Colombia


Guerra sin cuartel
Colombia y el derecho internacional humanitario




(New York: Human Rights Watch, 1998)

V. VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO POR PARTE DE LA GUERRILLA

FARC

Las FARC lo llaman justicia popular, pero lo que hacen es matar a agente sin consultar a nadie.

—Residente de Guaviare, 5 de mayo de 1997

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvieron sus inicios en el conflicto civil conocido como La Violencia, que empezó con el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Este movimiento mayoritariamente rural, que al principio era una asociación poco rígida de autodefensas campesinas, recibió cada vez más influencia del Partido Comunista y se autodeclaró ejército revolucionario en 1964.144

 

  Las FARC hace muy poco o nada por acatar el derecho internacional humanitario.

Uno de sus primeros miembros, el ex inspector de carreteras Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, sigue al mando de la organización. En 1997, los informes estimaban que Marulanda contaba al menos con 8.000 efectivos distribuidos en unos 62 frentes rurales, tres frentes urbanos y nueve unidades de elite, a imagen y semejanza de brigadas móviles del Ejército.145 Las FARC, que también se autodenominan FARC-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tienen presencia en toda Colombia y se considera que su fortaleza militar más importante se encuentra en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare.146

Según la mayoría de las informaciones, el mando de las FARC está muy centralizado y depende directamente de Marulanda y sus consejeros, la Secretaría General. Cuando se escribió este informe, la Secretaría General contaba con siete personas, cada una de ellas a cargo de regiones o tareas concretas, como promoción internacional. Además, las FARC tienen un Estado Mayor responsable de las operaciones militares y de los bloques, que aglutinan a varios frentes en fuerzas regionales.147

Aunque la organización opera en un territorio vasto y escarpado y los comandantes de campo pueden quedar incomunicados con el mando central, las fuentes considerables consultadas por Human Rights Watch coincidieron en que Marulanda y su estado mayor mantienen un control estrecho de sus unidades y estrategia. Las propias FARC afirman que sus políticas y acciones vienen determinadas por el alto mando y no por comandantes particulares.148

Durante los noventas, las fuerzas de seguridad colombianas han intentado arrebatarle legitimidad a las FARC calificándoles de “narcoguerrilla” no dedicada a fines políticos, sino al narcotráfico.149 Aunque está claro que las FARC recaudan dinero del tráfico ilegal de drogas, no existen pruebas de que las FARC exporten narcóticos desde Colombia.150 Sin embargo, las pruebas disponibles demuestran claramente que las FARC utilizan toda una serie de actividades ilegales, como los secuestros a cambio de recompensas, para financiar su guerra. La relación de las FARC con los narcotraficantes es similar a su relación con los ganaderos, empresarios y compañías multinacionales en toda Colombia. Las FARC cobran una cuota, o “impuesto de guerra,” a todas las empresas comerciales con amenazas de violencia.151

Las FARC y el derecho internacional humanitario

Las FARC afirman que respetan el derecho internacional humanitario. En una carta a Human Rights Watch, la Comisión Internacional nos dijo que existen reglamentos que castigan a los miembros de las FARC que cometen actos que dañan a la población civil.152 Sin embargo, cuando le presionamos en una entrevista, el portavoz de las FARC dijo a Human Rights Watch que la guerrilla considera que el Protocolo II y el Artículo 3 Común están “abiertos a interpretación.”153

De hecho, Human Rights Watch descubrió pocas pruebas que demostraran que las FARC han intentado adaptar sus métodos a las normas internacionales, que sus miembros violan flagrantemente sobre el terreno. A pesar de nuestra solicitudes reiteradas, las FARC no entregaron a Human Rights Watch una copia de sus reglamentos, manuales de combate vigentes, procedimientos judiciales o reglas de intervención, ni tampoco han respondido a nuestra presentación de una lista detallada de casos, algunos de los cuales aparecen en este informe, de presuntas violaciones cometidas por las FARC.

Cuando las consideran que existe una ventaja política, subrayan su respeto al derecho internacional humanitario, como en el caso de los 60 soldados capturados después de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y las FARC en las base de Las Delicias, en el departamento de Putumayo en 1996, a los que liberó meses más tarde. El derecho internacional humanitario aplicable a Colombia noconcede ningún estatuto especial a los combatientes capturados, pero estipula que se les ofrezca un trato humano y una puesta en libertad a salvo, lo que las FARC respetaron.154

Sin embargo, en decenas de casos menos conocidos, cuando la ventaja política no es evidente, las FARC hace muy poco o nada por acatar el derecho internacional humanitario.

Los investigadores que han entrevistado a comandantes de campo nos informaron que el grupo sigue “inflexible” en cuestiones fundamentales, como el cese de las ejecuciones de paramilitares capturados o la toma de rehenes.155 “Las FARC dicen que la población civil tiene que ser el objetivo en este tipo de guerra,” dijo a Human Rights Watch un trabajador de ayuda humanitaria que tiene contacto periódico con el grupo. “Ellos creen que las FARC aceptaran totalmente el derecho internacional humanitario el día en que se acabe la guerra.”156

En un manual de combate obtenido de forma independiente por Human Rights Watch, no se menciona en ningún momento el derecho internacional humanitario ni ninguna orden firme de garantizar que los civiles saldrán ilesos en las operaciones de las FARC. En la única referencia a los prisioneros capturados, el manual declara que “no es necesario ejecutar al enemigo cuando está indefenso, cuando está herido.” Sin embargo, en el mismo manual, se instruye a los comandantes para que ejecuten a los criminales de las fuerzas de seguridad locales que se han distinguido por sus acciones bestiales.157

En un documento que nos proporcionó el Frente Internacional de las FARC se advierte a los guerrilleros que “deben estudiar y practicar las Normas del Derecho Internacional Humanitario acordes a las condiciones de nuestra guerra revolucionaria.” Sin embargo, en el mismo documento se autoriza a los combatientes a llevar a cabo ejecuciones, con el único requisito de obtener“autorización expresa para cada caso, por parte de las instancias superiores de dirección de cada organización.”158

La prueba más aterradora del desdén de las FARC por el derecho internacional humanitario es quizá su voluntad de masacrar.159 Las FARC llevaron a cabo al menos 12 masacres en 1997.160

Los investigadores señalan 1991 como el año en que las FARC empezaron a masacrar a presuntos rivales políticos del partido llamado Esperanza, Paz y Libertad (en adelante, Esperanza), formado por guerrilleros amnistiados del Ejército Popular de Liberación (EPL) y sus simpatizantes en la región de Urabá, Antioquia. Se considera que las FARC y sus milicias urbanas fueron responsables de 204 asesinatos de miembros de Esperanza y guerrilleros amnistiados del EPL entre 1991 y 1995.161

 

  Algunas víctimas fueron atadas y ejecutadas con disparos, entre ellas un militante de las FARC que aparentemente se negó a disparar contra civiles.

