El Presidente Hugo Chávez, que ha gobernado Venezuela durante 14 años, fue elegido en octubre de 2012 para renovar su mandato por otros seis años. Durante su presidencia, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a venezolanos que critican al presidente o se oponen a su agenda política. El Presidente Chávez y sus partidarios han abusado de su poder en una gran variedad de casos que han afectado al poder judicial, los medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
Si bien aún son muchos los venezolanos que continúan criticando al gobierno, la posibilidad de enfrentar represalias similares —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha debilitado la capacidad de los jueces de pronunciarse en casos con fuertes implicancias políticas, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las posibles consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno.
La violencia en centros penitenciarios y los abusos policiales continúan siendo materia de profunda preocupación.
Independencia judicial
En 2004, Chávez y sus aliados en el poder legislativo implementaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó designar a partidarios del gobierno en el Tribunal y adoptar nuevas medidas que permitieron destituir a sus magistrados. Tras renovar una vez más su composición con partidarios de Chávez en 2010, el Tribunal prácticamente ha renunciado a su rol de contralor del poder ejecutivo. Sus miembros han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del Presidente Chávez. Este compromiso político se ha reflejado en las sentencias dictadas por el Tribunal, que han avalado una y otra vez decisiones del gobierno que no tienen en cuenta las normas internacionales de derechos humanos.
Los jueces cuyos pronunciamientos contradigan los intereses del gobierno pueden sufrir represalias. En diciembre de 2009, la Jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción. Si bien la decisión de Afiuni daba cumplimiento a una recomendación emitida por monitores de derechos humanos de las Naciones Unidas —y era acorde con el derecho venezolano— fue arrestada inmediatamente. Un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al Presidente Chávez dispuso su procesamiento. El día siguiente a la detención, en declaraciones públicas Chávez calificó a Afiuni de “bandida” y afirmó que debía recibir la pena máxima de 30 años de prisión. Afiuni permaneció durante más de un año en prisión preventiva y en condiciones deplorables junto a otras convictas, muchas de ellas condenadas en su propio tribunal, que la amenazaron de muerte en varias oportunidades. En respuesta a las críticas vertidas por organismos internacionales de derechos humanos, en febrero de 2011 Afiuni fue beneficiada con arresto domiciliario, situación en la cual continúa a la fecha de este informe, a la espera de un juicio.
Libertad de los medios de comunicación
El gobierno de Chávez ha ampliado y ejercido en forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación. Si bien en la prensa escrita aún es habitual que se critique duramente al gobierno, en el canal de televisión privado Globovisión y algunos otros medios se ha generalizado la autocensura por temor a represalias del gobierno.
Entre las normas que han contribuido al clima de autocensura, se incluyen las reformas efectuadas al Código Penal en 2005, a través de las cuales se amplió el alcance de las leyes de desacato que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios de alto rango, y una ley de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de estaciones y canales por el delito de “incitación”, definido de manera sumamente vaga. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional extendió el alcance de esta ley e incluyó a Internet. Las reformas implementadas en la ley de telecomunicaciones reconocen al gobierno la facultad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”.
El gobierno de Chávez ha empleado sus facultades regulatorias para incrementar la cantidad de medios de comunicación chavistas y administrados por el gobierno, y ha reducido al mismo tiempo la oferta de aquellos que ofrecen una programación crítica. El canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue arbitrariamente retirado de las señales de aire públicas en 2007, también fue obligado por el gobierno a salir de la televisión por cable, dejando a Globovisión como el único canal de amplia cobertura que aún mantiene una postura crítica de la actuación del Presidente Chávez.
El gobierno también aplicó sanciones administrativas contra Globovisión, como una multa de US$ 2,1 millones por haber infringido supuestamente la ley de medios al difundir imágenes de un motín penitenciario ocurrido en 2011. Se encuentran pendientes otras seis acciones contra Globovisión, que podrían dar lugar a otra fuerte multa o al cierre o la suspensión del canal. A su vez, el gobierno ha sancionado y/o censurado a medios de comunicación que critican el accionar del gobierno en asuntos de interés público.
El gobierno también ha adoptado medidas arbitrarias de censura y sanción contra otros medios de comunicación. Por ejemplo, luego de que en agosto de 2011 el semanario 6to Poder publicara una sátira que presentaba a seis altas funcionarias como bailarinas de un cabaret llamado “La Revolución”, dirigido por “Mr. Chávez”, las autoridades detuvieron a la directora y al presidente del periódico, y se dictó una orden judicial que prohibía a este medio publicar material gráfico o textual que constituyera “una ofensa y/o ultraje a la reputación o al decoro de algún representante de los Poderes Públicos”.
