Existe en Estados Unidos una dinámica sociedad civil y se encuentran vigentes además sólidas garantías constitucionales que protegen numerosos derechos civiles y políticos. Aun así, diversas leyes y prácticas estadounidenses, sobre todo en materia de justicia penal y de menores, inmigración y seguridad nacional, violan derechos humanos reconocidos internacionalmente. A menudo, las personas que tienen menos posibilidades de defender sus derechos ante los tribunales o a través del proceso político —como miembros de minorías raciales y étnicas, inmigrantes, menores, personas de bajos recursos y reclusos— son las más expuestas a sufrir abusos.

Condenas severas

Hay en Estados Unidos 2,37 millones de personas encarceladas, y esto representa la mayor población penitenciaria de la cual se tenga conocimiento en el mundo. Alrededor de 12 millones de personas pasan por cárceles de condado cada año.

La preocupación expresada con respecto al porcentaje excesivo de personas en prisión—en parte debido a la imposición de penas mínimas obligatorias y penas excesivamente largas—ha propiciado que algunos estados y el Congreso estadounidense presentaran varios proyectos de reforma. Al momento de preparación de este informe, no se había promulgado ninguno de los proyectos legislativos en el Congreso federal.

Sigue aplicándose la pena de muerte en 31 estados de Estados Unidos, siete de los cuales llevaron a cabo ejecuciones en 2014. En las últimas décadas, la gran mayoría de las ejecuciones se produjeron en cinco estados. En agosto, el Tribunal Supremo de Connecticut declaró la inconstitucionalidad de la pena de muerte en ese estado, y prohibió que esta se aplicara a 11 hombres que permanecían a la espera de su ejecución luego de que la legislatura de ese estado aboliera la pena capital en 2007.

A la fecha del presente, 27 personas habían sido ejecutadas en EE. UU. durante 2015, todas mediante la aplicación de inyección letal. Continuó el debate sobre protocolos relativos al método de inyección letal, y varios estados de Estados Unidos siguen utilizando combinaciones de fármacos experimentales y se niegan a divulgar cuál es su composición. En marzo, Utah promulgó una ley que permite la ejecución por un escuadrón de fusilamiento. En junio, la Corte Suprema de EE. UU. determinó que el protocolo de inyección letal de Oklahoma era constitucional. Dos presos ejecutados en Oklahoma en 2014 —Clayton Lockett y Michael Wilson—mostraron signos visibles de sufrimiento al morir.

Disparidades raciales en la justicia penal

Las disparidades raciales están presentes en todos los niveles del sistema de justicia penal estadounidense. Resultan particularmente aberrantes las disparidades en la aplicación de leyes contra las drogas. Si bien los índices de delitos relacionados con drogas entre personas caucásicas y afroamericanas son similares, las tasas de detención, persecución penal y encarcelamiento por estos delitos son mucho más elevadas entre la población afroamericana. El 29 por ciento de todas las personas detenidas en relación con drogas son afroamericanas, a pesar de que representan apenas el 13 por ciento de la población estadounidense. La tasa de encarcelamiento de hombres negros es seis veces superior a la de los hombres caucásicos.

Un informe elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos acerca del departamento de policía de Ferguson, Missouri (encargado tras la muerte de Michael Brown, un adolescente afroamericano que murió a manos de policías en 2014 y que no estaba armado), determinó que los afroamericanos se veían afectados de manera desproporcionada en todos los niveles del sistema de justicia de Ferguson, y este problema también persiste en sistemas de justicia de todo el país.

Reforma en materia de drogas

El gobierno federal ha comenzado a reconsiderar las penas desproporcionadamente prolongadas que se imponen a quienes cometen delitos relacionados con drogas tipificados en la legislación federal. Al momento de elaboración de este informe, el presidente Barack Obama había conmutado las penas de 86 reclusos en 2015, 76 de los cuales eran personas que cometieron delitos relacionados con drogas. Aun así, más de 35.000 reclusos de prisiones federales que pidieron que se reconsideren sus penas por delitos vinculados con drogas permanecen encarcelados. En octubre, la Agencia Federal de Prisiones liberó a más de 6.000 personas que estaban cumpliendo penas desproporcionadamente largas por delitos relacionados con drogas. Estas liberaciones fueron el resultado de una reducción retroactiva de penas por delitos vinculados con drogas en el ámbito federal, aprobada por la Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos (US Sentencing Commission).

