La inestabilidad política, las consecuencias devastadoras del terremoto de enero de 2010 y la persistencia de una epidemia mortal de cólera continúan obstaculizando los esfuerzos del gobierno de Haití por satisfacer las necesidades básicas de su población y abordar problemas crónicos de derechos humanos, como la violencia contra mujeres y niñas, condiciones carcelarias inhumanas y la impunidad por abusos del pasado.

Tras la renuncia en febrero pasado del Primer Ministro Garry Conille, y dado que el gobierno no convocó a elecciones durante 2012, varios cargos políticos clave han quedado vacantes. En mayo se completó el mandato de un tercio de los senadores de Haití. No obstante, al momento de la redacción de este documento aún no se habían celebrado elecciones para reemplazarlos, lo cual frustra la capacidad de legislar de esta institución.

En febrero, luego de que el Presidente Michel Martelly anunciara su decisión de no restablecer al Ejército haitiano, disuelto en 1995 tras décadas de graves violaciones de derechos humanos, ex miembros de esta fuerza ocuparon bases y otros edificios militares. La Policía Nacional de Haití (PNH), con la asistencia de las fuerzas de Naciones Unidas, intervino para poner fin a estas ocupaciones ilegales.

La ONU calcula que eran casi 400.000 los desplazados internos que vivían en campamentos en junio de 2012. Más de 65.000 personas han sido desalojadas de campamentos desde julio de 2010, y otros 80.000 residentes de campamentos estaban en riesgo de ser desalojados al momento en que se redactó este informe. Se estima que desde octubre de 2010 más de 7.440 personas murieron por una epidemia de cólera, y 600.000 habrían sido infectadas.

Sistema judicial

Los despidos y renuncias de altos funcionarios frustran la posibilidad de una mayor efectividad del poder judicial. El Ministro de Justicia Josué Pierre-Louis renunció a fines de 2011, en medio de un escándalo por la detención de un miembro del parlamento.

Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha tenido siete fiscales generales desde que Martelly asumió la presidencia en mayo de 2011. En septiembre de 2012, el Fiscal General Jean Renel Sénatus aseveró haber sido despedido por negarse a acceder a la petición del Ministro de Justicia Jean Renel Sanon de que dictara 36 órdenes de detención ilegal contra opositores del gobierno, incluidos tres reconocidos abogados de derechos humanos.

Martelly creó formalmente el Consejo Superior del Poder Judicial en julio de 2012. Una ley de 2007 establecía como objetivo de este organismo la promoción de la independencia judicial en un sistema de justicia donde tradicionalmente han prevalecido la politización, la corrupción y la falta de transparencia. Durante los primeros meses de actividad, dos miembros del Consejo renunciaron ante las denuncias de que el Ejecutivo había ejercido influencia indebida al designar al Consejo Electoral Permanente (CEP). En noviembre de 2012, el consejo intentaba cumplir su mandato mientras continuaban las controversias por las designaciones en el CEP.

La limitada capacidad de la Policía Nacional de Haití (PNH) contribuye a agravar la situación de inseguridad general que prevalece en el país. Si bien el gobierno y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) han asumido como prioritaria la reforma policial, se observan problemas para capacitar a un número suficiente de cadetes. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las autoridades de Haití han conseguido pocos avances en la investigación de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y maltrato de detenidos por parte de policías ocurridos en 2011.

Condiciones de detención

El sistema penitenciario de Haití continúa afectado por una grave sobrepoblación, en gran parte debido a la alta proporción de detenciones arbitrarias y personas que se encuentran en prisión preventiva por períodos prolongados. Por ejemplo, en la cárcel de St. Marc, en la región oeste de Haití, en celdas diseñadas para solamente 8 personas puede haber incluso 36 internos, que deben turnarse para sentarse y dormir debido a la falta de espacio. La ONU informó sobre un incremento dramático de la cantidad de muertes de internos durante la primera mitad de 2012 —que pasó de 43 durante todo 2011 a 69 en la primera mitad de 2012— debido a un rebrote del cólera y la tuberculosis en las prisiones haitianas.

El examen de casos de posible detención arbitraria efectuado por funcionarios penitenciarios y judiciales permitió la liberación de varias personas durante 2012.

