Colombia


Guerra sin cuartel
Colombia y el derecho internacional humanitario




(New York: Human Rights Watch, 1998)

VIII. EL PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Las Naciones Unidas

El 6 de abril de 1997 fue la fecha de la apertura oficial de la oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la embajadora Almudena Mazarrasa y compuesta de cinco expertos y un director adjunto. La oficina sigue presionando al gobierno sobre temas que preocupan a la Comisión de Derechos Humanos, entre ellos la reforma del código penal militar y el respeto al derecho internacional humanitario. Los expertos viajan por todo el país para documentar abusos y celebran reuniones periódicas con funcionarios del gobierno, representantes de las organizaciones de derechos humanos y los colombianos que quieren presentar denuncias.214

 

  Toda la asistencia de seguridad de EE.UU., incluyendo el entrenamiento, debe ser objeto de los procedimientos propios de la Enmienda Leahy.

Durante el 54º período de sesiones, la oficina presentó su primer informe, que fue considerado implacable. El informe concluía que existían pruebas abundantes de acciones conjuntas constates entre militares y paramilitares que se saldaban con violaciones de los derechos humanos así como la falta de respeto por el derecho internacional humanitario por parte de todas las partes en conflicto.215

La Comisión de Derechos Humanos decidió demostrar su preocupación por la situación en Colombia aumentando el número de expertos en la oficina en Bogotá de seis a 12. Además, Mary Robinson, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, expresó su profunda preocupación por Colombia y destacó que la mayor parte de las violaciones reportadas son atribuidas a paramilitares muchas veces trabajando con la tolerancia de las fuerzas de seguridad. También anunció sus planes de visitar a Colombia en 1998, un gesto de apoyo a la oficina y de preocupación por la grave situación de los derechos humanos que fue bien recibido.

La Unión Europea

Algunas embajadas y diplomáticos europeos han desempeñado papeles destacados en el intento de disminuir la violencia política y el sufrimiento causado por ésta. En abril de 1997, el Embajador de los Países Bajos, Gysbert Bos, realizó una visita de tres días a la región del Magdalena Medio, en parte para llamar la atención sobre el aumento de la actividad paramilitar y el desplazamiento. Estavisita fue considerada especialmente importante teniendo en cuenta que, en ese momento, los Países Bajos ocupaban la presidencia de la Unión Europea (UE).

Por su parte, la Unión Europea siguió presionando a Colombia para que mejorara su historial en materia de derechos humanos, emitiendo declaraciones fuertes criticando los niveles de impunidad y la falta de implementación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.216 Después de los homicidios de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña, el Parlamento Europeo aprobó resoluciones condenando las matanzas y solicitando a las autoridades colombianas que investigaran y “tomaran medidas urgentes, eficaces y preventivas para proteger la seguridad personal y garantizar las actividades de las personas que defienden los derechos humanos, sociales, laborales y de campesinos y a los líderes políticos.” Igualmente solicitó desmantelar a los grupos paramilitares y a las CONVIVIR.217

La Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (OHCE) donó cinco millones de dólares en forma de ayuda de emergencia a ONG internacionales para asistir a las miles de personas desplazadas por la fuerza ese mismo año en Urabá.

Estados Unidos

Estados Unidos lleva una política de doble filo en Colombia. Por un lado, la administración Clinton ha convertido a los derechos humanos en una parte importante de sus relaciones con Colombia y está apoyando las negociaciones de paz. Al mismo tiempo, la guerra antidroga sigue siendo el foco principal de las relaciones entre EE.UU. y Colombia. En el año fiscal 1998, existen planes para entregar a Colombia al menos 119 millones de dólares EE.UU. en forma de asistencia antinarcóticos, que incluye equipo y capacitación.218

 

  Estados Unidos lleva una política de doble filo en Colombia.

En 1997, el Departamento de Estado publicó el informe más crítico de su historia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, en el que concluía que “las fuerzas armadas [colombianas] cometieron numerosas violaciones graves de los derechos humanos.” Además, el informe señalaba que “laadministración Samper no ha adoptado medidas para frenar los abusos cada vez mayores cometidos por los grupos paramilitares, lo que raya en una política de aquiescencia tácita.”219

A este informe le siguió una carta de la Secretaria de Estado Madeleine Albright al Senador Patrick Leahy, co-patrocinador de una enmienda que ponía condiciones en materia de derechos humanos a ciertas ayudas antidroga. La Sección 570 del Decreto de Presupuestos de Operaciones Extranjeras, la llamada Enmienda Leahy, prohíbe la entrega de fondos a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Departamento de Estado cuenta con pruebas creíbles de que dicha unidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos, a no ser que el Departamento determine e informe a los Comités sobre Presupuestos del Congreso de que el gobierno en cuestión está adoptando medidas eficaces para llevar ante la justicia a los miembros de la unidad de las fuerzas de seguridad responsables.

