Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). La destacada activista por los derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016; la policía no había investigado amenazas previas contra su vida.

Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz.

En abril, miembros de una comisión creada por acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno —Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)— comenzaron a operar en Honduras. El mandato de la comisión incluye la selección y supervisión de un grupo de jueces, fiscales, policías y científicos forenses que llevarán adelante causas de corrupción.

Abusos y corrupción policial

El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales se han visto menoscabadas por ineficiencia y corrupción. La información al respecto que se difunde al público es muy poca, y en general prevalece la impunidad. Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica han conseguido escasos avances.

En abril, se divulgaron documentos policiales que mostraban que altos comandantes, bajo órdenes de Winter Blanco, jefe de un cártel de la costa caribeña, habían ordenado en 2009 el asesinato del jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González Irías, y de su asesor Alfredo Landaverde dos años más tarde. Una comisión de reforma policial nombrada en respuesta a las revelaciones anunció que pasaría a retiro a 27 jefes policiales, incluidos dos ex jefes de la Policía Nacional. El Canciller y ex Ministro de Seguridad Arturo Corrales presentó su renuncia.

El Presidente Juan Orlando Hernández ha ampliado la intervención militar en la lucha contra los delitos violentos. En un informe de diciembre de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) enumeró las denuncias que ha recibido contra miembros de la Policía Militar y el Ejército sobre abusos, incluidos asesinatos, secuestros, tortura, violaciones sexuales y robos.

Independencia judicial

Se producen habitualmente actos de intimidación e interferencia política contra jueces. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley contra la corrupción policial.

El reemplazo de los cuatro magistrados formó parte de un patrón más amplio de interferencias. Hasta diciembre de 2014, el Consejo de la Judicatura, creado en 2011 y con potestad para designar y destituir a jueces, había removido a 29 jueces y suspendido a otros 28, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que los criterios para las medidas disciplinarias y las sanciones aplicables todavía no habían sido definidos por ley.

Ataques contra periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y activistas ambientales

En agosto, la CIDH describió a Honduras como “uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos”. Son habituales las amenazas, los ataques y los asesinatos que tienen como víctimas a periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Entre 2014 y mayo de 2016 fueron asesinados 21 periodistas, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Casi todos los asesinatos de periodistas quedan impunes.

En 2015, el gobierno promulgó una ley que creó un Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos (CNPDDH), integrado por 14 miembros, así como un “sistema de protección” encabezado por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. El Comité contra la Tortura (CCT) destacó que el CNPDDH avanza lentamente en 38 pedidos de protección recibidos hasta mayo de 2016.

En marzo, la defensora de derechos indígenas a la tierra y ambientalista Berta Cáceres murió en una agresión armada en su vivienda. Cáceres había denunciado a la policía 33 amenazas contra su vida, pero ninguna fue investigada. Cáceres pertenecía a la población indígena lenca, la más numerosa de Honduras, y había iniciado una campaña contra la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, que es repudiada por activistas que la consideran una amenaza para el río Gualcarque. Cinco hombres, incluido un mayor del Ejército y el gerente de asuntos sociales y ambientales de Desarrollos Energéticos (DESA), la empresa contratada para construir la represa, fueron arrestados a inicios de mayo por su presunta participación en el homicidio de Cáceres. La fiscalía sostuvo que el hecho formó parte de una confabulación con DESA. En septiembre, se detuvo a una sexta persona presuntamente implicada.

Difamación penal

En julio, el periodista televisivo hondureño Ariel Armando D’Vicente fue condenado por difamación a tres años de prisión, y se le prohibió ejercer el periodismo durante tres años. Los cargos se presentaron luego de una serie de informes de 2014 en los cuales D’Vicente vinculaba al comandante de policía del departamento de Choluteca con bandas dedicadas al contrabando de ganado. D’Vicente sigue en libertad hasta tanto se resuelva la apelación interpuesta contra su condena.

Orientación sexual e identidad de género

La violencia homofóbica es un problema gravemente extendido en Honduras. En junio, varios  organismos de las Naciones Unidas que trabajan en Honduras pidieron al gobierno que investigara el asesinato de activistas LGBTI, y señalaron que la violencia sexual contra personas LGBTI las obligaba al “desplazamiento interno” o a abandonar el país en busca de protección internacional.

Violencia contra menores

El temor a la violencia de pandillas provoca que cada año cientos de menores dejen el país y se dirijan hacia destinos al norte, muchas veces sin estar acompañados por adultos. Según un informe de UNICEF y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la cantidad de homicidios de menores aumentó de 434 en 2014 a 570 en 2015.

Condiciones en centros de detención

Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y la salubridad deficiente, son endémicas en las prisiones hondureñas. En diciembre de 2015 había más de 16.000 presos en las cárceles del país, diseñadas para albergar hasta 8.600 personas. En muchos establecimientos, los guardias penitenciarios directamente han renunciado al control y la disciplina de los internos.

Actores internacionales clave

En enero, la OEA suscribió un acuerdo con el gobierno hondureño para crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El Presidente Hernández había propuesto esta colaboración en julio de 2015, luego de las protestas en reclamo de una comisión similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La MACCIH comenzó a funcionar en abril.

En noviembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Honduras había violado los derechos de cuatro jueces que fueron removidos por oponerse al golpe militar de 2009 contra el ex Presidente Zelaya. La sentencia obligaba a Honduras a reincorporar a tres de los jueces (uno ya había sido restablecido en el cargo) o bien, si el gobierno podía demostrar que la reincorporación ya no era posible, a indemnizarlos por las remuneraciones perdidas. En respuesta al pronunciamiento, el gobierno sostuvo que la ausencia de vacantes impedía reincorporar a los jueces y optó por pagar las indemnizaciones.

El Congreso de EE. UU. asignó USD 98,3 millones de asistencia bilateral para el año fiscal 2016, y el 75 por ciento de esta cantidad se supeditó a la certificación de los avances logrados por el gobierno en cuestiones como la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de instituciones públicas.

El 30 de septiembre de 2016, el Departamento de Estado certificó ante el Congreso estadounidense que Honduras había tomado medidas concretas para cumplir con los criterios establecidos en la ley sobre asignaciones presupuestarias correspondiente al año fiscal 2016.

En junio, Honduras firmó un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para abrir una oficina de ACNUR que colabore en la protección de personas desplazadas dentro del país a causa de la violencia, así como refugiados que son regresados desde EE. UU. y México.

En mayo, en respuesta al asesinato de Cáceres y a la imputación de un empleado de DESA, el banco holandés de desarrollo FMO y el Fondo Finés para la Cooperación Industrial (Finnfund), anunciaron que cancelarían el financiamiento de la represa Agua Zarca.