Guatemala siguió logrando avances en el juzgamiento de casos de derechos humanos y de corrupción, en gran parte debido a la colaboración del Ministerio Público con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, que se estableció en 2007 para investigar la delincuencia organizada y afianzar los esfuerzos locales de fortalecimiento del estado de derecho. Cuando se preparó este informe, la CICIG y el Ministerio Público estaban investigando a más de una decena de miembros actuales y anteriores del Congreso, así como al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos detenidos por corrupción en 2015.
El trabajo de la CICIG provocó una fuerte reacción negativa entre los funcionarios públicos durante 2017. En agosto, el Presidente Jimmy Morales dispuso la expulsión del país del comisionado de la CICIG Iván Velásquez, dos días después de que CICIG y el Ministerio Público intentaran retirar la inmunidad al presidente para investigar su presunto rol en el financiamiento electoral ilícito.
En septiembre, el Congreso de Guatemala votó a favor de reducir a 10 años la pena máxima para delitos de financiamiento electoral y permitir la conmutación de penas de prisión de 10 años o inferiores por multas pecuniarias. Este cambio permitiría que el presidente y muchos congresistas evitaran cumplir penas de prisión si son condenados en relación con delitos por los cuales están siendo investigados. Ambos intentos concitaron fuertes críticas en Guatemala y en el exterior y fueron bloqueados por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca.
Seguridad pública, corrupción y justicia penal
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país.
Hay en Guatemala altos niveles de impunidad, en parte porque es común que haya demoras irrazonables en los procesos penales contra poderosos actores debido al uso excesivo de recursos por los acusados en procedimientos penales. Estas demoras se ven agravadas porque la justicia a menudo no observa los plazos legalmente establecidos, y suspende audiencias que pueden tardar meses en reprogramarse. Persisten problemas como la intimidación de jueces y fiscales y la corrupción en el sistema de justicia.
Pese a estos obstáculos, las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público han puesto al descubierto múltiples tramas de corrupción, en las cuales estaban implicados funcionarios de los tres poderes del gobierno, que propiciaron en 2015 la renuncia y la detención de los entonces presidente y vicepresidenta por estar presuntamente involucrados en un esquema de defraudación de la autoridad aduanera, mediante el cobro de sobornos en vez de aranceles aduaneros.
Los fiscales también presentaron cargos contra numerosos funcionarios, incluso más de una decena de miembros actuales y anteriores del Congreso de seis partidos políticos distintos, por haber contratado a personas que nunca desempeñaron ninguna labor para esa institución (o que ya recibían un sueldo de otro empleador) y quedarse con los salarios de esas “plazas fantasma”.
Cuando se redactó este informe, estos casos de corrupción seguían en la etapa previa al juicio.
Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado
En julio de 2017, un tribunal de apelación confirmó la condena de dos exmilitares por delitos de lesa humanidad que consistieron en violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual. Las víctimas eran 14 mujeres mayas q’eqchi’. Uno de los militares también fue hallado culpable del homicidio de tres mujeres, y el otro de la desaparición forzada de los esposos de siete de las víctimas. Fueron condenados a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.
En marzo de 2017, un juez elevó a juicio el caso contra cinco exmilitares por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violación sexual de su hermana en 1981. Entre los presuntos responsables se incluyen el exjefe militar Benedicto Lucas García, hermano del exdictador militar Romeo Lucas García. Al momento de redacción de este documento, aún no se había fijado una fecha para el juicio.
En abril de 2017, se envió a juicio al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por su rol en la masacre de las Dos Erres, perpetrada en 1982, durante la cual fuerzas especiales del Ejército guatemalteco mataron a unos 200 civiles. En 2011 y 2012, cinco exmilitares fueron condenados por su rol en la masacre. Al momento de redacción de este documento, aún no se había fijado una fecha para el juicio de Ríos Montt.
