La situación de derechos humanos

Si dejamos al margen la conclusión con éxito de un proceso judicial histórico, Guatemala hizo escasos progresos en la solución de los persistentes problemas de derechos humanos, y hubo algún retroceso. Algunos agentes públicos fueron responsables de casos de abusos; otros fueron obra de autores que no eran funcionarios públicos y que pudieron actuar con impunidad porque sus delitos no se investigaron adecuadamente. Aumentaron las denuncias por amenazas y actos violentos contra defensores de los derechos humanos, dirigentes sindicales, jueces, fiscales y periodistas. Entretanto, la constante influencia militar sobre el gobierno civil quedó demostrada con la decisión del Presidente Alfonso Portillo de aplazar el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial (EMP), un cuerpo militar de elite asociado a violaciones a los derechos humanos en el pasado. Los Acuerdos de Paz de 1996 instaban al desmantelamiento del EMP.

Un hecho positivo fue el éxito del proceso penal contra los responsables del asesinato del Obispo Juan Gerardi, golpeado hasta la muerte en abril de 1998, dos días después de hacer público un informe de la Iglesia Católica sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno guatemalteco que terminó en 1996. En el mes de junio, un tribunal de tres jueces declaró culpables de asesinato al Coronel retirado Byron Lima Estrada y a su hijo, el Capitán del Ejército Byron Lima Oliva. Ambos fueron condenados a penas de treinta años de prisión. El tribunal también condenó al ex escolta presidencial José Obdulio Villanueva a treinta años de prisión, y al sacerdote católico Mario Orantes a veinte años.

Un importante obstáculo en la investigación y persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares fue la intimidación de fiscales, jueces y testigos mediante el terror.

Un importante obstáculo en la investigación y persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares fue la intimidación de fiscales, jueces y testigos mediante el terror. A este respecto, el tribunal del caso Gerardi no fue una excepción. Desde el principio, las personas clave del caso padecieron "sistemático" y "planificado" hostigamiento que "se intensifica en los momentos procesales clave" del juicio, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Un juez, un fiscal y varios testigos abandonaron el país antes de que comenzara el juicio tras haber recibido amenazas de muerte. En enero, Luis García Pontaza, un potencial testigo de la defensa con conexiones con el crimen organizado, fue hallado muerto en una cárcel de Ciudad de Guatemala. Antes de su muerte, García había declarado a MINUGUA haber recibido presiones del EMP para testificar que ciertos individuos relacionados con la Iglesia Católica estaban implicados en el asesinato del obispo. Yas mín Barrios Aguilar, juez integrante del tribunal, denunció que dos desconocidos intentaron entrar en su domicilio una semana antes de que diera comienzo el juicio y que el 21 de marzo, la víspera del día señalado para el inicio del debate oral, unas granadas detonaron en la parte de atrás de su casa. El fiscal especial del caso, Leopoldo Zeissig, denunció amenazas telefónicas anónimas y haber sido seguido por personas desconocidas. Cuando concluyó el juicio, Zeissig abandonó el país, lo mismo que otro de los testigos.

Aunque el resultado del juicio constituyó un enorme avance para el país, se registraron pocos progresos o ninguno en otros casos de derechos humanos famosos en los tribunales guatemaltecos. El proceso a los militares implicados en la masacre de Xamán, departamento de Alta Verapaz, en 1995, permanecía en la etapa preliminar seis años después del crimen, y no se registraron avances en el proceso, iniciado en 1994, contra los soldados acusados de perpetrar en 1982 la masacre de Dos Erres, departamento de Petén. Tras años de aplazamientos, el inicio del juicio a los oficiales militares acusados de ordenar en 1990 el asesinato de la antropóloga Myrna Mack quedó señalado para octubre de 2001.

