En Argentina existen problemas de derechos humanos de larga data, incluyendo abusos policiales, condiciones penitenciarias deficientes, violencia endémica contra las mujeres, dificultades en el acceso a servicios reproductivos y obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer derechos que les reconoce el derecho argentino e internacional.
También son preocupantes la impunidad por el atentado a la AMIA ocurrido en 1994, las disposiciones penales imprecisas que cercenan la libertad de expresión y la demora en la designación de jueces permanentes.
En 2016, Argentina adoptó normas a nivel federal para garantizar el acceso a información oficial y para reglamentar la contratación gubernamental de pauta oficial, que representa una importante fuente de ingresos para los medios de comunicación. Argentina continúa logrando avances significativos en la protección de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y en el juzgamiento de abusos cometidos por funcionarios durante el “terrorismo de estado” (1976-1983), si bien hubo demoras en algunas de las causas.
Juicios por abusos del pasado
Hasta septiembre de 2016, había 2.541 personas imputadas, 723 condenadas y 76 absueltas en relación con delitos presuntamente cometidos durante el “terrorismo de estado”, según datos del Ministerio Público. Los juicios fueron posibles gracias a una serie de medidas adoptadas a comienzos de la década de 2000 por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y los jueces federales que declararon la nulidad de las leyes de amnistía y los indultos concedidos a ex militares implicados en los delitos. Hasta noviembre de 2016, se había encontrado a 121 hijos apropiados ilegalmente de sus padres durante la dictadura.
En mayo, la justicia federal condenó a 14 ex jefes militares y de inteligencia de Argentina y uno de Uruguay por delitos de lesa humanidad perpetrados como parte del Plan Cóndor, un programa conjunto de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir a opositores. En agosto, un tribunal federal condenó a 28 personas a pena de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos como tortura, homicidio y apropiación ilegal de bebés en 1974. Se trató de la primera condena por abusos cometidos antes del golpe de estado de 1976.
Ante la gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables y, al mismo tiempo, respetar sus garantías de debido proceso. En septiembre, el Ministerio Público indicó que 489 personas con prisión preventiva y condenadas cumplían arresto domiciliario, un derecho que la legislación argentina reconoce a personas mayores de 70 años. En agosto, el gobierno indicó que no apelaría las sentencias judiciales que concedían el arresto domiciliario a estos detenidos y condenados.
Todavía se desconoce el paradero de Jorge Julio López, una víctima de tortura que desapareció en 2006, un día antes de la fecha en que debía asistir al juicio contra uno de sus torturadores.
Libertad de expresión
En enero de 2016, la policía detuvo a Milagro Sala, una conocida líder social de la provincia de Jujuy, por participar en protestas callejeras pacíficas. Sala y otros manifestantes se habían reunido en la capital provincial para protestar por un decreto del gobernador que pretendía regular a organizaciones que, como la de Sala, implementan programas de vivienda y bienestar social con fondos públicos.
Sala fue acusada de instigar a otros manifestantes a cometer delitos y también de sedición, un delito definido en forma amplia por el Código Penal argentino como el cometido por quienes “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales”. En noviembre, Sala se encontraba detenida a la espera de un juicio en relación con varios delitos, incluido el de sedición.
Al asumir, el Presidente Mauricio Macri adoptó una serie de decretos de necesidad y urgencia para regular temporalmente a los medios de comunicación, y creó un nuevo organismo dentro del ámbito del Ministerio de Comunicaciones para implementar las nuevas normas. En julio, el gobierno señaló estar trabajando en la redacción de una ley de comunicaciones que, según anunció, respetaría la libertad de expresión. Hasta noviembre, la ley todavía estaba en proceso de redacción, pero el nuevo ente —que supuestamente tiene carácter provisorio y carece de independencia estructural del poder ejecutivo— ya había dictado resoluciones de reglamentación de medios.