“Las FARC empezaron a matar a miembros de Esperanza porque creían que su control político de área estaba amenazado,” dice el Coronel retirado Carlos Velásquez, que en aquella época era jefe de estado mayor de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa.162

Las FARC también atacaron a personas residentes en áreas consideradas bajo la influencia de Esperanza.163 Entre ellas se encontraba el barrio de La Chinita en Apartadó, Antioquia. El 22 de enero de 1994, los guerrilleros de las FARC rodearon una escuela donde se estaba celebrando una fiesta de recaudación de fondos, mataron a 25 personas e hirieron a 12. Entre los muertos había tres niños.164 Algunas víctimas fueron atadas y ejecutadas con disparos, entre ellas un militante de las FARC que aparentemente se negó a disparar contra civiles.165 Desde entonces, 25 personas han sido condenadas por su participación en la masacre.166

Las FARC han negado su participación en la masacre de La Chinita.167 Sin embargo, un montón de pruebas recopiladas por los investigadores del gobierno y corroboradas por las investigaciones realizadas por organizaciones confiables apunta directamente a las FARC.

En 1995, la lista de enemigos de las FARC se amplió para dar cabida a las personas sospechosas de apoyar o simplemente simpatizar con los paramilitares, que habían iniciado una ofensiva sangrienta para expulsar a los guerrilleros de antiguos bastiones como Urabá. En agosto y septiembre de 1995, las FARC y sus milicias urbanas llevaron a cabo al menos cinco masacres, relacionadas con frecuencia con conocidos ex guerrilleros del EPL, miembros del partido Esperanza o presuntos simpatizantes de la guerrilla. Sin embargo, es probable que muchas de las víctimas no tuvieran nada que ver con la política o el conflicto. Entre lasmasacres está la del 12 de agosto de seis personas en la heladería La Campesina; la de Churidó, que se saldó con cuatro víctimas y la de Mapaná, con cinco víctimas, ambas el 19 de agosto; la de la Finca Los Cunas, con 15 víctimas, el 29 de agosto; y la de Bajo el Oso, con 24 víctimas, el 20 de septiembre. Con frecuencia, las víctimas fueron atadas y golpeadas antes de ser ejecutadas.168

Otra violación habitual por parte de las FARC es el asesinato de combatientes fuera de combate, prohibido claramente por los Convenios de Ginebra y los artículos 4 del Protocolo II. En la práctica, las FARC ejecutan habitualmente a los agentes de las fuerzas de seguridad capturados, a los sospechosos de apoyar a los paramilitares y a los sospechosos de traición o de cometer los llamados crímenes revolucionarios dentro de sus propias filas. Por ejemplo, en regiones como Urabá, donde son habituales dichas ejecuciones, es voz común que las FARC matan a paramilitares que han sido capturados y desarmados.169

Un portavoz de las FARC confirmó a Human Rights Watch que estas ejecuciones se llevan a cabo luego que cuentan con la aprobación de Marulanda y la Secretaría General.170 De acuerdo con las fuerzas armadas, nueve soldados fueron asesinados fuera de combate por las FARC en 1997.171

Las FARC también celebran los llamados juicios populares de civiles acusados de delitos, como violación, abuso de la esposa, robo o no pagar el “impuesto de guerra.” Para los delitos menores, se advierte dos veces al acusado. Si no corrigen su conducta, pueden ser ejecutados sumariamente. “Las FARC convocan una reunión comunal y los guerrilleros escuchan el testimonio de todos,”nos dijo un finquero de Guaviare. “Puede haber un castigo drástico si deciden la culpabilidad, como una ejecución.”172

Otro residente de Guaviare comentó: “Las FARC lo llaman justicia popular, pero lo que hacen es matar a agente sin consultar a nadie.” Estimaba que en los primeros cinco meses de 1997 al menos 30 personas habían sido asesinadas en “juicios populares” por presuntos vínculos con los paramilitares dentro y alrededor de su municipio. “Es la ley del gatillo,” comentó otro residente.173

Human Rights Watch no encontró pruebas que demostraran la afirmación de las FARC de que sólo matan a los acusados después de ofrecerles un juicio imparcial, como lo exige el artículo 6 del Protocolo II. De hecho, las FARC rara vez informan, si es que lo hacen, al acusado de los cargos contra él o ella o del procedimiento judicial que las FARC piensan seguir. Durante el juicio, el acusado no cuenta con una defensa adecuada. Nuestras pruebas demuestran que el acusado es considerado culpable durante el juicio y suele ser juzgado sin estar presente. Finalmente, no existe un proceso de apelación. Por lo tanto, todos los asesinatos llevados a cabo como resultado de los llamados juicios populares de las FARC son violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Otra violación frecuente del derecho internacional humanitario por parte de las FARC es la toma de rehenes, llamada comúnmente secuestro en Colombia. En el pasado, las FARC prometieron que iban a cesar los secuestros. Por ejemplo, durante las negociaciones de 1984 que condujeron a la formación del Partido de Unión Democrática, las FARC declararon que “condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirá a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humana.”174

No obstante, los secuestros de las FARC continuaron y aumentaron considerablemente en 1997. Según País Libre, una organización de investigación independiente, las FARC realizaron al menos 408 secuestros sólo en ese año.175

En mayo de 1997, Alfonso Cano, miembro de la Secretaría General, dijo a un periodista colombiano que aunque la dirección había “prohibido” el secuestro, algunas unidades de las FARC seguían secuestrando por “razones políticas y económicas,” una libertad de acción incongruente con la estructura mando estricta.176 De hecho, Human Rights Watch interpreta el hecho de que la Secretaría General no aplique la prohibición sobre la toma de rehenes como un apoyo tácito a una violación espantosa del derecho internacional humanitario.

Tanto los asesinatos como los secuestros se utilizan contra la población civil para sembrar el terror, un violación del artículo 13 (2) del Protocolo II, que prohíbe “los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.” En los meses previos a las elecciones municipales de octubre de 1997, los guerrilleros de las FARC asesinaron, amenazaron y secuestraron a decenas de alcaldes, consejeros municipales y candidatos, a los que les dijeron que renunciaran o se arriesgaban a morir. Entre los departamentos más afectados por este hecho se encontraban Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima.177

De hecho, la amenaza de las FARC era tan decidida que el grupo se sintió obligado a confirmarla por Internet. “La posición de las FARC-EP con relación a las próximas elecciones continúa siendo indeclinablemente la misma. Saboteo total,” lo que en la práctica consistía principalmente en asesinatos y amenazas a candidatos o a funcionarios salientes.178

En una carta de marzo de 1998 al diario El Tiempo, el miembro de la Secretaría General Alfonso Cano ofreció una justificación para dichas violaciones:“A los alcaldes les conminamos a modificar su conducta antisocial. A otros, tramposos, les estamos señalando su ilegitimidad. Estamos advirtiendo que no vamos a permitir más engaños. No silencie que aquellos alcaldes comprometidos en la actividad paramilitar son actores de la guerra. Protagonistas.”179

Pero incluso cuando no hay elecciones, las FARC han defendido frecuente y abiertamente tácticas que violan el derecho internacional humanitario. Poe ejemplo, en una entrevista publicada en la revista de las FARC Resistencia Internacional, el comandante Marulanda recomienda ataques a fábricas y camiones civiles, y alega que dichos ataques destruyen la fuente de riqueza [del gobierno], así que no podrá mantener la guerra durante mucho tiempo.180

Como ya hemos señalado, el derecho internacional humanitario exige que las FARC tomen decisiones concretas y cuidadosas sobre los posibles objetivos militares. Si la destrucción o neutralización de una fábrica no conlleva una ventaja militar específica en las circunstancias vigentes en ese momento, las FARC tienen la obligación de abstenerse de atacar independientemente de que el ataque merme a largo plazo la capacidad combativa del Estado.

