Informes


"Personas Ilegales"
Haitianos y Domínico-Haitianos en la República Dominicana



  • I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

  • II. ANTECEDENTES

  • III. DEPORTACIONES Y EXPULSIONES MASIVAS

  • IV. NACIONALIDAD Y PRUEBA DE IDENTIDAD DOMINICANA

  • V. EDUCACIÓN

  • VI. LA RESPUESTA INTERNACIONAL

  • AGRADECIMIENTOS

  • (New York: Human Rights Watch, 2002)

    II. ANTECEDENTES

    La República Dominicana y Haití, que comparten la isla de La Hispaniola, nunca han sido los mejores vecinos. Con una historia marcada por el antagonismo mutuo y el conflicto, las dos poblaciones se han observado durante mucho tiempo con recelo. Incluso ahora, con unas relaciones relativamente cálidas entre sus gobiernos, los dominicanos y los haitianos todavía tienen que superar este legado de hostilidad y desconfianza.

    Muchos dominicanos, temerosos de la enorme pobreza y el sistema político disfuncional de Haití, consideran que su país se ha llevado injustamente la peor parte del éxodo haitiano. Según una encuesta publicada en una revista local hace unos años, el 75 por ciento de los dominicanos apoyaba la repatriación de la población haitiana, mientras que sólo el 5 por ciento pensaba que los haitianos eran "útiles" para el país.2 Sin embargo, la agricultura dominicana y, en los últimos años, la industria de la construcción dependen considerablemente del empleo de trabajadores haitianos. La propia supervivencia de la industria azucarera, la segunda fuente más importante de ingresos por exportación (después de la minería) en la República Dominicana, emplea a muchos de miles de cortadores de caña haitianos que trabajan por poco dinero en condiciones terribles.

    Dada la existencia de 380 kilómetros de frontera entre los dos países y las continuas dificultades políticas y económicas en Haití, es improbable que pierda importancia la cuestión de la inmigración haitiana.

    Las poblaciones haitiana y dominicana

    Con unos siete millones y ocho millones y medio de habitantes, respectivamente, Haití y la República Dominicana son ampliamente comparables por el tamaño de su población, pero Haití sólo tiene la mitad de superficie que su vecino.3 Las diferencias lingüísticas, culturales y las raciales percibidas entre las dos poblaciones cristalizaron durante la época colonial, cuando la República Dominicana estaba colonizada por los españoles y Haití por los franceses.4 Los haitianos de habla créole son descendientes de esclavos africanos, mientras que los dominicanos-que también tienen antepasados africanos-hablan español y muchos afirman descender de españoles o europeos. A pesar de que no existe una clara división racial entre los dos países, la población haitiana se considera en general "más negra" que la de la República Dominicana.

     

      Numerosas reivindicaciones históricas reales y percibidas complican las relaciones entre dominicanos y haitianos.

    No existen cifras confiables sobre el número de haitianos y domínico-haitianos que viven actualmente en la República Dominicana, y se trata de una cuestión polémica.5 La Comisión Interamericana, citando a las autoridades de inmigración dominicanas, informó en 1999 que entre 500.000 y 700.000 personas de origen haitiano estaban viviendo en la República Dominicana.6 Se citan cifras aún mayores: "un millón más o menos," fue el cálculo del Jefe del Ejército.7 Es probable que la mitad de estas personas, si no más, hayan nacido en la República Dominicana.8 De los nacidos en Haití, sólo una pequeña fracción se encuentra legalmente en la República Dominicana, con una visa o un permiso de trabajo.9 Según las autoridades dominicanas, muchos miles de haitianos han traído documentos de identidad falsos, lo que complica la tarea de distinguir entre residentes y ciudadanos legítimos de los inmigrantes indocumentados.10

    Una historia turbulenta

    Numerosas reivindicaciones históricas reales y percibidas complican las relaciones entre dominicanos y haitianos. Los dominicanos, por ejemplo, siguen resintiendo el gobierno haitiano de su país durante 22 años, un período descrito como duro y opresivo.

