Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la “guerra contra el narcotráfico” en México.
En abril, el Congreso mexicano aprobó una ley contra la tortura y el uso de pruebas obtenidas mediante coacción en procedimientos judiciales. Al momento de redacción de este documento, la ley todavía no se había implementado.
Desapariciones forzadas
Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada.
En agosto de 2017, el gobierno anunció que aún se desconocía el paradero de más de 32.000 personas informadas como extraviadas desde 2006. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas ausentes que deben investigar por su cuenta. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas.
El gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero éstas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, que en octubre de 2015 pasó a ser una Fiscalía Especial. Sin embargo, sólo ha registrado avances limitados en la investigación y el juzgamiento de casos de desaparición forzada.
En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancionar leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en los 31 estados y la Ciudad de México. La ley se promulgó en noviembre de 2017. A la fecha de redacción de este documento, todavía no se había implementado.
Las autoridades mexicanas no han logrado avances en la determinación de qué ocurrió a 43 estudiantes de la escuela de formación docente en Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 y que se cree que habrían sido asesinados. Solamente uno de los estudiantes ha sido identificado positivamente entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes. La Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva tras las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado mediante acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A la fecha de redacción de este documento, más de 100 personas habían sido imputadas por presunta participación en los secuestros, pero los agentes del Ministerio Público no habían formulado acusaciones contra autoridades estatales ni federales ni contra miembros de las fuerzas armadas, pese a los indicios de que estarían implicados.
En agosto de 2016, un informe interno de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones de Ayotzinapa determinó que los investigadores habían violado la ley y llevado a cabo detenciones arbitrarias y ejercido coacción contra presuntos implicados. El inspector general que redactó el informe afirmó que la PGR le pidió que renunciara poco después de haber presentado el informe a sus superiores. El informe fue reescrito, y la versión que finalmente publicó la PGR concluyó que sólo habían ocurrido unas pocas violaciones de baja gravedad.
Ejecuciones extrajudiciales
En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.
En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán. La CNDH concluyó que los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos, y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos trasladando cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas. A la fecha de redacción de este documento, ninguna persona había sido imputada y una investigación a nivel federal sobre los asesinatos en Tanhuato se encontraba en curso.
Abusos militares e impunidad
México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Desde 2006, y hasta julio de 2016, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de violaciones serias de derechos humanos cometidas por militares.
En noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, que autoriza la intervención militar en las actividades de seguridad pública internas —como la obtención de datos de inteligencia— sin prever medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas. A la fecha de redacción de este documento, la propuesta estaba bajo discusión en el Senado.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus acciones.
En mayo de 2016, a través de disposiciones incluidas en un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y en reformas al Código de Justicia Militar, se otorgaron amplias facultades a fiscales y jueces militares para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas, sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria. En junio de 2016, la CNDH objetó la constitucionalidad de estas disposiciones. A la fecha de redacción de este documento, la Suprema Corte de Justicia todavía no se había pronunciado sobre esta cuestión.
En el caso de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente, nadie ha sido condenado. En mayo de 2016, un tribunal federal penal ordinario absolvió al último de ocho soldados imputados por homicidio. Sin embargo, en julio de 2017, un juez dispuso que la PGR investigara el caso en profundidad, incluida la responsabilidad de mandos militares y la manipulación de la escena del crimen. La PGR apeló la sentencia. A la fecha de redacción de este documento, la apelación se encontraba pendiente.
Torturas
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales.
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México a más de 64.000 personas que, en 2016, estaban encarceladas en 370 cárceles de todo el país, el 57,8 por ciento de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado. De estas personas, el 19 por ciento indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 por ciento haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 por ciento haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 por ciento manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de que hicieran daño a familiares.
En abril de 2017, la legislatura mexicana aprobó la Ley Especial para Investigar, Prevenir y Sancionar la Tortura, que procura combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios obtenidos mediante tortura. A la fecha de redacción de este documento, la implementación de la ley estaba pendiente.
