Colombia


Guerra sin cuartel
Colombia y el derecho internacional humanitario




(New York: Human Rights Watch, 1998)

V. VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO POR PARTE DE LA GUERRILLA (continuación)

Toma de rehenes

Misioneros: Los misioneros de Nueva Tribus David Mankins, Richard Tenenoff y Mark Rich fueron secuestrados por militantes de las FARC el 31 de enero de 1993, en un municipio de los indígenas kuna de Panamá, donde trabajaban. Tras mantener contactos de radio esporádicos durante 1993, durante los cuales la guerrilla exigía una recompensa de cinco millones de dólares EE.UU., las FARC suspendieron el contacto.224 Según Nuevas Tribus, en febrero de 1997, las FARC se pusieron en contacto con un diplomático costarricense que les informó posteriormente que Mankins, Tenenoff y Rich estaban con vida, buena salud y enmanos de las FARC.225 Las FARC ha desmentido públicamente el secuestro de los tres hombres.226

 

  La guerrilla exigía una recompensa de cinco millones de dólares EE.UU.

Rodrigo Turbay Cote: El 16 de junio de 1996, este congresista de Caquetá fue secuestrado por el Bloque Sur de las FARC cuando hacía campaña en el departamento de Caquetá. Turbay, hijo de una familia local que durante muchos años había tenido poder político en las región, había sido elegido al Congreso como candidato del Partido Liberal en 1994.227 Después de ser elegido Presidente de la Cámara de Representantes, las FARC acusaron a Turbay de haberse beneficiado personalmente de la construcción de una carretera en Caquetá y afirmaron que le habían secuestrado para investigar el asunto y recaudar una recompensa.228 El 4 de mayo de 1997, las FARC emitieron un comunicado en el que decían que Turbay se había ahogado cuando lo trasladaban por el río Caguán en Caquetá. Los residentes encontraron su cadáver flotando en el río. Una autopsia llevada a cabo por expertos del gobierno confirmó posteriormente que Turbay había muerto ahogado, posiblemente después de caer y golpearse la cabeza.229 Poco después, el Bloque Sur publicó una declaración en la que se atribuía el secuestro, que calificó de “prolongada retención,” y acusó a la familia de ser responsable de su duración dado que “se negó a pagar la multa... que le impusimos.”230

Alina Gautier de Ochoa: El 3 de agosto de 1996, esta profesora de química retirada fue secuestrada por el 361 Frente de las FARC en una finca familiar cerca de San Pedro Milagros, Antioquia.231 Al parecer, los guerrilleros colaboraron con delincuentes conocidos en el área que llevaron a cabo el secuestro y entregaron la rehén a las FARC seis días más tarde a cambio de un pago. El guerrillero llamado “Gustavo,” o “El Viejo,” quien lideró el secuestro exigió una recompensa de un millón de dólares a la familia. Durante los tres meses de cautiverio, Gautier se rompió la mano pero no recibió atención médica.232 Tras su liberación, Gautier informó que había pasado un noche con otros secuestrados que esperar noticias de sus familias y el pago de sus rescates.233 Además de violar la prohibición de la toma de rehenes, las FARC violaron lo dispuesto en el artículo 5 (2) (e), que exige a la fuerza responsable de la privación de libertad de las personas que cuide de la salud física de éstas.

José Ignacio González: El 14 de agosto de 1997, este médico de 73 años fue secuestrado por miembros del 341 Frente de las FARC en la clínica donde ofrecía servicios médicos gratuitos a pacientes cerca de Concordia, Antioquia.234 Poco después, sufrió un infarto mortal y los guerrilleros abandonaron su cuerpo en las afueras del municipio, donde fue recuperado ese mismo días. En esa época, González también era Presidente del consejo municipal de Concordia.235

