El gobierno del Presidente Rafael Correa ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil, y sigue acosando, intimidando y castigando a críticos. Entre otros problemas persistentes se incluyen la debilitada independencia del poder judicial, las deficitarias condiciones carcelarias y las importantes restricciones en el acceso por parte de mujeres y niñas a la atención de la salud reproductiva.

El terremoto del 16 de abril causó cerca de 670 muertos y miles de heridos y desplazados. Al momento de preparación de este documento, todavía 2.348 víctimas vivían en albergues proporcionados por las autoridades. En estos albergues, las poblaciones vulnerables —incluidas mujeres y niños— seguían particularmente expuestas a riesgos, sin medidas de seguridad adecuadas. Algunos niños y niñas que viven en los albergues no han podido acceder a una educación adecuada.

Acusaciones penales desproporcionadas contra manifestantes

En diciembre de 2015, cientos de ecuatorianos salieron a las calles para protestar por la promulgación en la Asamblea Nacional de enmiendas constitucionales que otorgan a las Fuerzas Armadas la facultad de cooperar con la policía en operativos de seguridad, permiten la reelección ilimitada del presidente y otros funcionarios electos después de 2017, y declaran a la comunicación como un “servicio público”, lo cual le dio al gobierno amplias facultades para reglamentar a los medios. Un día después de las protestas, un tribunal condenó a 21 personas a 15 días de cárcel por “proferir expresiones de descrédito y deshonra en contra de policías”.

En mayo de 2016, un tribunal de la provincia de Loja condenó a Luisa Lozano y Amable Angamarca, de la comunidad indígena Saraguro, por haber interrumpido servicios públicos al cortar caminos durante las protestas en reclamo de una mayor protección de los derechos indígenas. Fueron condenados a cuatro años de prisión. En octubre, tras una apelación presentada por el Ministerio del Interior, otras tres personas fueron condenadas a cuatro años de cárcel en relación con los mismos incidentes.

Libertad de expresión

La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 concede al gobierno amplia potestad para limitar la libertad de expresión. La ley exige que toda la información difundida por los medios sea “verificada” y “precisa”, lo cual facilita que se adopten represalias contra medios críticos del gobierno, dado que son los funcionarios quienes deciden cuándo se cumplen estos criterios imprecisos. También prohíbe el “linchamiento mediático”, al cual define como “la difusión de información que [...] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente [...] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Asimismo, prohíbe lo que denomina “censura”, que conforme a la definición contenida en la ley incluye situaciones en las cuales los medios de comunicación privados no difunden temas que el gobierno considere de “interés público”.

La Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), un organismo regulatorio creado por la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 y distinto de la Secretaría de Comunicación (SECOM), en decenas de casos ha ordenado a medios de comunicación y periodistas “rectificar” noticias, retractarse u ofrecer una disculpa pública por su contenido, incluso en casos de artículos de opinión y caricaturas. La SUPERCOM también ha acusado a algunos medios de incurrir en “censura” al no publicar información que las autoridades consideran importante.

En agosto, la SUPERCOM emitió una advertencia escrita a la periodista Janet Hinostroza y al canal de televisión Teleamazonas, que transmite su programa diario de noticias, y dispuso que debía disculparse públicamente por haber denunciado varias veces irregularidades en la compra de medicamentos por el gobierno. Esta sanción se impuso ocho días después de que el presidente, durante su programa televisivo de los sábados, acusara a Hinostroza y Teleamazonas de “linchamiento mediático”.

El gobierno de Correa utilizó reiteradamente la Ley Orgánica de Comunicación para ordenar a los medios que publicaran información favorable al gobierno y transmitieran mensajes oficiales en respuesta a noticias desfavorables. En julio, la SECOM ordenó al canal de televisión Ecuavisa que transmitiera una emisión oficial de 30 minutos, en un horario en el cual saldría al aire un programa de investigación que criticaba el financiamiento gubernamental de propaganda audiovisual. Ecuavisa transmitió parte del programa de investigación en el tiempo sobrante, pero los televidentes tuvieron que ver el resto a través de Internet.

En julio, el hermano del Vicepresidente Jorge Glas pidió a la justicia que prohibiera la publicación de un libro sobre la condena que había recibido su padre por el delito de violación sexual. En agosto, el juez dispuso que el autor suspendiera la circulación del libro en cualquier formato, argumentando que lesionaba el honor de la familia Glas.

Persisten las acciones penales por difamación, a pesar de que en 2014 se limitó la definición de este delito a través de una reforma. En junio, el Presidente Correa demandó por difamación a Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito, luego de que este declarara en una entrevista radial que el Presidente Correa había manipulado el sistema de justicia para enviar dinero al exterior sin pagar impuestos. En septiembre, del Pozo fue condenado a 15 días de cárcel. La condena fue ratificada por un tribunal de apelación en octubre.

El presidente, su partido político y sus miembros, medios de comunicación estatales y organismos estatales han intentado en varias oportunidades utilizar la normativa estadounidense sobre derechos de autor para que se dieran de baja imágenes y documentos críticos de Internet. A veces los usuarios logran volver a publicar los contenidos, luego de un proceso legal que puede demorar varias semanas.

En septiembre, después de que el periódico digital 4Pelagatos publicara un artículo criticando una nota de opinión de la hija del Presidente Correa en el periódico oficial El Telégrafo, el periodista Martín Pallares, de 4Pelagatos, recibió amenazas a través de distintas cuentas de Twitter, incluida una perteneciente a un alto funcionario de la SECOM, donde se lo amenazaba con darle una golpiza. En distintos medios sociales, se publicó información con fotografías, números de teléfono, domicilios y geolocalización de Pallares y otros dos periodistas del periódico, Roberto Aguilar y José Hernández. También recibió amenazas a través de Internet la profesora de derecho María Dolores Miño, quien publicó una nota de opinión sobre el artículo de la hija del Presidente Correa.

