En los últimos años, en reiterados incidentes miembros de las fuerzas de seguridad han herido y matado a civiles al responder a protestas ocasionalmente violentas relacionadas con minería y otros proyectos de desarrollo a gran escala. Estas muertes registraron un marcado descenso en 2016.

Los esfuerzos por juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 20 años, que concluyó en el año 2000, han tenido resultados mixtos.

En agosto, miles de personas salieron a las calles de la capital, Lima, y otras ciudades exigiendo que el gobierno adopte mayores medidas para proteger la vida y los derechos de las mujeres. En 2015, se aprobó una ley para erradicar la violencia contra la mujer.

Abusos policiales

En agosto de 2016, el ministro del Interior Carlos Basombrío conformó una comisión especial para investigar “indicios abrumadores” de que miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP) participaron en ejecuciones extrajudiciales. Más tarde ese mes, el viceministro del Interior Rubén Vargas confirmó “serios indicios” de que un grupo de policías, incluido un general, había perpetrado al menos 20 ejecuciones extrajudiciales entre 2009 y 2015, e informado falsamente que las víctimas eran delincuentes muertos en enfrentamientos, para conseguir ascensos y premios. A la fecha de preparación de este informe, al menos nueve miembros de la PNP seguían siendo investigados penalmente por su participación en las ejecuciones. 

Miembros de las fuerzas de seguridad habrían disparado y matado a dos manifestantes en 2016, una disminución importante en relación con los 12 casos ocurridos en 2015. Según organizaciones de derechos humanos locales, la policía mató a Pedro Valle Sandoval y otro manifestante no identificado el 6 de noviembre, luego de que manifestantes cortaran una carretera en la provincia de Pataz. Desde 2006, integrantes de las fuerzas de seguridad han sido responsables de la muerte de al menos 130 personas durante protestas en Perú; por lo menos 50 en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y 80 durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011).

En agosto de 2015, el entonces Presidente Humala dictó un decreto que limita el uso de la fuerza por parte de la policía. El decreto sólo permite a la policía emplear la fuerza letal cuando resulte “estrictamente necesario” ante un “peligro real e inminente” de daños graves. No obstante, la Ley 30.151, aprobada en enero de 2014, prevé la inimputabilidad del “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas y otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Esta reforma al Código Penal derogó disposiciones que supeditaban la inimputabilidad a que los policías emplearan la fuerza letal observando la normativa relevante. La ley podría impedir que los policías deban rendir cuentas ante la justicia cuando hayan realizado un uso ilegítimo de la fuerza.

Juicios por abusos del pasado

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha estimado que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y 2000. Muchas de ellas sufrieron atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, y otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales.

En un juicio emblemático, el ex Presidente Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos cometidos en 1991 y 1992. En julio de 2016, pidió ser indultado por razones humanitarias, pero retiró este pedido en septiembre, luego de que el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski dijera que probablemente no lo concedería. El asesor en inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y miembros del grupo Colina —un escuadrón de la muerte creado por el gobierno— también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato, en 1991, de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones.

Los tribunales han logrado avances mucho más limitados con respecto a abusos, incluidos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, ocurridos durante los gobiernos anteriores de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990).

Apenas un porcentaje ínfimo de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado han llegado a juicio, según datos de Human Rights Trials in Perú, un proyecto de la Universidad George Mason que realiza un seguimiento de este tipo de causas. En 2016, se desarrolló el sexto año de audiencias judiciales en la causa sobre las torturas y desapariciones en la base militar Los Cabitos, en Ayacucho, en 1983. Los abusos cometidos en esa base militar en 1984 y 1985 están siendo investigados desde hace más de 10 años, pero aún no se había iniciado el juicio cuando se redactó este informe.

En septiembre de 2016, la justicia condenó a 11 ex soldados —incluido un comandante— por la masacre de Accomarca, ocurrida en 1985, durante la cual una unidad del Ejército mató a más de 60 civiles. La investigación penal del caso llevó 11 años, incluidos casi 6 años de juicio.

En julio de 2016, empezó el juicio contra 11 soldados acusados de violar sexualmente a 14 mujeres en los municipios de Manta y Vilca entre 1984 y 1998.

También en julio, una fiscal decidió archivar la investigación contra el ex Presidente Alberto Fujimori por la esterilización forzada de mujeres, en su mayoría de sectores pobres e indígenas, ocurrida durante su gobierno. Un mes más tarde, un fiscal superior pidió que se reconsiderara el archivo de la causa, pero cuando se redactó este informe estaba pendiente un pronunciamiento sobre este pedido. Se han denunciado a las autoridades más de 2.000 esterilizaciones forzadas; sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que los casos serían muchos más.

