En 2013, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner consiguió la aprobación de legislación que limitó gravemente la independencia judicial, si bien la Corte Suprema de Justicia posteriormente anuló algunas de las disposiciones principales. Existe actualmente en Argentina un debate intenso y amplio pero progresivamente polarizado entre el gobierno y sus críticos. Sin embargo, el gobierno de Fernández ha aplicado sanciones a personas por publicar estadísticas extraoficiales de inflación que no coinciden con las oficiales, y no regulado la distribución de fondos públicos destinados a publicidad oficial. No existe una ley nacional que regule el acceso a información.

Entre otros aspectos preocupantes de derechos humanos que aún subsisten se incluyen abusos policiales, las deficitarias condiciones carcelarias, torturas y la falta de protección de derechos indígenas.

Argentina continúa logrando avances significativos en materia de derechos de LGBT y en el juzgamiento de abusos cometidos durante el “terrorismo de estado” (1976-1983), si bien hubo demoras en algunos de los procesos.

Independencia judicial

En abril de 2013, la Presidenta Fernández presentó un paquete de reformas legislativas del sistema judicial argentino, que fue aprobado velozmente por el Congreso. Contemplaba un proyecto para limitar la capacidad de las personas de solicitar medidas cautelares contra actos gubernamentales, y otro que otorgaba al partido gobernante una mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de la selección de jueces y de iniciar procesos de destitución, lo cual otorga al partido en el gobierno de turno una serie de facultades que atentan contra la independencia judicial. En junio, la Corte Suprema de Justicia anuló algunos aspectos problemáticos de esta última norma, incluidas disposiciones relativas a la composición y selección del Consejo de la Magistratura.

Fernández acusó de “contrapoder del pueblo” a quienes defendieron el rol del poder judicial como contralor de los demás poderes de gobierno.

Libertad de expresión

En 2009, el Congreso sancionó una ley para regular los servicios audiovisuales que contiene disposiciones para ampliar la pluralidad en los medios. La autoridad federal a cargo de implementar la ley aún debe asegurar que exista un amplio espectro de perspectivas en la programación de medios gestionados por el Estado. El grupo de medios más grande de Argentina, el Grupo Clarín, ha impugnado la constitucionalidad de artículos de la ley que exigen a las empresas vender aquellas emisoras que excedan los nuevos límites sobre la cantidad de medios que pueden pertenecer a una única compañía, y obtuvo una medida cautelar que suspendió su implementación durante la sustanciación del juicio. En octubre de 2013, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la ley, levantó la medida cautelar y ordenó a Clarín adecuarse a la ley. La Corte también fijó parámetros claros con respecto a cómo debería implementarse la ley para asegurar que se proteja genuinamente el derecho de libertad de expresión.

En agosto de 2013, Fernández acusó a los medios de hacer uso de “balas de tinta” para “derrocar gobiernos populares”. El secretario general de la presidencia calificó de “sicario mediático” a un periodista que transmitió una serie de programas televisivos sobre presuntos actos de corrupción que implicaban al gobierno.

La posibilidad de elevadas multas y procesos penales atentan contra el derecho a publicar libremente información de interés público. En 2011, la Secretaría de Comercio impuso una multa de 500.000 pesos a 11 economistas y consultoras por publicar estadísticas extraoficiales de inflación que cuestionaban los datos oficiales. Si bien la Corte Suprema invalidó algunas de estas multas en octubre de 2013, otras seguían pendientes al momento de la redacción de este informe. Tres de los economistas multados fueron además investigados penalmente por los presuntos delitos de “fraudes al comercio y a la industria”. En septiembre, un juez procesó al secretario de comercio por “abuso de autoridad” por haber impuesto las multas.

La falta de criterios transparentes en la asignación de fondos gubernamentales en el ámbito federal y en algunas provincias para comprar espacios de publicidad en los medios genera un riesgo de discriminación contra aquellos medios que critican a funcionarios gubernamentales. En dos sentencias de 2007 y 2011, la Corte Suprema determinó que si bien las empresas de medios no tienen un derecho específico a recibir pauta oficial, los funcionarios no pueden aplicar criterios discriminatorios al decidir en qué medios pautar publicidad.