Al 30 de junio de 2017, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura —que forma parte de la PGR— tenía bajo su órbita 4.390 investigaciones en curso sobre presuntos casos de tortura. Asimismo, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, la justicia dispuso que se iniciaran más de 750 investigaciones penales sobre señalamientos de tortura.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado mediante un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó en abril de 2016 que el 80 por ciento de los presuntos responsables detenidos en relación con el caso de Ayotzinapa presentaban lesiones físicas probablemente causadas por maltratos y torturas. En septiembre de 2017, la PGR impulsaba seis investigaciones relacionadas con la presunta tortura de 31 personas. Ninguna de las investigaciones se había concluido a la fecha de redacción de este documento.
Según la CNDH, agentes de la Procuraduría del Estado de México intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso Tlatlaya torturando a testigos para obligarlos a que prestaran testimonios falsos. Se condenó a cuatro policías a tres años y ocho meses de cárcel por este delito. En septiembre de 2017 —más de tres años después de la masacre—nadie había sido condenado por el encubrimiento.
Sistema de justicia penal
Es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en varias regiones del país.
En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección, y resarcimiento a las víctimas de delitos. En enero de 2017, se aprobaron reformas a la ley que pretendían reducir la burocracia y mejorar el acceso a la asistencia y la reparación de víctimas.
Ataques a periodistas y defensores de derechos humanos
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de bandas delictivas. A causa de esto, es habitual que periodistas opten por la autocensura.
Según datos de la PGR, 104 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre el año 2000 y octubre de 2017. La organización no gubernamental (ONG) Article 19 documentó ocho casos de periodistas asesinados y una desaparición entre enero y julio de 2017.
Las autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2016 que el 90 por ciento de los delitos cometidos desde 2000 contra periodistas en México han quedado impunes, incluyendo al 82 por ciento de los asesinatos y el 100 por ciento de las desapariciones. Desde su creación, en julio de 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha iniciado más de 1.000 investigaciones sobre delitos contra periodistas. En octubre de 2017, había presentado cargos en 115 casos y obtuvo apenas 3 condenas.
Una investigación llevada a cabo en julio de 2017 por Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, indicó que al menos 11 activistas de derechos humanos y periodistas (así como el hijo de 16 años de una periodista) y miembros del GIEI habían sido blancos de una campaña de espionaje llevada a cabo con un sofisticado software espía adquirido por el gobierno mexicano. También se vieron afectados un senador y dos altos miembros del principal partido de oposición. Los activistas afectados presentaron denuncias ante la PGR, que inició una investigación.
Hasta octubre de 2016, 617 personas habían obtenido medidas de protección previstas en una ley de 2012 que ampara a periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, el otorgamiento de medidas de protección ha sido lenta o, en algunos casos, insuficiente.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.
En 18 de los 31 estados de México se han promulgado leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos —incluida intimidación por parte de autoridades— al intentar someterse a abortos tras sufrir hechos de violencia sexual.
Niños y niñas migrantes no acompañados
La cantidad de niños y niñas no acompañados procedentes de los países del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras— que son aprehendidos disminuyó drásticamente en los primeros meses de 2017, en comparación con el mismo período en 2016, y en los últimos años se han incrementado las tasas de otorgamiento de asilo a menores no acompañados de estos países. Aun así, menos del 1 por ciento de quienes son interceptados cada año recibieron protección internacional, una proporción muy inferior a la que probablemente necesita esa protección: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha estimado que incluso la mitad de los niños y niñas no acompañados que llegan a México desde el Triángulo Norte tienen pretensiones de asilo plausibles que deberían ser debidamente analizadas.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en la Ciudad de México desde 2010. También se permite en otros 10 estados (ocho han reformado sus leyes para permitir estos matrimonios, y en dos la Suprema Corte invalidó artículos del Código Civil local, lo cual permitió las uniones sin que fuera necesaria una reforma legislativa). En 2015, la Suprema Corte sentó las bases para el reconocimiento en todos los estados, al disponer que definir al matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer es discriminatorio y resulta violatorio de la Constitución mexicana.
En mayo de 2016, el Presidente Peña Nieto presentó proyectos legislativos para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Constitución y en el Código Civil Federal. Esta medida también habría eliminado a la orientación sexual y la identidad de género como obstáculos a la adopción. No obstante, el proyecto de ley federal fue rechazado cuando dos comisiones de la Cámara de Diputados votaron contra la iniciativa en noviembre de 2016.