La impunidad también continuó siendo un problema serio en casos menos conocidos. MINUGUA documentó cientos de violaciones a los derechos humanos durante el año, y atribuyó la mayoría de ellas al fracaso de las autoridades gubernamentales de investigar y sancionar adecuadamente a sus autores. Un caso que sirve de ejemplo a este repetido fracaso implicaba a la familia del General retirado Otto Pérez Molina, que había ayudado en la negociación de los Acuerdos de Paz de 1996 y que preparaba el lanzamiento de un nuevo partido político. En noviembre de 2000, unos desconocidos dispararon desde un automóvil e hirieron a la nuera del General. En febrero de 2001, su hija fue atacada y herida y, momentos más tarde, la conductora de un vehículo próximo al que conducía su esposa recibió un disparo que le causó la muerte. Aun así, las autoridades no emprendieron una investigación seria y ni siquiera tomaron declaración a un oficial militar que había presenciado el atentado. La familia del general abandonó el país por su propia seguridad. Francisco Arnoldo Aguilar, esposo de la conductora asesinada en el atentado de febrero presionó para conseguir una investigación oficial e instó a la creación de un grupo ciudadano para combatir la impunidad. Sin embargo, en el mes de mayo, Francisco Arnoldo Aguilar murió asesinado frente a su domicilio en circunstancias que, según MINUGUA, permiten descartar el robo como móvil. Las autoridades, con todo, insistieron en que se trataba de delincuencia común.

Las autoridades tampoco emprendieron actuaciones serias contra la violencia antisindical, que menoscabó el derecho de los trabajadores a la libre asociación. En marzo, veinticuatro hombres comparecieron en juicio por un suceso registrado en 1999 en el que cinco líderes del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI) fueron detenidos a punta de pistola, y obligados a abandonar el sindicato y sus puestos de trabajo y a desconvocar el paro laboral convocado en protesta por el despido de 918 trabajadores bananeros, un despido que violaba los acuerdos colectivos. Los acusados fueron procesados por los delitos de detención ilegal y coacciones, en vez de por el delito de secuestro y otros delitos graves castigados con el obligado cumplimiento de penas de prisión. Veintidós de los veinticuatro acusados fueron condenados; las sentencias, de tres años y medio de prisión, quedaron inmediatamente conmutadas por el pago de multas. Con los acusados en libertad, los cinco dirigentes del SITRABI temieron por s u seguridad y la de sus familias y abandonaron el país.

La ausencia de un cumplimiento efectivo de la ley y el alto índice de delincuencia común contribuyeron al clima de inseguridad y a la continua práctica del linchamiento como forma de velar por la justicia. MINUGUA documentó 88 linchamientos entre julio de 2000 y junio de 2001, con resultado de 37 muertes. Las autoridades locales en ocasiones perpetraron los linchamientos o los instigaron.

Funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron responsables de numerosas violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y torturas, además de obstrucciones a la justicia. En octubre de 2000, Rolando Barillas Herrera fue detenido por dos agentes de la PNC en Gualán, Zacapa, conducido a comisaría y asignado a una celda a medianoche. A las cinco de la madrugada, Barillas fue hallado muerto por asfixia. El examen forense reveló signos de paliza y descartó el suicidio. Sin embargo, un año más tarde, los investigadores gubernamentales no habían identificado a los responsables del asesinato. En abril de 2001, la PNC detuvo a Julio Alberto Casasola y William Cotom Rodas en Quetzaltenango, supuestamente mientras intentaban robar un automóvil. Ambos fueron torturados y conducidos a prisión. Al día siguiente, Casasola fue trasladado al hospital, donde murió como consecuencia de los golpes recibidos de la policía.

Hubo un notable incremento de las amenazas a personas que cuestionaron las actuaciones de las autoridades públicas. En marzo, la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Conchita Mazariegos, denunció amenazas telefónicas y disparos contra su domicilio. A principios de ese mes, la Corte de Constitucionalidad había levantado la inmunidad de los miembros del Congreso, incluido el General Efraín Ríos Montt, de manera que pudieran ser enjuiciados por la alteración ilícita de un texto legal que había sido aprobado por la Cámara. Tres días antes del ataque al domicilio de la juez Mazariegos, la Corte había declarado inconstitucional un decreto aprobado por el partido del General Ríos Montt que les hubiera permitido a él y a sus compañeros mantener su escaño en el Congreso mientras durara el proceso.

También en el mes de marzo, varios miembros del Congreso, desertores del partido en el poder, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), denunciaron amenazas y actos de intimidación. Estos políticos se habían unido al partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La sede de la UNE había sido allanada en agosto de 2000 por asaltantes que robaron documentos y dejaron tras de sí mensajes amenazadores.

