En el marco de la lucha contra poderosos grupos del crimen organizado, las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones, desapariciones y torturas. Casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente, y esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país.
En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia determinó en agosto de 2012 la inconstitucionalidad de la aplicación de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos. No obstante, la mayoría de los abusos cometidos por militares continúan siendo juzgados en el fuero militar, que carece de independencia e imparcialidad.
Aún persisten las amenazas y agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas. El gobierno no ha brindado protección adecuada a estos grupos vulnerables ni tampoco ha investigado los delitos de los cuales han sido víctimas. En abril, México sancionó una ley para crear un mecanismo de protección destinado a defensores de derechos humanos y periodistas, pero aún se están diseñando los protocolos para evaluar los riesgos y asignar protección.
Impunidad de abusos militares
México ha delegado mayormente al Ejército la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos. Entre enero de 2007 y mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió informes detallados sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y recibió denuncias de 7.350 abusos militares.
Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia. Esto se debe en gran medida a que los casos siguen siendo investigados en el sistema de justicia militar. La Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5.000 investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre enero de 2007 y abril de 2012, y durante este período los jueces militares condenaron solamente a 38 militares por violaciones de derechos humanos.
En agosto de 2012, la Suprema Corte determinó que el asesinato por soldados de un hombre que no estaba armado en un retén militar debía ser juzgado por la justicia penal ordinaria, y que el artículo del Código de Justicia Militar invocado para entender en causas de derechos humanos era inconstitucional. No obstante, los distintos proyectos legislativos de reforma del Código de Justicia Militar que están siendo impulsados en el Congreso encontraron una férrea resistencia. El Ejército ha manifestado que continuará ejerciendo jurisdicción respecto de casos de presuntos abusos hasta que se reforme el código de justicia.
Tortura
La tortura continúa siendo una práctica generalizada en México que se emplea para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas. En general, las torturas se aplican durante el período desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en este lapso a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos. Las tácticas más comunes incluyen golpizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.
Uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de confesiones obtenidas mediante torturas u otros malos tratos, a pesar de que la constitución prohíbe admitir este tipo de declaraciones. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura. Desde 1994 solamente han sido condenados por tortura dos funcionarios federales. En contraposición a estos datos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 100 denuncias de tortura y más de 4.700 denuncias de maltrato entre 2007 y 2011.
México se ha comprometido a aplicar el Protocolo de Estambul, un conjunto de principios rectores reconocidos internacionalmente para evaluar el estado de una potencial víctima de tortura o maltrato. A pesar de ello, son excepcionales los casos en que estos principios han sido aplicados por funcionarios judiciales, y los peritos médicos a menudo omiten dejar constancia de evidencias de abusos en sus informes.
Sistema de justicia penal
El sistema penal ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esta omisión responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio.
En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, e incluye medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales. No obstante, las autoridades tienen plazo hasta 2016 para completar la reforma, hasta el momento su aplicación ha sido lenta y la mayoría de los cambios aún no se reflejan en la práctica. Muchos estados continúan operando de forma acorde con el sistema tradicional de México y toleran sus prácticas más perniciosas. A su vez, en los pocos estados donde se ha introducido el nuevo sistema se han sancionado normas para contrarrestar la reforma o se incluyeron excepciones que ponen en riesgo los principales cambios que supone el traspaso al sistema oral.
A pesar de sus aspectos positivos, la reforma también ha introducido una disposición sobre arraigoque permite a los agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de ser acusadas de un delito. La detención ordenada sin que medie acusación por un plazo de hasta 80 días contraviene las obligaciones jurídicas de México relativas a libertad, seguridad y debido proceso conforme al derecho internacional. Muchas personas permanecen detenidas por períodos que exceden ampliamente el límite de 80 días, y en algunos casos son sometidas a torturas en centros de arraigo.
