Estados Unidos tiene una sociedad civil vibrante y muchos de sus derechos fundamentales cuentan con fuertes protecciones constitucionales. Sin embargo, sobre todo en las áreas de justicia penal, inmigración y seguridad nacional, las leyes y prácticas de EE.UU. violan sistemáticamente los derechos. A menudo, los menos capaces de defender sus derechos ante los tribunales o a través de los procesos políticos –las minorías raciales y étnicas, los inmigrantes, los niños, los pobres y los presos— son los más propensos a sufrir abusos.

La muerte a manos de la policía del adolescente desarmado Michael Brown, en agosto de 2014, en Ferguson, Missouri, y la consiguiente represión policial contra los manifestantes, subrayaron la alarmante brecha existente entre el respeto por la igualdad de derechos y el tratamiento que reciben las minorías raciales por parte de las fuerzas del orden. La respuesta represiva de EE.UU. al aumento de migrantes no autorizados que provienen de México y Centroamérica pone de relieve la urgente necesidad de que se lleve a cabo una reforma a la política migratoria de EE.UU.

Políticas nacionales de seguridad de EE.UU., incluyendo los programas de vigilancia masiva, están quebrantando las libertades de prensa, expresión y asociación. Investigaciones y enjuiciamientos discriminatorios e injustos de musulmanes estadounidenses están alienando a las comunidades que EE.UU. afirma querer como aliados en la lucha contra el terrorismo.

Un resumen parcialmente editado de un extenso informe del Senado sobre torturas de la CIA, publicado en diciembre, constituye un primer paso hacia la solución de los graves abusos cometidos en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero el gobierno de Obama no ha logrado llevar a los responsables de torturas ante la justicia.

 

Sentencias severas

 

Después de tres años de un ligero declive en la población carcelaria, a finales del año 2013 las prisiones estatales y federales registraron un aumento del 0,3 por ciento frente al año anterior albergabando aproximadamente a 1.574.700 personas. A mediados de 2013, también había 731.200 personas en las cárceles, lo que resulta en un total estimado de 2,3 millones de personas entre rejas, la mayor población carcelaria reportada en el mundo.

Aunque el crimen sigue disminuyendo, las políticas sancionadoras del país continúan impulsando altas tasas de encarcelamiento. Entre los presos estatales, más del 46 por ciento fueron encarcelados por delitos no violentos relacionados con drogas, propiedad, orden público y otros. En el sistema federal, el 50 por ciento de los presos federales están cumpliendo condena por delitos de drogas.

Entre un 90 y un 95 por ciento de todos los casos penales a nivel estatal y federal se resuelven mediante acuerdos con la fiscalía. Los fiscales amenazan a los acusados con penas mucho mayores si no se declaran culpables y optan por su derecho a un juicio. Entre los acusados federales por delitos de drogas, por ejemplo, los que se niegan a declararse culpables reciben sentencias que son en promedio tres veces mayores que las que reciben las personas que sí accedieron. No es de extrañar que solo un tres por ciento de los acusados federales por delitos de drogas se arriesguen a ir a juicio.

La Comisión Nacional de Sentencias de EE.UU. dio un paso positivo hacia la imposición de condenas por delitos de drogas más justas cuando modificó sus directrices para reducir las sentencias de la gran mayoría de delincuentes federales por temas relacionados con las drogas. Esto afecta a los más de 46.000 presos federales que actualmente cumplen penas innecesariamente largas y que ahora podrían solicitar una reducción.

Por primera vez en tres años, ningún estado cambió sus leyes para abolir la pena de muerte; 18 estados y el Distrito de Columbia no la aplican. El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, anunció en febrero que concedería indultos a cualquier caso de pena de muerte que se le presentara, estableciendo, en efecto, una moratoria.

En el momento de redactarse este informe, 33 personas habían sido ejecutadas en EE.UU. por inyección letal en 2014. Debido a la prohibición de las farmacéuticas europeas de usar sus productos para las ejecuciones, muchos estados del país están utilizando combinaciones experimentales de drogas, mientras se niegan a revelar su composición. Por lo menos cuatro hombres ejecutados en 2014 mostraron signos evidentes de sufrimiento antes de morir.