Las elecciones del 26 de octubre: Durante los meses previos a las elecciones colombianas de 1997, las FARC secuestraron a decenas de alcaldes, consejeros municipales, funcionarios municipales y candidatos de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima, lo que constituyó una violación flagrante de la prohibición de la toma de rehenes.236 Por ejemplo, en el Guaviare, se dijo a los candidatos que serían considerados “objetivos militares” y asesinados si seguían con la campaña después de su liberación.237 Se informó que, en Caquetá, los guerrilleros le dijeron a un candidato que “el que ponga una camiseta alusiva a cualquier candidatura política lo desapareceremos.”238 En el momento de su liberación después de tres días de secuestro, el alcalde de Buriticá, José Luis Vélez Hincapié, entregó un comunicado de las FARC a la prensa en el que declaraban objetivos militares legítimos a todos los candidatos.239 El chófer de Vélez fue asesinado cuando el alcalde fue capturado.240 Las FARC asesinaron a otros candidatos en retenes, entre ellos Ricardo Jiménez Zuluaga, candidato a la alcaldía de San Carlos, Antioquia, y muerto el 15 de agosto de 1997.241 Los candidatos que desafiaron las amenazas y ganaron las elecciones estuvieron recibiendo amenazas de las FARC hasta 1998. El alcalde de Puerto Rico, Caquetá, que había sido rehén de las FARC, recibió unanueva amenaza en 1998, cuando el Bloque Sur hizo llegar un mensaje a los alcaldes en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo en el que decía que cualquiera que no cumpliera sus órdenes sería considerado objetivo militar y sufriría graves consecuencias.242 Es importante señalar que ninguna fuerza participante en un conflicto puede declarar arbitrariamente objetivo militar a un civil o a un objeto civil. Como hemos señalado, un objetivo militar supone, por sus características, situación, finalidad o uso, una contribución efectiva a la acción militar. Su destrucción parcial o total, captura o neutralización en las circunstancias vigentes en ese momento ofrecerá una ventaja militar definida. El hecho de que estas personas apoyaran una opinión política no compartida la guerrilla no las convierte en combatientes ni por lo tanto en objetivos militares mientras no participen activamente en las hostilidades.

Ataques a trabajadores e instalaciones médicas y a ambulancias

Vehículo del CICR: El 2 de junio de 1996, durante una parada de rutina en un retén instalado por el 101 Frente de las FARC entre Fortul y Saravena, Arauca, los guerrilleros dispararon contra un vehículo marcado con la cruz roja del CICR. Según los informes, los guerrilleros apuntaron a las llantas y el depósito de gasolina cuando el vehículo estaba detenido y ante la presencia de un representante del CICR. Posteriormente, el guerrillero al mando obligó al delegado del CICR a firmar un documento dirigido al comandante del 101 Frente en el que prometía no denunciar el incidente.243 Este hecho es una violación grave de la protección garantizada a los vehículos marcados con la cruz roja, el símbolo reconocido a nivel internacional para la protección del personal médico y religioso, las unidades médicas y los medios de transporte sanitarios, como establece el artículo 12 de Protocolo II.

 

  Los guerrilleros dispararon contra un vehículo marcado con la cruz roja del CICR.

Ambulancias: El Protocolo II prohíbe los ataques a vehículos identificados adecuadamente con la cruz roja, pero también su utilización indebida. No obstante, las FARC han violado reiteradamente estas protecciones atacando vehículos con este distintivo o utilizándolos para el transporte de tropas y de armas. Por ejemplo, se informó que, el 4 de abril de 1997, durante un ataque en el municipio de Chámeza, Casanare, los guerrilleros del 381 y 561 Frentes de las FARC utilizaronuna ambulancia para transportar a combatientes armados.244 El 13 de agosto, después de un combate entre las FARC y unidades de la Brigada XVII, el Ejército informó que los guerrilleros habían detenido un vehículo que transportaba a un soldado herido, le obligaron a salir del mismo y le mataron.245 El 25 de octubre del mismo año, las FARC atacaron una ambulancia marcada con el distintivo de la cruz roja cerca de Puerto Rico, Caquetá, e hirieron al médico Edison Morales, que estaba atendiendo a una paciente durante un parto prematuro.246

