Persiste en Bolivia un grave problema de impunidad de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. El gobierno del Presidente Evo Morales ha generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos, que socava su posibilidad de trabajar de manera independiente.

A pesar de las reformas legales recientes, el uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva —sumado a las demoras en los juicios— atenta contra los derechos de los acusados y agrava la sobrepoblación carcelaria. Otras graves cuestiones son las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra la mujer y el trabajo infantil.

En febrero, los votantes rechazaron un referéndum nacional que habría reformado la Constitución para permitir que el Presidente Morales —que ocupa la presidencia desde 2005— se postulara a un cuarto mandato en 2019.

Impunidad de abusos y delitos violentos

Bolivia ha juzgado sólo a unos pocos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, en parte debido a que, en algunas ocasiones, las Fuerzas Armadas se han negado a brindar información a las autoridades judiciales sobre el destino de personas que fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada. A pesar de los reiterados compromisos en ese sentido, al momento de redacción de este informe, el gobierno boliviano todavía no había creado una comisión de la verdad para llevar adelante investigaciones sobre abusos cometidos en ese período.

La mayoría de los responsables de la muerte de al menos 19 personas en 2008, durante enfrentamientos ocurridos en manifestaciones entre simpatizantes y opositores del Presidente Morales, han quedado impunes. Hasta septiembre, un tribunal de La Paz aún no había dictado sentencia en una causa contra Leopoldo Fernández, ex prefecto de Policía del departamento de Pando, y otros tres funcionarios locales, por su presunto rol en la muerte de 13 personas.

Las autoridades tampoco han investigado exhaustivamente presuntos abusos cometidos en 2011 por policías contra manifestantes que se oponían a la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (conocido como “TIPNIS”), ni la muerte, a manos de policías, de dos ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en 2009, a quienes el gobierno acusó de ser mercenarios involucrados en una conspiración separatista.

La impunidad ha llevado a que se produzcan linchamientos de personas que se cree que han delinquido. Cinco personas murieron en linchamientos durante 2015, según la Defensoría del Pueblo. En marzo de 2016, los medios de comunicación informaron que una turba mató a un hombre con discapacidad mental, por considerar que era un criminal, y quemó partes de su cuerpo. Muchos linchamientos quedan impunes.

Jurisdicción y abusos militares

Persisten los casos de violaciones de derechos humanos contra soldados. En enero, la Defensoría del Pueblo informó que un soldado había muerto en un cuartel militar ese mes, y que otro había fallecido en diciembre de 2015 tras ser sometido a un ejercicio militar  en condiciones “inhumanas”. Según la Defensoría del Pueblo, la mayoría de estas muertes quedan impunes.

El Tribunal Constitucional Plurinacional determinó en diciembre de 2012 que la justicia penal ordinaria tenía competencia para juzgar una causa sobre la muerte de un conscripto ocurrida en 2011 tras un ejercicio de entrenamiento, durante el cual los instructores presuntamente lo golpearon en la cabeza y el tórax. Este alto tribunal exhortó a los legisladores a que reformaran el Código Penal Militar de Bolivia para asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas en la justicia ordinaria. Al momento de elaboración de este informe, el código aún no había sido reformado.

Independencia judicial

Durante años, la corrupción, las demoras y la interferencia política han caracterizado al sistema judicial boliviano.

En junio, miembros de los tres poderes de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados debatieron sobre propuestas de reforma al sistema de justicia boliviano, durante una “Cumbre Nacional de Justicia”. Las recomendaciones de la cumbre incluyeron pedir que la Asamblea Plurinacional reformara el proceso de selección de magistrados de tribunales superiores, crear un nuevo órgano para la supervisión de los jueces y evaluar el trabajo de los jueces y fiscales en ejercicio. El alcance de las reformas propuestas y, por consiguiente, su impacto en la independencia judicial, aún no eran claros cuando se preparó este documento.

Debido proceso y condiciones carcelarias

Hasta junio, el 69 por ciento de los presos en cárceles bolivianas no habían sido condenados. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios han agravado la sobrepoblación y la precariedad de las condiciones en las cárceles. En marzo, había 13.940 presos hacinados en cárceles que se construyeron para albergar a un máximo de 5.000.

Una ley de 2014 redujo los períodos máximos de prisión preventiva en la mayoría de los casos. Diversos decretos presidenciales dictados entre 2012 y 2015 habilitaron al presidente a reducir las penas a quienes hayan sido condenados por delitos menores, y a indultar a quienes cumplan prisión preventiva por este tipo de delitos. Hasta enero de 2016, más de 4.500 personas se habían beneficiado de estos decretos, según estadísticas oficiales.

En junio, la Cumbre Nacional de Justicia recomendó que la prisión preventiva se usara sólo de forma “excepcional” y que se debían ampliar las alternativas a esta medida a través de reformas legales. Al momento de preparación de este documento, no se habían adoptado leyes para implementar esas recomendaciones.

En mayo, el abogado Eduardo León fue detenido e imputado por “trata de personas”, tras haber representado a Gabriela Zapata Montaño, una ex pareja del Presidente Morales que afirmaba haber tenido un hijo con él. Las autoridades bolivianas sostuvieron que Zapata y León habían pagado a un niño para que dijera ser hijo de Morales. Según la Defensoría del Pueblo, la justicia violó los derechos de debido proceso de León, al detenerlo sin imputarle ningún cargo por un período superior al máximo permitido por el derecho boliviano. Más tarde ese mes, las autoridades le quitaron en forma sumaria la matrícula para ejercer la abogacía, luego de sostener que León había falsificado su certificado de servicio militar en 1999 (en esa época, la presentación de dicho certificado era obligatoria para obtener un título universitario).