Las disparidades raciales en la justicia penal

Las disparidades raciales son muy habituales en el sistema de justicia penal de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Los afroamericanos son encarcelados en proporciones seis veces más altas que los blancos, y el tres por ciento de todos los varones afroamericanos están actualmente encarcelados en una prisión estatal o federal. Hay muchas causas que explican las disparidades raciales en la cárcel, incluyendo las prácticas para el combate al narcotráfico. Por ejemplo, los blancos y los afroamericanos cometen delitos de drogas a niveles comparables, pero las tasas de detención, enjuiciamiento y encarcelamiento por estos delitos son enormemente diferentes.

Aunque los afroamericanos representan solo el 13 por ciento de la población de EE.UU., conforman el 31 por ciento de todos los arrestos por drogas, y el 41 por ciento de los presos estatales y el 42 por ciento de los presos federales cumpliendo una sentencia por delitos de drogas. Es casi cuatro veces más probable que los afroamericanos sean arrestados por posesión de marihuana que los blancos.

Las disparidades raciales en la justicia penal contribuyeron a la indignación que estalló en agosto en Ferguson, Missouri, tras la muerte a manos de la policía de Michael Brown, un joven afroamericano desarmado de 18 años. Mientras las protestas de Ferguson comenzaron como una reacción a ese tiroteo, pusieron en evidencia antiguos problemas entre la comunidad predominantemente afroamericana de Ferguson y su fuerza policial casi completamente blanca. En respuesta a las protestas, las fuerzas del orden en varias ocasiones utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y otras tácticas intimidatorias en aparente violación del derecho de reunión y la libertad de expresión pacífica, e incurrió en un posible uso excesivo de la fuerza.

Reformas en la política de drogas

Desde la década de 1980, EE.UU. ha gastado cientos de miles de millones de dólares en arrestar y encarcelar a delincuentes por casos de drogas en el país. Su fuerte dependencia de leyes penales para el control del tráfico de drogas ha tenido graves costos para los derechos humanos, incluyendo la violación a la autonomía y a la privacidad de los que simplemente poseen o consumen drogas.

En 2014, los votantes de Oregón y Alaska aprobaron medidas para legalizar la producción, venta, distribución y consumo de la marihuana con fines recreativos, sumándose a Colorado y el estado de Washington. El Distrito de Columbia también despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal. Nueva York, Maryland y Minnesota se unieron a otros 20 estados y el Distrito de Columbia en la legalización de la marihuana con fines médicos.

Condiciones penitenciarias

Presionados por litigios y la presión pública, algunos estados y gobiernos locales de EE.UU. están reevaluando sus políticas de aislamiento. Ohio acordó disminuir y, en última instancia, poner fin a la utilización del régimen de aislamiento en sus centros de menores. Los funcionarios penitenciarios de Nueva York acordaron desarrollar nuevas y estrictas directrices, limitando el uso del aislamiento como castigo excepto para las infracciones más graves y eliminando el uso del régimen de aislamiento para los presos menores de 18 años. En California, un tribunal federal ordenó que las prisiones modificaran sus políticas sobre el uso del aislamiento como castigo para los presos con enfermedades mentales. No obstante, muchos presos y reclusos –niños incluidos— siguen detenidos en duras condiciones de constante aislamiento e inactividad, a menudo durante meses o incluso años.

Pobreza y justicia penal

Muchos acusados con escasos recursos económicos languidecen en prisiones preventivas, en gran medida porque son demasiado pobres para pagar los costos, cada vez más altos, de la fianza. Las tasas legales y de monitoreo extremadamente altas son cada vez más comunes, ya que condados y municipios con problemas de liquidez a menudo esperan que sus tribunales se financien por sí mismos o incluso recurren a ellos como fuente de ingresos públicos. El impacto sobre los acusados pobres es particularmente grave.

En 2014, Human Rights Watch informó sobre abusos generalizados vinculados a la privatización de los servicios de libertad condicional por delitos menores en varios estados del país. Operando bajo un modelo donde el acusado es el que paga, las empresas de libertad condicional les cobran directamente a los inculpados por sus servicios y pueden asegurar su arresto si no pagan. Las tarifas están estructuradas de manera que penalizan a los pobres, y hay una falta general de supervisión gubernamental y de un sistema adecuado de rendición de cuentas.

En abril, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, vetó un proyecto de ley que habría protegido a las empresas de libertad condicional del escrutinio público. Es probable que la legislatura de Georgia retome la cuestión en 2015 y tenga una oportunidad para introducir mecanismos de supervisión y rendición de cuentas muy necesarios que podrían ser un modelo para otros estados.