Un periodista fue asesinado; otros, hostigados y amenazados, al parecer, con el fin de influir en sus informaciones. En el mes de septiembre, el periodista radiofónico Jorge Mynor Alegría fue asesinado por agresores desconocidos en la ciudad de Puerto Barrios, departamento de Izabal. Un compañero suyo aseguró que antes de ser asesinado Alegría había rechazado un soborno de las autoridades locales para que cesara en las críticas a la corrupción local que realizaba en sus emisiones. Hubo amenazas para otros periodistas, entre ellos Claudia Méndez Villaseñor de El Periódico, que denunció amenazas telefónicas por parte de dos funcionarios públicos en el mes de enero, cuando estaba investigando la presunta corrupción gubernamental. En el mes de marzo, Silvia Gereda y Martín Juárez, dos reporteros de El Periódico, denunciaron haber sido víctimas de un asalto y objeto de amenazas de la muerte. Juárez declaró a MINUGUA que un vehículo le siguió durante las dos horas previas a ser interceptado y forzado a detener su automóvil por otro vehículo cuyos ocupantes le apuntaron en la cabeza con un arma de fuego y le amenazaron de muerte. El mismo mes, Gustavo Soberanis, de Siglo XXI, fue amenazado con un arma de fuego por el interventor de las cuentas de la Presidencia, el Contralor General de Cuentas, cuando intentaba entrevistarlo sobre los gastos en los que había incurrido. Periodistas de los departamentos de Zacapa, Quetzaltenango y Chiqimula también denunciaron haber recibido amenazas de muerte. El junio, el Ministerio Público creo la Fiscalía Especial para la Protección a Periodistas y Sindicalistas.

Los líderes sindicales continuaron recibiendo amenazas. En febrero, los dirigentes sindicales que organizaron el paro laboral en los muelles de Puerto Barrios fueron amenazados y despedidos. En los meses de mayo y junio, los líderes sindicales en dos plantaciones bananeras de Izabal también sufrieron despidos y amenazas. Durante el año, los miembros del sindicato fueron objeto de amenazas y de discriminación en los despidos por parte de los ayuntamientos de numerosas ciudades por todo el país.

La discriminación continuó siendo un problema para los indígenas, que constituyen aproximadamente la mitad de la población del país. Los indígenas se enfrentan a desigualdades en el acceso a la educación, la justicia, la salud y otros servicios públicos. Según MINUGUA, los logros del gobierno en la implementación de los Acuerdos de Paz de 1996 fueron particularmente pobres en lo que se refiere a los derechos de la población indígena.

Guatemala siguió incumpliendo las obligaciones adquiridas a través de los tratados internacionales al continuar aplicando la pena de muerte. En noviembre de 2001, veintiocho presos se encontraban en el corredor de la muerte. Trece de ellos habían sido condenados por secuestros sin resultado de muerte, un delito que no estaba castigado con la pena capital cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigor. Dado que la Convención prohibió la extensión de la pena de muerte a otros delitos, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló en octubre de 2000 que las disposiciones que castigaban con la pena de muerte el delito de secuestro sin resultado de muerte violaban las obligaciones impuestas por la Convención. En junio, sin embargo, la Corte, con una nueva composición, revocó su decisión anterior.

En octubre de 2000, Guatemala ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La defensa de los derechos humanos

En 2001, Guatemala experimentó un alarmante aumento de casos de amenazas, hostigamiento y actos violentos contra los defensores de los derechos humanos. MINUGUA documentó 171 casos de este tipo entre julio de 2000 y junio de 2001, y concluyó que se trataba del resultado de una "acción sistemática".

En 2001, Guatemala experimentó un alarmante aumento de casos de amenazas, hostigamiento y actos violentos contra los defensores de los derechos humanos.

En noviembre de 2000, la Fundación Rigoberta Menchú recibió amenazas en los días previos al pronunciamiento del alto tribunal español denominado Audiencia Nacional sobre un caso de genocidio que la fundación había denunciado. En mayo, dos miembros de la organización Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) fueron víctimas de un asalto ante su oficina de Ciudad de Guatemala. Dos hombres armados les forzaron a introducirse en su automóvil y les interrogaron sobre el trabajo de la organización mientras les conducían por la ciudad. Después de dejar en libertad a los dos activistas de FAMDEGUA, sus secuestradores se fugaron con su automóvil. El Centro de Estudios, Investigación y Bases para la Acción Social (CEIBAS) denunció repetidos robos en su sede entre febrero y mayo, y la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) denunció que su presidente fue objeto de un ataque con arma blanca. Su agresor, además de herirle, profirió amenazas contra él y contra otros testigos de un caso abierto a raíz de una querella de la AJR contra el General Ríos Montt y otros antiguos mandos militares por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. En junio, una representante de Amnistía Internacional que llevaba a cabo en Guatemala una misión de investigación sobre derechos humanos fue víctima de un aparente intento de secuestro en su hotel de Ciudad de Guatemala a manos de unos asaltantes desconocidos.

