La impunidad por delitos violentos y violaciones de derechos humanos sigue siendo un problema grave en Bolivia. El uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva —y las demoras en los juicios— atentan contra los derechos de los acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria, a pesar de reformas legales recientes.

El gobierno del Presidente Evo Morales ha generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos, y esto socava su trabajo. Otras preocupaciones son las amenazas a la independencia judicial, la violencia contra la mujer y el trabajo infantil.

Impunidad de abusos y delitos violentos

Bolivia ha juzgado sólo a unos pocos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una de las causas ha sido la renuencia de las Fuerzas Armadas a brindar información sobre el destino de personas que fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada durante ese período. En marzo, el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado anunció planes para crear una comisión de la verdad que investigaría estos delitos, pero el gobierno aún no ha definido cuál será su ámbito de actuación.

Los esfuerzos para juzgar a los presuntos responsables de muertes ocurridas en 2008 durante enfrentamientos violentos entre defensores y detractores del Presidente Morales han logrado avances escasos. En septiembre de 2015, un tribunal de La Paz aún no había dictado sentencia en un caso vinculado con Leopoldo Fernández, ex prefecto de Policía del departamento de Pando, y cinco funcionarios locales, acusados en 2008 por su rol en el asesinato de 13 personas.

El gobierno no ha reabierto la investigación sobre el asesinato de dos ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en abril del 2009, a quienes el gobierno señaló como mercenarios involucrados en una conspiración separatista. Todos ellos murieron abatidos por disparos de la policía, luego de que esta irrumpiera en las habitaciones de un hotel de Santa Cruz donde estaban alojados. Fuentes independientes sugieren que al menos dos de los tres hombres habrían sido ejecutados extrajudicialmente.

La fiscalía aún no ha investigado exhaustivamente señalamientos que indican que, en 2011, miembros de la Policía habrían amordazado, desnudado y golpeado a personas que se manifestaban contra un plan de construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (conocido como “TIPNIS”). En abril de 2015, la Fiscalía General del Estado sobreseyó al ex viceministro de interior y al menos 10 miembros de la Policía Nacional que, según la Defensoría del Pueblo, habrían estado implicados en los abusos.

La falta de justicia ha llevado a que se produzcan linchamientos de ciudadanos o policías que se creía que eran responsables de delitos. Diez personas murieron en linchamientos entre enero y noviembre de 2014, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De acuerdo con información difundida en la prensa, en septiembre de 2015 un grupo de personas en El Alto ataron a un presunto criminal a un palo y le propinaron una golpiza que le causó la muerte. En la mayoría de los casos, los linchamientos quedan impunes.

Jurisdicción y abusos militares

Persisten los casos de violaciones de derechos humanos contra soldados. La Defensoría del Pueblo informó que cuatro soldados murieron en establecimientos militares entre enero y agosto de 2015, y ninguna persona ha rendido cuentas por estas muertes.

El Tribunal Constitucional Plurinacional determinó en diciembre de 2012 que la justicia penal ordinaria tenía competencia para juzgar la muerte de un conscripto ocurrida en 2011 tras un ejercicio de entrenamiento, durante el cual los instructores presuntamente lo golpearon en la cabeza y el tórax. El Tribunal exhortó a los legisladores a que reformaran el Código Penal Militar de Bolivia para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas en la justicia ordinaria. En agosto de 2015, la justicia penal ordinaria condenó a tres militares por la muerte del conscripto, pero a la fecha de redacción de este informe todavía no se había reformado el código.

Independencia judicial

Durante años, la corrupción, las demoras y la interferencia política han caracterizado al sistema judicial boliviano. La constitución de 2009 previó elecciones judiciales con el fin de reformar los altos tribunales de Bolivia, pero la Asamblea Legislativa Plurinacional seleccionó a candidatos a través de un proceso que careció de transparencia y no consideró adecuadamente sus aptitudes. En enero de 2015, el Presidente Morales anunció un nuevo proceso de reforma judicial, pero el gobierno aún no ha definido cuál será su alcance.

Debido proceso y condiciones carcelarias

Hasta junio, el 78 por ciento de los presos en cárceles bolivianas no habían sido condenados. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios han agravado el hacinamiento y las condiciones deficientes en las cárceles. Hasta mayo, había 13.793 detenidos en cárceles con una capacidad máxima para 5.126 personas.

Una ley de 2014 redujo los períodos máximos de prisión preventiva en la mayoría de los casos, pero eliminó los máximos para ciertos delitos. Diversos decretos dictados desde 2012 habilitan al presidente a reducir las penas a quienes hayan sido condenados por delitos, y a indultar a quienes cumplen prisión preventiva por delitos de baja gravedad. Hasta agosto, más de 3.300 personas se habían beneficiado por estos decretos.

