Marruecos respondió a las continuas manifestaciones en la inestable región del Rif con su característica vacilación entre la tolerancia y la represión. A lo largo de 2017, las fuerzas de seguridad toleraron muchas protestas callejeras contra el presunto descuido por parte del gobierno central hacia las necesidades de la región, pero a partir de mayo se movilizaron para arrestar a activistas del llamado Movimiento Popular Rifeño o Hirak, golpeando y abusando de muchos de ellos. Algunos fueron encarcelados luego de juicios injustos. Un tribunal encarceló a un conocido periodista y comentarista por cargos dudosos relacionados con la incitación a las manifestaciones de Hirak.

El proceso político para la autodeterminación del Sáhara Occidental, un territorio bajo control marroquí, permaneció estancado con poca mediación o atención internacional. Marruecos propone la autonomía bajo su dominio continuado pero rechaza un referéndum sobre la independencia. El gobierno impidió de manera sistemática las reuniones de apoyo a la autodeterminación de ese territorio disputado.

Un nuevo juicio ante un tribunal civil de 24 saharauis acusados de participar en las muertes de policías durante los enfrentamientos de 2010 concluyó con su condena y fueron pronunciados a largas sentencias de prisión, un resultado similar al de su primer juicio ante un tribunal militar. El juicio estuvo contaminado por aparentes violaciones al debido proceso, como la aceptación de testimonios presuntamente obtenidos bajo coacción sin investigar previa y adecuadamente las denuncias de tortura.

Durante 2017, las autoridades continuaron restringiendo las actividades de la mayor organización independiente de derechos humanos de Marruecos, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, así como las de otros grupos internacionales de derechos humanos que buscan llevar a cabo visitas de investigación.

Libertad de expresión

El Código de Prensa y Publicaciones, aprobado por el Parlamento en julio de 2016, elimina las penas de prisión pero impone multas y suspensiones impuestas por un tribunal de publicaciones o sitios web como castigo por muchos delitos de expresión no violentos.

Mientras tanto, el código penal mantiene la prisión como pena por una variedad de delitos de expresión no violentos implementados desde hace muchos años, como cruzar las “líneas rojas” de Marruecos: “atentar contra” el Islam, la monarquía, la persona del rey y la familia real, e “incitar contra la integridad territorial de Marruecos”, una referencia a la soberanía que Marruecos defiende sobre el Sáhara Occidental. Insultar a las instituciones estatales y las formas de expresión (ya sean orales o impresas) que se perciban como una “apología del terrorismo”, siguen estando castigadas con prisión.

El 11 de septiembre de 2017, el Tribunal de Apelaciones de al-Hoceima prolongó de tres meses a un año de cárcel la sentencia de prisión dictada el 25 de julio de 2017 por una corte de primera instancia contra Hamid Mahdaoui, editor y periodista de un sitio web, por incitar a la participación en una manifestación no autorizada. El caso se basó en comentarios que hizo Mahdaoui en una plaza pública en al-Hoceima el 19 de julio, apoyando al movimiento rifeño Hirak y condenando la decisión del gobierno de prohibir una manifestación planeada para el 20 de julio. Entre los varios periodistas ciudadanos y activistas web enjuiciados en conexión con las protestas del Rif se encontraba Ilyass Akallouch, a quien el Tribunal de Primera Instancia de al-Hoceima condenó el 24 de agosto a ocho meses de prisión y una multa de MAD20.000 (US$2.000) por publicar artículos en redes sociales que “incitan a otros a participar en manifestaciones no autorizadas”.

Las autoridades requieren, pero a menudo se niegan a emitir, permisos para los medios de comunicación extranjeros que quieren filmar en Marruecos. El 25 de julio, deportaron a dos periodistas españoles que cubrían las protestas del Rif. Uno de ellos, José Luis Navazo, había estado viviendo en Marruecos durante 17 años.

Libertad de reunión y asociación

Las autoridades toleraron numerosas marchas y mítines a lo largo del año para exigir reformas políticas y protestar contra acciones del gobierno, pero dispersaron por la fuerza algunas reuniones, incluso cuando eran pacíficas.

En la región de Rif, las fuerzas de seguridad habían arrestado hasta octubre a más de 450 manifestantes de Hirak. Las protestas comenzaron en octubre de 2016, luego de que un pescadero de al-Hoceima muriera aplastado en un camión de la basura mientras trataba de rescatar sus productos que las autoridades habían confiscado.

Muchos de los manifestantes detenidos denunciaron que la policía los golpeó durante su arresto y que la policía los obligó a firmar declaraciones por escrito sin que las hubiesen leído. Algunas de estas denuncias fueron corroboradas por informes preparados por médicos forenses designados por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que habían examinado a manifestantes detenidos. Los tribunales condenaron a los manifestantes por cargos que incluían insultar y agredir físicamente a miembros de las fuerzas de seguridad, rebelión armada y destrucción de bienes públicos, sentenciándoles a penas de prisión en su mayoría de 18 meses o menos.