Otros ataques que violan el derecho internacional humanitario

Arcua, Antioquia: Human Rights Watch ha recibido numerosos informes de fuentes confiables que indican que el 51 Frente de las FARC empleó minas en áreas civiles cerca de este municipio de Urabá durante 1996. En esa época, los enfrentamientos en el área entre la guerrilla y los paramilitares eran numerosos y muchas familias huyeron. Un experto en explosivos comentó que el empleo de minas en la zona era destacable dado que, por regla general, las FARC las utilizan menos que otros grupos insurgentes.247 Las FARC confirmaron a Human Rights Watch que utilizan minas.248

Cuarta Brigada: El 27 de mayo de 1996, miembros de las milicias de las FARC que operaban en Medellín atacaron la sede de la Cuarta Brigada del Ejército, situada en un distrito residencial. El ataque, que fue lanzado desde un collado conocido como El Volador, provocó pocos daños a la instalación militar, pero sí acabó con la vida de Francisco Sergio Castrillón Zapata, un vigilante que trabajaba en lascercanías, e hirió a tres civiles, entre ellos un niño.249 El ataque también dañó dos casas.250 Aunque la Cuarta Brigada es un objetivo militar, este ataque viola claramente el principio de proporcionalidad al provocar más daño a los civiles que cualquier daño directo o estratégico importante al Ejército. Los daños a estructuras protegidas eran previsibles, y el comandante guerrillero debió haber tomado medidas específicas para evitar o minimizar el daño, algo que fue totalmente ignorado en este caso.

Montería, Córdoba: Al menos en cinco ocasiones, las FARC han plantado bombas en las cercanías o frente a una oficina asociada con las ACCU en el centro de Montería. El 21 de octubre de 1996, los guerrilleros detonaron la primera bomba oculta en el carro de un vendedor ambulante cerca de las oficinas de la Fundación por la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR). SE informó que cuatro transeúntes resultaron muertos. Al atentado le siguieron amenazas reiteradas. La FUNPAZCOR fue fundada en 1991 por la familia de Carlos Castaño, el dirigente de las ACCU. Tenía previsto utilizar sus fondos para asistir en la desmovilización de guerrilleros del EPL y se han destinado a créditos para tierras, viviendas, construcción de escuelas y negocios comunitarios.251 Se informó que las FARC detonaron más bombas en el centro de Montería el 17 de diciembre de 1996, y el 10 de marzo, el 12 de julio y el 23 de julio de 1997. El atentado de marzo se saldó con 17 personas heridas, entre ellas una niña de seis años.252 El hecho de que la FUNPAZCOR fuera fundada por la familia Castaño no lo convierte automáticamente en un objetivo militar. Estos atentados son violaciones graves de la prohibición de atacar a civiles o a objetos civiles. Además, FUNPAZCOR está situada en un área urbana concurrida y cualquier ataque puede provocar bajas civiles y debe ser suspendidoen consecuencia. Este ataque también demuestra la total indiferencia por parte de las FARC frente a la regla de proporcionalidad, que exige que aquellos que deciden o planifican ataques deben tomar en cuenta los efectos de tales acciones en la población civil antes de ejecutarlos. Al igual que las reglas aplicadas a objetos que puedan cumplir una doble función (civil y militar) exigen que exista una ventaja militar directa para justificar su uso, la regla de proporcionalidad también exige que la ventaja militar debe ser específica y perceptible. Una ventaja remota que puede suceder en algún momento futuro no es suficiente para justificar eventuales daños a la población civil.