A la vez, el Presidente Peña Nieto dio instrucciones a instituciones federales de que reconocieran la identidad de género emitiendo nuevamente certificados de nacimiento y pasaportes, sin la intervención de un médico. También dio instrucciones a la Secretaría de Educación de que incluya el tema de la diversidad sexual en los nuevos materiales educativos. Al momento de redacción de este documento, todavía no se había aplicado esa medida.
Derechos de discapacidad
En un informe de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprobó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal, y el derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte, y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.
En 2015, Disability Rights International informó que en establecimientos financiados por el gobierno para personas con discapacidad en la Ciudad de México, las condiciones eran inhumanas, incluido el caso de una institución donde se encerraba a niños en jaulas. El informe también documentó que, a veces, en clínicas estatales de la Ciudad de México se presionaba a mujeres con discapacidad psicosocial a que se sometieran a esterilizaciones o a abortos si estaban embarazadas.
México no consiguió avances en la implementación del derecho de las personas con discapacidad a la capacidad legal. Además, en junio de 2016 reformó la Ley General de Educación, que posibilitaba la educación especial de niños con discapacidad en las escuelas.
En febrero de 2016, la Suprema Corte de México dispuso que exigir que las personas con la condición del espectro autista obtuvieran un certificado de capacidad para trabajar es un requisito violatorio de la Constitución mexicana, y también de normas internacionales de derechos humanos.
Actores internacionales clave
En septiembre, el Comité sobre los Trabajadores Migrantorios de la ONU publicó un informe preliminar manifestando consternación por las “graves irregularidades” en la identificación de las víctimas y los responsables de los homicidios en masa de migrantes perpetrados entre 2010 y 2012 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. También instó al Estado a garantizar los derechos de los migrantes en tránsito y a las autoridades mexicanas a detener a migrantes únicamente como “medida de último recurso”, a efectos de mejorar las condiciones de detención, y “poner fin inmediato” a la detención de niños migrantes.
En enero, luego de su visita al país, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos planteó su preocupación por los ataques contra defensores de derechos humanos y la criminalización de las actividades que realizan. En mayo, los relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la CIDH emitieron una declaración conjunta instando al gobierno mexicano a “terminar con esta epidemia de violencia contra periodistas”. En abril, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y derechos humanos también exhortó al gobierno a mejorar la protección de los defensores de derechos humanos y los periodistas, y a implementar mecanismos para crear un diálogo social con respecto a proyectos de gran escala y mejorar los esfuerzos para combatir la discriminación por motivos de género en el lugar de trabajo.
En marzo de 2016, la CIDH publicó un informe que documenta una amplia variedad de abusos en México —como desapariciones; ejecuciones extrajudiciales; torturas; e inseguridad que afecta a mujeres, niños y niñas, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas— que, según concluyó, constituían una “crisis de graves violaciones de derechos humanos”. El gobierno criticó el informe, y respondió que en México no había una “crisis de derechos humanos”. Más tarde ese mes, las autoridades mexicanas negaron autorización al Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, para regresar al país antes del término de su mandato. Rechazaron su conclusión de que la tortura era una práctica generalizada, y lo acusaron de actuar de manera “antiética”.
En octubre de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) formuló 14 recomendaciones a México sobre la necesidad de abordar la impunidad de violaciones de derechos humanos, adoptar leyes que regulen el uso de la fuerza y terminar con la tortura y las desapariciones forzadas, como así también establecer una institución forense independiente que cuente con recursos suficientes. En mayo de 2016, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias publicó un informe sobre México, en el cual identificó la persistencia de violaciones graves, como ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad, impunidad, y la falta de resarcimiento a víctimas.
Desde 2007, Estados Unidos ha destinado más de USD 1.600 millones de ayuda a través de la Iniciativa Mérida para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada. En 2015, el Secretario de Estado de los Estados Unidos retuvo USD 5 millones de los fondos de asistencia para seguridad, afirmando que el Departamento de Estado no podía confirmar que México hubiera cumplido con las condiciones sobre derechos humanos establecidas en el acuerdo. Sin embargo, al año siguiente México recibió el volumen total de la asistencia de Mérida. En 2017, la asistencia por la Iniciativa Mérida fue de USD 139 millones.