La situación de derechos humanos

Preocupado por una profunda crisis económica, el gobierno del Presidente Fernando De la Rúa no hizo mucho por la promoción de los derechos humanos. Una escalada de los abusos policiales en la provincia de Buenos Aires recabó la atención pública en octubre de 2001, lo que llevó a la destitución inmediata de funcionarios judiciales y policiales bonaerenses. Los tribunales hicieron avances importantes para llevar ante la justicia a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del régimen militar (1976-1983). El Presidente De la Rúa hizo escasos comentarios sobre estos acontecimientos. En lugar de apoyar estos esfuerzos por acabar con la impunidad, su ministro de Defensa respaldó las cada vez más cuestionadas leyes de amnistía de Argentina y el gobierno rechazó las peticiones de extradición de antiguos violadores a los derechos humanos, reclamados para ser juzgados en Europa.

Los tribunales hicieron avances importantes para llevar ante la justicia a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del régimen militar (1976-1983).

Policías participantes en operaciones para combatir la delincuencia urbana cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Durante el año aparecieron pruebas de que la policía de Buenos Aires había hostigado y amenazado a menores por denunciar malos tratos y torturas en comisarías. Algunos de estos menores murieron posteriormente, víctimas de disparos, en incidentes sospechosos descritos como tiroteos.

Según la organización no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la policía mató a 266 personas en el último semestre de 2000 y el primer semestre de 2001, muchas de ellas adolescentes de zonas urbanas pobres. La policía atribuyó la mayoría de los asesinatos de civiles a intercambios de disparos, pero las investigaciones de grupos de derechos humanos sugirieron que muchas de las muertes fueron el resultado de un uso excesivo de fuerza letal por parte de la policía o fueron ejecuciones deliberadas. Durante los primeros seis meses de 2001, quince menores murieron y otros dieciocho resultaron heridos en incidentes con disparos dentro del Gran Buenos Aires, según el CELS. Al parecer, algunos adolescentes fueron asesinados deliberadamente en represalia por haber denunciado que habían sido torturados o maltratados cuando estaban bajo custodia policial. En octubre de 2001, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por la muerte de sesenta jóvenes en "presuntos enfrentamientos" en 1999 y 2000, después de que hubieran presentado denuncias por torturas. Muchos habían recibido amenazas de muerte antes de ser asesinados. El Ministro de Seguridad de la provincia, el ex comisario de policía Ramón Verón, respondió a las acusaciones diciendo que denunciar torturas era "casi un deporte" para los jóvenes. El gobernador provincial, Carlos Ruckauf, que fue elegido en 1999 con un duro programa anticrimen, sustituyó inmediatamente a Verón y al Ministro de Justicia de la provincia. El sucesor de Verón, Juan José Álvarez, admitió que se habían confirmado recientemente "entre uno y tres casos" de asesinatos por parte de la policía después de que se denunciasen torturas.

Un tribunal estaba investigando el asesinato de Gastón Galván, de catorce años, y de Miguel Burgos, de dieciséis años, cuyos cuerpos fueron hallados en abril al lado de una carretera de las afueras de Buenos Aires. Los cuerpos presentaban ataduras en pies y manos, múltiples heridas de bala y uno de ellos, una bolsa de plástico atada a la cabeza. La policía mantuvo que las muertes habían sido el resultado de una disputa entre bandas, pero los familiares de los jóvenes dijeron que la policía del área había estado hostigando constantemente a los muchachos. Un fiscal reveló que, antes de ser asesinados, los jóvenes le habían dicho a un juez que agentes de la comisaría de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, les habían torturado. A finales de octubre, cinco policías de Don Torcuato, sospechosos de haber asesinado a menores en represalia por las denuncias de tortura, fueron destituidos de sus cargos.

Los malos tratos fueron habituales en las comisarías, donde los menores delincuentes permanecieron detenidos, hacinados en condiciones miserables. Los métodos de tortura denunciados incluían palizas, la introducción de la cabeza en bolsas de plástico hasta que casi se producía la asfixia y el empleo de bastones eléctricos en partes sensibles del cuerpo; técnicas de uso común cuando Argentina estaba gobernada por los militares. Estas prácticas se denunciaron con más frecuencia en la populosa área del Gran Buenos Aires. En julio, Mario Coriolano, Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, sometió un informe a la Corte Suprema provincial en el que ofrecía detalles sobre mas de 600 denuncias de malos tratos y tortura entre marzo del 2000 y abril de 2001. A finales de octubre, la Corte tenía información sobre más de un millar de casos. En agosto, cuatro prestigiosos jueces federales expresaron su preocupación por el predominio de la tortura, afirmando que su práctica se había converti do en sistemática tanto en las comisarías como en las prisiones.