En agosto, el gobierno de Macri dictó una resolución que estableció criterios transparentes para la contratación gubernamental de pauta oficial en los medios, y en septiembre el Congreso aprobó una ley nacional que garantiza el acceso público a información en poder de organismos gubernamentales. Sin embargo, en algunas provincias y municipios todavía no existe este tipo de leyes, lo cual menoscaba la libertad de expresión.
Abusos policiales y condiciones en centros de detención
Aún subsisten en las cárceles argentinas graves problemas de sobrepoblación, maltrato por parte de guardias, condiciones edilicias inadecuadas y violencia entre internos. La Procuración Penitenciaria de la Nación, creada por el Congreso en 2003 para supervisar las cárceles federales y tutelar los derechos de los detenidos, informó que hubo 8 muertes violentas ocurridas en cárceles federales entre enero y septiembre de 2016. Este organismo también documentó 775 casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2015, y 446 casos entre enero y septiembre de 2016.
Un informe publicado en septiembre por la Comisión Provincial por la Memoria —un organismo público autónomo creado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires— concluyó que en 2015 morían en las cárceles de la provincia un promedio de tres detenidos por semana, en la mayoría de los casos debido a enfermedades prevenibles. El informe destaca que más de la mitad de los detenidos en las cárceles y dependencias policiales de la provincia cumplían prisión preventiva.
Persisten en el país graves casos de abusos policiales. En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad hacen un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, a pesar del compromiso expresado en 2011 por las autoridades de al menos 19 de las 23 provincias de Argentina de asegurar que las medidas de fuerza se apliquen con proporcionalidad.
En mayo, como parte de un paquete de reformas judiciales denominado “Justicia 2020”, el gobierno de Macri manifestó que crearía un mecanismo nacional de prevención de la tortura, una medida que procuraba dar cumplimiento a sus obligaciones conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Independencia judicial
Debido al retardo en la designación de jueces permanentes por el Consejo de la Judicatura, se han realizado nombramientos provisorios de jueces que no gozan de la garantía de inamovilidad de sus cargos. En un pronunciamiento de 2015 la Corte Suprema dictaminó que esta situación atenta contra la independencia judicial. Hasta noviembre de 2016, 254 de 979 cargos seguían vacantes.
En diciembre de 2015, el Presidente Macri emitió un decreto ejecutivo para designar a dos ministros de la Corte Suprema, sin observar el procedimiento establecido en un decreto presidencial de 2003 que prevé la participación de la sociedad civil en la postulación de los ministros y la aprobación del Senado. Tras duras críticas de la oposición, abogados y organizaciones no gubernamentales (ONG), el gobierno implementó el proceso. En junio de 2016, luego de considerar las valoraciones aportadas por el público en general, distintas ONG y asociaciones académicas y colegios de abogados, el Senado aprobó las postulaciones del Presidente Macri y los jueces asumieron en agosto.
Impunidad por el atentado a la AMIA
A 22 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
La investigación se paralizó cuando Irán, país al cual el poder judicial de Argentina atribuye la responsabilidad de haber ordenado el atentado, no permitió que investigadores argentinos interrogaran a presuntos implicados de origen iraní en Argentina. En 2013, Argentina e Irán suscribieron un “Memorándum de Entendimiento” que permitía que una comisión internacional de juristas examinara las pruebas e interrogara a ciudadanos iraníes supuestamente implicados, pero únicamente en Teherán, debido a lo cual las entrevistas habrían sido inadmisibles en la justicia argentina. Un juzgado federal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, y el gobierno de Macri manifestó que no apelaría esta decisión. El gobierno expresó además que pediría a Interpol que volviera a librar circulares rojas —un tipo de orden de detención internacional— para detener a varios ciudadanos iraníes implicados en el atentado, y que presentaría un proyecto legislativo para juzgar a estas personas en ausencia.