En octubre, la Fiscalía General del Estado aplicó una ley de 2010 para acusar el empresario y líder opositor Samuel Doria Medina por “conducta antieconómica”, debido a irregularidades en las que supuestamente habría incurrido en 1992 mientras era ministro de Planificación. Las normas internacionales de derechos humanos prohíben la aplicación retroactiva de leyes penales, a menos que esto beneficie el acusado.

Respuesta policial a protestas

En mayo de 2016, varios manifestantes y policías resultaron heridos en La Paz durante enfrentamientos en una manifestación de personas con discapacidad que reclamaban un aumento de sus subsidios. En agosto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU instó al gobierno boliviano a investigar los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre uso excesivo de la fuerza por la policía durante la protesta.

Defensores de derechos humanos

Numerosos defensores de derechos humanos continúan sufriendo acoso, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, y esto limita su capacidad de trabajar de manera independiente.

En 2013, el Presidente Morales promulgó una ley y dictó un decreto que otorgó al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil. El decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías que revoque la personalidad jurídica de una organización no gubernamental (ONG) cuando esta lleve a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto, o cuando el representante de la organización sea objeto de sanciones penales por realizar actividades que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público''. El decreto también permite que la Asamblea Plurinacional solicite que se revoque la personalidad jurídica de una ONG en casos de  “necesidad o interés público”. Estas disposiciones le conceden al gobierno un margen indebidamente amplio para entrometerse en las actividades de organizaciones de la sociedad civil independientes. En diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional boliviano dictó la constitucionalidad de la ley y el decreto.   

En marzo de 2016, el Presidente Morales manifestó que algunas ONG estaban “conspirando” contra su gobierno, pero no especificó cuáles. En septiembre, el ministro de la Presidencia dijo que algunas ONG pretendían llevar a cabo un golpe de estado, y “someter al pueblo boliviano”, pero no nombró a las ONG ni presentó evidencias para sustentar su señalamiento.

Libertad de expresión

Si bien existe un robusto debate público, el gobierno de Morales ha arremetido reiteradamente contra periodistas, acusándolos —a menudo sin presentar pruebas— de difundir mentiras y de distorsionar la realidad con intenciones políticas. El gobierno ha acusado reiteradamente a medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el Presidente Morales.

No se han adoptado en Bolivia criterios transparentes relativos al uso de fondos gubernamentales para comprar pauta oficial —una importante fuente de ingresos para los medios de comunicación—, y algunos medios han acusado a las autoridades de discriminar a aquellos que critican a funcionarios gubernamentales, negándoles publicidades.

Cuando en agosto el Relator Especial de la OEA para la libertad de expresión señaló a los medios de comunicación bolivianos que, conforme al derecho internacional, los gobiernos no deberían discriminar a empresas de medios que se perciban como críticas al contratar pauta oficial, el Presidente Morales lo acusó de formar parte de un “cártel de la mentira”.

Derechos indígenas

La Constitución de Bolivia de 2009 contempla amplias garantías para los derechos de las poblaciones indígenas, incluidas la propiedad colectiva de tierras y territorios, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicia indígenas.

La legislación boliviana no regula plenamente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con respecto a medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Una ley vigente sobre minería limita el CLPI a la etapa de explotación de concesiones, a pesar de que los estándares internacionales exigen el CLPI en todas las etapas de los proyectos que afecten el derecho de las poblaciones indígenas a tierras y recursos naturales.

Violencia de género y derechos reproductivos

Las mujeres y jóvenes de Bolivia siguen estando expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer. La ley tipificó el “feminicidio” (el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica) y exigió la creación de centros de acogida para mujeres, así como la designación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género.

En julio, la Fiscalía General del Estado informó que se habían producido 147 “feminicidios” en Bolivia entre enero de 2015 y junio de 2016, y que los fiscales habían obtenido condenas en cuatro de esos casos.

Tanto mujeres como niñas enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva y a anticonceptivos.

La legislación boliviana despenaliza el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando el procedimiento es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer embarazada. En 2014, el Tribunal Constitucional dispuso que no se requería autorización judicial previa ni haber iniciado querella contra el presunto agresor para practicar un aborto luego de una violación. En noviembre de 2015, el Ministerio de Salud dictó una resolución que estipulaba que el aborto debería permitirse cuando esté en riesgo la salud mental de la madre, y no sólo la salud física.

Trabajo infantil

En 2014, la Asamblea Plurinacional aprobó una ley que permite el trabajo de menores desde los 10 años, lo cual contraviene estándares internacionales y convierte a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo desde tan temprana edad. En febrero de 2015, la Defensoría del Pueblo indicó que había en Bolivia 850.000 menores que trabajaban, en su mayoría de menos de 14 años.

Orientación sexual e identidad de género

En mayo de 2016, la Asamblea Plurinacional aprobó un proyecto legislativo que permite que las personas modifiquen el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa.

En Bolivia no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. La constitución de 2009 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Actores internacionales clave

En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Bolivia a realizar una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de 5 personas, incluido el entonces viceministro del Interior, durante una protesta de mineros en el municipio de Panduro.

En agosto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU exhortó a Bolivia a derogar legislación que limita la posibilidad de las personas con discapacidad de formar una familia, votar y celebrar contratos, entre otros actos. El comité también recomendó a Bolivia que pusiera fin a la práctica de esterilización sin consentimiento y tomara medidas para desinstitucionalizar a menores con discapacidad.