La juventud en el sistema de justicia penal

En todas las jurisdicciones de EE.UU. está permitido que los niños menores de 18 años sean juzgados como adultos y, en determinadas circunstancias, sentenciados a penas de prisión de adultos. A finales de 2013 había 1.200 niños detenidos en centros penitenciarios estatales para adultos. Florida es el estado que detuvo a un mayor número de menores en centros para adultos, en parte como resultado de su política que concede a los fiscales discreción procesal sobre el enjuiciamiento de menores en tribunales para adultos. Otros 14 estados también permiten que los fiscales refieran, por lo menos en algunos casos, a los menores a tribunales para adultos para su procesamiento sin revisión judicial.

Los estados continúan lidiando con una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que prohíbe las sentencias de cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional para los delincuentes juveniles condenados por homicidios. Si bien la mayoría de los estados del país considera que el fallo de la Corte Suprema es retroactivo, en julio la Corte Suprema de Michigan determinó que la decisión no se aplica a los jóvenes que ya están cumpliendo condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los derechos de los inmigrantes

Desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2014, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. detuvo a 68.541 niños no acompañados procedentes de América Central y México, y a 68.445 inmigrantes no autorizados en unidades familiares cerca de la frontera entre EE.UU. y México. Estas cifras representan un incremento del 77 por ciento y del 361 por ciento, respectivamente, respecto al año anterior. En respuesta, el gobierno de Barack Obama aumentó drásticamente las detenciones de familias no autorizadas y las deportaciones expeditas. En octubre, Human Rights Watch documentó cómo los migrantes centroamericanos que habían huido a EE.UU. temiendo por sus vidas fueron deportados sin suficiente oportunidad para buscar protección.

 

El gobierno abrió en junio el primero de los tres nuevos centros de detención familiar dedicados principalmente a facilitar y procesar la deportación de madres y niños de Centroamérica. Muchas familias detenidas buscan asilo. Sin embargo, incluso cuando EE.UU. determina que tienen un temor creíble de regresar a sus países, les deniega la libertad bajo fianza, argumentando categóricamente que constituyen una amenaza de “seguridad nacional” sin llevar a cabo evaluaciones de riesgo individualizadas.

 

Las iniciativas de ley para regularizar el estatus legal de millones de inmigrantes no autorizados en EE.UU. se hundieron en 2014. El gobierno de Obama anunció en noviembre una acción ejecutiva para proveer estatus legal temporal a más de cuatro millones de inmigrantes no autorizados que no tuvieran determinadas condenas penales, que hubieran vivido en EE.UU. durante cinco años o más y que tuvieran hijos con nacionalidad estadounidense o residencia permanente. Estas políticas probablemente protegerán a millones de familias de la amenaza de la separación arbitraria. Sin embargo, no alterarán las políticas fronterizas que dan lugar a deportaciones sumarias y sanciones penales de personas con lazos profundos en EE.UU.

En 2014, más de 166 jurisdicciones locales dieron instrucciones a la policía para que no cumpliera con algunas peticiones de las autoridades federales para detener a inmigrantes no autorizados por razones de estatus inmigratorio, bajo un programa conocido como “Comunidades Seguras”. La acción ejecutiva de noviembre del presidente Obama limita esa colaboración federal-local en asuntos de inmigración, reconociendo que había exacerbado la desconfianza en la policía.

Derechos de los trabajadores

Cientos de miles de niños trabajan en granjas agrícolas de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 exime a los niños trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y la jornada laboral máxima que protegen a todos los demás niños trabajadores. Los trabajadores agrícolas menores de edad a menudo trabajan diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas, enfermedades producidas por el calor y lesiones.

 

El trabajo infantil es común en las plantaciones de tabaco de EE.UU., el cuarto mayor productor de tabaco del mundo. Los niños que trabajan en las plantaciones de tabaco sufren vómitos, dolores de cabeza y otros síntomas asociados con la intoxicación aguda por nicotina.

 

El Congreso no ha cerrado un vacío legal que permite que los niños lleven a cabo tareas peligrosas en la agricultura cuando tienen 16 años; el trabajo peligroso está prohibido en todos los demás sectores laborales hasta los 18 años. Las leyes y los reglamentos estadounidenses no incluyen disposiciones especiales para proteger a los niños que trabajan en las plantaciones de tabaco de la exposición a la nicotina.