Condiciones en centros de detención
En las prisiones prevalecen las condiciones de sobrepoblación y falta de higiene, y no se brinda seguridad básica a la mayoría de los internos. Los presos que afirman sufrir agresiones u otros abusos de guardias o internos no cuentan con un sistema efectivo para exigir una reparación.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cerca del 60 por ciento de las prisiones son controladas por la delincuencia organizada, y la situación de corrupción y violencia continúa profundizándose. Las organizaciones delictivas usan este control para extorsionar a familiares de los presos, y amenazan con torturarlos si no pagan. En febrero de 2012, un grupo de guardias en la cárcel de Apodaca en Nuevo León permitieron que reclusos que eran miembros de una organización delictiva ejecutaran a 44 presos de un grupo rival, y luego dejaron que muchos de los responsables se fugaran.
Libertad de expresión
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de graves persecuciones y ataques.Entre 2000 y julio de 2012, fueron asesinados 82 periodistas y otros 16 desaparecieron. Se ha intensificado la violencia contra personas que participan en redes sociales y contra las oficinas de medios de comunicación. Si bien muchos de los ataques contra miembros de la prensa ocurridos en 2012 se atribuyeron a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la participación de funcionarios públicos.
Las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente delitos contra miembros de la prensa, ni tampoco han protegido a periodistas que están expuestos a graves riesgos, lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura. Si bien en 2006 México creó una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y amplió sus facultades en 2010, los casos de esta naturaleza no han sido juzgados eficazmente. Entre 2006 y mediados de 2012, se denunciaron más de 630 agresiones contra la prensa, pero a pesar de ello la fiscalía especial solamente obtuvo una condena penal.
En junio de 2012, México sancionó una reforma constitucional que reconoce carácter de delito federal a los ataques contra la prensa, y habilita a los agentes del Ministerio Público federal a adjudicarse las investigaciones de este tipo que estén en manos de agentes de los Ministerios Públicos estatales, quienes suelen ser más vulnerables a corrupción y amenazas. Aún se encuentra pendiente la reglamentación de la reforma.
Violencia de género
El derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones contravienen los estándares internacionales, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima. Las mujeres que han sufrido este tipo de violaciones de derechos humanos en general no denuncian los hechos a las autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio.
Derechos reproductivos
En agosto de 2008, la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de una ley de México D.F. que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Desde entonces, 16 de los 32 estados mexicanos han adoptado reformas que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción, una decisión que limita la capacidad de las mujeres de ejercer su derecho a la salud. En 2010, la Suprema Corte resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación sexual. Sin embargo, en la práctica son muchas las mujeres y jóvenes que enfrentan graves obstáculos al intentar someterse a abortos tras sufrir violencia sexual, incluida información errónea, demoras injustificadas e intimidación por parte de funcionarios.
Matrimonio entre personas del mismo sexo
En agosto de 2010, la Suprema Corte reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo del Distrito Federal a adoptar hijos y contraer matrimonio, y estableció que todos los estados mexicanos deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal. Pero la sentencia no exige que los estados reconozcan este derecho dentro de su ámbito, y muchos aún niegan a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio.
Acceso a cuidados paliativos
Aun cuando desde 2009 el derecho mexicano contempla que los pacientes con enfermedades terminales reciban cuidados paliativos domiciliarios, y se ha convertido de esta forma en uno de los pocos países que reconocen esa posibilidad, esto aún no ha sido reglamentado. A causa de ello, decenas de miles de pacientes continúan enfrentando obstáculos significativos, y a veces insuperables, al procurar acceder a cuidados para la etapa terminal de sus vidas, lo cual redunda en un sufrimiento innecesario.
Migrantes
Cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte de la delincuencia organizada, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad, como desapariciones y agresiones físicas y sexuales. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cerca de 22.000 migrantes son secuestrados cada año, en muchos casos con el objeto de obtener pagos extorsivos de sus familiares. Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. Son muy pocos los casos en que las autoridades migratorias informan a los migrantes sobre sus derechos, como la posibilidad de pedir asilo. Se han denunciado casos de autoridades y miembros de organizaciones delictivas que han amenazado y hostigado al personal que brinda asistencia en centros de acogida de migrantes.