En varias ocasiones, las FARC han anunciado de antemano su intención de violar el derecho internacional humanitario. En una circular distribuida en la región de Urabá y por Internet en septiembre de 1996, las FARC advertían a los residentes de Urabá que sólo viajaran entre los pueblos de Santa Fe de Antioquia y Turbo los jueves y los viernes entre las 6 a.m. y las 6 p.m. La circular advertía que las personas que viajaran en cualquier otro momento serían “consideradas objetivo militar.”181

Sin embargo, el derecho internacional humanitario no concede a las FARC ni a ninguna otra parte en conflicto la facultad de decidir quien es y quien no es un objetivo militar. Con un estilo similar, las FARC advirtieron a los periodistas que hacían lo que ellos consideraban “apología del militarismo” y a las estaciones de radio y televisión que emitían publicidad política que también serían considerados objetivos militares. En una circular de la Secretaría General se señalaba que unejemplo de “apología del militarismo” era reproducir las declaraciones del Comandante General de las Fuerzas Militares, Harold Bedoya.182

Los que violan estas órdenes han sido capturados y hasta asesinados, como lo demuestran los siguientes casos. Pero las FARC no sólo atacan a los civiles cuando se violan sus edictos; con frecuencia, se trata simplemente de una oportunidad que se les presenta. Por ejemplo, en 1997, dos días después de que dos turistas austriacos y dos turistas alemanes se internaran a pie en la reserva natural colombiana de los katíos procedentes de Panamá, el 57 Frente de las FARC los secuestró y reclamó 15 millones de dólares para su liberación.183

Durante un operativo del Ejército para rescatar a los turistas, la guerrilla ejecutó al parecer a dos de los rehenes; los otros dos sobrevivieron. De hecho, la ejecución de secuestrados durante los operativos de rescate no es un hecho aislado. En el caso de los misioneros estadounidenses que se expone más adelante, las pruebas sugieren claramente que los dos rehenes fueron ejecutados por las FARC antes de que los soldados pudieran rescatarles. En una entrevista con el diario El Tiempo, el empresario Alejandro Vásquez Moreno dijo que sus secuestradores de las FARC le habían advertido varias veces que si se producía un enfrentamiento, “el primero que cae es usted.” Después de 31 días de cautiverio, Vásquez consiguió escapar sin pagar los cinco millones de dólares de recompensa exigidos.184

En el Guaviare, los jóvenes que recolectan las hojas de coca también pueden ser objetivos por motivos aparentemente arbitrarias. El obispo Belarmino Correa dijo a Human Rights Watch que sabía de las ejecuciones por parte de las FARC de dos jóvenes de un área del departamento de Boyacá donde operaban los paramilitares. “El único crimen que cometieron esos muchachos fue tener cédulas de identidad de Muzo [una región esmeraldífera controlado por el líder paramilitar Víctor Carranza], que hizo sospechar a la guerrilla que pertenecían a un grupo paramilitar,” dijo el obispo Correa. “Es posible que la gente denuncie los abusosdel Ejército, pero rara vez van a mencionar los crímenes de la guerrilla, por miedo.”185

La FARC obligan a los civiles a participar en el conflicto por otros medios. Por ejemplo, una estrategia bien conocida de la guerrilla es el llamado “lavado de ganado.” Los guerrilleros arrean el ganado robado a una zona de pequeños finqueros donde los cambian por animales legales. Los finqueros no pueden rechazar el cambio, por miedo a las represalias, a pesar de que saben que los ganaderos y los paramilitares financiados por éstos vendrán inevitablemente en busca de su propiedad. Los guerrilleros venden después el ganado “lavado” a los mataderos.

“Esto involucra directamente en el conflicto al finquero, con frecuencia en contra de su voluntad,” nos dijo un trabajador de ayuda humanitaria al referirse a cómo tratan los paramilitares a los finqueros que han aceptado ganado robado. “Por eso hemos visto asesinatos de tantos carniceros y camioneros recientemente. Por haber matado o transportado el ganado ‘lavado,’ son considerados parte en el conflicto, a pesar de que puede no tuvieran elección en el asunto.”186

Masacres

Finca Osaka: El 14 de febrero de 1996, una milicia de las FARC detuvo un autobús que transportaba a 40 trabajadores de una finca de banano conocido como la Finca Osaka, cerca de Carepa, Antioquia. La milicia obligó al autobús a desviarse a un punto apartado y empezó a comprobar las cédulas de identidad. Los siete miembros de las FARC seleccionaron a diez hombres y una mujer, a los que ejecutaron con tiros de gracia al lado de la carretera. Algunos pasajeros lograron huir y esconderse en una acequia cercana, y un hombre pudo sobrevivir ocultándose bajo los cuerpos de los muertos. Otro consiguió escapar a pesar de estar herido. Los testigos dijeron a los investigadores del gobierno que un miliciano de las FARC llamado “Papujo” estaba al mando.187 Papujo y otros cuatro fueron detenidos posteriormente yacusados de participar en la masacre.188 En una entrevista, las FARC se atribuyeron los asesinatos, pero alegaron que las víctimas eran combatientes pertenecientes a los “Comandos Populares” dirigidos por ex miembros del EPL y dedicados a matar simpatizantes de las FARC.189 Incluso aunque algunas de las víctimas fueran miembros de los Comandos Populares, su asesinato es una violación de la prohibición del asesinato de combatientes fuera de combate. De hecho, la definición de las FARC de combatientes suelen incluir a los civiles, y hemos recibido numerosos informes creíbles de que las FARC mataron a ex miembros del EPL que habían aceptado una amnistía del gobierno y dejaron de tomar parte en las hostilidades, recuperando de este modo su estatuto de civiles.

