La persistente crisis política en Haití, incrementada por las reñidas elecciones presidenciales de 2015, derivó en un vacío de poder en la jefatura de Estado. El mandato del Presidente Michel Martelly terminó en febrero de 2016, y la presidencia interina por 120 días de Jocelerme Privert concluyó en junio, aunque seguía en el cargo en la fecha de preparación de este documento. Luego de haber cerrado en 2015, en enero de 2016 asumió un nuevo parlamento; sin embargo, el prolongado estancamiento de la elección presidencial y las elecciones parlamentarias restantes obstaculizaron la posibilidad de los legisladores de hacer frente a prioridades postergadas.
La crisis debilitó la capacidad del gobierno haitiano de atender necesidades básicas de la población, resolver problemas de derechos humanos de larga data o abordar las crisis humanitarias persistentes, a las cuales se sumó una nueva. En octubre de 2016, el huracán Matthew, un temporal devastador, arrasó la región sudoeste de Haití. El Presidente Privert estimó que las pérdidas fueron mayores a la totalidad del presupuesto nacional, y advirtió sobre la inminencia de una grave crisis alimentaria, causada por la pérdida de cultivos debido al temporal.
Hasta agosto, las autoridades no habían brindado asistencia a muchas de las 61.000 personas que todavía vivían en campamentos de desplazados desde el terremoto de 2010, para que pudieran reubicarse o regresar a su lugar de origen, y muchas continuaban expuestas a riesgos ambientales y la amenaza de desalojos forzados. Una sequía persistente que afecta a gran parte del país elevó la cantidad de personas que viven en situación de inseguridad alimentaria a un tercio de la población.
La epidemia de cólera en Haití se ha cobrado más de 9.300 vidas y ha infectado a más de 780.000 personas en cinco años. Los presuntos casos de cólera son más de 21.000 y hasta julio se habían registrado 175 muertes durante 2016. Hubo un drástico aumento de casos de cólera en octubre en las comunidades más afectadas por el huracán Matthew. En noviembre, se implementó una ambiciosa campaña para vacunar a más de 800.000 personas en siete días.
Crisis electoral
Las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2015 tuvieron resultados reñidos, y la segunda vuelta electoral se postergó varias veces. Para evitar una crisis constitucional cuando concluyó su mandato el 7 de febrero sin un sucesor electo, el Presidente Martelly suscribió un acuerdo con el presidente del Senado y la Cámara de Diputados que estableció una solución provisoria. El Primer Ministro Evans Paul se desempeñó en la presidencia hasta que la Asamblea Nacional designó a un presidente provisional, Jocelerme Privert, con un mandato de 120 días, durante el cual se programaron nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, las elecciones de abril se postergaron, y el mandato de Privert concluyó sin que se hubiera elegido a un sucesor. A la fecha de redacción del presente, Privert todavía ejercía la presidencia.
En junio, una comisión especial confirmó que hubo fraude e irregularidades en las elecciones presidenciales y la segunda vuelta parlamentaria de 2015, y determinó que en octubre se celebraría una nueva primera vuelta electoral. La campaña por los comicios presidenciales empezó en septiembre. Debido al huracán Matthew, las elecciones volvieron a postergarse y finalmente se celebraron el 20 de noviembre. Los comicios se desarrollaron sin que se reportaran incidentes significativos. Cuando se preparó este informe, todavía se desconocía el resultado de las elecciones de noviembre. Si ninguno de los 27 candidatos recibía más del 50 por ciento de los votos, se celebraría una segunda vuelta el 29 de enero de 2017.
Sistema de justicia penal
Persistió la grave sobrepoblación en el sistema penitenciario de Haití, y numerosos presos viven en condiciones inhumanas. Según el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, casi la totalidad de los 11.000 presos en el sistema penitenciario nacional haitiano tienen acceso a menos de un metro cuadrado de espacio, y la mayoría están encerrados 23 horas al día. La sobrepoblación se atribuye al elevado número de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la prisión preventiva. Según Ban, más del 70 por ciento de las personas que se presume que han delinquido permanecen encarceladas hasta el momento del juicio. Si bien la ONU y donantes internacionales han apoyado diversas iniciativas para reducir este porcentaje, no hubo cambios significativos en 2016.
Analfabetismo y obstáculos a la educación
Aproximadamente uno de cada dos haitianos de 15 años o mayor es analfabeto. El experto independiente de la ONU sobre Haití señaló en 2015 que una de las máximas prioridades de derechos humanos en Haití son las acciones para erradicar el analfabetismo.
Sigue habiendo en el país más de 200.000 menores que no están escolarizados. La calidad de la educación en general es baja, y el 90 por ciento de las escuelas son administradas por entidades privadas que aplican aranceles que pueden resultar prohibitivos para familias de bajos ingresos. En marzo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó a Haití a establecer un marco regulatorio más amplio para los proveedores de educación privada, y a realizar un seguimiento periódico de estos, a fin de asegurar que, entre otras recomendaciones, cumplan con los estándares de calidad e informen habitualmente a las autoridades relevantes sobre sus operaciones financieras, incluidos los aranceles y los salarios en las escuelas.