Bloqueo del río Atrato: A partir de mediados de diciembre de 1996 y durante el mes de enero de 1997, las FARC bloquearon el tráfico comercial en el río Atrato, que divide los departamentos de Chocó y Antioquia. Según las informaciones, los guerrilleros dijeron a los patrones de los barcos que transportan productos y pasajeros que las FARC destruirían sus embarcaciones si salían del puerto. La mayoría de los alimentos y las medicinas que llegan al área se transportan por el río.253 Estas amenazas de violencia sembraron el terror en toda la región, lo que constituyó una violación del artículo 13 (2) del Protocolo II. Human Rights Watch recibió informes creíbles de que las FARC dispararon contra los barcos que no se atuvieron a las amenazas.254 Este tipo de conducta por parte de las FARC no era inusual en aquella época. En un comunicado de las FARC ampliamente divulgado en la región se advertía a los camioneros y a los pasajeros que no viajaran so se arriesgarían a ser atacados, otra violación del artículo 13 (2) del Protocolo II.255

Caloto, Cauca: El 12 de enero de 1997, el 61 Frente de las FARC lanzó un ataque contra Caloto, Cauca. Aunque su objetivo principal era la estación de Policía, las FARC atacaron indiscriminadamente y dañaron gravemente la estación de bomberos, la oficina de la Cruz Roja Colombiana, un restaurante, oficinas de los tribunales, 20 casas, una escuela y el hospital. Según los investigadores del gobierno, los guerrilleros sabían perfectamente que estaban causando daños a laoficina de la Cruz Roja y amenazaron con volver a hacerlo. Además, se informó que el guardia de seguridad Héctor Fajardo, que vigilaba las oficinas de los tribunales, fue ejecutado sumariamente por un guerrillero.0

Apartadó, Antioquia: Las FARC también han atentado con bomba contra hoteles donde se dice que se alberga el personal de las fuerzas de seguridad y los paramilitares. El 27 de febrero de 1997, una bomba de las FARC en un camión de basura requisado estalló frente el hotel El Pescador y mató a diez personas.1 Entre las víctimas se encontraba un muchacho de 11 años.2 Se informó que habían resultado heridas 53 personas, entre ellos cuatro agentes de Policía. Además, se informó de que ocho edificios dentro de la misma manzana fueron dañados.3 Semanas después, las autoridades capturaron al miembro de la UC-ELN Enrique de Jesús Vergara Pacheco al que acusaron de haber colaborado con las FARC en el atentado.4 Cualquier ataque contra un hotel que alberga a combatientes debe ser planeado cuidadosamente para evitar bajas civiles, lo que las FARC claramente no hicieron en este caso. El ataque no se llevó a cabo de manera a minimizar las bajas civiles. La ventaja militar que podrían haber obtenido las FARC no se correspondía en absoluto con el número de víctimas civiles.

 

  Las FARC instalaron en varias ocasiones minas dentro del municipio de Calamar, Guaviare, algunas de ellas en los patios de una escuela, en la plaza central y frente a una iglesia.

Minas en Calamar: En 1997, las FARC instalaron en varias ocasiones minas dentro del municipio de Calamar, Guaviare, algunas de ellas en los patios de una escuela, en la plaza central y frente a una iglesia. Los guerrilleros iban a intentar detonar lasminas ocultas al paso de los soldados del Batallón de Infantería Joaquín Paris.5 Esta táctica constituye una violación del derecho internacional humanitario, en concreto de la prohibición de los ataques que pongan en peligro a la población civil e instalaciones exclusivamente civiles, como escuelas. En Calamar, los 500 estudiantes que acuden con regularidad a la escuela estuvieron reiteradamente expuestos al peligro de esta táctica. De hecho, el miedo hizo que 20 maestros abandonaran sus puestos a finales de 1997. Aunque los residentes se quejaron a las FARC, los guerrilleros seguían utilizando la escuela como punto de emboscada cuando Human Rights Watch visitó el departamento de Guaviare en mayo de 1997.6