Alto Mulatos/Pueblo Bello: El 4 y 5 de mayo de 1996, estos municipios de Urabá fueron escenario de una masacre doble de los 51 y 491 Frentes de las FARC. Según la Policía, las FARC iniciaron el ataque en Alto Mulatos, donde ejecutaron a siete personas tras atarles frente a sus familiares y vecinos. Después, la guerrilla incendió tres residencias civiles.190 Los guerrilleros dejaron cuatro de los cadáveres dentro de las casas en llamas, lo que hizo casi imposible su identificación. El mismo grupo se dirigió el mismo día al cercano Pueblo Bello, donde mató a siete personas. Dos de los cuerpos estaban también bastante calcinados y no pudieron ser identificados hasta meses después.191 Entre los muertos se encontraban el matrimonio compuesto por Aura Castro, de 65 años, y Humberto Ramos, de 70. Los guerrilleros obligaron a Castro y a Ramos a sentarse sobre una plataforma utilizada para mostrar una estatua de la Virgen María y los ejecutaron sumariamente. Los residentes dijeron a los investigadores del gobierno que los guerrilleros que iban en busca de Gustavo Díaz capturaron a su esposa, sus dos hijas y su cuñada, las encerraron en su casa y las quemaron vivas. Los investigadores creían que el ataque pudo ser unavenganza por una masacre paramilitar anterior dado que los guerrilleros consideraban Alto Mulatos y Pueblo Bello bastiones paramilitares.192 Meses más tarde, Alto Mulatos estaba desierto y sus residentes se habían unido a las filas de los desplazados forzados.193 En estos casos, las FARC cometieron múltiples violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas el asesinato de civiles, la tortura, la mutilación de cadáveres, el castigo colectivo, los actos de perfidia y el ataque indiscriminado a casas civiles. El hecho de quemar a personas vivas y los cuerpos de los muertos parecer haber sido un acto deliberado de terror, también prohibido, destinado a provocar el desplazamiento forzado.

Ríosucio, Chocó: Durante una época de intenso combate entre las FARC, las ACCU y el Ejército en este región, las FARC atacaron el puesto de Policía de Ríosucio el 9 de enero de 1997 y se retiraron a través de los municipios de Nueva Luz y Bajirá. En el rancho Villa Ligia, en las afueras de Bajirá, los guerrilleros seleccionaron a cuatro personas a las que acusaron de colaborar con los paramilitares. Los guerrilleros los ataron, ejecutaron y decapitaron. Prosiguieron a Nueva Luz, donde asesinaron al residente Neir Manga Hernández, al que también acusar de apoyar a los paramilitares.194 No está claro que información utilizaron los guerrilleros para acusar a estas personas. Sin embargo, en base a las pruebas disponibles, Human Rights Watch considera que estas personas eran civiles y por lo tanto estaban protegidas por el derecho internacional humanitario.

San José de Apartadó: El 23 de marzo de 1997, en protesta por la violencia política, los 850 residentes de este municipio de Urabá se autodeclararon “Comunidad de Paz” y neutrales en el conflicto. La declaración era en parte una respuesta a la ola de asesinatos por las FARC y los paramilitares que colaboraban con el Ejército. Por ejemplo, el 8 de septiembre de 1996, los miembros de las FARC entraron en el municipio con una lista y capturaron y ejecutaron a Gustavo de Jesús Loaiza, Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) local; a Samuel Arias, Presidente de una cooperativa local; y a los líderes locales Juan González y María EugeniaUsaga, que estaba embarazada. Todos ellos se habían visto obligados a huir de sus casas dos meses antes, y habían firmado un acuerdo con el gobierno en el que aceptaban condiciones para el retorno. Días antes de la llegada de la guerrilla, los cuatro acompañaron a los representantes del gobierno que recorrieron la región para informar sobre la violencia política.195 Un año más tarde, el 6 de octubre de 1997, guerrilleros del 581 Frente se acercaron a un grupo de veinte residentes de San José de Apartadó cuando estaban arreglando carreteras cerca de la aldea de La Cristalina. Los guerrilleras les cuestionaron sobre la decisión de la comunidad de no vender alimentos a las FARC y les increparon preguntando por qué las FARC no habían sido consultadas sobre la “Comunidad de Paz.” Los guerrilleros se quejaron de que esta decisión favorecía a los paramilitares. Ramiro Correa, un líder local que había apoyado la propuesta de la “Comunidad de Paz,” les respondió que el 51 Frente había sido consultado y había aprobado la decisión. Los guerrilleros partieron. Cuando volvieron en la tarde del mismo día, los guerrilleros se llevaron a Ramiro Correa, Luis Fernando Espinosa y Fernando Aguirre, afirmando que iban a recibir una “llamada de atención.” Tres minutos después, los miembros de la partida de trabajadores escucharon disparos de arma automática. Al día siguiente, un párroco local, un representante del CICR y dos miembros de la comunidad hallaron a las tres víctimas que habían sido ejecutadas.196

El Hobo, Huila: El 21 de junio de 1997, unos 15 militantes de las FARC atacaron a diez agentes de Policía que realizaban un registro rutinario en el bar El Pato.197 Según los testigos entrevistados por la Policía, los guerrilleros iniciaron el ataque con la detonación a la entrada del bar de una bomba de cinco kilos rellena detornillos, trozos de cadena, grapas y clavos.198 A continuación, abrieron fuego contra el bar desde el parque cercano. Entre las víctimas de la explosión y los disparos se encontraban Liliana Sánchez, Mercedes Gutiérrez Arias, Martha Cecilia Arévalo y María Lozada, todas ellas prostitutas que estaban sentadas a la entrada del bar a plena vista. Las fotografías tomadas después del ataque muestran a las cuatro mujeres todavía sentadas en sillas a ambos lados de la entrada, las paredes detrás de ellas están repletas de impactos de la explosión y de bala.199 El barman Rigoberto Montealegre Andrade, que se encontraba en el interior en el momento del ataque, falleció posteriormente a consecuencia de las heridas de bala. Cuando escapaban , los guerrilleros intentaron apropiarse de un autobús local contra el que dispararon cuando su conductor no quiso detenerse. Tres pasajeros resultaron gravemente heridos. En su segundo intento de hacerse con un vehículo, los guerrilleros mataron al finquero Jack Robinson, que pasaba por el lugar en ese momento, y se apropiaron de su automóvil.200 Los guerrilleros no tuvieron en cuenta las posibles bajas civiles que podrían resultar de un ataque contra la Policía en las circunstancias vigentes en ese momento. Su conducta después del ataque también constituye una violación, dado que dispararon contra un vehículo civil que no podía ser calificado de objetivo militar, hirieron a pasajeros civiles y robaron un vehículo.