    Las luchas anticoloniales tuvieron lugar en ambos lados de La Hispaniola a principios del siglo XIX. Los haitianos expulsaron a los franceses en 1804, mientras que los dominicanos proclamaron su independencia de España en 1821. Este período de autogobierno en lo que ahora se conoce como la República Dominicana (entonces llamado Santo Domingo) duró muy poco, sin embargo. Al año siguiente, el ejército haitiano invadió la parte oriental de la isla y la ocupó hasta 1844. El héroe de la independencia dominicana, Juan Pablo Duarte, lideró a las fuerzas que expulsaron a los ocupantes haitianos y estableció la independencia de la República Dominicana. La República Dominicana y Haití no llegaron a una paz frágil hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando acordaron delimitar la frontera que divide la isla.11

    En vista de esta historia turbulenta -- y de las versiones distorsionadas de ésta divulgadas en las escuelas y los medios oficiales desde los tiempos de Trujillo -- algunos dominicanos no dudan aún en percibir una amenaza haitiana a la integridad territorial de su país. Incluso después de la abolición de las fuerzas armadas haitianas, el recuerdo persistente de la invasión haitiana sigue alimentando la paranoia antihaitiana.12

    Producción de azúcar, mano de obra haitiana y desarrollo económico

    La producción azucarera a escala industrial en la República Dominicana empezó a desarrollarse en los años 1870. A partir de la década de 1880, la industria utilizó considerable mano de obra temporera e inmigrante, procedente primero de las islas de las Antillas Menores y posteriormente de Haití.13 Los trabajadores inmigrantes haitianos solían vivir en bateyes-pueblos de la compañía ubicados cerca de las plantaciones de azúcar.

    A partir de 1952, Haití y la República Dominicana establecieron una serie de acuerdos bilaterales para garantizar el suministro constante de cortadores de caña temporeros de Haití a los campos de caña de azúcar dominicanos. Para gestionar los ingenios de azúcar y la contratación de mano de obra haitiana, el gobierno dominicano creó finalmente el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).14 La tarea del CEA consistía en reclutar, por la fuerza si fuera preciso, a los cortadores de caña necesarios para cada cosecha.15 Pero al mismo tiempo, en una política aparentemente esquizofrénica con respecto a los haitianos, las autoridades dominicanas también empezaron a realizar deportaciones sumarias a gran escala.16

    Aunque la rentabilidad de la industria azucarera dominicana ha disminuido en los últimos años, la mano de obra haitiana sigue siendo una contribución crucial a la prosperidad del país, especialmente en los sectores de la agricultura y la construcción. La economía dominicana, en contraste con la de Haití, ha crecido considerablemente durante la última década.17 El azúcar sigue siendo uno de los principales productos exportados por el país, aunque también se ha producido un crecimiento considerable del turismo y las zonas francas.

    Haití continúa siendo, con diferencia, el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los países más pobres del mundo.18 Dadas las terribles condiciones económicas y la inestabilidad política en Haití, no es de sorprender que muchos haitianos vayan ahora en tropel y voluntariamente a la República Dominicana con la esperanza de una vida mejor.

    Prejuicio racial y "antihaitianismo"

    El prejuicio racial está profundamente enraizado en la República Dominicana. Con la independencia, los nacionalistas empezaron a establecer una identidad dominicana independiente, definida en gran parte en solidaridad contra la percibida amenaza haitiana. Los dominicanos nacionalistas se autodenominaron "hispanos" y calificaron a los haitianos de "negros," una distinción basada en el prejuicio que ignora la diversidad racial de su país, e intentaron enfatizar su distancia racial y cultural con Haití.19

    En consonancia con dichas opiniones, los nacionalistas dominicanos pusieron rápidamente en marcha iniciativas para "mejorar" el linaje dominicano mediante el fomento de la inmigración europea.20 Las primeras leyes de inmigración eran claramente discriminatorias, con controles estrictos para limitar la entrada de inmigrantes que no fueran de origen caucásico.21

    El General Rafael Trujillo, el dictador dominicano que asumió el poder poco después de la ocupación estadounidense, hizo alarde de su racismo y dejó claro que consideraba inferiores a los haitianos. En 1937, con un brutal abuso de poder, ordenó al ejército que masacrara a todos los haitianos hallados fuera de las plantaciones de azúcar. Las estimaciones de las bajas varían, pero hasta los recuentos más conservadores reconocen que fueron asesinados miles de haitianos.22