Cadáveres: Human Rights Watch ha recibido información creíble y consistente relacionado con el empleo de cadáveres por parte de las FARC como trampas cazabobos, lo cual se considera perfidia en virtud del derecho internacional humanitario. Cuando se oculta una trampa cazabobos en el cuerpo de un combatiente muerto, la parte responsable también viola el artículo 8 del Protocolo II, que exige que los combatientes traten los restos de los muertos con decoro. El 16 de febrero de 1998, tras un combate entre el Ejército de Colombia y las FARC cerca de Fomerque, Cundinamarca, los soldados recuperaron los cuerpos de tres soldados muertos el días anterior. Los cadáveres fueron trasladados en helicóptero a una base del Ejército en Santafé de Bogotá. Cuando los cuerpos habían sido descargados, explotó el del capitán Luis Hernando Camacho, en cuyo cadáver las FARC habían instalado aparentemente una trampa cazabobos. Dos soldados murieron y cinco resultaron heridos.7 Posteriormente, el CICR emitió un comunicado en el que recordaba a las partes en conflicto que los muertos estánprotegidos por el Protocolo II.8 Las FARC negaron haber utilizado el cuerpo como trampa cazabobos.9


CONTINUACIÓN DE CAPÍTULO V

224 Carta a Human Rights Watch de Lorraine Van Dyke, Sandy Welsh, Patti Tenenoff, Nancy Mankins y Tania M. Rich, 10 de mayo de 1995; e Informe, Misión de Nuevas Tribus, junio de 1997.

225 Testimonio ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de EE.UU. de Dan Germann, Comité Ejecutivo de la Misión Nuevas Tribus, y de Tania Rich, Washington, D.C., 31 de marzo de 1998.

226 Los guerrilleros afirman que los hombres fueron secuestrados por delincuentes comunes y miembros de las fuerzas de seguridad con la intención de dañar la reputación de las FARC. Comisión Internacional de las FARC-EP, México, D.F., diciembre de 1997; y Comunicado de Prensa de las Farc-EP, 12 de mayo de 1998.

227 “Perfil de Rodrigo Turbay Cote,” Cámara de Representantes, 1996.

228 Entrevista de Human Rights Watch con Marco León Calarcá, Frente Internacional-FARC, Ciudad de México, 13 de julio de 1996.

229 “Turbay Cote murió ahogado,” El Tiempo, 19 de junio de 1997.

230 “A la opinión pública,” comunicado del Bloque Sur-FARC, 18 de julio de 1997. La familia Turbay acusó a los políticos locales de pagar a las FARC para que prolongaran el secuestro del congresista, y dos hombres y una mujer fue detenidosposteriormente por las autoridades en relación con esta acusación; “Turbay,” 7-14 de julio de 1997; y “Detenida diputada en el caso de Rodrigo Turbay,” El Tiempo, 11 de septiembre de 1997.

231 Carta a Human Rights Watch de la familia Ochoa, 5 de septiembre de 1996.

232 Carta a Human Rights Watch de Raúl Reyes, Comisión Internacional-FARC, 22 de septiembre de 1996.

233 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Alina Gautier Ochoa, 5 de enero de 1997.

234 “Concejal murió de infarto en manos de las Farc,” El Tiempo, 16 de agosto de 1997.

235 Carta a Human Rights Watch de Álvaro Uribe, Gobernador de Antioquia, 5 de septiembre de 1997.

236 “Secuestran a candidato a alcaldía de Bolívar,” El Tiempo, 4 de junio de 1997; y “Secuestrado alcalde de Yalí, Antioquia,” El Tiempo, 16 de junio de 1997.

237 Entrevistas de Human Rights Watch con alcaldes, San José de Guaviare, Guaviare, 5-7 de mayo de 1997; carta a Human Rights Watch de Volmar Pérez Ortiz, Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas, Defensoría del Pueblo, 12 de diciembre de 1997; “Las Farc amenazan elecciones en Cundinamarca,” El Tiempo, 31 de agosto de 1997; y “Siguen amenazas de las Farc contra las elecciones,” El Tiempo, 17 de octubre de 1997.

238 “Denuncian amenazas de las Farc a candidatos en Caquetá,” El Tiempo, 6 de marzo de 1997.

239 “Farc reiteran que impedirán las elecciones,” El Tiempo, 9 de junio de 1997.

240 “Secuestran a alcalde de Buriticá y a seis personas más,” El Tiempo, 9 de junio de 1997.