Indígenas Koreguaje: Se informó que, el 20 de julio de 1997, las FARC asesinaron a cinco indígenas Koreguaje que vivían cerca de Milán, Caquetá. Los cinco (Jorge Camacho, Aliner Gutiérrez, Elias y Tirso Valencia y Aristides Gasca) habían sido amenazados previamente por las FARC. Cinco días después, los guerrilleros entraron en el municipio vecino de San Luis a las 6.00 a.m., convocaron a los residentes, separaron a los hombres de las mujeres y cotejaron las cédulas de identidad de los adultos con las listas que llevaban consigo. Tras separar a siete hombres, los guerrilleros les ataron, los obligaron a bajar por el sendero que llevaal cementerio y los ejecutaron. Los residentes encontraron los cuerpos boca abajo haciendo un círculo con los pies de las víctimas en el centro.201

Asesinatos y Tortura

Misioneros: Los militantes de las FARC secuestraron a los misioneros de Nuevas Tribus Steve Welsh y Timothy Van Dyke en un internado de la misión cerca de Villavicencio, Meta, el 16 de enero de 1994. Los guerrilleros no les permitieron comunicarse con sus familias durante más de un año. A mediados de 1995, los familiares consiguieron empezar a negociar su liberación. El 15 de junio, cuando los miembros del 531 Frente de las FARC trasladaban a los misioneros al punto de entrega cerca de Medina, Cundinamarca, se encontraron con una unidad de la Séptima Brigada del Ejército y se produjo un enfrentamiento. Cuando los soldados llegaron al punto donde habían estado los guerrilleros, hallaron los cuerpos de los dos misioneros. Según las autopsias realizadas en Estados Unidos, ambos habían sido disparados varias veces a quemarropa.202 Las pruebas, entre ellas los testimonios de los testigos presenciales reunidos por la Fiscalía General, indican la autoría de las FARC. Trece miembros de las FARC, entre ellos Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña,” el líder del 531 Frente, tienen órdenes de arresto pendientes por los asesinatos.203 Los guerrilleros cometieron varias violaciones en este caso al tomar rehenes y ejecutarles.

 

  Las propias FARC afirman que sus políticas y acciones vienen determinadas por el alto mando y no por comandantes particulares.

Luis Hernán Zambrano Enríquez, Pedro Mauricio Valencia Alzate y Salvador Becerra: Según el Ejército, el 11 de marzo de 1996, estos soldados (el Sargento segundo Zambrano, el cabo segundo Valencia y el recluta Becerra) fueron capturados por las FARC cerca de Labranzagrande, Boyacá. Otro soldado capturado por la guerrilla y liberado posteriormente sin ser torturado dijo a los periodistas que los guerrilleros habían cortado los dedos de los tres prisioneros, les habían golpeado, quemado y disparado por la espalda. El soldado dijo que los guerrilleros le habían liberado “para que pudiera contar cómo ajusticiaban a los perros de inteligencia.” Las fotografías de los cadáveres de Zambrano y Valencia tomadas por el Ejército muestran la pérdida de varios dedos y quemaduras en la cara, los brazos y las piernas. A uno de los cuerpos le faltaban grandes tiras de piel en el antebrazo.

Chalán, Sucre: El 12 de marzo de 1996, las FARC iniciaron un ataque contra la estación de Policía de Chalán, Sucre, con la detonación de una bomba atada al lomo de un burro. Según las informaciones aparecidas en prensa, cuatro agentes—Jhonny Buelvas, Deider José Díaz Paternina, José Ramírez Montes y Dario Girlado García— fueron ejecutados después de entregarse. Al parecer, los guerrilleros rociaron los restos de algunos de los agentes con gasolina y les prendieron fuego dentro de la estación, lo que dejó los cadáveres irreconocibles.204 El uso de un “burro bomba” también puede ser considerado como perfidia, dado que se disfraza de tal manera que imita un medio de transporte usado por los campesinos de la región, protegido por el derecho internacional humanitario, que logra ganar la confianza de las fuerzas de seguridad.

Funcionarios de Caquetá: En 1996 y 1997, al menos seis funcionarios electos y trabajadores del gobierno en el departamento de Caquetá fueron asesinados por las FARC. El 20 de junio de 1996, el gobernador Jesús Ángel González Arias y su chófer, Orlando García se dirigían a una reunión con miembros del 151 Frente de las FARC para negociar la liberación del congresista Rodrigo Turbay Cote cuando los guerrilleros los mataron cerca de Paujil. Anteriormente, González había criticado las medidas del gobierno que limitaban los derechos básicos así como las amenazas de la guerrilla contra residentes de Caquetá.205 Tres días antes de su muerte, González había condicionado las posibles conversaciones políticas con la guerrilla a que las FARC liberaran a Turbay.206 El mismo día del asesinato deGonzález, los guerrilleros dispararon contra el alcalde de Solano, Demetrio Quintero Rentería, frente a la Caja Agraria local. Su sustituto, Edilberto Hidalgo Anturi, fue asesinado por las FARC el 6 de octubre en San Antonio de Getuchá. Un tercer alcalde, Edilberto Murillo Ortega, y tres de sus colaboradores (Bernardo Uribe, director de un servicio agrario del gobierno, Miguel Turibe Tobón y Nelson Trujillo Herrera) también fueron asesinados por las FARC en San Antonio de Getuchá el 17 de febrero de 1997, al parecer debido al apoyo de Murillo a las CONVIVIR.207 Aunque Human Rights Watch ha documentado casos en los que las CONVIVIR han cruzado la línea divisoria entre civiles y combatientes, el hecho de que un civil haya manifestado su apoyo a las CONVIVIR o apoyado su formación no le priva de su estatuto protegido. No tenemos pruebas que sugieran que estos alcaldes participaron activamente en las hostilidades. Por lo tanto, sus asesinatos son violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Abelardo Tejada Durán: Este líder campesino representaba a cultivadores de coca en el departamento de Caquetá y ayudó a negociar el fin de las protestas generalizadas contra las iniciativas del gobierno de erradicación forzada en 1996. Se informó que, el 4 de enero de 1997, se encontraba en su casa cerca de San Vicente del Caguán cuando los guerrilleros de las FARC llegaron y pidieron agua. Una vez que acabaron de beber, capturaron y ejecutaron a Tejada. Al parecer, acusaban a Tejada de apoyar al gobierno en las conversaciones para resolver las protestas campesinas. Los ataques de las FARC contra líderes locales fueron cada vez más habituales en 1997, cuando se corrió el rumor de una ofensiva paramilitar en el departamento.208 Aunque fuera cierto, el apoyo a una opinión política contraria a la de la guerrilla no convierte a Tejada en combatiente mientras no participe activamente en las hostilidades.

Frank Pescatore: El 10 de diciembre de 1996, Pescatore, un geólogo estadounidense que trabajaba en el departamento de La Guajira, fue secuestrado y retenido a cambio de una recompensa por el 591 Frente de las FARC. Después deque las FARC notificaran a las autoridades, el cuerpo de Pescatore fue hallado con un impacto de bala, el 23 de febrero de 1997. Había fallecido como resultado de un disparo que le atravesó el brazo derecho y se introdujo en su pecho. Su cuerpo, que había sido abandonado durante cinco o seis días en un área remota, había sido eviscerado, rellenado con cal y ropa, cosido de modo rudimentario y atado con cuerda, al parecer para evitar la depredación de los animales.209 El caso está siendo investigado por la Fiscalía Regional en Barranquilla.210 Aunque es posible que los guerrilleros tuvieran la intención de preservar su cadáver eviscerándolo, en otros casos que conocemos, los guerrilleros han podido entregar los cuerpos sin llegar a tales extremos. Consideramos la mutilación un incumplimiento de la obligación de dar destino decoroso a los muertos y abstenerse de despojarlos, contenida en el artículo 8 del Protocolo II.