Argentina no cuenta con una ley nacional que asegure el acceso público a la información en poder de organismos gubernamentales. Un decreto presidencial existente se aplica exclusivamente al poder ejecutivo federal, y algunos gobiernos provinciales han adoptado reglamentaciones para sus jurisdicciones.

Justicia transnacional

Al momento de la redacción del presente documento, no había condenados en relación con el atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Desde su inicio, las investigaciones y los procesos penales se han visto frenados como resultado de corrupción judicial y obstáculos políticos. Irán, país al cual se atribuye el atentado, ha rechazado los pedidos de Argentina para que se extradite al ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros seis funcionarios de ese país presuntamente implicados en el hecho.

El 27 de enero de 2013, Argentina e Irán firmaron un “Memorándum de Entendimiento” por el cual se estipula la creación de una comisión internacional de juristas con facultades para revisar la evidencia relativa a ciudadanos iraníes acusados por las autoridades judiciales argentinas como responsables de la explosión, y para interrogar a algunos de los presuntos implicados. El acuerdo fue ratificado en febrero por legisladores del partido de Fernández. En Irán, este fue ratificado por el Consejo de Ministros, pero sus términos poco precisos no dejan en claro si podría implementarse sin la aprobación del parlamento iraní, ni si las declaraciones de ciudadanos iraníes serán admitidas como prueba en la causa penal argentina. En septiembre de 2013, la Presidenta Fernández de Kirchner exhortó a Irán a ratificar el acuerdo durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Al momento de redacción de este documento se encontraba pendiente en la justicia argentina un recurso contra este acuerdo planteado por líderes de la comunidad judía en abril.

Juicios por abusos del pasado

En 2003 se reabrieron varias causas por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1976-1983), luego de que el Congreso anulara las leyes de amnistía. La Corte Suprema estableció posteriormente la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, y en la justicia federal se anularon indultos concedidos a ex oficiales condenados o que estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.

En septiembre de 2013, de 2.316 personas investigadas en la justicia por delitos de lesa humanidad, 416 habían sido condenadas y 35 habían sido absueltas, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).Actualmente están en curso 11 juicios orales que afectan a numerosas víctimas e imputados.

En diciembre de 2012, por ejemplo, un tribunal federal condenó a Jaime Smart, que desempeñó el cargo de ministro en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, por la tortura y posterior muerte de una persona, y la detención ilegal y abuso de otras 43. Smart se convirtió en el primer funcionario civil en ser condenado por estos delitos, y recibió la pena de prisión perpetua. El tribunal también condenó a 22 agentes de seguridad por los mismos abusos, y pidió que se investigara a un fiscal, miembros del poder judicial y a la Iglesia Católica por su presunta participación.

Ante la gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables y, al mismo tiempo, respetar las garantías de debido proceso de los acusados. Otros aspectos que merecen atención son las considerables demoras en los juicios, la fuga de tres militares condenados en julio de 2013 que aún permanecen prófugos, y la falta de esclarecimiento sobre el paradero de Julio López, quien había sido víctima de torturas y desapareció en septiembre de 2006, un día antes de la fecha en que debía asistir a una de las audiencias en el juicio contra uno de sus torturadores.

En julio de 2013, la Presidenta Fernández pidió que el Congreso ascendiera al general César Milani, jefe de las fuerzas armadas, a teniente general. Tras las críticas generalizadas vertidas por organizaciones de derechos humanos y víctimas, que acusan a Milani de haber participado en abusos durante la dictadura, la presidenta pidió al Congreso que postergara el ascenso de Milani hasta fin de año.

Abusos policiales

En abril de 2013, al menos 100 oficiales de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron la fuerza excesiva para dispersar a médicos, enfermeras, dirigentes sindicales y legisladores que se oponían a los planes del gobierno de la ciudad de demoler un edificio que formaba parte de un hospital, conforme informó la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Según trascendió en los medios, la intervención policial provocó decenas de civiles heridos, incluidos pacientes y periodistas. También hubo 17 policías heridos durante el enfrentamiento. Al momento de redacción de este informe, el caso estaba siendo investigado en la justicia penal.