Reforma policial

Una vez más, varios casos resonados de muertes de afroamericanos desarmados a manos de policías captaron la atención de los medios en 2015, incluidos los de Freddy Gray, en Baltimore, y Walter Scott, en North Charleston, Carolina del Sur. El gobierno federal no mantiene un registro exhaustivo de la cantidad de personas que mueren por acción de la policía cada año. La Oficina de Estadísticas de Justicia (Bureau of Justice Statistics) reveló en 2015 que efectúa un seguimiento de apenas entre el 35 y el 50 por ciento de las muertes relacionadas con detenciones en forma anual. Una nueva ley federal incentiva la obtención de datos sobre muertes de personas bajo custodia policial, pero no obliga a los estados a proporcionarlos, y por ende no asegura que haya datos confiables sobre personas asesinadas por policías.

En mayo, el Grupo de Trabajo sobre Equipos para la Aplicación de la Ley, creado por Obama, publicó recomendaciones destinadas a regular más adecuadamente y restringir la transferencia de equipos del Departamento de Defensa a las autoridades locales de aplicación de la ley.

Condiciones en centros de detención y prisiones

Si bien en 2015 continuó la presión contra el uso del régimen de aislamiento, un nuevo informe indica que cerca de 100.000 reclusos en prisiones estatales y federales permanecen en aislamiento.

En julio, el presidente Obama dio instrucciones al Departamento de Justicia de que revisara la práctica del aislamiento. Varios estados están considerando actualmente la posibilidad de adoptar reformas legislativas o regulatorias para reducir el uso del régimen de aislamiento. En Nueva York, se presentó un proyecto de ley para limitar el tiempo que un recluso podría permanecer aislado, y que prohibiría el régimen de aislamiento en el caso de personas con problemas de salud mental y otros grupos vulnerables. California llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda planteada por internos de la Prisión Estatal de Pelican Bay —un establecimiento de máxima seguridad— y acordó eliminar por tiempo indefinido el uso del régimen de aislamiento y reducir sustancialmente el tiempo que los presos en California pueden permanecer aislados. Sin embargo, la legislatura de California no promulgó un proyecto de ley que habría eliminado el régimen de aislamiento en el caso de menores.

Es común que el personal de centros de detención y prisiones de Estados Unidos aplique fuerza innecesaria, excesiva o, incluso, en forma maliciosa, contra internos con discapacidad mental. Si bien no hay datos nacionales, distintas investigaciones —incluido un informe publicado por Human Rights Watch en 2015— indican que se trata de un problema generalizado y que podría estar agravándose en los más de 5.100 centros de detención y prisiones del país.

Pobreza y justicia penal

En todo el país, personas de bajos recursos que son acusadas penalmente quedan sujetas a períodos prolongados e innecesarios de prisión preventiva, debido a que no pueden solventar el pago de una fianza. Kalief Browder se suicidó en junio, dos años después de haber sido liberado del complejo penitenciario en Rikers Island, en la Ciudad de Nueva York, al cual había ingresado cuando tenía 16 años y donde había cumplido tres años en prisión preventiva, la mayor parte del tiempo en régimen de aislamiento, debido a que no pudo pagar una fianza de USD 3.000. Su caso reavivó las críticas a las fianzas pecuniarias, y esto llevó al Ayuntamiento de Nueva York a anunciar la creación de un fondo para fianzas y a que los funcionarios de esa ciudad adoptaran nuevos programas de prisión preventiva.

En octubre, en San Francisco, se planteó una nueva demanda que cuestiona las fianzas pecuniarias, y el gobernador de Connecticut ha instado a que se reconsideren este tipo de fianzas en su estado.

Las prácticas estatales y municipales que usan a acusados de bajos recursos como medios para obtener ingresos recibieron mayor atención luego de que el informe sobre Ferguson, Missouri, publicado por el Departamento de Justicia, calificara al sistema de tribunales municipales de esa ciudad como poco más que un mecanismo lucrativo para sacar dinero a miembros de la comunidad afroamericana, y a la Policía de Ferguson como su “agencia de cobranzas”.

