En mayo, Lenin Moreno asumió la presidencia tras una elección sumamente reñida. A diferencia de su antecesor, Rafael Correa, el Presidente Moreno ha manifestado públicamente respeto por la libertad de expresión y ha prometido gobernar con mayor tolerancia.

Ecuador todavía enfrenta graves problemas en materia de derechos humanos, como normativa que otorga al gobierno amplios poderes para coartar la libertad de expresión; limitada independencia judicial; condiciones de detención deficitarias; e importantes restricciones en el acceso, por parte de mujeres y niñas, a la atención de la salud reproductiva.

En septiembre, el Presidente Moreno inició el proceso para llevar a cabo una consulta popular a principios de 2018, en la cual los ecuatorianos podrán votar una serie de propuestas, que incluyen revertir la reelección indefinida de funcionarios públicos y eliminar los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra niños y niñas.

Libertad de expresión

El Presidente Moreno ha manifestado que respetará la libertad de prensa y terminó con la práctica de su predecesor de amenazar y hostigar públicamente a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y críticos. También designó un nuevo equipo para dirigir los medios de comunicación públicos, que han comenzado a adoptar una línea editorial independiente del gobierno.

No obstante, sigue vigente una Ley Orgánica de Comunicación de 2013 que concede al gobierno amplia potestad para limitar la libertad de expresión. Exige que toda la información difundida por los medios sea “verificada” y “precisa”, lo cual facilita que se tomen represalias contra medios críticos y son las propias autoridades las que deciden cuándo se cumplen estos criterios imprecisos. También prohíbe el “linchamiento mediático”, al cual define como “la difusión de información que [...] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente [...] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Asimismo, la ley prohíbe lo que denomina “censura”, que conforme a la definición contenida en la ley incluye situaciones en las cuales los medios de comunicación privados no difunden temas que el gobierno considere de “interés público”. Al momento de la preparación de este informe, aún no se había implementado un plan de gobierno para reformar la ley.

Desde su creación, la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), un organismo regulatorio creado por la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 que es distinto de la Secretaría de Comunicación (SECOM), ha ordenado en decenas de casos que medios de comunicación y periodistas se rectifiquen o se retracten, incluso en artículos de opinión y viñetas, u ofrezcan una disculpa pública por el contenido de estos. La SUPERCOM también ha acusado a algunos medios de incurrir en “censura” al no publicar información que las autoridades consideran importante. 

En abril, el Presidente Correa señaló en televisión que los medios habían aplicado censura al no reproducir un informe de un periódico argentino que afirmaba que el candidato presidencial de la oposición estaba implicado en un escándalo de corrupción. Días más tarde, la SUPERCOM multó a siete medios de comunicación por ello.

La SUPERCOM ha reducido notablemente la cantidad de sanciones impuestas desde que asumió Moreno.

El uso de acciones penales por difamación sigue siendo un instrumento fuerte para castigar a quienes critican al gobierno, a pesar de una reforma de 2014 que limitó la definición de este delito. En abril, antes de dejar el cargo, Correa inició una causa contra el periodista Martin Pallares, que había publicado un artículo criticando a Correa, acusándolo de haber proferido “expresiones en descrédito o deshonra”. En octubre, un tribunal superior confirmó la inocencia de Pallares. En la sentencia se citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio.

El expresidente, su partido político, medios de comunicación estatales y organismos estatales han intentado en varias oportunidades utilizar la legislación estadounidense sobre derechos de autor para conseguir que se bajaran de Internet imágenes y documentos críticos. A veces, los usuarios logran volver a publicar los contenidos, luego de un proceso legal que puede demorar varias semanas. En 2017, varias cuentas de Twitter habrían sido bloqueadas tras publicar información crítica del gobierno o sus funcionarios.

Libertad sindical

En 2015, el Presidente Correa dictó un decreto ejecutivo que confirmó amplias facultades del gobierno para intervenir en las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG), incluida la posibilidad de disolverlas si las autoridades consideraban que habían “afect[ado] la paz pública” o participado en actividades distintas de las identificadas al momento de registrarse ante el gobierno. 

En diciembre de 2016, el Ministerio del Interior solicitó al Ministerio del Ambiente que cerrara la organización ambiental Acción Ecológica. Dos días antes, la organización había instado a que se investigaran los ataques contra los derechos indígenas y ambientales en la provincia de Morona Santiago, donde se mantuvo en vigencia un estado de excepción hasta febrero de 2017.