Libertad de asociación

En 2015, el Presidente Correa dictó un decreto ejecutivo que confirma amplias facultades al gobierno para intervenir en las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG), incluida la posibilidad de disolver a organizaciones cuando “afecten la paz pública” o hayan participado en actividades distintas de las identificadas al momento de registrarse ante el gobierno.

En agosto, el ministro de educación disolvió a la Unión de Educadores más grande y antiguo del país por haber supuestamente incumplido una norma que exige registrar a los miembros de su junta directiva. La disolución se produjo luego de que el presidente del sindicato se reuniera con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para informar sobre presuntas violaciones de los derechos de educadores. En septiembre, expertos en derechos humanos de la ONU destacaron que en apariencia la decisión era “arbitraria, política, y adolec[ía] de una conexión lógica con un legítimo interés del Estado”.

Independencia judicial

Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. En 2011, a través de un referéndum, el Presidente Correa recibió un mandato popular para implementar una reforma del sistema judicial que resolviera estos problemas. Sin embargo, como parte de las drásticas reformas judiciales que implementó, el Consejo de la Judicatura —que en la práctica carece de independencia del poder ejecutivo— designó y destituyó a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que han debilitado la independencia judicial.

Condiciones en centros de detención

La sobrepoblación y las condiciones deficientes en los centros de detención son crónicas en Ecuador. Desde 2012, el gobierno ha destinado millones de dólares a construir nuevos centros de detención; sin embargo, su ubicación en sitios remotos y las normas rigurosas y limitadas sobre visitas dificultan el contacto de los internos con sus familiares.

En agosto, luego de que la Defensoría Pública presentara un recurso de hábeas corpus en representación de personas detenidas en el centro de detención de Turi, en la provincia de Azuay, se filtraron varios videos donde se ve a guardias penitenciarios que golpean a internos, algunos de ellos desnudos, y les aplican descargas eléctricas. En septiembre, un juez aceptó la acción de hábeas corpus y dispuso medidas de resarcimiento para los internos.

Migrantes y refugiados

En julio, cerca de 150 ciudadanos cubanos fueron detenidos durante una redada en un parque, mientras dormían en carpas que habían instalado en protesta por no poder obtener visas especiales humanitarias de México, que les permitirían viajar hasta la frontera estadounidense y, desde allí, pedir asilo en Estados Unidos. La justicia celebró audiencias de deportación que no cumplieron con garantías básicas de debido proceso, y dispuso la deportación de la mayoría de los detenidos, incluidos algunos que habían solicitado asilo en Ecuador. Los ciudadanos cubanos fueron deportados antes de tener la posibilidad de apelar las órdenes judiciales de deportación y, en algunos casos, incluso cuando se habían dictado órdenes a su favor.

Juicios por abusos del pasado

La Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa para investigar abusos gubernamentales ocurridos entre 1984 y 2008 (desde el inicio de la presidencia represiva de León Febres Cordero y hasta que asumió el Presidente Correa) documentó 136 casos sobre 456 víctimas, incluidas 68 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 17 de desaparición forzada. La unidad fiscal creada en 2010 para investigar estos casos ha avanzado lentamente. Según estadísticas del gobierno de diciembre de 2015, se han iniciado procedimientos judiciales en apenas ocho casos.

Derechos reproductivos

El derecho a acceder a un aborto se limita a casos en que la salud o vida de la mujer estén en riesgo, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una “mujer con discapacidad mental”. El temor a ser perseguidas penalmente provoca que algunas mujeres y niñas recurran a abortos ilegales e inseguros, e impide el acceso por parte de víctimas de violencia sexual a servicios y atención de salud. El temor a la persecución penal también dificulta la detección y prevención de la violencia sexual y de género. Las últimas estadísticas gubernamentales disponibles, correspondientes a 2010, indican que una de cada cuatro mujeres y niñas mayores de 15 años en Ecuador ha sido víctima de violencia sexual.

Actores internacionales clave

En marzo de 2016, el gobierno se negó a participar en una audiencia sobre libertad de asociación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y manifestó que no cumpliría las recomendaciones de la comisión.

En el examen periódico de Ecuador que tuvo lugar en julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó preocupación por cuestiones como la violencia contra las mujeres, la violencia en los centros de detención, la criminalización del aborto y las amenazas a la independencia judicial y la libertad de expresión y asociación. También instó a Ecuador a llevar a cabo investigaciones oportunas de casos documentados por la Comisión de la Verdad de Ecuador, y a asegurar el juzgamiento de los responsables.

En 2015, la Asamblea General de la ONU eligió a Ecuador para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2016-2018.

En octubre, durante sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) en Ecuador, el presidente de la Corte, Roberto Caldas, elogió la reforma judicial ecuatoriana, lo cual suscitó duras críticas con relación a la falta de independencia judicial en el país.

En 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció contra Ecuador en dos casos. En uno de ellos, determinó que es discriminatorio castigar a oficiales que presuntamente hayan mantenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo en instalaciones militares, y en otro sancionó a Ecuador por la detención arbitraria y tortura de cuatro extranjeros en 1994.

En noviembre, los relatores especiales sobre libertad de expresión de la OEA y la ONU enviaron una carta conjunta al gobierno ecuatoriano manifestando que la Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación tiene graves efectos en la libertad de expresión. El gobierno rechazó el análisis aportado por los expertos.