La privatización de los servicios de libertad condicional en casos de delitos de baja gravedad en varios estados de EE. UU. también ha propiciado abusos, incluidos aranceles estipulados por empresas privadas de supervisión de la libertad condicional que penalizan a delincuentes de bajos recursos o que propician la detención de personas que no están en condiciones de pagar. En marzo, Georgia promulgó una ley que impone nuevos límites importantes a las prácticas de estas empresas. Hasta el momento, no se han adoptado medidas similares en otros estados que utilizan asiduamente los servicios de empresas privadas de supervisión de la libertad condicional; si bien pareciera haber cada vez mayor concienciación sobre los abusos asociados con este beneficio.

Los jóvenes en el sistema de justicia penal

En todas las jurisdicciones de EE. UU., los menores son juzgados en tribunales para adultos y condenados a las penas de prisión estipuladas para los adultos. En 14 estados no se ha establecido una edad mínima para el juzgamiento en tribunales para adultos, mientras que otros estados fijan esa edad en 10, 12 o 13 años. Algunos estados procesan automáticamente a los jóvenes de 14 años o más en las mismas condiciones que los adultos. En 15 estados se concede al fiscal —en vez de un juez— discrecionalidad para decidir si a un joven se le negarán los servicios del sistema de justicia de menores. Decenas de miles de jóvenes menores de 18 años permanecen encarcelados en centros de detención y prisiones para adultos en todo el país. Estados Unidos sigue siendo el único país que condena a menores de 18 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En 2015, hubo algunas iniciativas para reducir la cantidad de menores que son juzgados como adultos. En Illinois, una nueva ley puso fin a la remisión automática de menores de 15 años a los tribunales para adultos. Nueva Jersey elevó de 14 a 15 años la edad mínima para ser juzgado en las mismas condiciones que los adultos. Por primera vez en 40 años, California incorporó mejoras a los criterios legales que aplican los jueces en las audiencias de remisión, lo cual podría reducir la cantidad de jóvenes que son juzgados como adultos.

Derechos de ciudadanos extranjeros

El gobierno estadounidense persistió en la detención cada vez más generalizada de madres migrantes procedentes de América Central y sus hijos, que en muchos casos solicitan asilo, aunque anunció algunas reformas a mitad de año. Human Rights Watch ha documentado las graves secuelas psicológicas que provoca la detención por tiempo indefinido de madres e hijos que solicitan asilo y los obstáculos que esto significa para el debido proceso.

En junio, el gobierno de Obama anunció que limitaría la detención prolongada de madres e hijos que superen el primer paso para obtener protección como refugiados, y que ya no se detendría a personas como estrategia para disuadir a otras. Un juez federal dictaminó en julio que la política de detención de familias del gobierno estadounidense viola un convenio suscripto en 1997 sobre la detención de menores migrantes. Aunque persiste la detención de familias, la mayoría son liberadas luego de algunas semanas si tienen una pretensión presuntamente legítima de asilo.

Una demanda planteada en el ámbito federal frenó la implementación de las medidas ejecutivas dispuestas en noviembre de 2014 por el gobierno de Obama para aplazar momentáneamente la deportación de algunos inmigrantes no autorizados, y que podrían haber protegido a millones de familias de la amenaza de separación arbitraria. No prosperaron distintas iniciativas legislativas para regularizar la situación de millones de migrantes no autorizados en EE. UU.

En junio, Human Rights Watch documentó evidencias de que el gobierno estadounidense actúa para que se deporte a residentes legales permanentes y otros inmigrantes con vínculos afianzados en EE. UU. que recibieron condenas por delitos relacionados con drogas, incluidos ilícitos de gravedad menor o cometidos mucho tiempo antes. Las propuestas de reforma en materia de drogas en los estados y en el ámbito federal en general han excluido a los ciudadanos extranjeros, que están continuamente expuestos al riesgo de deportación y separación familiar por delitos relacionados con drogas.