    Durante mediados del siglo XX, Trujillo alimentó a la población dominicana con un régimen constante de propaganda antihaitiana, y utilizó las escuelas y los medios de comunicación para divulgar estas ideas. Trujillo se proclamó el defensor de la identidad nacional y plantó las semillas de estereotipos sobre los haitianos que se mantienen hoy en día en el discurso cotidiano de la República Dominicana. El compinche de Trujillo, Joaquín Balaguer, que heredaría finalmente la presidencia, emprendió ataques racistas similares y describió al haitiano como "generador de pereza" quien es "indolente por naturaleza y no aplica ningún esfuerzo especial a nada útil a no ser que se vea obligado para obtener su subsistencia por ese medio."23

    Incluso ahora, las expresiones del sentimiento antihaitiano son comunes en todos los niveles de la sociedad. La llegada de inmigrantes haitianos, un objetivo popular para el resentimiento, suele calificarse de amenaza a la soberanía nacional. Las declaraciones inflamatorias por parte de funcionarios del gobierno, tales como la ahora tristemente recordada llamada del ex presidente Balaguer a todos los dominicanos para que establecieran una "unión sagrada" contra una "invasión pacífica" de los trabajadores inmigrantes haitianos, son un sello habitual de la cultura política nacional. Los que simpatizan con la terrible situación de los haitianos suelen calificarse de antidominicanos.

    A parte de discriminar a los ciudadanos haitianos, muchos dominicanos asumen que todas las personas de raza negra son haitianos, o tienen sangre haitiana, lo que se observa con el mismo resentimiento. También se cree con frecuencia que todos los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar y todos los residentes en bateyes son haitianos, aunque el conjunto de la mano de la obra en la industria azucarera y la población de los bateyes son étnicamente diversos, lo que incluye segundas y terceras generaciones de domínico-haitianos y hasta dominicanos sin ascendencia haitiana.

    A pesar del evidente legado de racismo del país, el gobierno dominicano se ha negado obcecadamente a reconocer el problema. En informe a organismos de derechos humanos intergubernamentales, por ejemplo, en lugar de comprometerse a combatir el racismo, el gobierno niega la existencia de la discriminación racial contra los haitianos. En un informe típico, el gobierno informó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en 1999: "cabe señalar la inexistencia de prejuicio racial [en la República Dominicana]... siendo incierto del todo el discrimen que falsamente se supone contra los haitianos que habitan el país. Ese argumento carece totalmente de fundamento."24

    El pánico de la quema de una bandera

    Por si hacía falta algún recordatorio, el escándalo de abril de 2001 sobre la presunta quema de una bandera dominicana es una demostración clara de la existencia de un enorme resentimiento y prejuicio contra los haitianos.

    El 13 de abril de 2001, el gobierno dominicano deportó colectivamente a 137 haitianos y dominicanos de origen haitiano acusados falsamente de haber quemado una bandera dominicana.25 En La Romana, en la parte oriental del país, grupos de haitianos y domínico haitianos estaban observando la Semana Santa mediante la celebración del Gaga, un festival cuaresmal tradicional.26 (Las comunidades locales organizaciones locales organizan todos los años festivales que están aprobados por el gobierno dominicano. Muchos dominicanos participan en ellos.) Como había sido tradicional en años anteriores, cada grupo izó una bandera dominicana en el festival.27

    En un momento del festival, Julio Perelló, un periodista, informó al General Luis Darío de la Cruz Consuegra, un oficial militar de La Romana, que los celebrantes estaban quemando una bandera dominicana.28 Perelló, conocido por su nacionalismo, tiene la reputación de estar especialmente irritado por el empleo de los símbolos dominicanos por parte de la comunidad domínico-haitiana en sus celebraciones de Semana Santa.29 También ha criticado reiteradamente al gobierno dominicano por permitir que la comunidad domínico-haitiana baile la Gaga. Sólo tres días antes del festival, apareció en un programa radiofónico y condenó los eventos culturales haitianos, especialmente aquellos en los que se han incorporado símbolos dominicanos, calificándolos de "inmorales" y "perjudiciales para los intereses de la nación dominicana." También llamó a los habitantes de La Romana a que se opusieran públicamente a la aprobación tácita de estos eventos por parte del gobierno.30