Derechos de la mujer

Si bien Haití ostenta altos índices de violencia sexual desde hace tiempo, las precarias condiciones de seguridad que se generaron luego del terremoto han dejado a algunas mujeres y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de abusos. A pesar de que se cierran progresivamente los campamentos, la violencia de género continúa siendo materia de preocupación. Las víctimas enfrentan obstáculos al intentar acceder a servicios médicos luego de actos de violación sexual para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

Aunque el sector judicial no responde adecuadamente a estos delitos, en 2012 se registraron avances en algunas causas y la justicia de Puerto Príncipe condenó al menos a 13 personas por violación sexual durante agosto de 2012. Dos de estas condenas se impusieron sobre la base de pruebas forenses, lo cual representa un avance para el sistema judicial de Haití.

Derechos de los niños

Con anterioridad al terremoto, tan sólo cerca de la mitad de los niños en edad escolar primaria asistían a la escuela en Haití. En 2011, el Presidente Martelly presentó un plan de educación universal primaria gratuita. Se estima que para comienzos de 2012, cerca de 772.000 niños ya habían recibido asistencia para su educación a través del programa.

Continúa el empleo de niños en el servicio doméstico, conocidos como restavèks, a pesar de los esfuerzos para erradicar esta práctica. Los restavèks son menores, en su mayoría niñas (el 80 por ciento), de hogares de bajos ingresos que son enviados a convivir con otras familias de mayor nivel económico con la esperanza de que sean cuidados y escolarizados, a cambio de realizar tareas domésticas menores. En general, estos niños no reciben un estipendio ni tienen acceso a educación, y suelen ser objeto de abuso físico o sexual.

Tras numerosas denuncias de irregularidades en los procedimientos de adopción con posterioridad al terremoto, algunos defensores de derechos de los niños plantearon que el gobierno carecía de procedimientos adecuados para este fin. Con el objeto de asegurar una protección más amplia de los niños durante el proceso de adopción, en junio de 2012 el parlamento ratificó el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993.

Juicios por abusos del pasado

El ex Presidente Jean-Claude Duvalier regresó a Haití en enero de 2011, luego de casi 25 años en el exilio. Fue acusado por violaciones de derechos humanos y delitos financieros que habrían sido cometidos durante los 15 años que ocupó la presidencia. Entre 1971 y 1986, Duvalier comandó una red de fuerzas de seguridad que cometió graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias y exilios forzados.

En enero de 2012, en una decisión contraria a los estándares internacionales, el juez a cargo de la causa determinó que Duvalier no podría ser procesado por violaciones de derechos humanos debido a que se habían cumplido los plazos de prescripción. A la fecha de este informe se encuentra pendiente una apelación presentada contra esta decisión.

Actores internacionales clave

La MINUSTAH tiene presencia en Haití desde 2004. En octubre de 2010, surgieron denuncias que señalaban como fuente de la epidemia del cólera a un contingente de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Una investigación independiente de la ONU determinó que la epidemia de cólera fue causada por una combinación de circunstancias, si bien numerosos análisis científicos señalan que existen pruebas de que es muy probable que los soldados de la MINUSTAH hayan introducido la cepa.

En noviembre de 2011, el Instituto de Justicia y Democracia en Haití y el Bureau des Avocats Internationaux presentaron un reclamo ante la ONU en representación de 5.000 víctimas de cólera, en el cual argumentaron que la MINUSTAH había sido probablemente el origen de su enfermedad. Este reclamo exige que se instale un sistema nacional de agua y saneamiento, se indemnice a las víctimas y que la ONU ofrezca una disculpa pública. Al momento en que se redactó este documento, no se había informado ningún avance en el caso.

Siguen siendo un problema habitual los casos de abuso y explotación sexual por miembros de las fuerzas de la ONU en Haití. Según cifras de la ONU, en los últimos 5 años se habrían presentado al menos 60 denuncias contra miembros de fuerzas de paz por abuso sexual. En 2012, un grupo de soldados pakistaníes de las fuerzas de paz fueron acusados de violar a un joven de 14 años. Las autoridades pakistaníes juzgaron a dos de ellos ante un consejo de guerra celebrado en una base de la ONU, que los condenó a un año de prisión en Pakistán. Las autoridades haitianas locales recién fueron notificadas después de la conclusión del proceso.

El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de octubre de 2013.

En enero de 2012 el parlamento de Haití ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).