En 2014, miembros de las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes mayormente pacíficos, muchos de los cuales fueron detenidos arbitrariamente, sufrieron violentas golpizas y otros abusos durante su detención, y fueron privados de garantías básicas del debido proceso. Estas violaciones de derechos humanos, que se produjeron a lo largo de varias semanas en distintos lugares, fueron perpetradas de manera sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Durante el liderazgo del Presidente Chávez y del actual Presidente Nicolás Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos. Si bien algunos venezolanos todavía expresan críticas al gobierno, las perspectivas de sufrir represalias —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— han socavado la independencia judicial y obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno.

Los abusos policales, las condiciones deficientes en centros penitenciarios y la impunidad de los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo problemas graves.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados

Desde febrero de 2014, miembros de fuerzas de seguridad venezolanas —incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados— han empleado rutinariamente un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados y contra transeúntes. Los abusos incluyeron severas golpizas; disparos con armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos, de manera indiscriminada, contra multitudes y, en algunos casos, disparos deliberados de perdigones a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban detenidas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a manifestantes, y a veces incluso colaboraron de manera directa con estas. Según el Ministerio Público, 3.306 personas fueron detenidas durante las manifestaciones, incluidos 400 adolescentes.

En muchos casos las personas detenidas permanecieron incomunicadas en bases militares durante 48 horas o períodos mayores antes de ser llevadas ante un juez. Durante la detención, sufrieron una variedad de abusos que incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas. En algunos casos, los maltratos constituyeron tortura.

Independencia judicial

Desde que el ex Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial en gran medida ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo de Justicia han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado públicamente su compromiso con promover la agenda política del gobierno y reiteradamente emitieron sentencias a favor de este, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.

La Jueza María Lourdes Afiuni continúa siendo investigada penalmente como consecuencia de una decisión dictada en 2009, en la cual concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno. Si bien la decisión de Afiuni daba cumplimiento a una recomendación emitida por organismos internacionales de derechos humanos —y era consistente con el derecho venezolano— un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al Presidente Chávez dispuso que se llevara a cabo un juicio penal en su contra, acusándola de haber cometido los delitos de corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Hasta hoy, se le prohíbe realizar cualquier tipo de declaración pública sobre su causa.

Durante las manifestaciones que se desarrollaron en 2014, algunos funcionarios judiciales incumplieron su rol de garantes frente a abusos de poder y, en lugar de ello, participaron en graves violaciones del debido proceso. A decenas de víctimas se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron a altas horas de la noche. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso a evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos físicos, o que miembros de las fuerzas de seguridad les habían colocado pruebas para incriminarlos.

Algunos funcionarios judiciales también adoptaron medidas sobre la base de señalamientos infundados del gobierno de que sus adversarios políticos eran responsables de la violencia que surgió durante las manifestaciones. El gobierno acusó Leopoldo López, un líder de la oposición, de ser el “autor intelectual” de las muertes relacionadas con las protestas y los ataques contra oficinas y vehículos públicos ocurridos el 12 de febrero. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir su arresto por varios presuntos delitos. López permanece detenido en una prisión militar desde que se entregó voluntariamente el 18 de febrero. Durante el juicio, que comenzó en julio, la jueza a cargo no ha permitido que sus abogados presenten pruebas para su defensa.

En abril, el Tribunal Supremo de Justicia juzgó en forma sumaria y condenó a dos alcaldes opositores a 10 y 12 meses de prisión, respectivamente, en procesos judiciales que no respetaron garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho a apelar toda condena penal.

Libertad de expresión

Durante la última década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva sus potestades de regular los medios de comunicación. Si bien algunos periódicos y estaciones de radio expresan críticas al gobierno, la autocensura por temor a represalias es un problema grave.

En 2010, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para concederle al gobierno la facultad de suspender o revocar concesiones de trasmisión de medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. La Asamblea Nacional también amplió a Internet el alcance de una ley de medios de contenido restrictivo, permitiendo la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”, una infracción definida de manera imprecisa. Diversas reformas anteriores del Código Penal habían ampliado el alcance y la severidad de las leyes de difamación que penalizan las expresiones que se consideren ofensivas para funcionarios gubernamentales de alto rango.

El gobierno ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrezcan una programación crítica. El canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue arbitrariamente retirado de la señal de aire pública en 2007, fue obligado en 2010 a dejar de emitir televisión por cable. En 2013, Globovisión, que durante años fue el único canal importante que mantuvo una línea crítica contra Chávez, fue vendido a sectores afines al gobierno debido a que, según su propietario, se había tornado política, económica y jurídicamente inviable. Desde entonces, Globovisión ha reducido considerablemente su programación crítica.

En enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó una acción penal por difamación contra un ciudadano que había publicado una nota de opinión en el periódico Tal Cual, y contra cuatro directivos de la empresa propietaria de este medio, incluido su editor. El artículo incluía información de fuentes extraoficiales sobre la cantidad de personas que habían sido asesinadas en Venezuela durante 2013, e indicaba que Cabello había señalado: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”. Cabello sostuvo que en ningún momento hizo esas declaraciones, y que el artículo dañaba su reputación. En febrero, un tribunal penal admitió el caso, dispuso que los cinco acusados comparecieran ante el tribunal una vez por semana y les prohibió salir del país sin autorización judicial.