Por ejemplo, Javier Villanueva, de veinticuatro años, fue detenido el 21 de octubre de 2001 en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires cuando conducía un automóvil robado. El fiscal que le interrogó notó marcas sospechosas en su cuerpo y ordenó que Villanueva fuera examinado por un médico, que concluyó que tenía lesiones atribuibles a la tortura con electrochoques. El fiscal ordenó una inspección inmediata de la comisaría en la que Villanueva había estado detenido, y se encontró un cable eléctrico, que, según Villanueva, habían utilizado para torturarle. Seis agentes de la comisaría de Lomas de Zamora, una de las mencionadas con más frecuencia en las denuncias, fueron detenidos y acusados de torturas y obstrucción a la justicia.

En julio, el Presidente Fernando De la Rúa confirmó su intención de introducir en la Cámara de los Diputados un proyecto de ley para reformar la ley nacional de difamación, una decisión que adoptó en respuesta a los varios casos que estaban siendo considerados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo del proyecto de ley, propuesto por Periodistas, organización no gubernamental para la defensa de la libertad de prensa, era la eliminación del delito de difamación en el caso de personalidades públicas, y que la existencia de "malicia real" se convirtiera en el criterio básico para resolver las demandas por difamación. Cuando se escribió este informe, el proyecto de ley todavía no había sido presentado. Mientras, las autoridades provinciales y municipales y los miembros del Senado continuaron utilizando las leyes vigentes para reprimir las críticas de la prensa. En la provincia de Santiago del Estero, cuyo gobierno estaba controlado por el peronista Partido Justicialista, el diario El Liberal fue objeto de al menos once demandas civiles presentadas por 4.000 integrantes de la Rama Femenina del partido, sobre la que el periódico había publicado informaciones críticas en 2000. Como resultado de las demandas, un tribunal provincial ordenó un embargo de bienes del diario por valor de más 500.000 pesos (unos 500.000 dólares), lo que amenazó su supervivencia. El periódico, con la mayor tirada en la provincia, también se enfrentó a situaciones de discriminación en la concesión de la publicidad oficial; además, varios de sus redactores fueron objeto de hostigamiento.

Los funcionarios públicos continuaron interponiendo querellas criminales para detener las informaciones periodísticas sobre actos ilegítimos, pero en varios casos los tribunales superiores fallaron a favor de los periodistas, apelando a los principios constitucionales que protegen la publicación de información de interés público. En julio, la Corte Federal de Apelaciones desestimó los cargos de violación de secreto contra el periodista Marcello Bonelli, del diario Clarín, por revelar detalles sobre las declaraciones de impuestos de un ex gerente la obra social de los jubilados y pensionados. En septiembre, otra sala de la misma corte desestimó una querella presentada por el mismo funcionario contra Bartolome Mitre, director del diario La Nación, por la publicación de informaciónes que señalaban que el funcionario estaba siendo investigado por un contrato sospechoso.

Sin embargo, la Corte Suprema citó las normas relativas a la intimidad para justificar las sanciones contra una revista por publicar información de claro interés público. En septiembre, la Corte Suprema confirmó la decisión de un tribunal inferior de condenar por daños y perjuicios al semanario Noticias por informar en 1994 y 1995 sobre la existencia de un hijo ilegítimo del ex Presidente Carlos Menem, fruto de su relación con una congresista en la década de los ochenta, y sobre la utilización que el ex Presidente habría hecho de su cargo para promover la carrera política de la congresista. La Corte concluyó que la revista había violado el derecho a la intimidad de Menem, a pesar de que ni él ni los tribunales cuestionaban la veracidad de las acusaciones.

Los jueces federales y provinciales continuaron investigando las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la época del gobierno militar (1976-1983), en los denominados "juicios por la verdad". Las audiencias tenían como fin establecer la verdad sobre los crímenes, a pesar de que no se podía procesar o condenar a los responsables debido a las leyes de amnistía promulgadas en 1986 y 1987. El ex Jefe de Estado Jorge Videla, el ex miembro de la Junta Militar Almirante Emilio Massera y el ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason figuraban entre la docena de oficiales retirados que se encontraban bajo arresto domiciliario, acusados de ordenar el robo de bebés nacidos durante la detención clandestina de sus madres y de entregar a los bebés en adopción a familias de militares. Estos delitos habían quedado expresamente excluidos de las leyes de amnistía.