Los funcionarios siguen evitando o impidiendo arbitrariamente que muchas asociaciones obtengan el registro legal, aunque la Constitución de 2011 garantiza el derecho a formar una asociación.

Las autoridades han mantenido aseguradas desde 2006 las casas pertenecientes a al menos dos miembros del movimiento islamista al-Adl wal-Ihsan (Justicia y Espiritualidad), un movimiento islamista que cuestiona el reclamo del rey de autoridad espiritual, sin proporcionar una base legal formal.

Las autoridades impidieron con frecuencia la celebración de eventos organizados por las filiales locales de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), denegándoles el acceso a los lugares previstos. En un ejemplo típico, el 8 de julio, las autoridades de la aldea de Zaouiat Cheikh impidieron el acceso de los participantes al centro comunitario donde AMDH había planeado una conferencia pública sobre derechos humanos. También a veces impidieron que las secciones locales cumplieran con los requisitos de presentación de documentos, colocando a algunas de estas filiales en situaciones legales arriesgadas.

El gobierno ha seguido imponiendo una prohibición de facto a las misiones de investigación por parte de Amnistía Internacional y Human Rights Watch desde 2015, a pesar del acceso relativamente sin restricciones de las dos organizaciones durante los casi 25 años previos.

Como en años anteriores, las autoridades expulsaron a varios visitantes extranjeros que habían venido a investigar las condiciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental o para asistir a eventos de derechos humanos. El 4 de julio, las ciudadanas españolas Laura Moreno y Andrea Sáez, que se habían reunido con activistas saharauis de derechos humanos, no pudieron desembarcar del avión en El Aaiún y fueron enviadas de regreso.

Conducta policial, tortura y el sistema de justicia penal

Los tribunales no cumplieron con las garantías del debido proceso en casos políticos y relacionados con temas de seguridad.

El Código de Procedimiento Penal, enmendado en 2011, otorga al acusado el derecho a ponerse en contacto con un abogado después de 24 horas bajo custodia policial o un máximo de 36 horas si el fiscal aprueba esta prolongación. En casos que involucran delitos de terrorismo, el fiscal puede retrasar el acceso a un abogado hasta seis días. La ley no otorga a los detenidos el derecho a tener a un abogado presente cuando la policía los interroga o les presenta sus declaraciones para que las firmen.

La ley antiterrorista de 2003 contiene una definición demasiado general de “terrorismo” y permite hasta 12 días de detención en custodia policial (antes de la presentación de cargos) en casos relacionados con el terrorismo.

El Tribunal de Apelaciones de Rabat llevó a cabo un nuevo juicio contra 24 saharauis condenados por un tribunal militar en 2013 por su presunta participación en la violencia que estalló después de que las fuerzas de seguridad entraran a desmantelar un campamento de protesta establecido en Gdeim Izik, en el Sahara Occidental. La violencia resultó en la muerte de 11 agentes de las fuerzas de seguridad. El tribunal de apelaciones sentenció a casi todos los acusados ​​a penas de prisión de entre 20 años y cadena perpetua, de forma similar a las sentencias dictadas por el tribunal militar en 2013. En su veredicto, el tribunal se basó en las declaraciones policiales originales de 2010, que los acusados rechazaron como falsas alegando que fueron coaccionados o forzados físicamente a firmar las declaraciones, incluso mediante el uso de la tortura. El tribunal ordenó exámenes médicos, que concluyeron que la tortura no podía probarse ni refutarse, una conclusión nada sorprendente dado que estos exámenes, el primero de carácter forense al que se sometían estos acusados, se llevaron a cabo siete años después de la presunta tortura.

El 9 de marzo, un tribunal de apelaciones de Rabat confirmó la condena del ciudadano francés Thomas Gallay bajo la acusación de ayudar materialmente a personas con fines terroristas, pero redujo su sentencia de prisión de seis a cuatro años. El abogado de Gallay, que no estuvo presente cuando la policía lo interrogó, dijo que la policía recurrió a la presión y el engaño para persuadirlo a firmar declaraciones en árabe, un idioma que no podía leer. El tribunal también condenó a los ocho co-acusados ​​marroquíes de Gallay y los condenó a penas de prisión de hasta 18 años. Otro centenar de personas estaban cumpliendo penas de prisión por cargos de terrorismo, algunos de ellos tras juicios en masa injustos, como los arrestados en el caso “Bellarij” en 2008.

Entre el 1 de enero y el 1 de octubre, el Tribunal Supremo de Marruecos confirmó la pena de muerte en tres casos; otras 11 sentencias de muerte que los tribunales de menor instancia dictaron en 2017 aún se estaban revisando en el momento de redacción de este informe. Las autoridades no han llevado a cabo ninguna ejecución desde principios de los años 90.