Pedro León Agudelo: El 14 de abril de 1997, Pedro Agudelo, de 17 años, murió al abrir un sobre que contenía un libro bomba dirigido a su padre, Mario, un líder del partido político Esperanza. El paquete había sido entregado en la oficina del padre en Medellín y remitido a su domicilio particular. Allí, Agudelo le dio el libro titulado La Ética de la Medicina, a su hijo, aspirante a estudiante de medicina. Pedro murió al instante. Mario Agudelo cree que la bomba fue enviada por las FARC y forma parte de una práctica sistemática de ataques a miembros de Esperanza.211 Dijo a Human Rights Watch que, un año antes, las FARC habían intentado asesinarle con una granada. Su pierna conserva numerosas cicatrices fruto del atentado.212 Días después de la muerte de Pedro, se envió otro libro bomba almiembro de Esperanza, Paz y Libertad, Teodoro Díaz, que actualmente es el alcalde de Apartadó, Antioquia, pero fue descubierto antes de su detonación.213

Liliana Londoño Díaz: El 4 de mayo de 1997, esta joven fue capturada por las FARC en un retén, al parecer porque era la novia de un teniente del Ejército destacado en el área. Varios días después, se encontró su cuerpo cerca de Caracolí, Urabá.214 Al no ser combatiente, Londoño estaba protegida por el derecho internacional humanitario independientemente de que pudiera tener algún tipo de relación con un combatiente.

Félix Antonio Vélez White: Se informó que, el 6 de agosto de 1997, este agrónomo y ganadero viajaba cerca de Cañas Gordas, Antioquia, cuando los guerrilleros de las FARC detuvieron su vehículo y lo mataron. Las FARC habían amenazado varias veces a la familia Vélez en el pasado. La madre de Vélez, Graciela White de Vélez, había sido secuestrada y asesinada por las FARC en 1991, y el propio Vélez había sido secuestrado en dos ocasiones anteriores. Los guerrilleros también habían amenazado con secuestrar a sus hijos.215 Una investigación de especialistas forenses demostró que habían golpeado y quemado a Vélez y le habían sacado algunas uñas, antes de asesinarle con tres disparos en la cabeza.216

John Jairo Cardona Patiño: El 10 de agosto de 1997, este agente de Policía fue asesinado por el 361 Frente de las FARC que lo sacó de un autobús público cercade Sabanalarga, Antioquia. Según la Policía, Cardona, que se dirigía a un taller de capacitación, llevaba en el equipaje su uniforme y su revólver policial. Cuando las FARC detuvieron el autobús y obligaron a bajar a los pasajeros, encontraron el uniforme y el arma e identificaron a Cardona como un agente de Policía.217 Según las informaciones aparecidas en prensa, ataron a Cardona antes de llevárselo.218 Los guerrilleros permitieron al resto de pasajeros que siguieran su viaje. La Policía dice que Cardona fue obligado a arrodillarse en un lado de la carretera y fue ejecutado con disparos en la boca.219

Líderes Emberá Katío: Este grupo indígena, que tiene sus tierras en una de las áreas más peligrosas de Colombia (en las estribaciones del Urabá que unen la región bananera de Colombia con el ramal occidental de Los Andes), ha sido víctimas de la violencia tanto paramilitar como guerrillera. Desde 1986, cuando las FARC ejecutaron por primera vez a líderes Emberá Katío, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) estuvo intentado negociar un acuerdo de neutralidad con la guerrilla, que fue formalizado finalmente en 1989. Sin embargo, el 20 de enero de 1997, las FARC violaron el acuerdo con el asesinato de Joaquín Domicó en Cañero. El 17 de septiembre del mismo año, Iván Darío y Jairo Domicó fueron asesinados cerca de Surambaicito. Menos de un mes más tarde, el 13 de octubre, la OIA denunció que las FARC habían secuestrado a Mario Domicó y a sus hijo, David, cuando asistían a una reunión en el municipio de El Porroso. Mario era uno de los fundadores de la OIA y un trabajador de salud. David había sido maestro bilingüe en El Porroso hasta que se vio obligado a renunciar al puesto debido a las amenazas. Los testigos dijeron a la OIA que los hombres fueron enviados en diferentes direcciones y se disparó contra ellos. Se descubrieron los cadáveres al día siguiente.220 A consecuencia de esto, unos cuatrocientas katíos huyeron alvecino Mutatá como desplazados internos.221 Human Rights Watch considera que estas personas eran civiles y por lo tanto estaban protegidas por el derecho internacional humanitario.

Anzá, Antioquia: El 14 de noviembre de 1997, los guerrilleros del 341 Frente de las FARC mataron al alcalde de Anzá, César Velásquez Montoya, cuando estaba desayunando en su casa. Horas más tarde en el vecino Guintar, los guerrilleros asesinaron al consejero municipal Juan Francisco Montoya Torres y a un residente local, Antonio Abad Caro Ospina.222 Posteriormente, los residentes dijeron a Human Rights Watch que los guerrilleros habían celebrado un reunión en Guintar para atribuirse los asesinatos y acusar a las víctimas de apoyar a las ACCU. En diciembre de 1997, cuando Human Rights Watch visitó Anzá y Guintar, los residentes seguían viviendo atemorizados ante un ataque de las FARC o las ACCU.223 Aunque fuera cierto, el apoyo a una parte en conflicto no convierte a estas personas en objetivos militares.


CONTINUACIÓN DE CAPÍTULO V

144 Comisión Internacional, 25 años de lucha por la paz, democracia y soberanía (Comisión Internacional FARC-EP, mayo de 1989), pp. 23-27. Para una historia de las FARC, ver Eduardo Pizarro Leongómez, Las FARC: de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha (Santafé de Bogotá: IEPRI/Tercer Mundo, 1991).

145 Entrevista de Human Rights Watch con el servicio de inteligencia colombiano, Santafé de Bogotá, 2 de diciembre de 1997; y Bibiana Mercado y Orlando León Restrepo, “Farc alimentan la línea dura,” El Tiempo, 29 de junio de 1997.

146 Entrevista de Human Rights Watch con el Gen. Carlos Ospina, Brigada Móvil No.2, San José de Guaviare, 6 de mayo de 1997.

147 Cuando se escribió este informe, se consideraba que entre los miembros de la Secretaría General se encontraban Marulanda, como comandante en jefe; Jorge Briceño, conocido como el Mono Jojoy, al mando de las unidades de las FARC en la mayoría del sur de Colombia; Alfonso Cano, responsable de ideología; Noel Matta, conocido como Efraín Guzmán o El Viejo Efraín; Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko; Iván Márquez; y Raúl Reyes, responsable de promoción internacional. Conclusiones, Octava Conferencia Nacional de las FARC, 3 de mayo de 1993; y “El nuevo No. 1,” Semana, 10 de septiembre de 1996, pp. 50-51.