    Los funcionarios dominicanos se pusieron en contacto con Rómulo de los Santos, el subdirector para asuntos haitianos de la Dirección General de Migración.31 De los Santos envió inmediatamente a un contingente de agentes dominicanos de inmigración a La Romana.32 Con ayuda de agentes de la policía local, los funcionarios de inmigración tomaron por asalto tres de las celebraciones, golpearon a todos los que estaban bailando y ordenaron a todos que esperaran a los vehículos policiales.33 Las autoridades de inmigración deportaron inmediatamente a 137 personas que no pudieron presentar documentos.34 Transportaron a los 106 detenidos restantes a la prisión Preventiva de La Romana, donde los recluyeron acusados de haber quemado una bandera.35

    Los políticos dominicanos aprovecharon rápidamente el incidente calificándolo de un recuerdo alarmante de la "amenaza" haitiana. Por ejemplo, Pelegrín Castillo Seman, un congresista nacionalista, advirtió en un artículo publicado en El Siglo que la presunta quema de una bandera era una muestra de que "cada día hay más [haitianos] y están más organizados."36 Durante varias semanas, las noticias sobre la presunta quema de una bandera dominaron los informativos nacionales.

    Sin embargo, cuando el fiscal de La Romana, Dr. Elpidio Peguero, investigó el incidente, no halló prueba alguna de que el grupo hubiera quemado una bandera. De hecho, la bandera que había sido presuntamente quemada había sido tratada con cuidado.37 Los agentes de la policía local que estaban vigilando el festival declararon que el grupo nunca había quemado una bandera.38 El alcalde, uno de los organizadores del festival, coincidió con ellos.39 El fiscal concluyó que la acusación no era más que un intento de los nacionalistas de denigrar a la comunidad haitiana y ordenó la puesta en libertad inmediata de todos los detenidos.40

    Normas internacionales de derechos humanos

    La República Dominicana ha ratificado todos los principales tratados internacionales y regionales relativos a la protección de los derechos humanos.41 Ha aceptado la competencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el organismo encargado de supervisar la implementación del PIDCP, permitiéndole que conozca denuncias individuales de violaciones. Desde 1999, el gobierno dominicano también ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el intérprete autorizado de la Convención Americana. No ha ratificado, sin embargo, ninguno de los tratados relacionados específicamente con la protección de los trabajadores inmigrantes.42


    CAPÍTULO III

    2 Shelley Emling, "Inmigrantes haitianos impactan a la economía dominicana," Latinolink.com, 30 de marzo de 1997.

    3 CIA World Factbook 2001, capítulos sobre la República Dominicana y Haití.

    4 Ernesto Sagás, Race and Politics in the Dominican Republic (2000), p. 22; National Coalition for Haitian Rights, Beyond the Bateyes (1996), p. 6.

    5 Veáse NCHR, Beyond the Bateyes, p. 14 (donde se citan cálculo extraoficiales que van de 400.000 a un millón).

    6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, OEA/Ser.L/V/II.104 (1999), para. 350.

    7 Entrevista de Human Rights Watch con Manuel E. Polanco Salvador, Santo Domingo, República Dominicana, 13 de junio de 2001.

    8 NCHR, Beyond the Bateyes, p. 15

    9 En 1999, el representante dominicano ante las Naciones Unidas dijo que había unao 4.000 inmigrantes haitianos legalmente en el país. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, "Examen de los Informes, Observaciones e Información Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo 9 de la Convención". U.N. Doc. CERD/C/SR.1365, 1 de septiembre de 1999, párr. 4.

    10 Veáse, por ejemplo, "El consúl general de la República Dominicana detecta bandas que falsifican visas en Haití," Europa Press, 18 de diciembre de 2001.

    11 NCHR, Beyond the Bateyes, p. 7. La demarcación definitiva se realizó en los años treinta y cuarenta.

    12 Es más, aunque los haitianos no tienen que recordar una ocupación dominicana, se puede hallar una paranoia similar en el bando haitiano. Veáse, por ejemplo, "L'Armée dominicaine s'apprêterait à intervenir en Haïti," Haïti Progrès, 10-16 de noviembre de 1999 (en el que se advierte de una posible invasión dominicana de Haití).

    13 Samuel Martínez, Peripheral Migrants: Haitians and Dominican Republic Sugar Plantations (Knoxville: University of Tennessee Press, 1995), pp. 38-41. Estados Unidos fue el primero que empezó a fomentar la inmigración haitiana, para consternación de muchos nacionalistas dominicanos. Sagás, Race and Politics, p. 40.