241 “Asesinan candidato a la Alcaldía de San Carlos,” El Colombiano, 16 de agosto de 1997.

242 “FARC persigue a desplazados,” El Espectador, 6 de enero de 1998.

243 “Farc dispararon contra carro de la Cruz Roja,” El Tiempo, 3 de junio de 1996; y CCJ, Colombia, Derechos Humanos y Derecho Humanitario: 1996, pp. 79-80.

244 CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, No. 4, abril-junio de 1997, p. 136.

245 Carta a Almudena Masarraza, Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, del Gen. Rito Alejo del Río Rojas, Comandante de la Brigada XVII, 21 de agosto de 1997.

246 CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, No. 6, octubre-diciembre de 1997, p. 100.

247 Entrevistas de Human Rights Watch en Apartadó, Antioquia, 5 y 6 de julio de 1996.

248 Entrevista de Human Rights Watch con Marco León Calarcá, Frente Internacional-FARC, Ciudad de México, 13 de julio de 1996.

249 Certificado de Carlos Alberto Vélez Betancur, Fiscal Seccional 148, 28 de mayo de 1996.

250 Entrevista de Human Rights Watch con el Gen. Alfonso Manosalva Flórez, Comandante de la Cuarta Brigada, Medellín, Antioquia, 2 de julio de 1996; y “Fuera de peligro heridos por atentado con morteros,” El Colombiano, 28 de mayo de 1996.

251 Entrevista de Human Rights Watch con la hermana Teresa Gómez, FUNPAZCOR, Montería, 8 de julio de 1996; y “Bomb injures 10 at Police HQ in Northern Colombia,” Reuters, 21 de octubre de 1996.

252 “Atentado terrorista en Montería deja 17 heridos,” El Tiempo, 11 de marzo de 1997; y AUC, “Colombia Libre,” agosto de 1997, No. 2.

253 “Continúa bloqueo del Atrato,” El Tiempo, 14 de enero de 1997.

254 “Farc siguen con intimidación en el río Atrato,” El Tiempo, 21 de enero de 1997.

255 Elizabeth Yarce Ospina, “Urabá se queda sin alimentos,” El Espectador, 19 de septiembre de 1996; “Tres días cumple retén de las Farc en la vía a Urabá,” El Tiempo, 18 de septiembre de 1996.

0 No existe ningún indicio de que la Policía utilizara alguna de las estructuras civiles, como la oficina de la Cruz Roja o el hospital, durante el ataque. CINEP y Justicia y Paz, Noche y Niebla, No. 3, enero-marzo de 1997, p. 128; y “Cuatro horas de terror en Caloto,” El Tiempo, 14 de enero de 1997.

1 Marisol Gómez Garrido, “La muerte llegó en carro bomba a Urabá,” El Tiempo, 28 de febrero de 1997.

2 Marisol Gómez Garrido, “Hermanita, no me deje morir,” El Tiempo, 11 de marzo de 1997.

3 Marisol Gómez Garrido, “La muerte llegó en carro bomba a Urabá,” El Tiempo, 28 de febrero de 1997.

4 “Cae autor de bomba en Apartadó,” El Tiempo, 25 de marzo de 1997.

5 Las FARC utilizan minas M18A1 (Claymore). No son minas “inteligentes”, lo que implica que nunca se autodestruyen. Las minas Claymore pueden utilizarse con cables trampa o pueden ser detonadas manualmente.

6 Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Calamar, San José de Guaviare, Guaviare, 6 de mayo de 1997.

7 Informe del Coronel Germán Galvis Corona, Jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil No.1, al Fiscal Regional, 19 de febrero de 1998; y “Guerrilla utiliza cadáveres en un atentado,” El Espectador, 19 de febrero de 1998.

8 Comunicado de prensa del CICR, 18 de febrero de 1998.

9 Comunicado de prensa de las FARC, 19 de febrero de 1998; y “‘Encuentros en el exterior son etapas superadas’,” El Tiempo, 29 de marzo de 1998.


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