En la elección presidencial de abril de 2013, celebrada a pocas semanas de la muerte del ex Presidente Hugo Chávez, resultó vencedor por una estrecha diferencia Nicolás Maduro, el candidato elegido personalmente por Chávez como su sucesor, según datos de las autoridades electorales venezolanas. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral rechazaron las apelaciones presentadas por el candidato de oposición, Henrique Capriles Radonski, en las cuales impugnaba los resultados. La controversia por los resultados provocó una serie de marchas y contramarchas en las calles del país, durante las cuales perdieron la vida al menos nueve personas y hubo decenas de heridos, además de incidentes de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.

Durante el gobierno del Presidente Chávez, y del actual Presidente Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos. Si bien aún son muchos los venezolanos que critican al gobierno, la posibilidad de enfrentar represalias —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha socavado la capacidad de los jueces de pronunciarse imparcialmente en casos con fuertes implicancias políticas, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las posibles consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno.

En septiembre de 2013, entró en vigor la decisión del gobierno de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual impide que los venezolanos puedan acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional que ha protegido sus derechos durante décadas en un amplio espectro de casos.

El abuso policial, las condiciones carcelarias y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo materia de profunda preocupación. 

Violencia poselectoral

Las fuerzas de seguridad aplicaron un uso excesivo de la fuerza y recurrieron a detenciones arbitrarias para dispersar manifestaciones contra el gobierno luego de las elecciones de abril, según indicaron organizaciones locales. Por ejemplo, el Foro por la Vida, una red de 18 organizaciones de derechos humanos venezolanas, informó que las fuerzas de seguridad habían detenido arbitrariamente al menos a 62 personas y causado lesiones a por lo menos 38 durante manifestaciones en el estado de Lara realizadas el 15 y 16 de abril. Los detenidos indicaron haber sido golpeados violentamente, amenazados con sufrir violencia sexual y privados de alimentos durante más de 24 horas.

Según información oficial, se produjeron seis manifestaciones “agresivas y violentas” luego de las elecciones, durante las cuales resultaron heridas 35 personas, y hubo actos de vandalismo contra 15 establecimientos de salud, cinco sedes de partidos políticos y una sede de la Defensoría del Pueblo. Conforme indicaron fuentes oficiales, nueve personas murieron en esa oportunidad, si bien las circunstancias de su fallecimiento no han sido esclarecidas.

El Presidente Maduro y otros altos funcionarios han recurrido a la amenaza de llevar adelante investigaciones penales como herramienta política, y han señalado a Capriles como el responsable de todos los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones. La Fiscalía General de la República ha investigado incidentes en que fueron víctimas partidarios del gobierno, pero no ha realizado investigaciones exhaustivas de denuncias creíbles sobre abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el período posterior a los comicios.

Independencia judicial

Desde que el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional  llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial en gran medida ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y se pronunciaron reiteradamente a favor del gobierno, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.

La jueza María Lourdes Afiuni continúa procesada luego de que en 2009 dictara una sentencia contra el gobierno. En diciembre de 2009, Afiuni fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción. Si bien el pronunciamiento de Afiuni daba cumplimiento a una recomendación emitida por un organismo internacional de derechos humanos —y era acorde con el derecho venezolano— un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al Presidente Chávez dispuso su procesamiento por corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Afiuni permaneció más de un año en una cárcel de mujeres donde las condiciones eran deplorables, y más de dos años bajo arresto domiciliario. En junio de 2013, se le concedió la libertad condicional, pero a la fecha de redacción de este informe aún continuaba sujeta a medidas cautelares que le prohibían realizar declaraciones públicas sobre la causa judicial.

Libertad de los medios de comunicación

El gobierno de Chávez ha ampliado y ejercido en forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación durante la última década. Si bien en algunos periódicos y estaciones de radio aún es habitual que se critique enérgicamente al gobierno, se ha evidenciado la autocensura por temor a represalias.

En 2010, la Asamblea Nacional reformó la ley de telecomunicaciones para reconocer al gobierno la facultad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. También amplió a Internet el alcance de una ley de medios de contenido restrictivo, y permitió la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”. Anteriormente, reformas al Código Penal habían ampliado el alcance y la severidad de los delitos de difamación que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios gubernamentales de alto rango.

El gobierno también ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno. El canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue arbitrariamente retirado de las señales de aire públicas en 2007, fue obligado más tarde por el gobierno a dejar de emitir por televisión por cable.

Posteriormente el gobierno aplicó sanciones administrativas contra Globovisión, que durante años fue el único canal importante que mantuvo una línea crítica contra Chávez. El órgano gubernamental que regula a los medios de comunicación inició nueve investigaciones administrativas contra el canal. En un caso, aplicó una multa de US$ 2,1 millones a Globovisión por haber presuntamente violado la ley de medios al difundir imágenes de un motín que tuvo lugar en una cárcel en 2011. En abril de 2013, Globovisión fue vendido a sectores afines al gobierno debido a que, según señaló su propietario, se había convertido política, económica y jurídicamente inviable. Desde entonces, redujo considerablemente su programación crítica.

El gobierno también ha adoptado medidas arbitrarias de censura y sanción contra otros medios de comunicación. Por ejemplo, en un caso iniciado por la Defensoría del Pueblo, un tribunal especializado en niños, niñas y adolescentes fijó una multa al periódico El Nacional en agosto de 2013 por haber publicado en primera plana una fotografía que mostraba una decena de cuerpos desnudos en la morgue de Bello Monte, en Caracas. La imagen acompañaba un artículo sobre armas ilícitas y violencia, dos de los temas que más preocupan a la opinión pública en Venezuela. Desde que la imagen se imprimió en 2010, el tribunal prohibió al periódico que publicara “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes que tienen residencias en la República Bolivariana de Venezuela”.