Migrantes y refugiados

En el momento de redacción de este informe, todavía quedaba pendiente de ser aprobado un borrador para la primera ley de Marruecos sobre el derecho de asilo. Desde 2013, la comisión interministerial ad hoc de Marruecos encargada de asuntos de refugiados ha otorgado tarjetas de refugiados y permisos de residencia renovables por un año a casi todas las personas reconocidas como refugiadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un total de 745 personas desde 2013, la mayoría de ellos africanos subsaharianos. Hasta el 30 de septiembre, el ACNUR afirmó tener a 2.995 solicitantes de asilo sirios en su registro. Si bien Marruecos no ha reconocido formalmente a estos sirios como refugiados, les permite residir en Marruecos y acceder a servicios públicos esenciales, como salud y educación, según el ACNUR.

Marruecos también otorgó permisos de residencia renovables por un año a miles de migrantes subsaharianos que no eran solicitantes de asilo pero que cumplían con los criterios establecidos en un plan de 2013.

El 21 de junio, las autoridades marroquíes otorgaron residencia temporal a 28 solicitantes de asilo sirios que quedaron atrapados en tierra de nadie entre Argelia y Marruecos después de un enfrentamiento de dos meses entre ambos países, tiempo durante el cual ninguno accedió a acogerlos.

Derechos de la mujer y las niñas

La constitución de 2011 garantiza la igualdad de las mujeres “al mismo tiempo que respeta las disposiciones de la Constitución, las leyes y las características permanentes del Reino”.

El Código familiar de 2004, que mejoró los derechos de la mujer respecto al divorcio y la custodia de los hijos, discrimina a las mujeres con respecto a la herencia y los procedimientos para obtener el divorcio. El código elevó la edad para contraer matrimonio de 15 a 18 años, sin embargo los jueces rutinariamente permiten que las niñas se casen por debajo de esta edad.

La criminalización del adulterio y el sexo fuera del matrimonio tiene un impacto discriminatorio de género. Por otra parte, las víctimas de violación se enfrentan a enjuiciamiento si presentan cargos que luego no se sostienen. Las mujeres y las niñas también son procesadas si se descubre que están embarazadas o tienen hijos fuera del matrimonio.

El 17 de marzo de 2016, el gobierno adoptó un proyecto de ley revisado para combatir la violencia contra las mujeres (Proyecto de Ley 103-13), y la Cámara de Representantes lo aprobó el 20 de julio de 2016. El proyecto de ley permanecía en la Cámara de Consejeros, la segunda cámara del Parlamento, a finales de 2016.

Trabajadores domésticos

Está previsto que en octubre de 2018 entre en vigor una ley de 2016 sobre los derechos de los trabajadores domésticos, tras la adopción en 2017 de las normas de implementación necesarias. La nueva ley exige contratos por escrito para los trabajadores domésticos y establece una edad mínima de 18 años para dicho empleo, aunque establece una fase gradual de cinco años durante la cual pueden trabajar los de 16 y 17 años. La ley limita las horas de trabajo semanal, garantiza 24 horas continuas de descanso por semana, fija un salario mínimo y establece sanciones financieras para los empleadores que violen la ley.

A pesar de las leyes actuales que prohíben que los menores de 15 años trabajen, se cree que miles de niños más jóvenes –sobre todo niñas— trabajan en el servicio doméstico.

Derechos de las personas con discapacidad

El Parlamento adoptó en 2016 la Ley Marco 97.13 sobre los derechos de las personas con discapacidad, un paso hacia la armonización de la legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Marruecos ratificó en 2009. Sin embargo, la Ley Marco se quedó corta en algunas áreas, como en garantizar el acceso a la educación inclusiva para niños con discapacidad, y en afirmar el derecho a la capacidad legal.

Orientación sexual e identidad de género

Los tribunales marroquíes continuaron encarcelando a personas por conducta homosexual en virtud del artículo 489 del código penal, que estipula penas de prisión de seis meses a tres años por “actos lascivos o antinaturales con un individuo del mismo sexo”.

En diciembre de 2016, un tribunal de Marrakech absolvió a dos adolescentes que habían permanecido detenidas durante una semana acusadas de “desviación sexual” por presuntamente abrazarse y besarse en privado. El 24 de febrero, dos hombres fueron sentenciados por cargos que incluían la violación del artículo 489 a seis meses de prisión y una multa de MAD1.000 (US$107) por un tribunal de primera instancia de Tánger, después de que un video que les mostraba manteniendo relaciones sexuales consensuadas fuera compartido en las redes sociales.

Principales actores internacionales

El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que los acuerdos bilaterales UE-Marruecos de 2012 que liberalizaban el comercio de productos agrícolas y pesqueros no eran aplicables al Sáhara Occidental, debido a la condición separada y distinta garantizada a ese territorio en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el principio de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, el tribunal anuló una decisión judicial de 2015 que invalidaba el acuerdo comercial.

A pesar de su débil historial en cuanto a la erradicación de la tortura, Marruecos es miembro fundador de la Iniciativa para la Convención contra la Tortura, una campaña de los Estados para lograr que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura sea universalmente ratificada y mejor implementada de aquí a 2024.