas al riesgo de expulsión. En junio de 2000, la Comisión citó a seis dominicanos de origen haitiano y a un haitiano.¹⁶¹ El 8 de agosto de 2000, la Corte celebró una vista sobre el caso en San José, Costa Rica, en la que tomó declaración a Sonia Pierre, directora ejecutiva del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), y al padre Pedro Ruquoy, director ejecutivo del Centro Puente. Ambos son activistas de derechos humanos que llevan décadas trabajando con las comunidades haitiana y domínico-haitiana de la República Dominicana. Poco después de la vista, la Corte dictó dos sentencias. En la primera dictaba medidas provisionales para proteger a cinco de los demandantes citados y a cada uno de los testigos calificados, pero pidió información adicional sobre los otros dos demandantes.¹⁶² En la segunda se extendían las medidas provisionales a todos los demandantes nombrados.¹⁶³ Aunque la Corte dispuso la protección de cada uno de los demandantes individuales, el fallo se consideró una victoria parcial para la comunidad haitiana y domínico-haitiana de la República Dominicana porque la Corte no dictó medidas para todo el grupo.

Después de las resoluciones de la Corte de agosto y septiembre de 2000, el gobierno dominicano informó a la Corte en varias ocasiones sobre sus esfuerzos para cumplir las medidas provisionales, pero no adoptó las medidas necesarias para implementarlas.¹⁶⁴ Es más, Sonia Pierre y el padre Ruquoy, los testigos que declararon ante la Corte, fueron objeto de ataques verbales y físicos como consecuencia de su participación en el caso.¹⁶⁵ La constante negativa de la República Dominicana a implementar las medidas provisionales hizo que la Corte dictara resoluciones adicionales reafirmando sus órdenes.¹⁶⁶ Pero recientemente, en una medida positiva anunciada en marzo de 2002, las autoridades dominicanas alcanzaron un acuerdo con los demandantes del caso para establecer un comité conjunto para supervisar el cumplimiento por parte del gobierno de las medidas provisionales dictadas por la Corte.¹⁶⁷

Aunque la Comisión continúa presionando al gobierno dominicano para que cumpla totalmente las órdenes de medidas provisionales de la Corte, el caso también está pendiente de una decisión basada en los hechos de la Comisión. Teniendo en cuenta la disposición de medidas provisionales para proteger a los haitianos y dominicanos de origen haitiano frente a la amenaza de expulsión, una decisión basada en los hechos podría conllevar que el gobierno dominicano compense a las víctimas de expulsiones sumarias y realice cambios estructurales de sus prácticas de deportación para evitar violaciones en el futuro. Cuando la Comisión haya resuelto el caso, puede someterlo a la Corte, que podría dictar una orden legalmente vinculante para que el gobierno implemente las medidas necesarias.

Las Naciones Unidas

Casi todos los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que han examinado las condiciones en la República Dominicana se han ocupado de los abusos a los haitianos y domínico-haitianos.¹⁶⁸ En el informe más reciente de la ONU, el Comité de Derechos Humanos declaró que "siente gran preocupación por las continuadas informaciones respecto a las deportaciones masivas de personas de origen haitiano aún cuando se trate de ciudadanos dominicanos."¹⁶⁹ El Comité apeló a las autoridades dominicanas para que cumplieran los requisitos del PIDCP-en particular, los artículos 7, 12 y 13-en su trato a los haitianos y dominicanos de origen haitiano.¹⁷⁰

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño también han expresado su preocupación por la discriminación contra las personas de origen haitiano y los asuntos relacionados con ésta en materia de nacionalidad, debido proceso, educación y derechos laborales.