Defensores de derechos humanos

Numerosos defensores de derechos humanos continúan sufriendo acoso y amenazas, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, y esto limita su capacidad de trabajar de manera independiente.

En 2013, el Presidente Morales promulgó una ley y dictó un decreto que otorgaron al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil. El decreto permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías que revoque la personalidad jurídica de una organización cuando lleve a cabo actividades distintas de las enumeradas en su estatuto, o cuando el representante de la organización sea objeto de sanciones penales por realizar actividades que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público”. En septiembre de 2015, el Tribunal Constitucional estaba analizando una acción interpuesta por la Defensoría del Pueblo que impugnaba ambas normas.

En agosto de 2015, el Vicepresidente García Linera acusó a cuatro ONG bolivianas de intentar “frenar el desarrollo” de Bolivia; en junio, el presidente Morales indicó que cualquier ONG internacional que “perjudique la exploración de los recursos naturales, se va a ir de Bolivia”.

En 2013, el gobierno expulsó a la organización no gubernamental danesa IBIS, que había trabajado con organizaciones indígenas, luego de acusarla de participar en “injerencia política”.

Libertad de expresión

Si bien existe un debate público robusto, el gobierno de Morales ha arremetido reiteradamente en contra de periodistas, acusándolos de forma infundada de difundir mentiras y de distorsionar la realidad con intenciones políticas. En septiembre, el ministro de la presidencia acusó a medios locales de participar en una conspiración internacional en contra de Bolivia y el Presidente Morales.

Bolivia no ha adoptado criterios transparentes sobre el uso de fondos gubernamentales para la compra de pauta oficial, y algunas empresas de medios han acusado a las autoridades de discriminar a medios que critican a funcionarios gubernamentales. No existe una ley nacional que garantice el acceso público a la información en poder de organismos gubernamentales.

Derechos indígenas

La Constitución de Bolivia de 2009 contempla amplias garantías para los derechos de las poblaciones indígenas, incluidas la propiedad colectiva de tierras, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicia indígenas. Aún no ha sido implementada totalmente una ley de 2011 que establece límites jurisdiccionales entre el sistema de justicia indígena y el ordinario.

La legislación boliviana no regula plenamente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con respecto a medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Una ley vigente sobre minería limita el CLPI a la etapa de explotación, a pesar de que los estándares internacionales exigen el CLPI en todas las etapas de los proyectos que afecten los derechos de las poblaciones indígenas a tierras y recursos.

Violencia de género y derechos reproductivos

Las mujeres y jóvenes de Bolivia siguen estando expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer. La ley tipificó el “feminicidio” y exigió la creación de centros de acogida para mujeres, así como la designación de fiscales y tribunales especiales para delitos de género.

Hasta abril de 2015, una fuerza policial especial creada por ley había recibido cerca de 60.000 denuncias de violencia de género, incluidas 8.394 en 2015. En agosto, fuentes oficiales informaron que se habían producido 115 “feminicidios” en Bolivia desde 2013, y los fiscales habían obtenido condenas en 10 casos.

Las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva; por ejemplo, a anticonceptivos o al aborto después de una violación (una de las pocas circunstancias en las cuales el aborto en Bolivia no resulta punible). Según datos de Ipas, una organización no gubernamental local, entre 2008 y 2013, 775 mujeres fueron perseguidas penalmente por someterse a abortos, y miles solicitaron atención médica debido a abortos incompletos.

En enero de 2015, el Ministerio de Salud instruyó a los servicios públicos y privados de salud a que cumplieran con una decisión de 2014 del Tribunal Constitucional, que dispuso que no se requería autorización judicial previa ni haber iniciado una acción penal formal en contra del presunto agresor para obtener acceso a un aborto luego de una violación.

Trabajo infantil

En 2014, la Asamblea Plurinacional aprobó una ley que permite el trabajo de menores desde los 10 años, lo cual viola estándares internacionales y convierte a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo desde tan temprana edad. En febrero de 2015, la Defensoría del Pueblo indicó que había en Bolivia 850.000 menores que trabajaban, en su mayoría de menos de 14 años.

Orientación sexual e identidad de género

Persiste la impunidad de actos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. No se ha juzgado a ningún responsable por los asesinatos de más de 55 personas LGBT ocurridos desde 2004, según organizaciones locales.

La constitución de 2009 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Al momento de redacción del presente, seguía pendiente en la Asamblea Plurinacional un proyecto legislativo para legalizar la unión civil.

Actores internacionales clave

Si bien el Presidente Morales anunció en 2013 que estaba “pensando seriamente” en retirar a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país participó en audiencias celebradas en 2015.

En julio, durante el examen del cumplimiento por Bolivia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité expresó preocupación por la prevalencia de distintas formas de violencia contra la mujer en Bolivia y porque la mayoría de los agresores quedan impunes.