El papel de la comunidad internacional

La comunidad internacional continuó desempeñando un papel destacado en la supervisión del cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de Paz de 1996 y en la legislación internacional sobre derechos humanos por parte del gobierno guatemalteco. Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos establecieron mecanismos que permitieran a los guatemaltecos denunciar los abusos gubernamentales. Estados Unidos también supervisó el expediente de Guatemala en materia de derechos humanos, si bien su respuesta fue variable: mientras el Senado penalizaba los fallos, el Representante de Comercio de Estados Unidos aplaudía sus visibles avances.

Las Naciones Unidas y La Organización de Estados Americanos

La misión de verificación de las Naciones Unidas, MINUGUA, continuó su actividad de fortalecimiento de las instituciones al tiempo que desempeñaba un papel primordial como observador del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Los informes de MINUGUA contienen detallados análisis sobre la situación de los derechos humanos y muestran que importantes aspectos de los Acuerdos de Paz no se han hecho efectivos todavía. En el mes de septiembre, MINUGUA publicó un informe sobre derechos humanos referido al período julio de 2000-junio de 2001. En otras fechas publicó comunicados sobre casos concretos de violaciones a los derechos humanos.

El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Param Cumaraswamy, visitó Guatemala en mayo y concluyó que el clima de inseguridad en el que se mueven los miembros de la comunidad legal continúa menoscabando el estado de derecho. Señaló que las autoridades siguen ignorando en gran medida las recomendaciones que hizo tras su visita a Guatemala en 1999.

En noviembre de 2000, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por el "deterioro" de la situación de los derechos humanos en Guatemala y recomendó, entre otras cosas, que se establecieran comisiones independientes que supervisaran las técnicas de la policía y que investigaran los casos de secuestro y desaparición.

En mayo, el Comité de los Derechos del Niño se entrevistó con el gobierno guatemalteco para tratar de la implementación de los Derechos del Niño. El Comité expresó su preocupación por el aumento de la violencia contra los menores en Guatemala e instó al gobierno a adoptar una legislación que protegiera los derechos de los niños.

En julio, el Comité de Derechos Humanos, en respuesta a un informe del gobierno de Guatemala, alabó al gobierno guatemalteco por proporcionar recursos a las instituciones de defensa de los derechos humanos; pero expresó preocupación por las "violaciones manifiestas y sistemáticas" en curso. El Comité recomendó al gobierno de Guatemala otorgar prioridad a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y a la persecución de sus autores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó cuatro informes sobre Guatemala. En uno de los informes se urgía al gobierno a reformar los artículos del Código Civil que imponían distintas obligaciones conyugales y familiares a hombres y mujeres. En los otros tres, la Comisión instaba al gobierno de Guatemala a investigar y castigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y otras violaciones graves cometidas por las fuerzas de seguridad durante los años ochenta y noventa, e instaba también al gobierno a resarcir a los familiares de las víctimas.

Estados Unidos

En julio, el Senado estadounidense votó el mantenimiento de la prohibición de financiación y entrenamientos regulares al ejército de Guatemala. El informe que acompañaba al proyecto de presupuestos para operaciones extranjeras señalaba que el gobierno de Guatemala no había desmantelado el EMP ni había solucionado el deterioro de la situación de los derechos humanos.

En octubre de 2000, el Representante de Comercio de los Estados Unidos adoptó la decisión sin precedentes de revisar el estatus de Guatemala como país beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos (GSP), en buena parte, por la incapacidad del gobierno guatemalteco de castigar adecuadamente la violencia antisindical. Este tipo de revisión examina el respeto de un país por algunos derechos de los trabajadores internacionalmente reconocidos para determinar su elegibilidad como beneficiario del GSP. En mayo de 2001, el nuevo Representante de Comercio del gobierno de Bush levantó la revisión sobre el estatus de Guatemala, señalando, como paso positivo del gobierno de Guatemala, la readmisión de los trabajadores bananeros ilegalmente despedidos y la condena de los veintidós pistoleros implicados en los sucesos del 13 de octubre de 1999. En realidad, sin embargo, la readmisión de los trabajadores bananeros fue el resultado de un acuerdo negociado entre los trabajadores y la gerencia, sin intervención gubernamental.