Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el narcotráfico” en México.
En abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió su informe definitivo sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estado de Guerrero. El informe documentó gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación. Entre otros problemas que persisten en México se incluyen los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud.
Desapariciones forzadas
Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada.
En agosto de 2016, el gobierno informó que aún se desconocía el paradero de más de 27.000 personas informadas como extraviadas desde 2006. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar por su cuenta. Las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluyendo en fosas clandestinas.
El gobierno federal ha impulsado dos iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, que en octubre de 2015 pasó a ser una Fiscalía Especial. Sin embargo, al ser consultados en abril, miembros de esa fiscalía indicaron que habían presentado cargos en apenas cuatro de un total de 830 casos de desapariciones que habían empezado a investigar.
En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancioanr leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en los 31 estados y México D.F. Al momento de la redacción del presente informe, el Presidente Peña Nieto había presentado los proyectos al Congreso, pero ninguno había sido promulgado.
Solamente uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de formación docente de Ayotzinapa, que desaparecieron en 2014 y se cree que habrían sido asesinados, fue identificado entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes. Hasta julio, más de 100 personas habían sido imputadas por presunta participación en los secuestros y asesinatos, pero a la fecha de la redacción del presente informe, ninguna había sido condenada.
Ejecuciones extrajudiciales
En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.
En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán. La CNDH concluyó que los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos corriendo cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas.
Cuando se preparó este documento, se encontraba en curso una investigación a nivel federal sobre los asesinatos de Tanhuato.
Abusos militares e impunidad
México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Hasta julio, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus acciones. La reforma dispuso que los abusos cometidos por militares contra otros soldados seguirían alcanzados por la justicia militar.
En mayo de 2016, a través de disposiciones incluidas un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y reformas al Código de Justicia Militar, se otorgaron amplias facultades a fiscales y jueces para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria. En junio, la CNDH objetó la constitucionalidad de estas disposiciones, y al momento de preparación de este documento la Suprema Corte de Justicia todavía no se había pronunciado sobre esta cuestión.
Nadie ha sido condenado en el caso de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de las víctimas fueron ejecutados extrajudicialmente. En mayo de 2016, un tribunal federal absolvió al menos a ocho soldados imputados por homicidio en Tlatlaya.
Tortura
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual.
En su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado mediante un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que el 80 por ciento de los presuntos responsables detenidos en relación con el caso presentaban lesiones físicas probablemente causadas por maltratos y torturas.
Según la CNDH, agentes de la Procuraduría del Estado de México intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso Tlatlaya torturando a testigos para obligarlas a que prestaran testimonios falsos. En julio, las autoridades indicaron que siete u ocho investigadores serían despedidos y otros 22 suspendidos —tan sólo durante un mes— por conducta indebida, pero no hubo condenados en relación con el encubrimiento.
A pesar de que la Constitución establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, algunos jueces continúan desestimando las denuncias sobre tortura y admiten como válidas confesiones obtenidas presuntamente bajo coacción.
Sistema de justicia penal
Es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.
En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. En noviembre de 2016, el Senado aprobó reformas a la ley que pretendían reducir la burocracia y mejorar el acceso a la asistencia y la reparación de víctimas, y las envió a la Cámara de Diputados para ser tratadas.
Libertad de expresión
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos.
La PGR documentó 124 asesinatos de periodistas entre 2000 y julio de 2016. La organización no gubernamental (ONG) Article 19 documentó siete casos de periodistas asesinados entre enero y junio de 2016.
Hasta abril de 2016, 509 personas habían solicitado protección prevista en una ley de 2012 que protege a defensores de derechos humanos y periodistas. El otorgamiento de medidas de protección ha sido lento o, en algunos casos, insuficiente. Al momento de preparación de este informe, las autoridades aún no habían formulado cargos contra ningún presunto responsable de amenazas o ataques.
Las autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2016 que el 90 por ciento de los delitos contra periodistas en México quedan impunes, y esto incluye al 82 por ciento de los asesinatos y el 100 por ciento de las desapariciones. La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, creada en 2006, hasta abril de 2016 había iniciado 790 investigaciones preliminares, concluido 633 y presentado cargos en 93, que en ningún caso se relacionaban con desapariciones u homicidios.
Niños y niñas migrantes no acompañados
Las autoridades migratorias mexicanas interceptaron a más de 20.000 niños y niñas no acompañados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras en 2015, y a más de 14.000 en los primeros diez meses de 2016, y detuvieron a la gran mayoría. Muchos huían de contextos de persecución y violencia, e incluso la mitad podría haber tenido motivos válidos para solicitar asilo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, la oficina para los refugiados del gobierno de México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), otorgó protección internacional a tan sólo 57 niños y niñas no acompañados que provenían de estos países en 2015 y a 96 en los primeros 10 meses de 2016, es decir, menos del 1 por ciento del total de menores no acompañados interceptados en esos períodos. La discrepancia entre la gran cantidad de niños y niñas no acompañados con casos plausibles y el número sumamente reducido de aquellos que solicitan y reciben asilo se debe, en parte, a que muchos agentes de inmigración no están debidamente preparados ni tienen la predisposición para evaluar las necesidades de protección de niños y niñas y, en cambio, centran sus esfuerzos en su detención y deportación.
En octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que México fortalecería sus procedimientos de reconocimiento de refugiados e “impulsar[ía] alternativas para evitar la detención administrativa de los solicitantes de refugio, en particular de niñas y niños”. Estos cambios no habían sido implementados al momento de la redacción del presente documento.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.
En 18 estados se han promulgado leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos —incluida intimidación por parte de autoridades— al intentar someterse a abortos tras sufrir hechos de violencia sexual.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en México D.F. desde 2010. Desde entonces, ha sido legalizado en nueve estados. En 2015, la Suprema Corte sentó las bases para el reconocimiento de este derecho en todos los estados, al disponer que la definición de matrimonio como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer es discriminatoria y viola la Constitución mexicana.
En mayo de 2016, el Presidente Peña Nieto presentó un proyecto legislativo para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminar la orientación sexual y la identidad de género de los obstáculos a la adopción, y reconocer la identidad de género a través de nuevas partidas de nacimiento, sin la intervención de un médico. En noviembre, dos comisiones de la Cámara de Diputados votaron en contra de la iniciativa.
Cuidados paliativos
La ausencia de cuidados paliativos causa un sufrimiento innecesario a numerosos mexicanos con enfermedades graves. En 2016, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud agregó los cuidados paliativos a los servicios de salud cubiertos por el Seguro Popular, un seguro de salud pública que brinda cobertura a más de 55 millones de personas. A fines de 2016, más de 2.000 médicos estaban usando el nuevo sistema, que comenzó a mediados de 2015, para recetar analgésicos fuertes. A pesar de estos logros, aún subsisten obstáculos, como la escasez de establecimientos que ofrecen cuidados paliativos en muchos estados.
Derechos de discapacidad
En un informe de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprobó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.
En 2015, Disability Rights International informó que las mujeres mexicanas con discapacidad psicosocial tenían un alto riesgo de que se les negaran derechos reproductivos; que a veces en clínicas estatales de México D.F. se presiona a estas mujeres para que se sometan a esterilizaciones o aborto si están embarazadas; y que en los establecimientos para personas con discapacidad que funcionan en la capital del país con fondos gubernamentales las condiciones eran inhumanas, incluido el caso de una institución donde se encerraba a menores en jaulas.
Actores internacionales clave
En marzo, la CIDH publicó un informe donde se documentaron una amplia gama de abusos en México, como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura e inseguridad que afecta a mujeres, niños, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. La CIDH consideró que estos hechos tenían la proporción de una “crisis de graves violaciones de derechos humanos”. El gobierno criticó el informe, y respondió que en México no había una “crisis de derechos humanos”. Más tarde ese mes, las autoridades mexicanas negaron autorización al Relator Especial de la ONU sobre la tortura para regresar al país antes del término de su mandato. En 2015, habían rechazado su conclusión de que la tortura era una práctica generalizada y lo acusaron de actuar de manera “poco ética”.
En abril, los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y favorcer la impunidad al realizar denuncias —que calificaron de falsas—de que se torturaba a personas detenidas. Instaron al gobierno a garantizar “un ambiente seguro” en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma “libre de cualquier tipo de acoso”.
En octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos formuló 14 recomendaciones a México sobre la necesidad de abordar la impunidad de violaciones de derechos humanos, adoptar leyes que regulen el uso de la fuerza y terminar con la tortura y las desapariciones forzadas, como así también establecer una institución forense independiente a la cual se dote de recursos suficientes. En mayo, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias difundió un informe sobre México, en el cual identificó la persistencia de violaciones graves, como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad, impunidad y falta de resarcimiento a víctimas. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha emitido decenas de pedidos de acciones urgentes en casos de México desde 2012.
En septiembre, la CIDH remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres detenidas durante una protesta de floricultores en el Estado de México en 2006, mientras era gobernador el Presidente Peña Nieto. La comisión calificó su detención de “ilegal y arbitraria” y “consideró acreditad[o]” que agentes estatales sometieron a las mujeres a tortura física y psicológica y violaron sexualmente a siete de ellas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos programó la audiencia del caso para 2017.
Desde 2007, Estados Unidos ha destinado más de USD 2.000 millones a través de la Iniciativa Mérida para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México. En 2015, el Secretario de Estado de los Estados Unidos retuvo USD 5 millones de los fondos de asistencia para seguridad, afirmando que el Departamento de Estado no podía confirmar que México hubiera cumplido con los requisitos de derechos humanos establecidos en el acuerdo. Sin embargo, en septiembre de 2016, certificó que México había conseguido avances suficientes que justificaban que recibiera el monto total de la asistencia de Mérida, de aproximadamente USD 155 millones.