Política de salud

Los veteranos de las fuerzas militares de EE.UU. se enfrentan a barreras sistémicas para acceder a la atención sanitaria, incluyendo largas demoras para obtener una atención adecuada en los centros de salud del Departamento de los Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés).

Decenas de miles de veteranos no reciben ningún tipo de ayuda para prevenir sobredosis, tratar la dependencia de opiáceos y acabar con la indigencia crónica. El Congreso de Estados Unidos aprobó en agosto de 2014 la Ley de Acceso de los Veteranos a la Atención Sanitaria a través de la Elección, Rendición de Cuentas y Transparencia, para mejorar y ampliar el acceso de los veteranos a los servicios médicos.

Treinta y cuatro estados tienen leyes penales que castigan a las personas seropositivas por exponer a otras personas al virus VIH. En junio, Iowa se convirtió en el primero en modificar (pero no derogar completamente) su estatuto de criminalización.

Los derechos de la mujer y las niñas

En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso de Burwell contra Hobby Lobby Stores, Inc. para que ciertas corporaciones con fines de lucro pueden negarse a cubrir los métodos anticonceptivos en los planes de seguro de salud de sus empleados, basándose en las opiniones religiosas del dueño de la empresa de que la vida comienza en la concepción. Más de dos tercios de los adultos estadounidenses con empleo menores de 65 años obtienen su seguro de salud a través de un empleador.

Mientras que en 2014 las legislaturas estatales promulgaron menos regulaciones dirigidas contra los prestadores de servicios de aborto, el impacto del aumento en las restricciones impuestas entre 2011 y 2013 se hizo más visible. En Texas, el número de clínicas de aborto se ha reducido casi a la mitad desde 2011, con más posibles cierres en función del resultado de los litigios sobre los onerosos requisitos para los proveedores y las instalaciones de abortos aprobados en 2013.  

Una de cada cinco mujeres es agredida sexualmente en la universidad, según un informe de 2010 elaborado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El gobierno de Obama estableció en enero el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Proteger a los Estudiantes de la Agresión Sexual, que publicó su primer conjunto de recomendaciones en abril. Mientras tanto, víctimas de violación en las universidades de todo el país continuaron sacando a la luz cómo las escuelas y la policía local gestionaron mal sus casos.

La policía de Memphis, Detroit y Cleveland analizaron exámenes forenses (kits de violación) que habían estado almacenados durante años. Los resultados de las pruebas condujeron al descubrimiento de decenas de violadores en serie y decenas de acusaciones formales. Los retrasos pusieron en evidencia el problema más amplio de que la policía no investiga adecuadamente las agresiones sexuales.

Después de que una investigación de Human Rights Watch revelara el manejo inadecuado de los casos de agresión sexual por parte del Departamento de Policía Metropolitana en Washington, DC, el Consejo del Distrito de Columbia aprobó una ley que establece una supervisión independiente de la policía y permite que las víctimas tengan a un abogado presente durante los interrogatorios policiales.

Orientación sexual e identidad de género

En el momento de redactarse este informe, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 35 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de St. Louis. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en octubre de 2014 revisar la decisión de tres tribunales federales que revocaron las prohibiciones de contraer matrimonio homosexual en cinco estados, y desde entonces se ha negado a intervenir en casos semejantes.

El presidente Obama firmó una orden ejecutiva en junio de 2014 que prohíbe la discriminación laboral por motivos de orientación sexual o identidad de género por parte de empresas que se benefician de contratos federales, y proscribe la discriminación por identidad de género para los empleados federales. En respuesta a una decisión de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 2012, en agosto el Departamento de Trabajo de EE.UU. anunció planes de emitir nuevas directrices que dejaran claro que la discriminación sobre la base de la condición de persona transgénero está prohibida bajo la actual definición de la discriminación por razón de sexo en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Sin embargo, la amplia interpretación de la Corte Suprema de EE.UU. de la exclusión religiosa en el caso Hobby Lobby podría sentar un precedente que socavaría las protecciones para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) por motivos religiosos.

Doce estados del país conservan leyes de sodomía. Desde abril de 2013, los legisladores de Montana y Virginia han derogado las leyes de sodomía de sus estados. El poder legislativo de Louisiana votó a favor de mantener la ley del estado en abril de 2014.