Derechos laborales

Cientos de miles de menores trabajan en haciendas agrícolas de Estados Unidos. La legislación estadounidense exceptúa a los menores empleados en agricultura de los requisitos sobre edad mínima y jornada laboral máxima que protegen a otros niños que trabajan. Los menores empleados en agricultura suelen trabajar durante extensas jornadas, a veces expuestos a plaguicidas y al riesgo de insolación y lesiones. En 2015, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) prohibió la manipulación de plaguicidas por menores de 18 años. Los menores que trabajan en fincas tabacaleras suelen padecer vómitos, jaquecas y otros síntomas coincidentes con intoxicación aguda por nicotina. Después de que Human Rights Watch informara sobre menores que realizan trabajos riesgosos en plantaciones de tabaco de Estados Unidos, las dos principales compañías tabacaleras estadounidenses —Altria Group y Reynolds American—anunciaron de manera separada que, a partir de 2015, prohibirían que sus productores emplearan a menores de 16 años.

Derecho a la salud

La epidemia del VIH en EE. UU. sigue estando asociada con marcadas disparidades raciales, dado que el sistema de justicia penal interpone obstáculos sustanciales a la prevención y la atención del VIH y a los servicios para los grupos más vulnerables al VIH, incluidas personas que consumen drogas, trabajadores sexuales, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y mujeres transgénero.

En la zona rural del sur de Indiana se produjo en 2015 un fuerte brote de infección por VIH y hepatitis C, que afectó a más de 180 personas que utilizan drogas intravenosas. Se promulgó una ley estatal que autoriza los programas de sustitución de agujas en respuesta a brotes, pero mantiene las prohibiciones al financiamiento estatal de dichos programas como parte de un enfoque más amplio de prevención.

Derechos de las personas con discapacidad

En EE. UU., el castigo físico sigue siendo una práctica común en escuelas estatales de 19 estados. Los niños con discapacidad reciben castigos físicos en forma desproporcionada comparados con sus pares, a pesar de las evidencias que indican que esta práctica podría repercutir negativamente en su estado físico y psíquico. En contraposición, 124 países han penalizado el castigo físico en las escuelas públicas. 

Derechos de mujeres y niñas

A pesar de las reformas implementadas por el Departamento de Defensa, personas que cumplen el servicio militar en Estados Unidos y que han denunciado agresiones sexuales suelen experimentar represalias, como amenazas, actos de vandalismo, acoso, asignación a tareas de poca importancia, pérdida de oportunidades de ascenso, medidas disciplinarias (incluida la baja) e incluso acciones penales. Las Fuerzas Armadas no han actuado suficientemente para que los agresores rindan cuentas, ni ofrecen recursos efectivos a quienes sufren represalias. En mayo, Human Rights Watch publicó un informe en el cual concluyó que el personal militar tanto de sexo femenino como masculino que denuncia agresiones sexuales tiene 12 veces más probabilidades de sufrir algún tipo de represalias que de ver a su agresor condenado por un delito sexual.

En junio, la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. determinó que las políticas y prácticas sobre vivienda que tienen un impacto negativo desproporcionado en categorías de personas protegidas contra la discriminación constituyen una violación de la Ley de Acceso Justo a la Vivienda (Fair Housing Act), independientemente de que la política se haya adoptado o no con intención discriminatoria. Esta sentencia reviste importancia para las víctimas de violencia doméstica y sexual que podrían ser desalojadas debido a políticas de tolerancia cero —que permiten que una familia entera pueda ser desalojada si alguno de sus miembros comete un delito— u ordenanzas municipales sobre alteración del orden público que exponen a los arrendatarios a desalojo si llaman frecuentemente a la policía.

Orientación sexual e identidad de género

El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un pronunciamiento paradigmático que reconoce a las parejas del mismo sexo en todo el país el derecho a contraer matrimonio.

Al momento de preparación de este informe, 28 estados no cuentan con leyes que prohíban la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual o identidad de género, mientras que tres estados prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual, pero no por identidad de género.

En julio, la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission) determinó que la discriminación por motivos de orientación sexual se encuentra prohibida conforme a la definición de discriminación por motivos de sexo estipulada en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964.

En junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos adoptó una política que brinda protecciones a las mujeres transgénero en la detención inmigratoria. No obstante, las mujeres transgénero bajo custodia del ICE aún reciben atención médica inadecuada y algunas denuncian sufrir acoso verbal y sexual durante la detención.