148 Entrevista de Human Rights Watch con Marco León Calarcá, Frente Internacional-FARC, Ciudad de México, 13 de julio de 1996.

149 Un ejemplo de esto es un libro ampliamente distribuido por el Ejército en el que se equipara a las FARC con los carteles de Medellín y Cali, organizaciones criminales dedicadas a la exportación de cocaína y heroína. Mayor Luis Alberto Villamarín Pulido, El Cartel de las FARC (Santafé de Bogotá: Ediciones El Faraón, 1996).

150 Entrevista de Human Rights Watch con Myles Frechette, Santafé de Bogotá, 7 de mayo de 1997.

151 En noviembre de 1997, el Ejército anunció que había prohibido a los oficiales el uso de la palabra “cartel” para referirse a la guerrilla. No obstante, lo siguen utilizando, especialmente cuando presionan para obtener más asistencia de seguridad de Estados Unidos para combatir lo que califican de amenaza de la “narcoguerrilla.” “Ejército prohíbe llamar ‘cartel’ a grupos guerrilleros,” El Tiempo, 21 de noviembre de 1997.

152 Carta a Human Rights Watch de la Comisión Internacional de las FARC-EP, 15 de junio de 1996.

153 Entrevista de Human Rights Watch con Marco León Calarcá, Frente Internacional-FARC, Ciudad de México, 13 de julio de 1996.

154 El 15 de junio de 1997, las FARC también liberaron a diez infantes de marina capturados en enero del mismo año. Para un resumen del caso de Las Delicias, ver “Guerrilla,” Semana, 9-16 de junio de 1997.

155 Entrevistas de Human Rights Watch con investigadores independientes, Santafé de Bogotá, 26 de junio de 1996.

156 Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 25 de junio de 1996.

157 Manual de Operaciones de las FARC (sin fecha), pp. 110 y 142.

158 Las FARC nos dijeron que este documento había sido aprobado en la primera cumbre de comandantes del grupo, pero no dos dieron una fecha. Normas de Comportamiento con las Masas, FARC-EP.

159 La estrategia de las masacres lleva en el arsenal de las FARC desde los sesentas. Para más detalles, ver María Victoria Uribe y Teófilo Vásquez, Enterrar y Callar: las masacres en Colombia, 1980-1993, Volumen 2 (Santafé de Bogotá: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 1995). Entrevistas de Human Rights Watch con trabajadores de ayuda humanitaria, Santafé de Bogotá, 26 de junio de 1996.

160 Estas cifras están basadas en las estadísticas de 1996 y 1997 recopiladas por el Banco de Datos administrado por el CINEP y Justicia y Paz.

161 Sin embargo, no se confirmó que todas las víctimas eran civiles. Aunque muchos miembros amnistiados del EPL entregaron las armas después de la desmovilización de 1991, otros siguieron siendo combatientes y formaron los llamados Comandos Populares para atacar a los sospechosos de apoyar a las FARC. “Listado de personas asesinadas pertenecientes a Esperanza Paz y Libertad,” Fundación Progresar, febrero de 1996.

162 Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 12 de mayo de 1997.

163 Entrevista de Human Rights Watch con Mario Agudelo, Esperanza, Santafé de Bogotá, 13 de mayo de 1997.

164 “Masacre de La Chinita,” un informe de la Sección por la Vida, la Justicia y la Paz del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo,” la Comisión Andina de Jurista-Seccional Colombiana (ahora Comisión Colombiana de Juristas), el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación Progresar, CINEP y la revista Colombia Hoy, agosto de 1994.

165 Entrevista de Human Rights Watch con investigador del gobierno, Santafé de Bogotá, 6 de junio de 1995.

166 Carta a Human Rights Watch de Luis Manuel Lasso Lozano, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 12 de diciembre de 1997.

167 Entrevista de Human Rights Watch con Marco León Calarcá, Frente Internacional-FARC, Ciudad de México, 13 de julio de 1996.

168 Estas masacres tuvieron lugar en la región de Urabá, Antioquia. Entrevista de Human Rights Watch con el Coronel retirado Carlos Velásquez, Santafé de Bogotá, 12 de mayo de 1997; y entrevista de Human Rights Watch con el CINEP, Santafé de Bogotá, 26 de junio de 1996.

169 Entrevista de Human Rights Watch con un trabajador de ayuda humanitaria, Apartadó, Antioquia, 5 de julio de 1996.

170 Entrevista de Human Rights Watch con Marco León Calarcá, Frente Internacional-FARC, Cuidad de México, 13 de julio de 1996.

171 “Relación de personal fallecido fuera de combate pero por acción del enemigo en el año 1997,” El Ejército Colombiano, 8 de mayo de 1998.

172 Entrevistas de Human Rights Watch con finqueros, San José de Guaviare, Guaviare, 5 de mayo de 1997.

173 Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de El Rotorno, San José de Guaviare, Guaviare, 5 de mayo de 1997.

174 Acuerdo entre la Comisión de Paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), Mesetas, Meta, 28 de marzo de 1984.

175 Carta a Human Rights Watch de Francisco Santos, País Libre, 3 de julio de 1998.

176 “El mundo de Alfonso Cano,” Semana, 26 de mayo al 2 de junio de 1997.

177 “Las Farc amenazan elecciones en Cundinamarca,” El Tiempo, 31 de agosto de 1997; “Siguen amenazas de las Farc contra elecciones,” El Tiempo, 17 de octubre de 1997; y carta a Human Rights Watch de Volmar Pérez Ortiz, Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas, Defensoría del Pueblo, 12 de diciembre de 1997.

178 “El Bloque Sur de las FARC-EP informa a la Opinión Pública,” Montañas del Caquetá, 17 de octubre de 1997.

179 “‘Encuentros en el exterior son etapas superadas’,” El Tiempo, 29 de marzo de 1998.

180 “O mandan las Fuerzas Armadas o el Presidente de la República,” Resistencia Internacional, mayo de 1991, p. 7.

181 Comunicado del Bloque “José María Córdoba” de las FARC-EP, septiembre de 1996.

182 “Farc amenazan a periodistas,” El Tiempo, 23 de junio de 1997; y “Amenazas contra los medios en Popayán,” El Tiempo, 17 de octubre de 1997.

183 “Dramático rescate de extranjeros en Chocó,” El Tiempo, 5 de marzo de 1997; y “El mundo de Alfonso Cano,” Semana, 26 de mayo al 2 de junio de 1997.

184 “Una mula lo llevó por el camino de la libertad,” El Tiempo, 24 de noviembre de 1997.

185 Entrevista con Human Rights Watch, San José del Guaviare, Guaviare, 6 de mayo de 1997.

186 Entrevista de Human Rights Watch, 8 de julio de 1996.

187 Entrevista de Human Rights Watch con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Santafé de Bogotá, 11 de julio de 1996; y CCJ, Colombia, Derechos Humanos y Derecho Humanitario: 1996, p. 28.