En la carta, la Secretaria Albright anunció que el espíritu de la enmienda se aplicaría a la mayoría de la ayuda antidroga, que incluía los fondos suspendidos después de la “decertificación” de Colombia por segunda vez consecutiva al no cumplir los objetivos antinarcóticos estadounidenses.220 A mediados de 1998, sólo una unidad del Ejército de Colombia había recibido total aprobación para recibir ayuda. Los funcionarios de EE.UU. pidió al Ejército de Colombia que trasladara a dos oficiales destacados en otra unidad que estaba siendo considerada, la Brigada XII, debido a que contaban con denuncias pendientes de derechos humanos contra ellos.221

Human Rights Watch y otras organizaciones protestaron la idea de que un simple traslado serviría para satisfacer las condiciones de la enmienda, dado que reclama “medidas eficaces” para llevar a los miembros de la unidad las fuerzas de seguridad responsables ante la justicia. En general, el método utilizado por Estados Unidos para someter a una investigación a las unidades de las fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos antes de entregarles ayuda sigue siendo casi un secreto, lo que interpone un grave obstáculo a la total responsabilidad.

Mientras estas condiciones han sido cruciales para hacer entender a las fuerzas de seguridad colombianas que Estados Unidos considera los derechos humanos un aspecto fundamental en las relaciones bilaterales, esta idea necesita ser reforzada con un supervisión agresiva por parte de Estados Unidos de las unidades que reciben ayuda, que incluya la garantía de que los soldados acusados de cometer abusos serán debida y oportunamente investigados y, si son considerados responsables, enjuiciados por una corte independiente y competente. No se deben mantener en secreto los procedimientos para la supervisión de estas unidades; la transparencia es un elemento fundamental de cualquier mecanismo destinado a la supervisión de una institución, como el Ejército Colombiano, que a través de los años ha acumulado un espantoso historial en materia de derechos humanos.

Algunos republicanos del Congreso criticaron duramente a la administración por su posición sobre la Enmienda Leahy, y alegaron que las preocupaciones en materia de derechos humanos impedían la guerra contra la droga. Los republicanos, encabezados por el Comité de Relaciones Internacionales y su Presidente, el Representante Benjamin Gilman, intentaron eliminar la Enmienda Leahy de la ley de Operaciones Extranjeras de 1998, un intento que fracasó en el último momento.

A pesar de la decisión del Departamento de Estado de aplicar el espíritu de la Enmienda Leahy a la mayoría de la ayuda antidroga, hasta la fecha, el Departamento de Defensa de EE.UU. sigue entrenando y equipando a unidades del Ejército de Colombia cuyo historial en materia de derechos humanos no ha sido revisado. Según el diario Washington Post, los oficiales estadounidenses siguen entrenado a las unidades colombianas en “técnicas de tiro y maniobra, contraterrorismo y reunión de información de inteligencia, a pesar de que sus miembros no han sido sometidos a investigación.”222 Después de que programas similares fueron reportados en Indonesia y Ruanda, el Senador Leahy introdujo la legislación que impediría el Pentágono realizar ejercicios conjuntos con agentes violadores de derechos humanos a no ser que el Secretario de Defensa encuentre una razón extraordinaria para no cumplir con la ley.223

Human Rights Watch considera que la política norteamericana debe ser coherente con su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y que toda la asistencia de seguridad de EE.UU., incluyendo el entrenamiento, debe ser objeto de los procedimientos propios de la Enmienda Leahy.

De hecho, la administración Clinton siguió insistiendo en la ayuda a las fuerzas armadas de Colombia para la lucha antidroga, alegando que los fondos serían entregados a unidades sin antecedentes de violaciones. El 1º de agosto de 1997, tras meses de tensas negociaciones, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo de observación del uso final que liberaba 70 de los 100 millones asignados inicialmente a Colombia en 1997, la mayoría de estos fondos para el Ejército y la Armada.224 Entre el material enviado se encontraba equipo de comunicación, lentes de visión nocturna y partes de helicópteros y lanchas patrulleras fluviales.225 La Policía siguió recibiendo ayuda durante el año, que incluía municiones y armamento.

Después de una serie de derrotas sufridas por el Ejército por ataques de las FARC, autoridades de los EE.UU. empezaron a hablar de Colombia como una amenaza a la seguridad regional que necesita asistencia directa a las fuerzas militares para combatir a la guerrilla.226 En su testimonio ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el 31 de marzo de 1998, el Gen. Charles Wilhelm, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, calificó a Colombia como “el país enfrentado a la mayor amenaza, entre los que el Comando Sur tiene responsabilidad.”227 Pero en vez de hablar francamente de la grave situación de derechos humanos en el país, después de un viaje a Colombia ese mismo mes, Wilhelm dijo a los periodistas que la crítica sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas era “injusta” debido a que las guerrillas cometían violaciones a los derechos humanos con mayor frecuenciaque las fuerzas de seguridad o los paramilitares.228 Este comentario refleja una interpretación profundamente equivocada del derecho internacional humanitario, además de una seria y mala representación de los hechos, que contradice plenamente incluso la crítica evaluación formulada por el Departamento de Estado sobre el estado de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia.