Defensores de derechos humanos
El gobierno de Chávez ha intensificado sus acciones destinadas a marginar a los defensores de derechos humanos del país acusándolos reiteradamente de procurar atentar contra la democracia venezolana con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Si bien algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recibido financiamiento de fuentes estadounidenses —una práctica común entre organizaciones independientes de toda América Latina— no existen pruebas creíbles de que la independencia e integridad de su trabajo se haya visto comprometida a causa de esto.
Estas acusaciones infundadas del gobierno se tornaron aún más peligrosas cuando partidarios de Chávez presentaron varias denuncias penales contra algunas de las principales ONG del país por recibir financiamiento del exterior. A su vez, el Tribunal Supremo determinó en 2010 que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria” de conformidad con una disposición del Código Penal, que prevé una pena de prisión de hasta 15 años para cualquiera “que facilite directa o indirectamente al país o República extranjera [...] le entregue o reciba de ellos suma de dinero [...] que puedan emplearse en perjuicio de la República Bolivariana de Venezuela, la integridad de su territorio, sus instituciones republicanas, ciudadanos y ciudadanas o desestabilice el orden social”. Asimismo, la Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir asistencia internacional.
Estas medidas destinadas a perseguir y desacreditar a defensores de derechos humanos han propiciado un entorno donde estos se sienten más vulnerables a actos de intimidación por parte de funcionarios gubernamentales y a la violencia y las amenazas de sus partidarios.
El gobierno de Chávez también ha sancionado normas que reducen de manera drástica el derecho del público a obtener información en poder del gobierno. En conjunto, estas medidas han tenido el efecto de incrementar notablemente la capacidad del gobierno de impedir o dificultar que defensores de derechos humanos obtengan el financiamiento, la información, la legitimación y la visibilidad pública que necesitan para promover su causa de manera efectiva.
Abusos policiales
Los delitos violentos son comunes en Venezuela y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad continúan siendo una práctica recurrente. El Ministro del Interior y de Justicia estimó que en uno de cada cinco delitos, los responsables son policías. Según las estadísticas oficiales más recientes, 7.998 personas habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de 2000 y los primeros cuatro meses de 2009.
La mayoría de estos abusos policiales continúan quedando impunes. En 2011, tan sólo en menos del 4 por ciento de los casos investigados los fiscales acusaron a alguna persona en relación con estos delitos.
En abril de 2008, el gobierno de Chávez dictó un decreto por el cual se creó una nueva fuerza de policía nacional y se adoptaron medidas de promoción de prácticas policiales no abusivas, que fueron propuestas por una comisión integrada por representantes del gobierno y de diversas ONG. Al momento de la redacción de este documento, no existía ninguna evaluación independiente del desempeño del nuevo cuerpo de policía.
Condiciones en centros de detención
Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura, sobrepoblación, falta de personal suficiente y capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles. Cada año se producen cientos de muertes violentas en estos establecimientos. Por ejemplo, en agosto de 2012, un enfrentamiento entre pandillas rivales ocurrido en la cárcel Yare 1 del estado de Miranda tuvo un saldo de un visitante y 24 internos muertos, y 43 heridos.
Derechos laborales
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es una autoridad pública con potestad para organizar y reconocer todas las elecciones sindicales. Esto resulta violatorio de los estándares internacionales que garantizan el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones que ellos determinen. Los sindicatos establecidos cuyas elecciones no hayan sido reconocidas por el CNE no pueden participar en negociaciones colectivas.
Durante años, el gobierno ha prometido que reformaría las leyes laborales y electorales relevantes para restringir la interferencia del Estado en las elecciones sindicales. En abril de 2012, el Presidente Chávez adoptó por decreto una nueva ley del trabajo. Si bien la ley dispone que los sindicatos tienen libertad para convocar a elecciones sin ninguna interferencia, establece el sistema de votación que los sindicatos deberán incorporar en sus estatutos, además de fijar una duración máxima de los mandatos sindicales. Estas disposiciones limitan la plena libertad de la cual deberían gozar los sindicatos conforme al derecho internacional para adoptar sus propios documentos constitutivos y normas, y elegir a sus representantes.
Actores internacionales clave
Venezuela ha endurecido su rechazo a la observación internacional de la situación de derechos humanos en el país, y se ha negado a reconocer sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) y a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleve a cabo un monitoreo de problemas de derechos humanos en el país. En septiembre de 2012, Venezuela anunció formalmente su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En marzo de 2012, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU adoptó el informe sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela. El gobierno ha rechazado varias recomendaciones clave sobre libertad de expresión, fortalecimiento de la independencia judicial, cumplimiento de las sentencias vinculantes de la Corte I.D.H. y apoyo del trabajo independiente de las ONG. A la fecha de este informe, el gobierno aún no había autorizado las visitas al país de diversos expertos de derechos humanos de la ONU.