En noviembre de 2015, el entonces Presidente Humala firmó un decreto para crear un registro nacional de víctimas de esterilización forzada. En junio de 2016, promulgó un proyecto de ley para buscar a víctimas de desapariciones perpetradas durante el conflicto armado. La ley establece un registro nacional de personas desaparecidas y dispone que el Ministerio de Justicia apruebe e implemente un plan de búsqueda nacional.

En mayo de 2016, la justicia dispuso que el gobierno debía pagar resarcimiento a víctimas de abusos cometidos por ambas partes del conflicto y a sus familiares por cada uno de los abusos sufridos. De este modo, dejó sin efecto los límites a las reparaciones establecidos en la legislación peruana.   

Libertad de expresión

Es común que periodistas que investigan la participación de funcionarios de gobiernos regionales, alcaldes y empresarios en actos de corrupción sean objeto de agresiones físicas, amenazas y juicios penales por difamación.

En abril de 2016, un tribunal de Lima condenó por difamación al entonces director del periódico Diario 16, Fernando Valencia Osorio, a 20 meses de prisión —en suspenso— y a pagar multas e indemnizaciones por más de USD 30.000 en una demanda presentada por el ex Presidente Alan García. En 2013, Diario 16 sugirió que cuando el entonces Presidente Humala dijo en un discurso que “los ladrones tienen que estar en la cárcel, no en sitios de poder”, se estaba refiriendo a García.

En mayo de 2016, la justicia condenó por difamación a la periodista local Carol Villavicencio Lizarraga a un año de prisión en suspenso y al pago de una multa de casi USD 1.500. Lizarraga había escrito un artículo en la revista local El Huacón, en el cual sostenía que un legislador había evadido impuestos.

Ese mismo mes, la justicia condenó por difamación al periodista Rafael León, y le impuso una pena de un año de prisión en suspenso y una multa de casi USD 1.800. León había escrito una nota de tono satírico, en la cual describía cómo la periodista y ex directora del periódico El Comercio, Martha Meier Miró Quesada, había criticado a un ex alcalde de Lima en un artículo. La sentencia fue anulada por un tribunal de alzada en septiembre.

Derechos de la mujer

Las mujeres y jóvenes de Perú siguen expuestas a un alto riesgo de violencia de género. Más de 700 mujeres han muerto en Perú en “feminicidios” (el asesinato de una mujer en determinados contextos, como de violencia doméstica y discriminación de género) entre 2009 y agosto de 2015, según estadísticas oficiales.

En septiembre de 2015, el Congreso de Perú promulgó una ley que contempla medidas exhaustivas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. La ley modifica medidas judiciales existentes para proteger a mujeres en riesgo, y dispone la creación de hogares de refugio temporal para víctimas de abusos.

En agosto de 2016, miles de personas se manifestaron en Lima y otras ciudades para instar a las autoridades a tomar mayores medidas contra la violencia de género.

En agosto, un tribunal de Lima dispuso que el gobierno nacional debía distribuir gratuitamente píldoras anticonceptivas de emergencia en establecimientos de salud pública de todo el país. En 2009, el Tribunal Constitucional había prohibido la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia, en una medida violatoria de los derechos reproductivos de la mujer. En su fallo, el tribunal había señalado que la decisión podía ser modificada si se llegaba a un “consenso” de que las píldoras no eran abortivas. El tribunal de Lima confirmó este “consenso” a través de decisiones más recientes de tribunales internacionales y declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las mujeres y niñas de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En julio de 2014, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Perú que despenalizara el aborto cuando este sea resultado de violación y en casos de malformación grave del feto. Un proyecto amplio para reformar el Código Penal, que seguía pendiente en el Congreso cuando se redactó este informe, mantendría la prohibición del aborto en estos casos. En octubre, legisladores de tres partidos políticos presentaron un proyecto en el Congreso para despenalizar el aborto en casos de violación sexual y malformación grave del feto.

Orientación sexual e identidad de género

En marzo de 2015, el Congreso rechazó un proyecto para reconocer la unión civil de parejas del mismo sexo. En septiembre de 2016, un legislador alineado con el Presidente Kuczynski anunció que presentaría un nuevo proyecto para reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

En Perú, las personas deben comparecer ante un juez para pedir que se modifique el género indicado en sus documentos de identidad. En un informe de agosto de 2016, el Defensor del Pueblo señaló que la justicia había rechazado la mayoría de estos pedidos, a menudo aplicando criterios inconsistentes.

Actores internacionales clave

En junio, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas elogió la aprobación del proyecto legislativo de búsqueda de víctimas de desapariciones cometidas durante el conflicto armado.

El Presidente Kuczynski ha sido uno de los pocos líderes de la región que ha manifestado continua preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. En julio, días antes de asumir, declaró que los líderes de la región deberían trabajar en conjunto para abordar “la falta de respeto a las libertades humanas y la crisis humanitaria” en Venezuela.