Juicios por abusos del pasado
El Comité de Derechos Humanos y el experto independiente de la ONU sobre Haití instaron a este país a proseguir con la investigación de delitos financieros y violaciones de derechos humanos presuntamente cometidos mientras el ex Presidente Jean-Claude Duvalier ocupó el poder de 1971 a 1986. Exhortaron a Haití a llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones de derechos humanos perpetradas en la época de Duvalier. Entre los abusos denunciados se incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, ejecuciones sumarias y exilio forzado.
Duvalier murió en 2014, seis meses después de que el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe determinó que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles y que las investigaciones en su contra debían proseguir. A la fecha de redacción de este informe, seguía en curso una investigación sobre delitos perpetrados por colaboradores de Duvalier que había sido reabierta.
Violencia contra mujeres
La violencia de género es un problema extendido. No existen en Haití leyes específicas que tipifiquen la violencia doméstica, el acoso sexual u otras formas de violencia específica contra la mujer. La violación sexual solamente está criminalizada a través de un decreto ministerial de 2005. En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Haití a acelerar la adopción de un proyecto de ley sobre violencia contra la mujer. La crisis política no permitió que se avanzara en la consideración del proyecto ni de una reforma al código penal, también pendiente, que remediaría la falta de garantías.
Trabajo doméstico infantil
Persiste el empleo generalizado de menores en el servicio doméstico, conocidos como restavèks. Los restavèks, en su mayoría niñas, son menores enviados de hogares de bajos ingresos a convivir con familias de mayor nivel económico, con la esperanza de que sean cuidados y escolarizados, a cambio de realizar tareas domésticas livianas. Si bien no hay cálculos precisos, algunos estiman que entre 225.000 y 300.000 niños trabajan como restavèks. A menudo, estos menores no reciben pago alguno ni tienen acceso a educación, y son abusados física o sexualmente. El Código Laboral de Haití no establece una edad mínima para el empleo en el servicio doméstico, si bien fija en 15 años la edad mínima para trabajar en empresas industriales, agrícolas y comerciales. En marzo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió a Haití que criminalizara la práctica de usar a niños en el servicio doméstico.
Deportación y situación de apatridia de dominicanos de ascendencia haitiana
Al menos 135.000 ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana y migrantes haitianos que trabajaban en la República Dominicana ingresaron nuevamente a Haití entre julio de 2015 y agosto de 2016, después de que funcionarios dominicanos deportaran a más de 27.000 personas, otras 24.254 fueran deportadas sin ninguna documentación oficial y muchas personas huyeran debido a presiones o amenazas. Esto se produjo como consecuencia de un controvertido plan de regularización de ciudadanos extranjeros en la República Dominicana. Muchas deportaciones no cumplieron con estándares internacionales, y numerosas personas han sido expulsadas en deportaciones sumarias y arbitrarias, sin ningún tipo de audiencia.
Algunas de las personas más pobres que llegan desde la República Dominicana viven en campamentos clandestinos en la zona de Anse a Pitres, en condiciones sumamente precarias y con acceso mínimo o sin acceso a servicios básicos. A través de acciones humanitarias, 580 familias de estos campamentos fueron reubicadas en viviendas entre abril y mayo de 2016.
Actores internacionales clave
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) tiene presencia en el país desde 2004 y ha contribuido a esfuerzos para mejorar la seguridad pública, proteger a grupos vulnerables y fortalecer las instituciones democráticas del país. El Consejo de Seguridad de la ONU ha prorrogado el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de abril de 2017.
En agosto, a raíz de un informe del Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, un vocero del Secretario General de la ONU manifestó que la MINUSTAH debía “hacer más con respecto a su propia participación en el brote inicial del cólera y el sufrimiento de los afectados”.
En octubre, el Relator Especial emitió formalmente su informe, en el cual criticó a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU y sostuvo que esta “planteó un argumento jurídico claramente artificial e infundado, al insistir que [la ONU] no debe asumir responsabilidad alguna por lo que ha hecho”. Ese mismo mes, el Secretario General Adjunto anunció la nueva posición de la ONU con respecto al cólera en Haití, que incluía una intensificación de las acciones para tratar y eliminar el cólera, y el plan de establecer un marco de asistencia material para las personas más afectadas.
En una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU en diciembre, el Secretario General ofreció disculpas en nombre de la ONU. “Sencillamente no hicimos lo suficiente en relación con el brote del cólera y su propagación en Haití. Lamentamos profundamente nuestro desempeño”, declaró. Se refirió a la provisión de asistencia material como una “expresión concreta” del “arrepentimiento” de la ONU por el sufrimiento de numerosos haitianos. Las respuestas iniciales de las víctimas fueron positivas, aunque destacaron la importancia de que se realizaran consultas rigurosas para la implementación de los planes de la ONU.
En agosto, la justicia federal de Estados Unidos desestimó una apelación presentada en 2013 por el Instituto de Justicia y Democracia en Haití y el Bureau des Avocats Internationaux en representación de 5.000 víctimas de la epidemia. Cuando se preparó este informe, no se había interpuesto ningún recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Hasta la fecha, no ha existido una determinación independiente sobre los hechos relativos a la introducción del cólera y la responsabilidad de la ONU.
Según cifras de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, se han planteado al menos 102 señalamientos de abuso o explotación sexual contra personal de la MINUSTAH desde 2007.