El Ministerio del Interior solicitó la disolución alegando que Acción Ecológica había incitado y apoyado actos de violencia. El señalamiento se refería a las acciones de la organización para informar y movilizar al público contra una concesión minera en San Carlos-Pananza. El Ministerio del Interior también acusó a la organización de desviarse de sus objetivos e interferir en cuestiones de políticas públicas. Luego de protestas nacionales e internacionales—que incluyeron la condena por parte de un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU—, el Ministerio del Ambiente rechazó el pedido de disolución de la organización.

En octubre, el Presidente Moreno reemplazó el decreto de Correa por uno nuevo que limita algunas de sus disposiciones imprecisas, pero mantiene fundamentos ambiguos para disolver organizaciones de la sociedad civil. A la fecha de elaboración de este informe, se encontraba pendiente en la Asamblea Nacional una propuesta de ley que permitiría promulgar el decreto presidencial de Correa en forma permanente, aunque es posible que se modifique al ser tratado por el poder legislativo.

En noviembre, el Ministerio del Ambiente autorizó a la organización ambiental Fundación Pachamama, que fue cerrada arbitrariamente aplicando el decreto de Correa en 2013, a que comenzara a operar nuevamente.

Independencia judicial

Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. En 2011, a través de un referéndum, el Presidente Correa recibió un mandato popular para implementar una reforma del sistema judicial.

Sin embargo, como parte de las drásticas reformas judiciales que implementó, el Consejo de la Judicatura —que en la práctica carece de independencia del poder ejecutivo— designó y destituyó a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, lo cual debilitó la independencia judicial.

En agosto, se filtraron mensajes de correo electrónico que sugieren que el Presidente Correa, su secretario privado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia presionaron a jueces, fiscales y defensores de oficio para que tomaran ciertas decisiones en varias causas judiciales. El Presidente Correa no negó la autenticidad de estos mensajes y afirmó que “cumplía con [su] deber”. Después de la filtración, decenas de jueces que habían sido sancionados por el Consejo de la Judicatura denunciaron públicamente interferencia política en sus decisiones.

Persecución penal de líderes indígenas

El 14 de diciembre de 2016, un policía murió y otros sufrieron lesiones durante un enfrentamiento entre militares y miembros del pueblo Shuar en la provincia de Morona Santiago, cuando unos pocos shuar intentaron tomar el control de una explotación minera que, según sostienen, se construyó en tierras ancestrales sin su consentimiento.

El gobierno movilizó a 1.000 militares y policías y declaró un estado de emergencia, que suspendió ciertos derechos en la provincia. La medida finalizó en febrero. El líder indígena Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, fue acusado de supuesta “incitación a la discordia entre ciudadanos” tras publicar contenidos en Facebook, el 18 de diciembre de 2016, en los cuales instaba a los pueblos de la Amazonia a movilizarse contra la presencia militar, y afirmaba no reconocer a Correa como presidente de Ecuador. Wachapá permaneció cuatro meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad hasta que fue liberado en abril de 2017. A la fecha de redacción de este informe, se encontraba en curso el juicio contra Wachapá.

En junio, el Presidente Moreno indultó a cinco ciudadanos de la provincia Pastaza que habían sido condenados a prisión entre 6 y 12 meses por el delito de “resistencia”, que se encuentra definido de manera imprecisa, durante las protestas que se desarrollaron en todo el país en 2015. Un sexto activista de la provincia Morona Santiago también fue indultado. En julio, un tribunal sobreseyó a 12 miembros del pueblo indígena Saraguro que habían sido acusados de interrumpir servicios públicos en 2015, al cortar carreteras durante manifestaciones a favor de los derechos indígenas.

En mayo, la CONAIE, una entidad que congrega a distintas organizaciones indígenas, presentó una propuesta a la Asamblea Nacional solicitando a los legisladores que otorgaran una amnistía a favor de casi 200 miembros de pueblos indígenas que, según sostienen, han sido procesados de manera arbitraria. En noviembre la Comisión de Justicia del Congreso recomendó que se archivaran todos los pedidos, salvo el caso de una persona que sigue siendo analizado.

Condiciones en centros de detención

La sobrepoblación y las condiciones deficientes en los centros de detención son problemas de derechos humanos que existen desde hace mucho tiempo en Ecuador. Desde 2012, el gobierno ha gastado millones de dólares en la construcción de nuevos centros de detención. 