El 20 de junio, Videla compareció ante el juez para ser interrogado por los cargos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas. Estaba acusado de participar en la Operación Cóndor, un plan secreto diseñado por los gobiernos militares del Cono Sur para secuestrar, intercambiar o hacer desaparecer a refugiados políticos de países vecinos. Dos meses antes, el juez de instrucción Rodolfo Canicoba había dictado una orden internacional de detención a efectos de extradición contra el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que se encontraba exiliado en Brasilia, y contra Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, la policía secreta de Pinochet, en Chile. Un ejemplo temprano de la Operación Cóndor fue el asesinato con coche bomba en Buenos Aires, en septiembre de 1974, del general chileno Carlos Prats y su esposa. En noviembre de 2000, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 de Buenos Aires condenó al ex agente chileno de inteligencia Enrique Arancibia Clavel, residente en Buenos Aires, a cadena perpetua por su complicidad en el crimen. La juez de instrucción María Servini de Cubría había pedido a Chile la extradición del ex dictador Augusto Pinochet, Manuel Contreras y otros cinco agentes de la DINA, por la planificación y la ejecución de los asesinatos (ver Chile).

En marzo, con una decisión histórica, el juez federal Gabriel Cavallo se convirtió en el primer juez argentino que declaró inconstitucionales y nulas las leyes de amnistía. El Juez Cavallo estaba investigando el robo de Claudia Poblete, que tenía ocho meses cuando ella y sus padres, José Poblete Roa y Gertrudis Hlaczik, desaparecieron después de ser secuestrados por miembros de un grupo de tareas militar en noviembre de 1978. La sentencia, de 188 páginas, sustentada claramente en el derecho internacional de derechos humanos y los precedentes de la jurisprudencia argentina, argumentaba que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de 1986 y 1987, violaban los Artículos 29 y 118 de la Constitución de Argentina y eran incompatibles con la obligación de Argentina de llevar ante la Justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad. Los dos agentes de policía acusados de robar a Claudia Poblete y entregarla ilegalmente en adopción fueron los primeros oficiales acusados de desaparición desde 1987. El 9 de noviembre, un tribunal de tres jueces de la Corte Federal de Buenos Aires rechazó por unanimidad el recurso de apelación de los acusados y confirmó tanto los cargos como la nulidad de las leyes de amnistía. El futuro del proceso dependía de que la Corte Suprema confirmara el fallo de la Corte Federal, lo que crearía un precedente para la apertura de otros muchos casos.

Aunque el gobierno declaró su apoyó a los juicios por la verdad y los procesos por el robo de niños, se opuso a cualquier cambio en el statu quo definido por las leyes de amnistía. En un discurso pronunciado en el mes de marzo, en el transcurso de una ceremonia militar en Córdoba, el Ministro de Defensa Jaunarena afirmó que la prolongación de los juicios no beneficiaba a nadie, ni a las víctimas ni a los posibles acusados. El antecesor de Jaunarena en el ministerio, Ricardo López Murphy, respaldó al ejército cuando, ese mismo mes, 663 oficiales en activo presentaron una petición de habeas data contra el CELS, reclamando la información que pudiera implicar a militares en casos de abusos a los derechos humanos. El mismo jefe del estado mayor del Ejército, el General Ricardo Brinzoni, de quien se creía que había autorizado la acción legal, era objeto de una querella criminal interpuesta por el CELS en mayo por su presunta complicidad en la notoria masacre de veintidós presos políticos en Margarita Belén, provincia de Chaco, el 13 de diciembre de 1976. El Día del Ejército, el 29 de mayo, el Presidente De la Rúa defendió públicamente a Brinzoni en una ceremonia que contó con la asistencia de miembros de las juntas militares.

La defensa de los derechos humanos

Abogados y activistas de derechos humanos continuaron enfrentándose a amenazas de muerte y hostigamiento. El 7 de noviembre, Matilde Bruera, una abogada de derechos humanos de Rosario, provincia de Santa Fe, recibió un mensaje anónimo que decía: "Bruera, te vamos a matar de un tiro en la cabeza". Durante junio y octubre había recibido amenazas similares. Otros abogados de derechos humanos, entre ellos Juan Roberto Coria, Lindolfo Bertinat, Vildor Garavelli, María Eugenia Caggiano y Juan Lewis sufrieron robos en sus oficinas y recibieron amenazas de muerte aparentemente conectadas con la apertura de un "juicio por la verdad" en Rosario.

En octubre de 2000, Carlos Varela, Alejandro Acosta y Diego Lavado, abogados representantes de familiares de la víctima de un asesinato policial, sufrieron un robo en su oficina de Mendoza. Los asaltantes desmontaron los computadores de mesa, les sacaron los discos duros y robaron un computador portátil. Los abogados denunciaron otro robo a finales de año. La Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia proporcionó protección policial a los tres abogados.