Seguridad nacional

EE.UU. mantuvo detenidos indefinidamente en Guantánamo a hombres sin cargos ni juicio por decimotercer año; en el momento de redactarse este informe, 143 detenidos seguían en la prisión. El gobierno de Obama reanudó las transferencias de Guantánamo en agosto de 2013, después de un largo paréntesis, y hasta finales de ese año envió a 11 detenidos a sus países de origen u otros países. A finales de 2013, el Congreso añadió nuevas disposiciones a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) que otorgaban al gobierno una mayor flexibilidad para realizar traslados. Sin embargo, desde el cambio, el ritmo de las transferencias de Guantánamo no ha cambiado significativamente; en el momento de escribirse este informe, el gobierno solo había trasladado a 12 detenidos de Guantánamo durante 2014.

El Departamento de Defensa continuó alimentando a la fuerza a los detenidos de Guantánamo en huelga de hambre, utilizando métodos que siguen clasificados, y ha dejado de informar sobre el número de huelgas de hambre en curso. Los escasos detalles revelados plantean serias preocupaciones de que esta alimentación forzada viole la ética médica y los estándares de cuidado, y constituyan malos tratos bajo el derecho internacional. Un tribunal federal ordenó la desclasificación de los videos de la alimentación forzada de un detenido, pero se negó a emitir una orden judicial para modificar los procedimientos de dicha alimentación. En el momento de redactarse este informe, EE.UU. estaba considerando apelar la decisión sobre la difusión de los videos.

El gobierno de Obama continuó tramitando casos ante las comisiones militares de Guantánamo. Este sistema no protege las comunicaciones entre abogado y cliente, permite la introducción de pruebas obtenidas mediante coacción y utiliza reglas que impiden que los abogados defensores tengan acceso a información esencial para el caso, tales como el tratamiento que recibieron sus clientes mientras se encontraban bajo custodia secreta de la CIA.

EE.UU. llevó a las comisiones un nuevo caso contra un detenido acusado de delitos relacionados con los ataques a las tropas estadounidenses en Afganistán, entre otras acusaciones. Otros dos casos pendientes, incluyendo uno contra cinco hombres acusados de planear los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, siguieron languideciendo en audiencias previas al juicio. Es probable que haya que esperar varios años para que se concrete una fecha para el juicio.

Human Rights Watch publicó en julio un informe que documenta abusivas investigaciones antiterroristas contra musulmanes estadounidenses a menudo vulnerables, como personas indigentes o con discapacidad intelectual y mental, cuya mera participación en cualquier actividad terrorista habría sido improbable de no ser por la intervención del gobierno. El gobierno también recurrió al uso de cargos de apoyo material demasiado amplios, tácticas procesales que pueden violar los derechos a un juicio justo y duras condiciones de reclusión.

EE.UU. siguió llevando a cabo operaciones de asesinatos selectivos en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, pretendiendo cumplir con las directrices de política del gobierno anunciadas en 2013, bajo las que los objetivos de los ataques deben suponer una continua e inminente amenaza para EE.UU. y debe haber una certeza casi absoluta de que ningún civil saldrá herido.

Una investigación de Human Rights Watch de un ataque en diciembre de 2013 contra un cortejo nupcial en Yemen, que mató a 12 personas e hirió a por lo menos otras 15, descubrió que muchos, si no todos, los fallecidos eran civiles, en contra de las directrices y en aparente violación de las leyes de la guerra. El gobierno yemení habría pagado más de US$1 millón en total a las familias de las víctimas del ataque. Aparentemente también se hicieron pagos a los familiares de un clérigo anti-Al-Qaeda que murió como consecuencia de un ataque estadounidense con aviones no tripulados (drone) en 2013.

La política y la práctica de EE.UU. de los asesinatos selectivos se mantuvieron rodeadas de secretismo. En respuesta a un caso judicial, la administración se vio obligada a revelar un memorando del Departamento de Justicia, parcialmente editado, que presentaba el fundamento legal para un ataque que mató a un ciudadano estadounidense en Yemen en 2011. Sin embargo, el gobierno no ha hecho públicos los memorandos legales que justifican los asesinatos selectivos en otros contextos.

El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos publicó en diciembre un sumario ejecutivo de 499 páginas, que ha sido parcialmente editado, a partir de un informe de 6.700 páginas sobre el programa de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). El informe muestra que las técnicas de interrogatorio utilizadas por la CIA fueron mucho más brutales y generalizadas de lo que se informó anteriormente, incluyendo formas previamente no declaradas de tortura y agresión sexual como “la rehidratación rectal”. El informe también encontró que las técnicas de interrogatorio utilizadas por la CIA no resultaron eficaces para conseguir información útil o valiosa, que la CIA mintió reiteradamente sobre el programa y que durante años trató de encubrir sus crímenes. EE.UU. aún no ha enjuiciado a los funcionarios estadounidenses encargados de autorizar y llevar a cabo la tortura y otros malos tratos de detenidos bajo custodia estadounidense desde el 11 de septiembre.