Seguridad nacional

La detención por tiempo indefinido sin que se formulen cargos o sin juicio es una práctica que ya lleva 14 años en Bahía de Guantánamo; al momento de preparación de este documento, 107 personas permanecían detenidas en este centro, ya se había autorizado la liberación de 48 y el gobierno de Obama había transferido a 20 detenidos a su país de origen o a terceros países en 2015.

El gobierno continuó impulsando causas ante las comisiones militares de Guantánamo, a pesar de que estas presentan deficiencias intrínsecas. En junio, un tribunal federal de apelaciones revocó la condena impuesta en 2008 a Ali Hamza Ahmad Suliman al-Bahlul, el presunto “jefe de relaciones públicas” de Al Qaeda, a quien se declaró culpable de conspiración, instigación de homicidios y de prestar colaboración sustancial para el terrorismo. Como resultado de la decisión, al menos cinco de las ocho condenas impuestas por las comisiones militares quedaron sin efecto.

Algunos presos continuaron con huelgas de hambre iniciadas en señal de protesta por su detención, entre ellos Tariq Ba Odah, quien fue alimentado forzadamente a través de una sonda nasal durante varios años y cuya muerte, según afirman sus abogados y médicos, sería inminente. El gobierno de Obama se opuso al recurso legal planteado por Odah para que la justicia dispusiera su liberación, a pesar de que el gobierno había autorizado que fuera puesto en libertad cinco años antes.

El Congreso y el presidente Obama promulgaron la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA), de carácter anual, que en los últimos años ha incluido disposiciones relativas a las detenciones en Guantánamo. En 2015, la ley incrementó las restricciones existentes al traslado de detenidos desde Guantánamo. Las disposiciones contribuirán a que sea más difícil, aunque no imposible, trasladar detenidos a su país de origen o a terceros países, y conservarán la prohibición absoluta del traslado de detenidos a EE. UU. para continuar su detención o para ser juzgados.

La publicación, en diciembre de 2014, de un resumen de un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre el programa de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) reveló nueva información sobre los métodos y la magnitud de la práctica de la tortura, así como sobre los esfuerzos del gobierno de Bush para eludir cualquier responsabilidad. Tras el resumen, Human Rights Watch y otros actores instaron a que el Departamento de Justicia impulsara nuevas investigaciones penales sobre torturas y otras violaciones del derecho federal por la CIA y, en el supuesto de inacción por parte de EE. UU., a que otros gobiernos intervinieran, incluido el nuevo impulso a iniciativas en Europa, donde ya se han comenzado diversas causas relacionados con torturas perpetradas por la CIA.

En respuesta al resumen del Senado, el Congreso incorporó una disposición en la NDAA que exige que todos los organismos del gobierno estadounidense, salvo las entidades de aplicación de la ley, observen las normas del Manual de Campaña del Ejército sobre interrogatorios, y que informen al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre todos los prisioneros bajo custodia de EE. UU. en todos los conflictos armados y le proporcionen acceso inmediato a ellos. La disposición reforzará las prohibiciones existentes sobre tortura; sin embargo, si no se llevan a cabo investigaciones penales creíbles sobre torturas cometidas por la CIA, no se podrá saber con certeza cuán efectiva será la disposición para prevenir futuros abusos.

En junio, el Congreso dio un primer paso mínimo para detener las prácticas gubernamentales de vigilancia masiva al promulgar la Ley de Libertad Estadounidense (USA Freedom Act). La ley impone límites a la posibilidad de obtener registros telefónicos en virtud del artículo 215 de la Ley Patriota de EE. UU. (USA Patriot Act). También implementa nuevas medidas para aumentar la transparencia y el control de las acciones de vigilancia por la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA).

La ley no impone límites a la vigilancia realizada al amparo del artículo 702 de la Ley de Enmiendas a la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) o del Decreto 12333, que son las principales fuentes normativas invocadas por el gobierno estadounidense para justificar las violaciones masivas a la privacidad de personas fuera del territorio de EE. UU. La norma tampoco aborda numerosas modalidades de vigilancia modernas, y que incluyen desde el uso de malware hasta la interceptación de todas las llamadas a través de los dispositivos móviles de un país.