En noviembre de 2013, el órgano que regula a los medios de transmisión inició una investigación administrativa contra ocho proveedores de Internet por haber permitido que en sitios web se publicara información sobre el tipo de cambio extraoficial, y amenazó con revocar su licencia si no bloqueaban inmediatamente los sitios. Varios días después, pidió a Twitter que suspendiera cuentas vinculadas con estos sitios web.

Defensores de derechos humanos

El gobierno venezolano ha intentado marginar a los defensores de derechos humanos del país acusándolos reiteradamente de procurar atentar contra la democracia venezolana con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, en julio de 2013, el ministro de relaciones interiores acusó a Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, de ser “operadora de la CIA en Venezuela” y de llevar adelante una “campaña psicológica” contra las políticas de seguridad del gobierno.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria”. A su vez, la Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

En octubre de 2013, la Asamblea Nacional creó una “comisión especial” para investigar el origen del financiamiento que reciben “oficinas u organizaciones con fines políticos y grupos que actúan con el propósito de desestabilizar y generar conmociones sociales y un golpe de estado para atentar contra el hilo constitucional”.

Abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

Los delitos violentos son muy frecuentes en Venezuela. En mayo de 2013, el Presidente Maduro presentó el “Plan Patria Segura”, que destina 3.000 militares a participar en operativos de seguridad pública conjuntamente con policías. El personal militar carece de capacitación adecuada para llevar a cabo estas tareas.

Los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad representan un problema crónico. Según las estadísticas oficiales más recientes, 7.998 personas habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de 2000 y los primeros cuatro meses de 2009. En julio de 2013, militares dispararon contra un automóvil en el estado de Falcón, y provocaron la muerte de la conductora y una de sus hijas e hirieron a las otras dos. Luego de que el caso recibiera amplia difusión en los medios, la fiscalía acusó a 10 militares por su presunta responsabilidad en estos hechos. No obstante, en general prevalece la impunidad en este tipo de casos.

En abril de 2008, el gobierno creó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y aprobó medidas para promover una actuación policial no abusiva, propuestas por una comisión integrada por representantes del gobierno y de ONG. Hasta agosto de 2013, había 14.478 policías de la PNB que trabajaban en ocho estados.

En junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que sanciona la comisión, colaboración, encubrimiento y obstrucción de la investigación penal de estos actos. La ley, que ya entró en vigor, prevé penas de hasta 25 años para estos delitos.

Condiciones en centros de detención

Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura, sobrepoblación, falta de personal suficiente y capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles. Cada año se producen cientos de muertes violentas en estos establecimientos. Por ejemplo, en enero de 2013, al menos 56 internos y un efectivo de la Guardia Nacional murieron durante un enfrentamiento entre presos y miembros de esta fuerza, luego de que las fuerzas de seguridad aplicaran la fuerza letal en el transcurso de una requisa efectuada para buscar armas en la cárcel de Uribana, en el estado de Lara. A causa de los sucesos, 46 internos gravemente heridos debieron ser hospitalizados.

Derechos laborales

Aun subsiste el problema de la discriminación política de trabajadores en instituciones del Estado. En abril de 2013, el Ministro de Vivienda Ricardo Molina instó a todo el personal del ministerio que apoyara a la oposición a renunciar a su cargo, y advirtió que despediría a quienes criticaran a Maduro, Chávez o la “revolución”. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello recibió denuncias que afectan a cientos de trabajadores de instituciones públicas —incluida la empresa petrolera del Estado, el servicio de administración aduanera y tributaria y empresas de electricidad estatales—a quienes presuntamente se amenazó con la posibilidad de perder su puesto por apoyar a Capriles o por no haber apoyado abiertamente al gobierno tras las elecciones en abril.

La ley de trabajo adoptada en abril de 2012 contiene disposiciones que limitan la plena libertad que deberían ejercer los sindicatos para redactar sus propios estatutos y elegir a sus representantes. En la práctica, el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo público, continúa desempeñando un rol excesivo en las elecciones sindicales. Esto resulta violatorio de los estándares internacionales que garantizan el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes con total libertad, de acuerdo con las condiciones que ellos determinen.

Actores internacionales clave

El 10 de septiembre de 2013 entró en vigor la decisión del gobierno venezolano de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los ciudadanos y residentes de Venezuela no podrán solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de abusos cometidos luego de esa fecha cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela se ha pronunciado en contra de que la ONU intervenga en respuesta a violaciones de derechos humanos en lugares como Corea del Norte. Durante la sesión de septiembre de 2013 del Consejo de Derechos Humanos, fue el único país que votó en contra de una resolución que condenó las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población siria. Durante años, el gobierno de Venezuela se ha negado a autorizar que expertos en derechos humanos de la ONU realicen visitas de investigación al país.

En junio 2013, Venezuela asumió la presidencia pro témpore del Mercosur, un año después de haberse sumado al bloque regional. El Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR establece que “[l]a plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos” son indispensables para la integración regional, y que los estados partes “cooperarán mutuamente para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos”. Al no abordar la ausencia de independencia del poder judicial en Venezuela ni los intentos del gobierno por debilitar las garantías de derechos humanos, los demás estados miembros del Mercosur han incumplido tales compromisos.

Venezuela apoyó una campaña de Ecuador para socavar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial sobre libertad de expresión. Si bien no lograron conseguir apoyo para este propósito durante la sesión de marzo de 2013 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, ambos gobiernos, al igual que otros miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), manifestaron claramente su intención de continuar impulsando estos cambios en el futuro.