188 Entrevista de Human Rights Watch con Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Santafé de Bogotá, 11 de julio de 1996; y “Reabierto paso en la vía de Urabá,” El Tiempo, 24 de septiembre de 1996.

189 Entrevista de Human Rights Watch con Marco León Calarcá, Frente Internacional-FARC, Ciudad de México, 13 de julio de 1996.

190 “16 campesinos masacrados: más víctimas de una guerra sucia,” El Colombiano, 6 de mayo de 1996.

191 Carta a Human Rights Watch de Enalba Rosa Fernández Gamboa, Consejería para los Derechos Humanos, 30 de mayo de 1996.

192 Entrevista de Human Rights Watch con investigador de gobierno, Apartadó, Antioquia, 5 de julio de 1996.

193 Carlos Alberto Giraldo, “Alto Mulatos: la violencia, la estampida,” El Colombiano, 2 de diciembre de 1996.

194 CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, No. 3, enero-marzo de 1997, pp. 86-87; y “Nuevo éxodo de campesinos en Ríosucio,” El Tiempo, 4 de marzo de 1997.

195 Instituto de Capacitación Popular, ¿Hacia dónde va Colombia? Una mirada desde Antioquia: 1996, p. 107; CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, No. 1, julio-septiembre de 1996, p. 52; y “Asesinados 4 dirigentes comunales en Apartadó,” El Mundo, 8 de septiembre de 1996.

196 Acción Urgente de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, 9 de octubre de 1997; y “En Urabá asesinan a miembros de Comisión de Neutralidad,” El Tiempo, 8 de octubre de 1997.

197 Carta a la Defensoría de Jesús Antonio Silva Urriago, Defensoría Regional, Neiva, Huila, 25 de noviembre de 1997.

198 Informe del experto en explosivos de la SIJIN Javier Briñez Vera, 22 de junio de 1997.

199 Las fotografías fueron tomadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dependiente de la Fiscalía General.

200 Informe de Hugo Garzón Rueda, Jefe de la Estación de Hobo, al Departamento de Policía de Huila, 22 de junio de 1997; y “Farc mataron a 6 personas en un bar,” El Tiempo, 23 de junio de 1997.

201 CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, No. 5, julio-septiembre de 1997, pp. 86 y 88.

202 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con la Embajada de EE.UU., 28 de enero de 1997; y “Farc asesinó a dos misioneros de E.U.,” El Espectador, 21 de junio de 1995.

203 Cuando se escribió este informe, ninguno de ellos estaba detenido. Entrevista de Human Rights Watch con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, Santafé de Bogotá, 4 de diciembre de 1997.

204 “Farc asesinan a 11 policías en Chalán,” El Tiempo, 14 de marzo de 1996; y “Asalto Guerrillero a la población de Chalán, Sucre,” División de Derechos Humanos, Inspección General, Policía Nacional, 1996. Las FARC se atribuyeron el ataque en un comunicado de prensa de abril de 1996. Los guerrilleros afirman que mataron a once agentes de Policía, pero no ofrecen más detalles. Comunicado de Prensa, febrero-abril de 1996.

205 Entrevista de Human Rights Watch con el CINEP, Santafé de Bogotá, 4 de mayo de 1997; y “Delito de opinión,” Semana, 25 de junio de 1996.

206 “Gobernador reclama libertad de Turbay,” El Tiempo, 18 de junio de 1995.

207 Entrevista de Human Rights Watch con residentes de Caquetá, Santafé de Bogotá, 8 de mayo de 1997; Carta a la Defensoría de Edgar Ernesto Urueña, Defensoría Seccional, Florencia, Caquetá, 3 de diciembre de 1997; y “Convivir, objetivo militar,” El Tiempo, 28 de febrero de 1997.

208 Entrevista de Human Rights Watch con residentes de Caquetá, Santafé de Bogotá, 8 de mayo de 1997; y “Matan a vocero de campesinos cocaleros,” El Tiempo, 10 de enero de 1997.

209 Entrevista de Human Rights Watch con una fuente en la Embajada de Estados Unidos, 28 de enero de 1997; y “Recuperan cadáver de ingeniero estadounidense secuestrado,” El Tiempo, 27 de febrero de 1997.

210 Carta a la Defensoría de Wilder Rafael Guerra Millán, Defensoría Seccional-Riohacha, 11 de diciembre de 1997.

211 El caso está siendo investigado por el fiscal regional de Medellín. Carta a Human Rights Watch de Luis Manuel Lasso Lozano, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 12 de diciembre de 1997.

212 En el bar donde estaba sentado Agudelo cuando lanzaron la granada, resultó muerta María Bernarda Lora y hubo seis heridos. Entrevista de Human Rights Watch con Mario Agudelo, Santafé de Bogotá, 13 de mayo de 1997.

213 Antes de su toma de posesión como alcalde de Apartadó en enero de 1998, Díaz recibió nuevas amenazas de muerte de las FARC. “Frustan atentado con otro libro bomba,” El Tiempo, 16 de abril de 1997; y “Farc impediría posesión de alcalde de Apartadó,” El Colombiano, 31 de diciembre de 1997.

214 Carta a Human Rights Watch de líderes de San José de Apartadó, 11 de junio de 1997; entrevista de Human Rights Watch con María Girlesa Villegas, Defensoría, Medellín, Antioquia, 9 de diciembre de 1997; y CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, No. 4, abril-junio de 1997, p. 105.

215 Carta a Human Rights Watch de Pedro Juan Moreno, amigo personal de Vélez y Vicegobernador de Antioquia, 17 de septiembre de 1997; y “Guerrilla mata a un hacendado,” El Tiempo, 8 de agosto de 1997.

216 Carta a Human Rights Watch de Álvaro Uribe, Gobernador de Antioquia, 8 de agosto de 1997.

217 Sumario del caso, Oficina de Derechos Humanos, Policía Nacional, 1998.

218 “Condenan asesinato de Policía,” El Colombiano, 12 de agosto de 1997.

219 Sumario del caso, Oficina de Derechos Humanos, Policía Nacional, 1998.

220 Carta a Human Rights Watch de la OIA, 16 de octubre de 1997; y “Asesinados dos líderes indígenas,” El Colombiano, 15 de octubre de 1997.

221 U.S. Committee for Refugees, Colombia’s Silent Crisis: One million displaced by violence (Washington, D.C.: U.S. Committee for Refugees, 1998), p. 32.

222 “Farc asesinaron al alcalde de Anzá,” El Tiempo, 16 de noviembre de 1997; y CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, No. 6, octubre-diciembre de 1997, p. 110.

223 Visita de Human Rights Watch a Anzá y Guintar, Antioquia, 10 de diciembre de 1997; y “Guerrilla se atribuyó asesinato de alcalde,” El Colombiano, 19 de noviembre de 1997.


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