En marzo de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet comenzó su segundo mandato con el compromiso de abordar las desigualdades sociales y económicas, enfocándose inicialmente en una reforma exhaustiva de los sistemas educativo y tributario. Su plataforma de campaña incluyó el compromiso de adecuar la ley antiterrorista chilena a los estándares internacionales, y presentar un proyecto de ley que despenalice el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer o joven, sea inviable o haya sido resultado de una violación. Su gobierno también se ha comprometido a poner fin a la jurisdicción de los tribunales militares sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por carabineros (policías encargados de mantener el orden público y prevenir delitos).

Si bien la justicia continúa juzgando a personas por abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia ha aplicado sus facultades discrecionales para reducir las penas de quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos, lo cual ha llevado a penas desproporcionadas en relación con la gravedad de los delitos.

Leyes antiterroristas

Tras reiteradas recomendaciones de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en 2014 las autoridades anunciaron que el gobierno de Bachelet no aplicaría las leyes antiterroristas de 1984 para responder a la violencia surgida en protestas indígenas sobre la titularidad de tierras.

La definición excesivamente amplia de terrorismo que prevé la ley continúa permitiendo la persecución penal por terrorismo de activistas presuntamente responsables de actos como incendio intencional y destrucción de propiedad privada, si bien en los casos más recientes la justicia ha rechazado acusaciones de terrorismo por considerarlas infundadas. También es preocupante una disposición de la ley que permite que fiscales no divulguen la identidad de determinados testigos, lo cual ha permitido la detención de presuntos responsables durante más de un año sobre la base de evidencias que estos no pueden impugnar en la práctica.

En septiembre de 2014, 14 personas resultaron heridas por la explosión de una bomba ubicada en un cesto de basura de un concurrido paseo de compras de una estación de metro de Santiago. Una serie de ataques de esta índole, atribuidos a grupos anarquistas, habían sido informados a lo largo de varios años, pero hasta el incidente de septiembre nunca antes se habían dejado explosivos durante el día en lugares de gran concurrencia, y ningún transeúnte había resultado gravemente herido. Si bien en varios de los incidentes anteriores los presuntos responsables fueron perseguidos penalmente sobre la base de la ley antiterrorista, en todos los casos la justicia desestimó los cargos por terrorismo por falta de evidencias.

En noviembre, el gobierno presentó en el Senado un proyecto de ley  para reemplazar la actual ley antiterrorista. El proyecto refuerza las garantías de debido proceso, al reconocer a los abogados defensores el derecho a ser informados sobre la identidad de testigos protegidos, así como a interrogar a los testigos sobre la evidencia y indagar su credibilidad. También autoriza a la Policía a utilizar agentes encubiertos para recabar evidencias sobre organizaciones terroristas, y les otorga inmunidad por las acciones cometidas en cumplimiento de una orden judicial.

Jurisdicción militar

Diversas normas aprobadas por el Congreso en septiembre de 2010 durante el gobierno de Sebastián Piñera finalmente eliminaron la jurisdicción de los tribunales militares sobre civiles, una reforma que había sido exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su pronunciamiento en el caso Palamara Iribarne de 2005. No obstante, la reforma conservó la jurisdicción de los tribunales militares con respecto a abusos cometidos por carabineros.

Los tribunales militares están integrados por militares en servicio y carecen de la independencia y las garantías de debido proceso que distinguen a los procesos penales ordinarios. Las investigaciones se instruyen en forma secreta, los procedimientos penales son en su mayoría escritos y los abogados tienen escasas oportunidades de interrogar a los testigos de cargo.

La mayoría de las acciones planteadas en tribunales militares por violaciones de derechos humanos en los cuales las victimas son presuntamente civiles son desestimadas. Según datos publicados en 2014 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, el ombudsman de derechos humanos de Chile), la cantidad de condenas por abusos policiales en las zonas centrales de Chile entre 2005 y 2011 descendió al 0,48 por ciento de las denuncias presentadas, en comparación con el 3,2 por ciento registrado en el período entre 1990 a 2004, a pesar de que la cantidad de denuncias aumentó significativamente.

Los más altos tribunales de Chile se han opuesto progresivamente a la jurisdicción militar sobre estos casos. En mayo, el Tribunal Constitucional determinó la inconstitucionalidad de una decisión de un juez de la justicia ordinaria que se había declarado incompetente para intervenir en un caso sobre un policía acusado de haberle provocado una ceguera a un manifestante al arrojarle un cartucho de pintura en el ojo durante una manifestación callejera en 2013, y emitió un pronunciamiento similar en una causa distinta el mes siguiente. La sala penal de la Corte Suprema ha fallado a favor de la competencia de la justicia ordinaria en varias causas, incluida una vinculada con la muerte de un detenido que fue abandonado en un vehículo policial a altas temperaturas.

En mayo de 2014, el ministro de defensa anunció que presentaría un proyecto legislativo antes de fin de junio de 2015 que reformaría el Código de Justicia Militar y pondría fin a la jurisdicción militar sobre delitos cometidos contra civiles por miembros de las Fuerzas Armadas (incluidos carabineros).

Actuación policial

Información publicada por el INDH en 2014 reveló que el abordaje de la policía a las manifestaciones públicas no era adecuado a los estándares internacionales de derechos humanos. El instituto concluyó que el uso de equipos antidisturbios como cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de los carabineros en respuesta a actos violentos de manifestantes durante 2013 fue indiscriminado en el 70 por ciento de las manifestaciones que examinó. En general los Carabineros utilizaron estos métodos de manera desproporcionada en relación con la amenaza que enfrentaban, y también emplearon una fuerza desproporcionada al realizar detenciones.

