La corrupción, la pobreza y la represión continúan asolando a Guinea Ecuatorial bajo el liderazgo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que ocupa la presidencia desde 1979, convirtiéndolo en el jefe de Estado que no es de la realeza con más tiempo en el cargo de todo el mundo. Obiang ganó las elecciones de abril de 2016, que fueron boicoteadas por la mayoría de los grupos opositores, alegando intimidación e irregularidades en el procedimiento.

Los enormes ingresos procedentes del petróleo financian los fastuosos estilos de vida de la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que una gran parte de la población sigue viviendo en la pobreza. Persisten problemas como la mala gestión de los fondos públicos, las denuncias verosímiles de corrupción de alto nivel, así como otros abusos graves, como la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas, la represión de grupos de la sociedad civil y de políticos de la oposición, y los juicios injustos.

En marzo, el ministro del Interior suspendió el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID), el principal grupo cívico del país y miembro del grupo directivo nacional de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), lo que paralizó los avances hacia la renovación del país de la membresía de la EITI.

En septiembre, un juez francés ordenó que el hijo mayor de Obiang, Teodorín, fuera juzgado por cargos de lavado de dinero. En un aparente intento por protegerlo de tener que rendir cuentas, Obiang nombró vicepresidente a Teodorín poco después de que los fiscales franceses concluyeran su investigación, y presentó una queja contra Francia en la Corte Internacional de Justicia alegando violación de la inmunidad.

Derechos económicos y sociales

Guinea Ecuatorial figura entre los cinco mayores productores de petróleo del África Subsahariana y tiene una población de aproximadamente 1 millón de personas. De acuerdo con el Informe de 2015 sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el país tenía un Producto Interno Bruto per cápita de US$21,056 en 2014, el más alto en la clasificación de riqueza de cualquier país de África. Sin embargo, ocupa el puesto 138 de 188 países en el Índice de Desarrollo Humano, que mide el desarrollo social y económico, lo que hace que este país tenga la mayor brecha entre su riqueza per cápita y su índice de desarrollo humano del mundo.

A pesar de la abundante riqueza en recursos naturales del país, los datos disponibles, incluidos los del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, revelan que Guinea Ecuatorial no ha proporcionado servicios básicos esenciales. Alrededor de la mitad de la población carece de acceso a agua potable, según una encuesta conjunta realizada en 2011 por el gobierno e ICF International, una empresa estadounidense especializada en encuestas de salud.

La desnutrición infantil, entendida como el porcentaje de niños cuyo crecimiento se ha visto atrofiado, se encontraba en un nivel del 26 por ciento en 2011. Guinea Ecuatorial tiene una de las tasas de vacunación más bajas del mundo; el 25 por ciento de los niños no ha recibido ninguna vacuna, según la encuesta de 2011. En 2016, el 42 por ciento de los niños no estaban matriculados en las escuelas primarias, la séptima mayor proporción en el mundo, según UNICEF. Sólo la mitad de los niños que comienzan la escuela primaria la completan.

En agosto de 2014, Guinea Ecuatorial reafirmó su compromiso de reincorporarse a la EITI, una iniciativa de la que fue expulsada en 2010 por no garantizar un “entorno propicio” para que la sociedad civil participe plenamente en la implementación de la EITI. La EITI promueve una norma de transparencia por la que se publica información sobre la industria del petróleo, el gas y la minería, y que requiere que los países y las empresas divulguen información sobre los pasos clave en la gestión del petróleo, el gas y la minería.

Libertad de expresión y asociación

En el país sólo existen unos pocos medios de comunicación privados y son, en gran parte, propiedad de personas cercanas a Obiang. Las libertades de asociación y reunión están severamente restringidas y el gobierno impone condiciones restrictivas al registro y operación de las organizaciones no gubernamentales. Los pocos activistas locales que tratan de abordar cuestiones relacionadas con los derechos humanos a menudo son blanco de intimidación, acoso y represalias.

El ministro del Interior, que también encabezó la Junta Electoral Nacional, suspendió el destacado grupo de la sociedad civil CEID el 2 de marzo, una semana antes de que el gobierno convocara a elecciones. Alegó que los comentarios hechos durante un foro juvenil organizado por CEID dos meses antes eran mensajes que “incitaban a la violencia y a la desobediencia civil entre la juventud de Guinea Ecuatorial”. Las autoridades habían cancelado previamente el foro el 29 de enero de 2016, después de su primer día. CEID acusó al gobierno de ser despropocionadamente duro por suspender la organización debido a los comentarios de algunos participantes del foro.