Condiciones en centros de detención

Aún subsisten graves problemas como la sobrepoblación, el maltrato por parte de guardias penitenciarios, las condiciones edilicias inadecuadas y la violencia entre internos. Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo oficial creado por el Congreso, entre enero de 2012 y mediados de 2013 se produjeron 86 muertes, 41 de ellas en episodios violentos, en las cárceles federales. Este organismo también documentó 429 casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2012, y 426 en los primeros siete meses de 2013.

Derechos indígenas

La población indígena de Argentina enfrenta obstáculos para acceder a justicia, tierras, educación, atención de la salud y otros servicios básicos.

La legislación vigente concede al gobierno plazo hasta noviembre de 2017 para censar las tierras ocupadas por comunidades indígenas, y antes de esa fecha prohíbe desalojar legalmente a las comunidades. En mayo de 2013, la Corte Suprema instó al gobierno de la provincia de Formosa y al gobierno federal a censar a la población indígena Qom. Antes del censo, las autoridades iniciaron una investigación penal del líder Qom Félix Díaz por haber “usurpado” tierras donde viven miembros de la comunidad y haber participado en una manifestación en 2010 durante la cual murió un miembro de la comunidad y decenas de personas sufrieron heridas debido al uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia, según indicó el CELS.

Derechos de la mujer

En marzo de 2013 Argentina sancionó una nueva ley mediante la cual se extienden garantías fundamentales a los trabajadores domésticos, que en su mayoría son mujeres y jóvenes, incluidos límites a la jornada laboral, un período de descanso semanal, la remuneración de horas extras, licencia por enfermedad y beneficios por maternidad.

Salvo pocas excepciones, en Argentina el aborto es ilegal y las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y el aborto después de una violación (uno de los pocos casos en los cuales está permitido). Como resultado de estos obstáculos, a menudo mujeres y jóvenes deben afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud.

Mediante una decisión emblemática, en marzo de 2012 la Corte Suprema determinó que no era necesario contar con autorización judicial previa para someterse a un aborto luego de una violación, y exhortó a los gobiernos provinciales a asegurar el acceso a abortos legales. Hasta marzo de 2013, solamente 5 de las 23 provincias argentinas habían adoptado protocolos que cumplían los requisitos establecidos por la Corte, conforme indicó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Orientación sexual e identidad de género

En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende esta posibilidad a parejas del mismo sexo y contempla idénticos derechos y garantías legales que los reconocidos a las parejas heterosexuales, incluidos, entre otros, los derechos de adopción y beneficios jubilatorios.

En 2012, la Ley de Identidad de Género reconoció el derecho de los mayores de 18 años a elegir su identidad de género, someterse a intervenciones de reasignación de género y a que se modifiquen los documentos oficiales sin necesidad de aprobación judicial o médica. Los procedimientos de reasignación quirúrgicos u hormonales están contemplados por los seguros de salud públicos y privados.

Actores internacionales clave

En abril de 2013, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados observó que los cambios al sistema de justicia propuestos por el gobierno de Fernández “compromete[n] seriamente los principios de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, elementos fundamentales de toda democracia”. En respuesta, el gobierno de Fernández acusó a la relatora de “falta de imparcialidad, mesura y equilibrio”.

Argentina es una vez más miembro del Consejo de Derechos Humanos, y votó a favor de varias resoluciones clave relativas a violaciones de derechos humanos en países como Sri Lanka, Irán y Siria. Argentina debería adoptar una postura más enérgica para denunciar y exigir que los gobiernos rindan cuentas por desapariciones forzadas, dado que se trata de un tema prioritario para la ONU.

En marzo de 2013, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adoptó una resolución que puso fin a un proceso, iniciado en 2010, para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, varios países utilizaron el proceso para intentar socavar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre libertad de expresión. Al término de la reunión de marzo, Argentina propuso lenguaje para poder adoptar la resolución final por consenso, que permitiría en el futuro reanudar el debate sobre reformas al sistema que podrían socavar la independencia de la comisión.

En mayo de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Argentina había violado el derecho a la libertad y a no sufrir un trato cruel e inhumano de cinco menores de edad que fueron condenados a prisión perpetua. La corte dispuso que Argentina debía reformar su legislación para eliminar la posibilidad de prisión perpetua de menores de edad, y examinar otros casos en que se estuvieran cumpliendo penas similares.