Durante 2012, Honduras logró muy pocos avances en la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe militar de 2009, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público en la investigación de estos abusos, y la documentación de casos contenida en el informe elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2011.
Se continúan produciendo graves incidentes de violencia y amenazas perpetrados por agresores no identificados contra periodistas, defensores de derechos humanos, fiscales, campesinos activistas y personas transgénero. Sólo en muy pocos casos los responsables son llevados ante la justicia.
En diciembre de 2012, el Congreso de Honduras aprobó la destitución y remplazo de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a su fallo que declaraba inconstitucional una ley dirigida a combatir la corrupción policial. Esta medida puso en riesgo la independencia del poder judicial.
Impunidad de abusos posteriores al golpe
Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión. En los días posteriores, el Ejército ocupó diversos medios opositores e interrumpió su señal en forma transitoria. Policías y militares respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza. Este patrón de uso desproporcionado de la fuerza derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias.
En julio de 2011, la comisión de la verdad creada por el gobierno del Presidente Porfirio Lobo para investigar los eventos previos y posteriores al golpe de Estado presentó un informe donde se documentaban 20 casos de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. La comisión también informó que policías y militares habían participado en la “obstrucción sistemática” de las investigaciones sobre estos abusos.
Hasta octubre de 2012, un sólo policía había sido juzgado en relación con los graves abusos ocurridos en el contexto de las protestas en apoyo al presidente depuesto, Manuel Zelaya. En febrero de 2012, un policía fue condenado a ocho años de prisión por la detención ilegal y tortura de un manifestante en San Pedro Sula, en agosto de 2009. Los fiscales de derechos humanos continúan enfrentando obstáculos en sus investigaciones, como colaboración limitada por parte de las fuerzas de seguridad, falta de recursos suficientes e ineficacia del programa de protección de testigos.
Ataques contra periodistas
Honduras ostenta la proporción más alta de muertes de periodistas por cantidad de población en la región, según datos del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión. Al menos 20 periodistas han muerto a manos de agresores no identificados desde 2009. En mayo de 2012, por ejemplo, el periodista de radio Alfredo Villatoro fue secuestrado luego de recibir amenazas de muerte. Su cuerpo fue encontrado menos de una semana después en las afueras de Tegucigalpa, la capital del país. La mayoría de estos casos siguen quedando impunes.
Violencia rural
Más de 60 personas fueron asesinadas en el valle del Bajo Aguán desde que en noviembre de 2009 un grupo de campesinos ocupó tierras que eran cultivadas por grandes compañías agrícolas. Muchas de las víctimas eran miembros de asociaciones de campesinos y se cree que habrían sido abatidos por guardias de seguridad armados que trabajaban para estas compañías. Entre las víctimas también hubo varios guardias de seguridad privados y miembros de las fuerzas del orden. Según datos del Ministerio Público, en noviembre de 2012 cuatro guardias de seguridad estaban siendo juzgados por la muerte de cinco campesinos en noviembre de 2010 en la localidad de Trujillo, departamento de Colón. Dos policías habían sido acusados del delito de tentativa de homicidio y detención ilegal en relación con los sucesos ocurridos en agosto de 2010 en una manifestación pública en Tocoa, Colón, durante la cual policías dispararon contra campesinos para despejar una carretera que estos habían ocupado. Hasta el momento, no hubo condenados en relación con los crímenes de Bajo Aguán.
Violencia contra personas transgénero
Los ataques dirigidos específicamente a personas transgénero son un problema común en Honduras. Defensores locales de derechos humanos han indicado que más de 70 miembros de la población de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) fueron asesinados entre septiembre de 2008 y marzo de 2012. La supuesta participación de miembros de la policía hondureña en algunos de estos violentos abusos resulta particularmente alarmante. En general, estos casos han quedado impunes. En enero de 2011, el gobierno creó una unidad especial dependiente del Ministerio Público en Tegucigalpa, que se encargaría de investigar el asesinato de mujeres transgénero y miembros de otros grupos vulnerables. En enero de 2012, se creó una unidad similar en San Pedro Sula. Hasta noviembre de 2012, no había aún condenados por estos crímenes. Según indicó un funcionario del Ministerio Público, varias personas habían sido acusadas en relación con 25 casos investigados por los equipos de la fiscalía especial.