En julio, un funcionario del Ministerio de Salud también acusó a un grupo de teatro que trabajaba en colaboración con UNICEF de “incitar a la juventud” y ordenó que dejara de representar su obra que trataba sobre la concienciación acerca del VIH. Esto ocurrió después de que el funcionario asistiera a una función donde un miembro de la audiencia planteó preguntas sobre si el gobierno estaba comprometiendo recursos suficientes para prevenir y tratar la enfermedad. El año pasado, el gobierno clausuró un centro cultural después de que un ministro se opusiera a las letras de una actuación de hip-hop por “ir en contra de los ideales del partido gobernante y ser inconstitucional”, según EG Justice, un grupo independiente de derechos.

Elecciones y oposición política

El Partido Democrático (PDGE), que está en el poder, mantiene un monopolio sobre la vida política. El Parlamento bicameral, con un total de 175 asientos, sólo cuenta con un representante de la oposición en cada cámara.

Las elecciones se celebraron el 24 de abril de 2016, después de haber sido anunciadas con sólo seis semanas de antelación. La mayoría de los partidos de la oposición boicotearon las elecciones alegando acoso, irregularidades procesales, ausencia de un cuerpo electoral independiente y falta de acceso a los medios de comunicación. El mandato de Obiang está programado para terminar en diciembre de 2016, pero el gobierno convocó elecciones en abril, en aparente violación de una disposición constitucional que dice que las elecciones deben celebrarse no antes de 45 días antes del final del mandato del presidente. Obiang se presentó a las elecciones después de declarar que una enmienda constitucional de 2011 que limita a los presidentes a dos mandatos consecutivos de siete años no es retroactiva. El presidente declaró su victoria con un 93,7 por ciento de los votos.

Nueve días antes de las elecciones, la policía presuntamente arrestó al responsable de campaña de un partido de la oposición que no había boicoteado las elecciones “por perturbar la paz” mientras estaba haciendo campaña con un megáfono, y supuestamente lo golpeó en una base militar, según EG Justice. Un partido de la oposición también informe que sus oficinas estaban rodeadas por personal militar el 21 de abril. La embajada de Estados Unidos en la capital, Malabo, criticó la atmósfera restrictiva antes de las elecciones y señaló que el día de las elecciones sus observadores fueron testigos de intimidación a los votantes, violación del secreto electoral y otras irregularidades.

La represión política no se limitó a la temporada electoral. En enero, según informes, la policía arrestó a dos miembros de un partido de la oposición mientras anunciaban una reunión autorizada del partido, y los detuvo durante nueve días sin cargos, según EG Justice. Un mes después, la policía arrestó al hijo y sobrino del líder de un partido de la oposición política que vive en el exilio. Estaba detenido en el momento de redacción de este informe. Su abogado dijo que fueron acusados de revelar secretos de Estado en una publicación en medios sociales que divulgaba una información del gobierno consistente en una “lista negra de exiliados políticos” que tienen prohibida la entrada al país. El 13 de mayo, la policía arrestó al líder de otro partido de la oposición y supuestamente lo golpeó durante varias horas mientras le interrogaba sobre sus actividades políticas y acerca de un artículo crítico que había publicado.

Investigaciones internacionales de corrupción

El 7 de septiembre, un juez francés ordenó que el hijo mayor de Obiang, Teodorín, fuera juzgado por cargos de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos. Durante la investigación, las autoridades francesas incautaron objetos de valor pertenecientes a Teodorín, incluyendo una mansión de €180 millones (unos US$196 millones), 18 autos de lujo y una colección de arte valorada en unos €22 millones (aproximadamente US$24 millones). En el momento en que se realizaron las compras, Teodorín era ministro de agricultura, por lo que ganaba menos de US$100.000 dólares al año.

Los fiscales franceses solicitaron formalmente que Teodorín fuera llevado a juicio en mayo. Obiang respondió nombrando a su hijo vicepresidente y demandando a Francia ante la Corte Internacional de Justicia por violar su inmunidad. El inminente juicio francés se produce tras la investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre el presunto lavado de dinero de Teodorín en Estados Unidos, donde compró una mansión de US$30 millones en Malibú y un jet privado de US$38,5 millones de dólares. Ese caso se resolvió cuando Teodorín accedió a que las autoridades estadounidenses le incautaran US$30 millones que serían repatriados en beneficio de los habitantes de Guinea Ecuatorial. Se espera que EE.UU.  determine qué organizaciones benéficas recibirán los fondos para fines de 2016.

Un caso de corrupción español contra varios altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente, sigue pendiente. La denuncia alega que los funcionarios compraron propiedades en España a través de una empresa privada que, según una investigación del Senado estadounidense, había recibido US$26,5 millones en fondos del gobierno aproximadamente en el mismo momento de las adquisiciones. En septiembre de 2015, la policía arrestó a una pareja rusa y a su hijo, acusados de facilitar las transacciones.