Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, activistas ambientales, y lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, dos instituciones en las cuales la corrupción y los abusos son generalizados, siguen siendo en gran medida ineficaces. En general, los delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en 2016 a través de un acuerdo entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha promovido exitosamente la promulgación de leyes destinadas a contrarrestar el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Abusos y corrupción policial

En enero de 2017, el Presidente Juan Orlando Hernández anunció que extendería el mandato de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional hasta el año 2018. Al mes de mayo, casi 4.000 de los más de 9.000 policías evaluados por la comisión habían sido destituidos, muchos de ellos por presunta participación en hechos delictivos o de corrupción. No obstante, hasta la fecha, ninguno de los policías expulsados por orden de la comisión han sido condenados por presunta participación en actividades delictivas, como violaciones de derechos humanos.

Independencia judicial

Se producen habitualmente actos de interferencia política contra jueces por parte del poder ejecutivo y otros actores, como particulares vinculados con el gobierno. El 30 de junio, el exvicepresidente del difunto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, fue declarado culpable de tráfico de influencias. Usando su autoridad como un alto funcionario del órgano de control del poder judicial, Bonilla presionó a dos jueces para que favorecieran a familiares suyos que habían sido acusados de tenencia ilegal de armas y lavado de dinero.

Ataques contra periodistas y restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión

Entre 2014 y 2016 fueron asesinados 25 periodistas, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), que reveló además en su informe de 2016 que el 91 % de los asesinatos de periodistas cometidos desde 2001 siguen impunes. Recientemente, el periodista Carlos William Flores murió en una agresión armada perpetrada por hombres no identificados que se desplazaban en una motocicleta en Cortés, cerca de la frontera con Guatemala. Flores dirigía el programa de televisión “Sin Pelos en la Lengua”, en el cual se vertían críticas en contra de grandes empresas de agronegocios vinculadas con la deforestación en la zona.

En febrero de 2017, el Congreso aprobó un nuevo código penal que tipificó como delito—con una pena de cuatro a ocho años de prisión—la participación de personas físicas o medios de comunicación o difusión en “apología, enaltecimiento o justificación” del delito de terrorismo. La nueva legislación también define como delitos de terrorismo todas las formas de “asociación ilícita” y actos que “aterrori[cen], pon[gan] en grave riesgo o afect[en] de forma sistemática y general los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país”. Estas disposiciones imprecisas e innecesariamente amplias podrían usarse para prohibir protestas y reuniones pacíficas, alegando que se trata de terrorismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresaron su preocupación por la formulación ambigua de la ley y la posibilidad de que coarte, de manera arbitraria, la libertad de expresión y de prensa.

Ataques contra abogados, defensores de derechos humanos y activistas ambientales

Los abogados y defensores de derechos humanos son a menudo el blanco de amenazas, agresiones y asesinatos. En 2016, el CONADEH registró 16 ataques violentos contra abogados, entre los cuales se cuentan 13 asesinatos. En agosto de 2016, la CIDH describió a Honduras como “uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos” de América.

Hasta la fecha, ocho hombres han sido imputados por el homicidio de la activista por los derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres, perpetrado en marzo de 2016, incluyendo un mayor del Ejército y el exgerente ambiental de Desarrollo Energético S.A. (DESA), la empresa constructora detrás del proyecto de la represa Agua Zarca. Al momento de su muerte, Cáceres lideraba una campaña contra esta empresa.

Según lo señalaron activistas locales, el Sistema Nacional de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015, no contaba con suficiente dotación de personal ni recursos.

Orientación sexual e identidad de género

La violencia homofóbica es un problema gravemente extendido en Honduras. Varios organismos de las Naciones Unidas que trabajan en Honduras han señalado que la violencia sexual contra personas LGBT las obliga al “desplazamiento interno” o a abandonar el país en busca de protección internacional.

En julio de 2017, David Valle, coordinador de proyectos del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI, fue apuñalado por un desconocido en su vivienda en Tegucigalpa. Anteriormente, Valle había recibido varias amenazas.  Valle sobrevivió este ataque.

Derechos sexuales y reproductivos de la mujer

Conforme lo establece el código penal, en Honduras, el aborto es ilegal sin excepción, y las mujeres y niñas que interrumpen embarazos pueden recibir penas de prisión de hasta seis años. El 5 de mayo de 2017, el Congreso Nacional de Honduras votó en contra de reformar el código penal vigente para permitir el aborto en casos de violación, malformaciones fetales graves y riesgos graves para la salud de la mujer. La legislación que sigue vigente también penaliza a los proveedores de servicios de aborto y a las personas que asisten en estos procedimientos.

Derechos del niño

En julio de 2017, el Congreso de Honduras aprobó por unanimidad un proyecto legislativo que declaró ilegal el matrimonio infantil. El nuevo proyecto legislativo reemplaza la ley que hasta entonces permitía que las niñas contrajeran matrimonio a los 16 años con autorización de su familia. Según datos de Unicef, un tercio de las niñas hondureñas se casa antes de los 18 años.

En mayo de 2017, el Presidente Juan Orlando Hernández lanzó una iniciativa para revisar el código penal a fin de permitir que los niños y niñas desde apenas 12 años sean procesados como adultos, en lugar de ser juzgados en el sistema de justicia de menores existente, lo cual contraviene las normas internacionales.

Condiciones en centros de detención

Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y la salubridad deficiente, son endémicas en las prisiones hondureñas. En 2016, el último año sobre el cual hay cifras confiables, había más de 17.500 presos en las instituciones penitenciarias del país, que estaban diseñadas para albergar hasta 8.000 personas. En muchos establecimientos, los guardias han efectivamente cedido el control penitenciario a los internos.

Actores internacionales clave

A instancias de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el Congreso aprobó la Ley de Política Limpia, que entró en vigor en marzo de 2017. La ley estableció un marco para impedir que la delincuencia organizada contribuya a las campañas políticas, y para que los partidos y candidatos rindan cuentas por el financiamiento ilegal de sus campañas. En julio de 2017, la MACCIH anunció que investigaría los fondos y la concesión gubernamental otorgados a DESA para el proyecto de la represa Agua Zarca por posible corrupción y lavado de dinero.

Para el año fiscal 2017, el Congreso de EE. UU. asignó USD 95,3 millones de asistencia bilateral a Honduras. Miembros del Congreso volvieron a presentar la “Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras” (H.R. 1299) el 2 de marzo de 2017. El proyecto de ley suspendería el financiamiento estadounidense para las operaciones policiales y militares del país hasta que el gobierno hondureño procese y condene a los autores intelectuales y materiales del homicidio de Cáceres y otros asesinatos y ataques contra activistas; investigue y procese a miembros de las fuerzas militares y policiales que presuntamente han cometido violaciones de derechos humanos; cese la participación de militares en operaciones policiales internas; establezca protecciones eficaces para los defensores de derechos humanos; y afiance el estado de derecho.

En mayo de 2016, después de que fiscales imputaron por homicidio a un empleado de DESA, el banco holandés de desarrollo FMO y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial, Finnfund, anunciaron que suspenderían el pago de sus préstamos para la represa Agua Zarca. En junio de 2017, las dos instituciones de financiamiento informaron a The Guardian que se retirarían completamente del proyecto Agua Zarca. El tercer y mayor inversor del proyecto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), también anunció que cesaría el financiamiento para el proyecto.