AGRADECIMIENTOS

Queremos dar las gracias a las numerosas organizaciones, instituciones gubernamentales y particulares que contribuyeron con su tiempo, energía e información a la investigación y edición de este informe de Human Rights Watch. Por motivos de seguridad, hemos decidido no identificarles. Si no hubiéramos contado con su valentía y perseverancia, no habríamos podido publicar este informe.

Desde 1997 a la fecha veinte defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, entre ellos se cuentan abogados, estudiantes, escritores, investigadores de derechos humanos y funcionarios judiciales. Algunos de ellos eran muy conocidos y otros no tanto. Sin embargo, todos ellos enfrentaban un mismo peligro. Sus muertes muestra que en Colombia no hay un lugar seguro en la medida que las atrocidades y la impunidad perduren.

Dedicamos este informe a la memoria de dos colombianos que nos ayudaron a elaborar este informe y que arriesgaron sus vidas para defender los derechos de todos los colombianos. Josué Giraldo, co- fundador del Comité Cívico para los Derechos Humanos de Meta, asesinado por un pistolero no identificado el 13 de octubre de 1996, cuando iniciábamos la investigación de este informe. Junto a sus compañeros, Giraldo documentó decenas de casos relacionados con violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Meta. Jesús María Valle, Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos “Héctor Abad López” de Antioquia, asesinado el 27 de febrero de 1998, al lado de la mesa donde nos había servido café semanas antes. En ese momento, estábamos finalizando este informe. Valle ayudó a documentar muchos de los casos de Antioquia que aparecen en estas páginas, en concreto los que se produjeron en el interior y las cercanías de Ituango, donde había sido consejero municipal.

Giraldo y Valle era colegas valiosos y muy queridos y lamentamos su muerte. No obstante, su ejemplo y su trabajo nos convence que debemos seguir luchando para lograr respeto por valores fundamentales; algo que no debería ser tan difícil de alcanzar.

Este informe ha sido traducido al castellano por Juan Luis Guillén, gracias al apoyo de la Fundación J.M. Kaplan, y fue editado por José Miguel Vivanco.


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214. Entrevistas de Human Rights Watch en Colombia, 8-13 de septiembre de 1997.

215. Comisión de Derechos Humanos, “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,” 54º período de sesiones, E/CN.4/1998/16, 1º de marzo de 1998.

216. Declaración del Presidente de la Unión Europea, 25 de septiembre de 1997.

217. Resoluciones sobre los homicidios en Colombia del Parlamento Europeo del 14 de mayo de 1998. (Traducción de HRW.)

218. Se trata de una estimación. Es posible que no se gaste finalmente todo el dinero asignado a Colombia. Adam Isaacson y Joy Olson, Just the Facts: A civilian’s guide to U.S. defense and security assistance to Latin America and the Caribbean (Washington, D.C.: Latin America Working Group, 1998), pp. 166-168.

219. Departamento de Estados de EE.UU., “Colombia Report on Human Rights Practices for 1997,” p. 454. (Traducción de HRW.)

220. Carta de la secretaria Madeleine Albright al senador Patrick Leahy, 21 de abril de 1997.

221 Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de Estados Unidos, 5 mayo de 1998.

222 Douglas Farah, “U.S. Expands Latin America Training Role,” Washington Post, 13 de julio de 1998. (Traducción de HRW.)

223 Esta legislación estaba aún pendiente al momento de escribir este informe. Tim Weiner, “Military Spending Approved With Curbs on Rights Abuses,” New York Times, 1 de agosto de 1998.

224 Washington Office on Latin America, Reluctant Recruits: The US Military and the War on Drugs, agosto de 1997, p. 4.

225 Ver Departamento de Estado de EE.UU., Acuerdo de Entrega, 1º de agosto de 1997.

226 Dana Priest, “U.S. May Boost Military Aid to Colombia's Anti-Drug Effort,” 28 de marzo de 1998.

227. Testimonio ante la Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de los Representantes, 31 de marzo de 1998.

228. Coronel Vicente Ogilvy, portavoz del Comando Sur de los Estados Unidos, confirmó estos comentarios a Human Rights Watch el 28 de mayo de 1998. “Colombia no es alarma: Wilhelm,” El Espectador, 9 de mayo de 1998.


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