 

Documentos filtrados a la prensa por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden siguieron revelando nuevos detalles sobre los programas estadounidenses de vigilancia. En el último año, informes basados en los documentos de Snowden muestran que EE.UU. podría estar obteniendo a diario millones de mensajes de texto en todo el mundo, interceptando todas las llamadas y metadatos telefónicos en las Bahamas y Afganistán y recopilando todos los metadatos telefónicos en México, Kenia y Filipinas. Una noticia de julio aseguraba que varios destacados líderes musulmanes estadounidenses, entre ellos el jefe de un grupo  musulmán de libertades civiles, fueron blanco de la vigilancia electrónica.

El 17 de enero de 2014, el presidente Obama anunció nuevas medidas para restringir el uso, la conservación y la difusión de datos personales recopilados por los servicios de inteligencia en la Directiva Presidencial Política 28. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para asegurar que la interferencia en la vida privada se limitaba a lo que era necesario y proporcionado, y dejaban abierta la posibilidad de la recopilación a gran escala. Asimismo, si bien las medidas pretendían adaptar la normativa en materia de vigilancia de las personas no estadounidenses (extranjeros fuera de EE.UU.) para que se ajustara más a la que rige los datos recogidos sobre estadounidenses, las reglas son imprecisas y no crean derechos justiciables.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió en marzo a EE.UU. que garantizara que sus actividades de vigilancia respeten los derechos de privacidad en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de la nacionalidad o la ubicación de las personas vigiladas. También expresó su preocupación por la falta de transparencia en las leyes y resoluciones judiciales de EE.UU. relativas a la vigilancia.

Human Rights Watch publicó en julio un informe que documenta cómo la vigilancia estadounidense a gran escala está obstaculizando el trabajo de periodistas y abogados, ya que hace que proteger a las fuentes resulte más difícil y obliga a los periodistas a llegar a verdaderos extremos para evitar la detección: desde el uso de sistemas de encriptación a teléfonos de prepago, pasando por evitar toda comunicación electrónica. Como resultado, mucha menos información sobre asuntos de interés público llega a ser revelada públicamente.

También en julio, el senador Patrick Leahy introdujo una nueva versión de la Ley de Libertad de EE.UU. que habría limitado algunas formas de vigilancia dentro del país, dado que se hace casi nada para salvaguardar la privacidad de los extranjeros fuera de EE.UU. Sin embargo, no logró avanzar en el Senado.

Política exterior de EE.UU.

En agosto, EE.UU. lanzó ataques aéreos en Irak contra el grupo extremista Estado Islámico (también conocido como ISIS), como parte de una coalición liderada por EE.UU. que incluye cinco países árabes; en septiembre, EE.UU. expandió los ataques aéreos contra ISIS y otro grupo extremista, Jabhat al-Nusra, a Siria. El presidente Obama también anunció que estaba desplegando más tropas militares estadounidenses en Irak y aumentando la asistencia militar a los grupos armados que se oponen al gobierno de Assad en Siria.

Tras los polémicos resultados de las elecciones presidenciales en Afganistán en abril y agosto, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ayudó a negociar un acuerdo de reparto del poder en Afganistán. Las tropas estadounidenses se prepararon para retirarse de Afganistán a finales de año, dejando a unos 10.000 oficiales para capacitar, asesorar y ayudar a las fuerzas de seguridad afganas. EE.UU. firmó en octubre un Acuerdo de Seguridad Bilateral con el nuevo gobierno de Afganistán.

Tras el derrocamiento en febrero del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, y la violencia que se desató después, EE.UU. impuso sanciones contra los sectores financiero, energético y de defensa de Rusia.

En junio y septiembre, el gobierno de Obama anunció una prohibición estadounidense a la producción y adquisición de minas terrestres antipersonales y a su uso fuera de la península de Corea, medidas que le permiten ceñirse mejor al Tratado de Prohibición de Minas.

En agosto, EE.UU. acogió a 45 jefes de Estado africanos en la primera Cumbre entre Estados Unidos y África. Las discusiones se centraron en el desarrollo económico, la gobernanza y la seguridad.