Durante las protestas de 2014, el gobierno interrumpió la señal de NTN 24, un canal de noticias de la televisión por cable, y amenazó con perseguir penalmente a medios de comunicación por su cobertura de los sucesos violentos. En muchos casos, las víctimas de abusos de las fuerzas de seguridad fueron periodistas profesionales y personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando enfrentamientos entre integrantes de las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Defensores de derechos humanos

El gobierno venezolano ha intentado marginar a los defensores de derechos humanos del país, a través de reiteradas acusaciones infundadas de que estos buscan atentar contra la democracia venezolana con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. En marzo, el Presidente Maduro señaló que Rocío San Miguel, directora de una organización no gubernamental (ONG) que promueve la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, estaba “plenamente involucrada en [un] intento de golpe de estado” en Venezuela. En mayo, el ministro de justicia indicó que Humberto Prado, director de una ONG que vigila las condiciones penitenciarias en Venezuela, formaba parte de una conspiración para debilitar al gobierno venezolano. En noviembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, citando información aportada por “patriotas cooperantes”, señaló que 12 ONG que presentaron informes sobre tortura durante el examen de Venezuela ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas tenían “intereses ocultos”.

En 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la patria. A su vez, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de derechos políticos” o a “ejercer el control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Impunidad de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

Hasta noviembre, las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014, incluidos solamente dos casos de tortura. Según el Ministerio Público, los fiscales habían dictado 125 actos conclusivos, y formulado acusaciones contra 15 funcionarios de seguridad del estado. Fuentes oficiales indicaron que dos policías fueron condenados por “sucesos ocurridos en Anzoátegui”, pero no aportaron información adicional sobre el caso o las condenas.

Los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad son un problema crónico en Venezuela. En octubre, miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas asesinaron a cinco civiles durante un allanamiento en la sede de una organización oficialista en Caracas. El Ministerio Público libró órdenes de aprehensión contra siete funcionarios que, según la prensa oficial, permanecían prófugos a la fecha de redacción de este documento.

Según las estadísticas oficiales más recientes, 7.998 personas habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de 2000 y marzo de 2009. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla.

Condiciones en centros de detención

Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. La deficiente seguridad,el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, y la falta de personal suficiente y correctamente capacitado permiten que pandillas armadas tengan control efectivo sobre las cárceles. Es habitual que menores privados de la libertad sean detenidos con presos adultos, especialmente durante el período de prisión preventiva. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en agosto había aproximadamente 55.000 reclusos —la mayoría en prisión preventiva— en cárceles con una capacidad para 19.000 personas. Desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario en junio de 2011, al menos 1.463 personas han muerto en cárceles, incluidas al menos 150 durante 2014, según fuentes extraoficiales.

Derechos laborales

La legislación laboral adoptada en abril de 2012 contiene disposiciones que limitan la libertad de los sindicatos para redactar sus propios estatutos y elegir a sus representantes. En la práctica, el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo público, continúa interviniendo en las elecciones sindicales, lo cual viola estándares internacionales.

En julio, el Presidente Maduro denunció que los trabajadores en huelga de la siderúrgica estatal Sidor eran “mafias” que tenían “secuestrada” a la empresa. Los enfrentamientos entre trabajadores y miembros de la Guardia Nacional que dispersaron las protestas dejaron un saldo de algunos manifestantes heridos, según la prensa. En agosto, la ministra de comunicación indicó en un tuit que el gobierno había alcanzado un acuerdo con los “verdaderos trabajadores” de Sidor. Durante ese mes continuaron las manifestaciones y huelgas de trabajadores, quienes reclamaban que el acuerdo no había sido suscripto por los representantes sindicales competentes.

Actores internacionales clave

Varios organismos internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación por los abusos perpetrados durante las protestas de 2014. En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a Venezuela a investigar las conductas ilegales y a garantizar la seguridad de la población. En marzo, seis relatores de la ONU instaron al gobierno venezolano a asegurar “el pronto esclarecimiento de las denuncias de detenciones arbitrarias y de uso excesivo de la fuerza y violencia contra manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios durante la reciente ola de protestas en el país”.

En septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria señaló que Leopoldo López y uno de los alcaldes condenados en abril habían sido detenidos arbitrariamente. En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a Venezuela a liberar a los manifestantes y políticos que habían sido detenidos de manera arbitraria. Durante años, el gobierno de Venezuela se ha negado a autorizar que estos expertos en derechos humanos realicen visitas de investigación al país.

A comienzos de 2014, la organización regional Unasur trabajó con el gobierno de Venezuela y los líderes de la oposición para promover el diálogo. Sin embargo, los representantes de Unasur no llamaron a Venezuela a abordar los abusos, a pesar de que el tratado constitutivo de Unasur estipula que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”. A la fecha de redacción de este informe, el diálogo se encontraba estancado.

En julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó las visas de 24 funcionarios venezolanos en respuesta a denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias contra manifestantes.

Desde 2013, como consecuencia de la decisión del gobierno de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos venezolanos y residentes en el país no pueden solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de abusos cometidos luego de esa fecha, cuando los recursos locales no estén disponibles o no sean efectivos. La Comisión Interamericana ha continuado supervisando la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El gobierno venezolano continuó apoyando una campaña de Ecuador para socavar la independencia de la comisión y limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial para la libertad de expresión.

A la luz de denuncias de organizaciones locales de derechos humanos, que señalan que pacientes con cáncer, VIH/SIDA y hemofilia, entre otras enfermedades, tenían acceso limitado a medicamentos e insumos médicos esenciales, en abril de 2014 el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud exhortó al gobierno venezolano a que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección y el pleno disfrute del derecho al más alto nivel posible para toda la población”.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado regularmente en contra de medidas para permitir el seguimiento de graves situaciones de derechos humanos ocurridas alrededor del mundo. Venezuela votó en contra de resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia y Ucrania. En octubre, Venezuela fue elegida para integrar durante dos años el Consejo de Seguridad de la ONU.