Durante 2014 se redujo significativamente la cantidad de protestas públicas y de abusos cometidos por carabineros en este contexto. En agosto, gracias a la insistencia del INDH, los Carabineros autorizaron por primera vez la publicación de sus protocolos de intervención en manifestaciones públicas.

Condiciones en centros de detención

Muchas de las cárceles chilenas están sumamente sobrepobladas y las condiciones siguen siendo deficientes a pesar de los esfuerzos del gobierno. Un estudio de 44 cárceles publicado en marzo de 2014 por el INDH documentó golpizas propinadas por guardias penitenciarios y altos niveles de violencia entre internos en algunas cárceles, que causaron 35 muertes entre enero y octubre de 2012.

Es común que los presos sean arbitrariamente encarcelados en celdas de castigo sin suficiente iluminación, ventilación, acceso básico al agua, saneamiento, higiene, o atención médica. Al retirarse de su cargo en 2014, una funcionaria de la Corte Suprema responsable de supervisar las condiciones carcelarias se refirió a esta práctica como un “flagrante trato cruel e inhumano”.

Tortura

Se siguen denunciando casos de tortura, los cuales generalmente quedan impunes. Entre 2011 y agosto de 2014, el INDH presentó 33 denuncias de tortura ante la justicia: 16 por actos presuntamente cometidos por carabineros, 10 por guardias penitenciarios y 7 por miembros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Juicios por abusos del pasado

El presidente de la Corte Suprema señaló en marzo de 2014 que 1.022 casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) estaban siendo juzgados en la justicia, 72 de las cuales eran casos de tortura. Según el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior (que es parte en cerca de 800 de los casos bajo investigación judicial), hasta octubre se habían formulado cargos o dictado condenas por violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas, contra 1.086 personas, de las cuales 279 habían recibido una condena definitiva y 75 cumplían penas de prisión.

La sala penal de la Corte Suprema ha revisado de forma inconsistente  las condenas dictadas en causas importantes de derechos humanos. El Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, que lleva a cabo un monitireo de los juicios de derechos humanos, ha constatado que en casos de desapariciones forzadas la corte a menudo confirma penas de prisión que cumplen con la obligación jurídica asumida por Chile de impartir justicia contra los responsables a través de penas adecuadas. No obstante, en casos de ejecuciones extrajudiciales, la corte con frecuencia ha reducido las penas de prisión impuestas, y ha permitido que se apliquen alternativas a la prisión si ha transcurrido un tiempo significativo desde la comisión del delito.

Derechos reproductivos

Chile es uno de los cuatro únicos países de América Latina (los otros tres son El Salvador, Honduras y Nicaragua) que prohíben el aborto de manera absoluta, incluso en casos de necesidad médica o violación. En su mensaje anual a la nación, pronunciado en mayo de 2014, la Presidenta Bachelet anunció que su gobierno presentaría un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la vida de la mujer o joven, el feto sea inviable, o el embarazo sea producto de una violación. Hasta noviembre de 2014, el gobierno aún no había presentado el proyecto en el Congreso. Dos proyectos propuestos por varios diputados y senadores en mayo y julio de 2013 todavía estaban siendo tratados en comisiones a la fecha de redacción de este informe.

Orientación sexual e identidad de género

Un proyecto presentado por cinco senadores en mayo de 2013 para otorgar reconocimiento jurídico a la identidad de género de personas transgénero todavía estaba siendo analizado en el Senado en noviembre de 2014. El proyecto permitiría que las personas cambien su nombre y género a efectos legales en sus certificados de nacimiento y documentos de identidad a fin de que los registros oficiales coincidan con su identidad de género. Otro proyecto planteado por el entonces presidente Sebastián Piñera en 2011 que concedería reconocimiento y protección legal a parejas del mismo sexo fue aprobado en el Senado en octubre de 2014, y a la fecha del presente aún no había sido sometido a votación en la Cámara de Diputados.

Actores internacionales clave

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Chile apoyó medidas de la ONU para llevar a cabo un seguimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios ocupados de Palestina, Ucrania y Siria. Chile también fue uno de cuatro países que propusieron en septiembre de 2014 una resolución emblemática del Consejo de Derechos Humanos contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, y fue el único miembro latinoamericano del Consejo de Derechos Humanos que se opuso en junio de 2014 a una polémica resolución que no reconocía las distintas formas que pueden adoptar las familias.

En enero de 2014, el desempeño de Chile en materia de derechos humanos fue evaluado en el marco del proceso del “examen periódico” del Consejo de Derechos Humanos. Varios países elogiaron que Chile haya establecido el INDH como un organismo independiente de monitoreo de la situación de derechos humanos, y que haya promulgado una ley contra la discriminación en 2012.

Muchos exigieron también que se lleve a cabo un debate para despenalizar el aborto. Chile aceptó esta recomendación (que había rechazado en el EPU de 2009), pero señaló que la ley propuesta se limitaría a embarazos que pusieran en riesgo la vida de la madre, fueran inviables o hubieran sido producto de una violación.

En julio de 2014, en sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile, el Comité de Derechos Humanos, que es el organismo internacional de expertos encargado de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recomendó que Chile reformara su legislación antiterrorista para asegurar que los delitos de terrorismo quedaran claramente definidos en la ley, y exhortó a Chile a que se abstuviera de aplicar la ley de manera discriminatoria contra los mapuches. El comité también manifestó su preocupación por la práctica de la Corte Suprema de reducir las penas por graves violaciones de derechos humanos cometidas en las décadas de 1970 y 1980.

En Norín Catrimán y otros vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en mayo de 2014 que Chile era responsable por la violación de derechos de debido proceso, libertad de pensamiento y expresión, y libertad personal de siete líderes mapuches y un activista que fueron condenados por terrorismo en 2003 y 2004.