El papel de la comunidad internacional

Las Naciones Unidas

En noviembre de 2000, el Comité de Derechos Humanos hizo públicas sus observaciones finales sobre el informe presentado por Argentina conforme al Artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité decía en sus recomendaciones que "las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores". En sus observaciones finales sobre el informe presentado por Argentina de conformidad con el Artículo 9 del la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por las denuncias de brutalidad policial racista.

La Unión Europea

Jueces españoles, italianos, franceses y alemanes continuaron con los procesos y las peticiones de extradición de miembros de las fuerzas armadas argentinas por las desapariciones de ciudadanos de esos países durante el régimen militar. En el mes de julio, Alfredo Astiz, un ex agente relacionado con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se entregó a la policía de Buenos Aires después de que la juez María Servini de Cubría ordenara su detención a petición del juez Claudio Tortora, por la desaparición, en 1976, de tres ciudadanos italianos. Italia cursó una demanda de extradición y, mientras Astiz permanecía bajo custodia, Francia solicitó también su extradición. En 1990, un tribunal francés había condenado en ausencia a Astiz a cadena perpetua por la desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet, delitos por los que Astiz ha quedado exculpado en Argentina en virtud de la ley de Obediencia Debida.

En el mes de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores denegó la extradición de Astiz.

En el mes de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores denegó la extradición de Astiz bajo el argumento de que sólo los tribunales argentinos tenían jurisdicción sobre delitos cometidos en Argentina. Aunque influyentes jueces y juristas argentinos habían asumido la doctrina de la jurisdicción universal sobre los crímenes contra la humanidad, el gobierno no estaba dispuesto a permitir que los tribunales decidieran sobre ese tipo de casos basándose en razonamientos jurídicos. Como no existían cargos pendientes contra él en Argentina, Astiz quedó en libertad inmediatamente. En contraste con esta actuación en el caso Astiz, Argentina dio pasos positivos en la lucha contra la impunidad al ratificar el Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional (CPI).

En diciembre de 2000, la Segunda Corte de lo Criminal de Roma condenó en ausencia a cadena perpetua al General Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo del Ejército desde 1976 hasta 1980, y al General Santiago Omar Riveros por los delitos de secuestro, torturas y asesinato premeditado. El tribunal condenó a otros cinco oficiales navales a penas más bajas. En Julio, un tribunal de Núremberg, Alemania, emitió una orden internacional de detención por el asesinato de la socióloga alemana Elisabeth Kaesermann, víctima de una ejecución extrajuducial en Argentina en mayo de 1977.

En el mes de enero, el juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano aceptó una petición de extradición cursada por España contra Ricardo Miguel Cavallo, miembro del conocido grupo de tareas 3.3.2., que operaba en la ESMA. Cavallo había sido detenido en agosto de 2000 en el aeropuerto de Cancún a raíz de una orden internacional de detención cursada por el juez español Baltasar Garzón por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. En febrero, el Secretario de Asuntos Exteriores de México, Jorge Castañeda, autorizó la extradición. Era la primera vez que un país latinoamericano ponía en práctica el principio de jurisdicción universal. Una vez más, Argentina manifestó su oposición: el Ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, aseguró "no reconocer a ningún país ser corte de apelación de las decisiones que libremente adoptaron los argentinos". En octubre, Cavallo permanecía detenido en México a la espera del resultado de sus recursos judiciales contra la decisión de extraditarle.

Estados Unidos

En respuesta a las peticiones de los grupos argentinos defensores de los derechos humanos y de los jueces europeos y argentinos, la entonces Secretaria de Estado Madeleine Albright prometió en noviembre de 2000 desclasificar documentos del Departamento de Estado sobre desapariciones, el robo de bebés y la Operación Cóndor. Quedaba claro que, al contrario de las celebradas revelaciones sobre Chile en el 2000, la desclasificación no incluiría documentos de la CIA o del Departamento de Defensa. En octubre de 2001 todavía se estaba a la espera de la desclasificación.

En agosto, el juez argentino Rodolfo Canicoba envió una carta rogatoria al Departamento de Estado, solicitando la declaración del ex Secretario de Estado Henry Kissinger para ayudar en las investigaciones judiciales sobre la Operación Cóndor. Además, el juez francés Roger Le Loire solicitó la colaboración de Kissinger en las pesquisas judiciales sobre la desaparición de ciudadanos franceses en Argentina. Aunque documentos desclasificados mostraron que Kissinger estuvo informado sobre la Operación Cóndor, el ex Secretario de Estado no aportó ninguna información a los jueces franceses o argentinos. El 1 de agosto, el Washington Times citó una fuente no identificada de la Casa Blanca que aseguraba que las peticiones de los jueces eran "injustas y ridículas".