    14 El CEA se creó en 1996 mediante la Ley No. 70.

    15 La historia del trabajo forzado en la República Dominicana está bien documentada y se ha recogido en varios informes de Human Rights Watch. Veáse, por ejemplo, Americas Watch (ahora la División de las Américas de Human Rights Watch), "Harvesting Oppression: Forced Labor in the Dominican Sugar Industry," A Human Rights Watch Short Report, junio de 1990.

    16 En otras palabras, la combinación de reclutamiento forzado y deportación forzada no fue tan irracional como aparenta. Las autoridades dominicanas reclutaban a haitianos al principio de la cosecha y los deportaban al final de ésta. Veáse NCHR, Beyond the Bateyes, p. 23.

    17 En 1999-2000, por ejemplo, el producto interior bruto de la República Dominicana creció un 7,8 por ciento, en comparación con aumento del 1,2 por ciento en Haití (una cifra que no superó la tasa de crecimiento de la población). Economist Intelligence Unit Country Report, Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico, abril de 2001, p. 34. Sin embargo, debido en parte a la ralentización de la economía estadounidense, el crecimiento de la economía dominicana se redujo considerablemente en el primer semestre de 2001, con un aumento estimado del 3 por ciento para todo el año. Se calculaba que el crecimiento económico en Haití sería del 1 por ciento en 2001. Office of the United States Trade Representative, Fourth Report to Congress on the Operation of the Caribbean Basin Economic Recovery Act, 31 de diciembre de 2001

    18 Ibíd. (se estima que el ingreso per cápita de los dominicanos es de 2.100 dólares y el de los haitianos de 510 dólares).

    19 Sagás, Race and Politics, p. 36.

    20 Ibíd., p. 38.

    21 Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees y Caribbean Rights, Haitian Sugar Cane Cutters in the Dominican Republic (New York: Human Rights Watch, 1989), p. 6 (citando la Ley 5002 del 18 de julio de 1911, que declaraba que las compañías agrícolas tienen prohIbído importar para sus necesidades de mano de obra inmigrante a personas que no pertenezcan a la raza blanca).

    22 Veáse, por ejemplo, NCHR, Beyond the Bateyes, p. 8 (en el que se citan estimaciones que van de las 5.000 a las 37.000 muertes).

    23 Joaquín Balaguer, La Realidad Dominicana: Semblanza de un País y de un Régimen (Buenos Aires: Imprenta Ferrari Hermanos, 1947), p. 104.

    24 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Examen de los Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención, Adición, República Dominicana, U.N. Doc. CERD/C/331/Add.1 (11 de febrero de 1999), párr. 6. Expresando su preocupación por estos comentarios, el Comité señaló que "ningún país puede afirmar que en su territorio no existe ninguna forma de discriminación racial," Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Examen de los Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención, Observaciones finales, República Dominicana U.N. Doc. CERD/C/304/Add.74 (12 de abril de 2001).

    25 Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Resultado de la Investigación Realizada en Bateyes de La Romana Respecto de la Supuesta Incineración de la Bandera Dominicana por Inmigrantes Haitianos (sin fecha).

    26 Ibíd., p. 7.

    27 Ibíd., p. 7.

    28 Ibíd., p. 6.

    29 Ibíd., p 5.

    30 Ibíd.

    31 Entrevista de Human Rights Watch con Rómulo de los Santos, Santo Domingo, 4 de junio de 2001.

    32 MUDHA, Resultado de la Investigación.

    33 Ibíd., pp. 2, 7.

    34 Ibíd., p. 6.

    35 Ibíd., p. 2; entrevista de Human Rights Watch con Rómulo de los Santos, Santo Domingo, 4 de junio de 2001.

    36 "Por qué quemaron la bandera?," El Siglo, 22 de abril de 2001.

    37 MUDHA, Resultado de la Investigación.

    38 Ibíd., p. 3.

    39 Ibíd., p. 5.

    40 Ibíd.

    41 Entre los tratados ratificados por la República Dominicana se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

    42 Hay tres tratados sobre este tema: la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1990, y que entrará en vigor cuando haya sido ratificada por 20 Estados (el número de ratificaciones era de 16 en septiembre de 2001); el Convenio sobre los trabajadores migrantes (OIT No. 97), y sus disposiciones complementarias (OIT No. 143).


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