Derechos laborales
La actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por convenios negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a estos. A menudo tales convenios limitan la posibilidad de los trabajadores de contar con una representación efectiva, y esto frustra su capacidad de participar en negociaciones colectivas y conseguir otros beneficios además de los mínimos reconocidos por las leyes mexicanas. Los trabajadores que intentan organizar sindicatos independientes se exponen a la posibilidad de perder sus empleos, ya que las lagunas jurídicas en las leyes sindicales y su aplicación deficiente por lo general impiden protegerlos frente a despidos dispuestos a modo de represalia. En noviembre de 2012, el Congreso sancionó una importante reforma laboral que establece complejas condiciones para iniciar huelgas y facilita que los empleadores reemplacen a sus trabajadores habituales con personal contratado a corto plazo por terceros intermediarios, lo cual atenta contra derechos sindicales y garantías fundamentales de los trabajadores.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos continúan siendo objeto de persecución y ataques, en algunos casos por parte de funcionarios públicos. Por su parte, las autoridades no brindan protección adecuada ni investigan los delitos contra defensores como Margarita Martínez, quien debió huir del estado de Chiapas en junio de 2012 tras varias amenazas de muerte y agresiones vinculadas con las denuncias de abusos policiales que realizó.
En abril de 2012, el Congreso de México sancionó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que exige adoptar protocolos formales destinados a evaluar el riesgo que enfrentan los miembros de estos sectores y asignar protección cuando sea necesario. Al momento de la redacción del presente informe, la implementación de estos procesos, que contaba con la participación de la sociedad civil, aún se encontraba en curso.
Actores internacionales clave
Estados Unidos ha destinado más de US$ 2.000 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia de varios años de duración acordado en 2007 para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo estará disponible una vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informe al Congreso estadounidense que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro requisitos vinculados con los derechos humanos, como asegurar que los abusos militares se investiguen en la justicia penal ordinaria y prohibir el uso de testimonios obtenidos mediante torturas o malos tratos.
No obstante, el impacto de estos requisitos se ha visto debilitado debido a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en numerosas oportunidades, ha informado al Congreso de ese país que se estarían cumpliendo los requisitos —a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario— y en función de esto el Congreso ha dispuesto la entrega de los fondos. Por ejemplo, el informe sobre derechos humanos en México publicado en 2012 por el Departamento de Estado concluyó que “tanto en la jurisdicción militar como en el fuero penal ordinario continuaba prevaleciendo la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios”, lo cual supone el incumplimiento de uno de los requisitos.
En noviembre de 2011, un abogado mexicano presentó una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitando que iniciara una investigación sobre la supuesta responsabilidad del Presidente Felipe Calderón y otros funcionarios de su gobierno por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la cual fue firmada por más de 23.000 mexicanos. En un comunicado de prensa emitido por la presidencia en respuesta a esta petición se calificó a las acusaciones como injuriosas y se afirmó que se estaba estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra sus autores. A la fecha de redacción de este informe, la Fiscalía aún estaba analizando la petición.
Desde 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) ha determinado en cuatro causas que el sistema de justicia militar no debería ser la vía empleada para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Estas sentencias impulsaron a la Suprema Corte a reconocer en una de sus sentencias de julio de 2011 el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y señalar que los jueces mexicanos deberían tener en cuenta los pronunciamientos de este tribunal en sus propias decisiones.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó una misión de investigación a México en 2011 y concluyó que “no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación”.
México se presentó ante el Comité de la ONUcontra la Tortura en octubre de 2012. Durante la audiencia, los expertos del Comité expresaron su preocupación respecto de que continúe el uso de la tortura para obtener confesiones y sobre la práctica ilícita de arraigo, entre otros patrones de abuso.