Condiciones en centros de detención
Persisten todavía en las prisiones de Honduras problemas de sobrepoblación y condiciones deficientes, como alimentación y salubridad inadecuadas. Según versiones de la prensa local, las 24 prisiones del país albergan a 13.000 internos, a pesar de que su capacidad es de 8.000. En febrero de 2012, más de 300 internos murieron y decenas resultaron heridos durante un incendio que se desató en la Granja Penal de Comayagua. En mayo de 2012, el Congreso sancionó una reforma del sistema penitenciario. A la fecha de este documento, el Presidente Lobo aún no había promulgado la ley.
Reforma policial
En diciembre de 2011, el Congreso creó un organismo independiente, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, para examinar el desempeño policial y destituir a personal implicado en corrupción y delitos, incluidas violaciones de derechos humanos. En octubre de 2012, la unidad había remitido los casos de solamente dos policías —uno de ellos el ex director de la dirección de investigación criminal— al Ministerio Público para que fueran investigados por su presunta participación en la fuga de cuatro policías acusados de haber matado a dos estudiantes universitarios en 2011.
En junio de 2012, el Presidente Lobo creó una comisión independiente integrada por tres especialistas hondureños y dos expertos extranjeros que se ocuparía de proponer amplias reformas a la Policía, el Ministerio Público y la justicia.
Independencia judicial
En mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia destituyó de manera arbitraria a cuatro jueces que se habían manifestado abiertamente en contra del golpe de estado, acusándolos de haber participado en política, mientras que no adoptó medida alguna contra jueces que habían apoyado públicamente el derrocamiento del ex Presidente Zelaya. En 2011, el Congreso Nacional, a través de una reforma constitucional, creó el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, un órgano electivo encargado de nombrar y destituir a jueces. No obstante, en octubre de 2012, los legisladores aún no habían designado a los miembros de este consejo.
Defensores de derechos humanos
La violencia y las amenazas contra defensores de derechos humanos continúan representando un grave problema en Honduras. Por ejemplo, en septiembre de 2012, el abogado Antonio Trejo Cabrera, dedicado a la defensa del derecho de los campesinos a la tierra, quien se había opuesto públicamente a la creación de zonas autónomas especiales de desarrollo, murió tras ser alcanzado por disparos luego de asistir a una boda en el sur de Tegucigalpa. Trejo había recibido amenazas de muerte en varias oportunidades.
La capacidad de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de resolver estos delitos se ve socavada por la supuesta participación de policías, que habrían impedido y obstaculizado las investigaciones. El personal de la fiscalía especial también ha sufrido amenazas y violencia. En septiembre de 2012, agresores no identificados dispararon y mataron a uno de los fiscales de esta unidad, Manuel Eduardo Díaz Mazariegos.
Actores internacionales clave
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol clave en Honduras desde el golpe de estado, y ha publicado comunicados de prensa e informes exhaustivos donde se documentan abusos como asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas.
Desde agosto de 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)mantiene un representante en Honduras, quien asesora al gobierno en materia de políticas de derechos humanos y brinda apoyo a defensores de derechos humanos locales. En septiembre de 2012, la Alta Comisionada instó al gobierno a abordar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran defensores de derechos humanos y periodistas.
La ley de Estados Unidos que prevé asistencia militar y policial a Honduras supedita la entrega del 20 por ciento de los fondos al cumplimiento por parte del gobierno hondureño de ciertos requisitos de derechos humanos, incluida la implementación de políticas destinadas a proteger la libertad de expresión y asegurar que los abusos cometidos por policías y militares sean investigados y juzgados por la justicia ordinaria.
En agosto de 2012, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe donde se indicaba que Honduras había cumplido los requisitos, pero determinó igualmente que retendría fondos destinados a fuerzas de policía comandadas por un jefe policial que estaría vinculado con abusos cometidos en el pasado. Ante la preocupante situación de los derechos humanos, el Congreso estadounidense también ha demorado la entrega de decenas de millones de dólares de asistencia destinados a Honduras.