En 2016, se filtraron videos donde se ve a guardias penitenciarios que golpean a internos, algunos de ellos desnudos, y les aplican descargas eléctricas, en el centro de detención de Turi, en la provincia Azuay. Defensores de oficio presentaron un recurso de hábeas corpus y exigieron que se tomaran medidas para proteger a los internos. Un juez hizo lugar al recurso. La Fiscalía General del Estado inició una investigación, pero más tarde atenuó la gravedad de la causa al cambiar los cargos de tortura por el de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

En febrero, la Fiscalía General del Estado se negó a presentar acusaciones contra 34 de los 49 agentes implicados, y determinó que no podía asignar responsabilidad individual a ninguno de ellos. En agosto, el juez desestimó los cargos planteados contra todos los funcionarios acusados. 

Juicios por abusos del pasado

La Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa para investigar abusos gubernamentales ocurridos entre 1984 y 2008 (desde el inicio de la presidencia represiva de León Febres Cordero y hasta que asumió Correa) documentó 136 casos de violaciones graves de derechos humanos que implicaban a 456 víctimas, incluidas 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones. Una unidad de fiscalía especial creada en 2010 para investigar los casos ha iniciado procedimientos judiciales en menos de 10 de ellos, e incluso en esos casos los avances han sido lentos.

Derechos reproductivos

El derecho a acceder a un aborto se limita a casos en que la salud o vida de la mujer estén en riesgo, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una “mujer con discapacidad mental”. El temor a ser perseguidas penalmente por haberse sometido a un aborto provoca que algunas mujeres y jóvenes recurran a abortos ilegales e inseguros, e impide el acceso por parte de víctimas de violencia sexual a servicios y atención de salud. La Fiscalía General del Estado informa que 184 mujeres han sido juzgadas desde agosto de 2014 por haberse sometido a “abortos voluntarios”.

Las estadísticas gubernamentales difundidas en 2010, el último año sobre el cual existen datos disponibles, indican que una de cada cuatro mujeres y niñas mayores de 15 años en Ecuador ha sido víctima de violencia sexual.

Violencia sexual contra niños y niñas

En octubre, después una serie de escándalos sobre violencia sexual contra niños y niñas, el Ministro de Educación reveló que había registrado 882 de estos casos ocurridos en escuelas entre 2014 y 2017. La impunidad en estos casos continúa siendo la regla.

Orientación sexual e identidad de género

En Ecuador, no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. Desde 2008, las uniones civiles se encuentran reconocidas, pero no otorgan el espectro completo de derechos de los cuales gozan las parejas casadas, como la posibilidad de adoptar hijos.

Actores internacionales clave y política exterior

En 2017, el gobierno siguió negándose a participar en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y señaló que no cumpliría con las recomendaciones de la comisión.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a Ecuador que investigara los señalamientos de organizaciones de derechos humanos de que el conflicto con la empresa minera en la provincia Morona Santiago y el despliegue de fuerzas de seguridad a la región había causado el desplazamiento forzado de decenas de familias shuar.

En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador era responsable de una desaparición forzada ocurrida en 1995 y de no haber llevado a cabo una investigación diligente del caso. Pese a que un informe oficial de la Comisión de la Verdad había concluido que la persona fue víctima de desaparición forzada, Ecuador negó ante la corte que agentes del Estado fueran responsables por el hecho.

Durante 2017, los comités de la ONU sobre Trabajadores Migratorios, Eliminación de la Discriminación Racial y Desapariciones Forzadas evaluaron el cumplimiento, por parte de Ecuador, de diferentes tratados de la ONU. Plantearon una serie de preocupaciones, como la falta de protección a los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario; la falta de medidas para prevenir la violencia contra defensores de derechos; esfuerzos insuficientes para combatir la trata de personas; falta de debido proceso y recursos judiciales adecuados para personas que enfrentan la posibilidad de deportación y los lentos avances en la persecución penal de casos documentados por la Comisión de la Verdad, entre otras consideraciones.

En septiembre de 2017, el Consejo de Derechos Humanos completó su tercer Examen Periódico Universal de Ecuador.

En agosto, Moreno expresó su preocupación por la existencia de “presos políticos” en Venezuela, lo cual constituye un apartamiento radical del fuerte apoyo de Correa al gobierno de Nicolás Maduro. Según datos oficiales, más de 39.000 venezolanos ingresaron en Ecuador desde la profundización de la crisis venezolana en 2016. La mayoría solicita permisos de residencia temporal. Aunque numerosos venezolanos han solicitado el otorgamiento de la condición de refugiado, las organizaciones locales no tenían conocimiento, al momento de redacción de este informe, de ningún caso en el cual el gobierno de Ecuador les hubiera otorgado dicha condición.