En mayo de 2013, Ríos Montt fue hallado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad por la muerte de más de 1.771 civiles de la comunidad maya ixil en 105 masacres ocurridas en 1982 y 1983, durante su presidencia. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, 10 días después la Corte de Constitucionalidad invalidó la condena alegando cuestiones procedimentales. El nuevo juicio empezó en marzo de 2016, pero se suspendió dos meses más tarde. En mayo de 2017, la Corte de Constitucionalidad determinó que Ríos Montt era incompetente para enfrentar un juicio público y que, por ende, el procedimiento se llevaría a cabo a puertas cerradas, pero que el proceso contra el otro acusado, el exdirector de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, tendría carácter público. Al momento de redacción de este documento, todavía no se había fijado la fecha de juicio contra cada uno de los acusados.
Defensores de derechos humanos y periodistas
Es común que los periodistas sean blanco de hostigamiento y violencia. En junio de 2017, el periodista de televisión Carlos Rodríguez sobrevivió a un disparo en la cabeza. En junio de 2016, murió asesinado el periodista de radio Álvaro Aceituno, y en marzo de 2015 los periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron asesinados. En enero de 2017, investigaciones impulsadas por la CICIG y el Ministerio Público implicaron en este delito al congresista Julio Juárez, del partido oficialista FCN-Nación. En noviembre de 2017, se retiró la inmunidad política a Juárez.
Derechos de mujeres y niñas
En marzo de 2017, 41 niñas adolescentes murieron en un incendio en el refugio Hogar Seguro, gestionado por el gobierno. Se había encerrado durante la noche a 56 niñas en un espacio donde cabían solamente 11, sin acceso a agua ni baños, tras una protesta por las precarias condiciones de vida y el trato recibido en el refugio, incluidos señalamientos de violencia sexual que databan de varios años. Debido a que los guardias no abrieron las puertas cuando se desató el incendio, 41 niñas murieron quemadas y 15 resultaron heridas. En agosto de 2017, un juez mandó a juicio el caso contra la exsecretaria presidencial para bienestar social y el exdirector de Hogar Seguro por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, entre otros cargos. Cuando se preparó este informe, los procesos contra otros cinco funcionarios públicos estaban en curso.
El derecho guatemalteco penaliza el aborto, salvo en casos en que pueda estar en riesgo la vida de la mujer. Las mujeres y niñas que interrumpen embarazos en cualquier otra circunstancia se enfrentan a penas de prisión de hasta tres años.
Orientación sexual e identidad de género
En abril de 2017, un grupo de legisladores presentó una propuesta legislativa, refrendada por más de 30.000 firmas, para prohibir en forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto legislativo también pretendía impedir que las escuelas públicas enseñen sobre diversidad e “ideología de género” a los alumnos.
Actores internacionales clave
La CICIG, que trabaja con el respaldo de la ONU, desempeña un rol clave de asistencia al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de delitos violentos. La CICIG trabaja en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente, y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica, y promover reformas legislativas.
Luego de que el Presidente Jimmy Morales ordenara la expulsión del comisionado de la CICIG Iván Velásquez en agosto de 2017, el Secretario General de la ONU António Guterres ratificó el compromiso de la ONU de apoyar a la CICIG y mantener a Velásquez al frente de esa comisión. También repudiaron el intento de apartar a Velásquez el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno del Presidente de Estados Unidos Donald Trump y miembros del Congreso de EE. UU. y del Parlamento Europeo. La anulación por la Corte de Constitucionalidad de la orden de Morales aseguró que Velásquez siguiera al frente de la CICIG, al menos hasta la conclusión de su mandato en septiembre de 2019.
El Congreso de Estados Unidos aprobó fondos de asistencia por USD 655 millones para 2017 en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, una iniciativa de cinco años de duración, anunciada en 2014, que procura reducir los incentivos para las migraciones desde Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo de la asistencia es reducir la violencia, fortalecer la gobernabilidad, y crear más oportunidades económicas. El 50 por ciento de los fondos está supeditado a que, cada año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos certifique los avances logrados por los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la protección de los derechos humanos. En 2017, Guatemala obtuvo la certificación que lo habilita a recibir los fondos totales y en forma continuada conforme al plan. La asistencia para 2017 incluyó USD 7 millones para la CICIG.