Funcionarios de seguridad pública estadounidenses continuaron reclamando a las principales compañías de telefonía celular e Internet de EE. UU. la reducción del nivel de seguridad de sus servicios para facilitar acciones de vigilancia en el marco de investigaciones penales. En mayo, el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión instó a todos los países, incluido EE. UU., a abstenerse de debilitar el cifrado y otras medidas de seguridad en línea, dado que tales herramientas son claves para la seguridad de los defensores y activistas de derechos humanos en todo el mundo. 

Política exterior

En julio, Estados Unidos y otros países suscribieron un pacto integral con Irán de contenido amplio, a través del cual este último acordó restringir su programa de armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones.

Si bien el retiro total de las tropas estadounidenses en Afganistán estaba previsto para fines de 2014, Obama ordenó que 9.800 de estos soldados permanecieran en Afganistán hasta fines de 2015, y 5.500 hasta 2017.

A lo largo del año, EE. UU. efectuó ataques aéreos contra fuerzas del grupo extremista armado Estado Islámico (conocido también como ISIS) en Irak y Siria, y lideró una coalición de aliados occidentales y regionales en lo que Obama llamó una “campaña a largo plazo” para derrotar a esta organización. Un programa estadounidense destinado a entrenar y equipar a rebeldes sirios “moderados” —que tuvo un costo de cientos de millones de dólares— posibilitó que se preparara apenas a unos 60 combatientes, muchos de los cuales fueron capturados o asesinados en poco tiempo. Estados Unidos continuó propugnando una solución política del conflicto en Siria, sin dar intervención del presidente Bashar al-Assad.

En marzo, una coalición de estados árabes liderada por Arabia Saudita inició una campaña militar contra rebeldes hutíes en Yemen. Estados Unidos prestó inteligencia, apoyo logístico y personal al centro de Arabia Saudita que planifica ataques aéreos y coordina las incursiones, a causa de lo cual las fuerzas estadounidenses podrían compartir la responsabilidad por las violaciones del derecho de guerra cometidas por fuerzas de la coalición.

Estados Unidos continuó efectuando ataques con drones en Yemen y Pakistán, aunque en menor cantidad, mientras que sí aumentó el número de ataques estadounidenses en Somalia.

Estados Unidos restableció la plena asistencia militar a Egipto en abril, a pesar del deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país, y canceló restricciones impuestas desde el golpe de estado militar por el presidente Abdulfatah al Sisi en 2013. Egipto recuperó su posición como el segundo receptor más importante de asistencia militar estadounidense, que asciende USD 1.300 millones anuales, después de Israel. En junio, EE. UU. levantó su suspensión de asistencia militar al Ejército de Bahréin, a pesar de que el país no llevó a cabo la reforma significativa que se exigía para reanudar la asistencia.

En una reunión mantenida en julio por el presidente Muhammadu Buhari de Nigeria y Obama en Washington, EE. UU. se comprometió a apoyar sustancialmente las acciones antiterroristas y la lucha contra las milicias islamistas Boko Haram, así como también a prestar colaboración para el desarrollo económico y combatir la corrupción. En julio Obama visitó Kenia y Etiopía, donde instó a que se respeten los límites a la duración de los mandatos en toda África.

Más de 50 años después de la ruptura de los vínculos comerciales y diplomáticos durante la Guerra Fría, en agosto EE. UU. reanudó oficialmente las relaciones diplomáticas con Cuba. Obama también pidió que se ponga fin al embargo económico, para lo cual será necesaria una ley del Congreso.

En septiembre, Obama transgredió disposiciones de la Ley contra el Uso de Niños Soldados (Child Soldiers Prevention Act) para permitir que cuatro países —la República Democrática del Congo, Nigeria, Somalia y Sudán del Sur— sigan recibiendo asistencia militar estadounidense, aún cuando tal práctica continúa en esos países. Obama delegó potestades al secretario de Estado John Kerry para que, al amparo de esa ley, tomara determinaciones con respecto a Yemen, donde todas las facciones del conflicto utilizan niños soldados. Al momento de redacción de este informe, la asistencia militar estadounidense a Yemen se encontraba totalmente suspendida debido a que persistía la inestabilidad en el país.