En enero de 2015, días después de haber presentado una denuncia penal acusando a la entonces Presidenta Cristina Fernández y a su ex canciller de conspirar con Irán para frustrar la investigación, Alberto Nisman, el fiscal a cargo de investigar el atentado, fue hallado muerto en su vivienda con una única herida de bala en la cabeza y un arma a su lado. En 2015, la justicia federal desestimó la denuncia de Nisman, y a la fecha de preparación de este informe un fiscal federal había presentado un recurso para reabrir esa investigación. En noviembre de 2016, la justicia no había determinado si Nisman se había suicidado o había sido víctima de homicidio.
En 2015, se inició un juicio contra varios funcionarios —incluido el ex Presidente Carlos Menem, su jefe de inteligencia y un juez— por haber presuntamente entorpecido la investigación inicial del atentado. El juicio se encontraba en cuso a la fecha de redacción de este informe.
Derechos indígenas
La población indígena de Argentina enfrenta obstáculos en el acceso a justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos. Argentina no ha implementado leyes vigentes que garantizan el derecho de las poblaciones indígenas —también consagrado en el derecho internacional— al consentimiento libre, previo e informado cuando el gobierno adopte decisiones que podrían afectar sus derechos.
En mayo, el Presidente Macri creó por decreto el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina para proteger y promover los derechos de estos pueblos. Una de las tareas del consejo es asegurar que se lleve a cabo un relevamiento de territorios indígenas, conforme lo exige la ley de 2006. El relevamiento se encuentra en curso, aunque avanza lentamente.
Derechos de la mujer
En Argentina el aborto es ilegal, salvo en casos de violación o cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo. Pero aun en esos casos, a veces las mujeres y jóvenes son procesadas penalmente si solicitan abortos, y enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva como anticoncepción y esterilización voluntaria.
En abril, una mujer de 27 años de la provincia de Tucumán fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado tras haber perdido un embarazo. En agosto, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso su liberación, pero al momento de redacción de este informe todavía no había emitido un pronunciamiento definitivo con respecto a su condena.
A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, persisten los casos de asesinato de mujeres que quedan impunes. El Registro Nacional de Femicidios, administrado por la Corte Suprema, informó sobre 235 femicidios y apenas 7 condenas en 2015.
Orientación sexual e identidad de género
En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende esta posibilidad a parejas del mismo sexo y les concede las garantías legales del matrimonio reconocidas a las parejas heterosexuales, incluidos los derechos de adopción y beneficios jubilatorios. Desde 2010, casi 15.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en todo el país.
En 2012, la emblemática Ley de Identidad de Género reconoció el derecho de los mayores de 18 años a elegir su identidad de género, someterse a intervenciones de reasignación de género y a que se modifiquen los documentos oficiales sin necesidad de aprobación judicial o médica previa.
Actores internacionales clave y política exterior
En julio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a la Argentina a despenalizar el aborto y asegurar que la nueva Ley de Telecomunicaciones no favorezca la concentración de los medios. También instó a la Argentina a nombrar a un defensor del pueblo que se ocupe del seguimiento de la situación de derechos humanos, un cargo que se encuentra vacante desde 2009.
En octubre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (UNWAD) determinó que la detención de Milagro Sala era arbitraria y exhortó al gobierno argentino a disponer su liberación inmediata. En noviembre, el gobierno argentino invitó al UNWAD y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el país para evaluar el caso de Sala.
En agosto, el gobierno estadounidense desclasificó más de 1.000 documentos —incluidos algunos del FBI y el Pentágono— con información sobre el Terrorismo de Estado en Argentina. Esto representó una importante contribución a los esfuerzos del país para juzgar a los responsables de abusos.
En una reunión del bloque de comercio regional Mercosur mantenida en diciembre de 2015, y en varias oportunidades posteriormente, el Presidente Macri criticó abiertamente la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela y pidió la liberación de los presos políticos en ese país. Su posición fue mucho más clara que la adoptada por la Canciller Susana Malcorra ante la Organización de los Estados Americanos en mayo de 2015.
En 2016, Argentina anunció que en marzo de 2017 sería sede de una conferencia global sobre la Declaración sobre Escuelas Seguras.