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Informe Mundial 2013: Bolivia

Eventos de 2012

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Vidas en la balanza

El costo humano de la negligencia ambiental

 
Sin normas

Un enfoque fallido a la responsabilidad corporativa

La investigación y resolución judicial de casos de derechos humanos ha sufrido prolongadas demoras que continuaron obstruyendo la búsqueda de justicia durante 2012. Todavía no se ha esclarecido cuál fue el destino de la gran cantidad de personas desaparecidas antes del restablecimiento de la democracia en 1982, y la mayoría de los responsables de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales han logrado eludir la acción de la justicia. La insistencia de los tribunales militares en juzgar a militares acusados de cometer abusos continuó obstaculizando la posibilidad de obtener justicia en una causa vinculada con un conscripto del Ejército que murió en circunstancias sospechosas durante un ejercicio de entrenamiento en 2011.

En 2012, funcionarios del gobierno aplicaron la ley que prohíbe la expresión de ideas racistas en los medios de comunicación para perseguir penalmente a medios privados y periodistas por su cobertura de noticias.

Juicios por abusos del pasado

Las graves dilaciones en los juicios siguen obstaculizando el juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos anteriores. El único avance notable conseguido en los últimos años fue la condena de entre 10 y 15 años de prisión dictada en agosto de 2011 contra cinco generales por la muerte de al menos 60 personas durante las protestas contra el gobierno que se produjeron en septiembre y octubre de 2003, cuando el Ejército recurrió a la fuerza letal para sofocar las violentas manifestaciones en la ciudad andina de El Alto. Dos miembros del gabinete de ministros del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada recibieron penas en suspenso de tres años de prisión por su participación en los sucesos, que se han conocido como “Octubre Negro”.

Las Fuerzas Armadas no han entregado expedientes que podrían esclarecer el destino o paradero de personas que fueron asesinadas o desaparecieron antes del restablecimiento de la democracia en 1982. En julio de 2012, en respuesta a manifestantes que reclamaban la desclasificación de archivos del gobierno de Luis García Meza (1980-1981), el Vicepresidente Álvaro García indicó que solamente se había encontrado un archivador y que el resto habían sido saqueados “años atrás”.

En abril de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que redujo la indemnización prevista para víctimas de violencia política y sus familiares en una ley de 2004. Muchos señalaron que se les negó el acceso a una indemnización al exigirse que presentaran pruebas documentales para respaldar sus denuncias, como pruebas médicas de tortura, certificados de defunción y otros documentos.

El juzgamiento de líderes de oposición, funcionarios de gobiernos locales y otras personas acusadas por las muertes ocurridas durante enfrentamientos violentos entre partidarios y detractores del Presidente Evo Morales en 2008 ha registrado prolongadas demoras. Por ejemplo, en septiembre de 2012, un tribunal de La Paz aún estaba examinando las pruebas contra 8 personas acusadas en relación con una masacre ocurrida en septiembre de 2008 en Porvenir, departamento de Pando, en la cual perdieron la vida 13 personas. El proceso ha sido pospuesto en reiteradas oportunidades.

El ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, que fue procesado en octubre de 2009 por los delitos de homicidio, terrorismo y asociación delictuosa en la causa sobre Porvenir, había permanecido en prisión preventiva durante cuatro años en una cárcel de máxima seguridad, es decir, un año más del período admitido por el derecho boliviano. Funcionarios judiciales, testigos y víctimas que participan en la causa afirmaron haber recibido amenazas o “presiones indebidas”, según señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Jurisdicción militar

La decisión de los tribunales militares de intervenir en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas representa desde hace varios años un obstáculo para la justicia. Estos tribunales carecen de las garantías básicas de independencia e imparcialidad, y al continuar entendiendo en este tipo de casos contravienen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.). Los tribunales de la justicia ordinaria y la justicia militar compiten por las causas, y esto provoca demoras adicionales en la investigación judicial.

Se han producido pocos avances en la investigación de la muerte de un conscripto de 26 años, Gróver Poma, ocurrida en febrero de 2011 después de un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo, presuntamente a causa de que los instructores lo golpearan en la cabeza y en el pecho. El Ejército desestimó las solicitudes presentadas por la Defensoría del Pueblo para que el caso fuera remitido a la justicia penal ordinaria, así como una resolución del Senado que recomendaba el traslado.

En abril de 2012, un funcionario de la Defensoría del Pueblo denunció que el Ejército no había cooperado para detener a tres sospechosos que se encontraban prófugos de la justicia. El tribunal de la justicia ordinaria sometió la controversia sobre jurisdicción al Tribunal Constitucional, que en noviembre aún no se había expedido. En otra causa vinculada con la tortura de un recluta en septiembre de 2009, el Ejército puso a disposición de la justicia ordinaria a los presuntos responsables sólo ante la insistencia del Presidente Morales.

Libertad de expresión

De conformidad con una ley contra el racismo y toda forma de discriminación sancionada en octubre de 2010 (Ley 045), los medios de comunicación que “autorizare[n] y publicare[n] ideas racistas y discriminatorias” serán pasibles de sanciones económicas y de la suspensión de su licencia de transmisión. Los periodistas que “difunda[n] ideas basadas en la superioridad o en el odio racial” podrían recibir penas de hasta cinco años de prisión.

En agosto de 2012, el gobierno denunció penalmente a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos Página Siete y El Diario en el marco de la ley contra el racismo, y cuestionó el modo en que habían transmitido un discurso de Morales en el cual habló sobre escasez de alimentos. Morales había señalado que en el oriente, la región de los llanos de Bolivia donde existe un clima cálido que favorece la agricultura, solamente la “flojera” podía explicar que hubiera hambruna.

Sus comentarios provocaron indignación entre las autoridades de la ciudad oriental de Santa Cruz, que tradicionalmente se ha opuesto a la gestión de Morales. El gobierno acusó a los tres medios de promover e instigar el racismo al aseverar en sus titulares que Morales había acusado a la población del oriente boliviano de ser flojos. En noviembre, continuaba la investigación fiscal de esta acusación, para la cual se prevé una pena de hasta cuatro años de prisión.

En julio de 2012, el alcalde de Oruro, una ciudad andina conocida por celebrar un multitudinario carnaval religioso, presentó una demanda por incitación al racismo contra la presentadora de televisión Milena Fernández, quien había calificado a la ciudad como “fétida” en un programa sobre turismo realizado para la red de televisión Red PAT. Fernández efectuó estos comentarios en referencia a la infraestructura sanitaria de la ciudad, que recibe miles de visitantes cada año. Si bien ofreció una disculpa pública, en noviembre la fiscalía continuaba investigando la denuncia en su contra.

En octubre de 2012, el Tribunal Constitucional declaró que las disposiciones sobre desacato vigentes en Bolivia, que contemplan una pena de hasta tres años de prisión para quienes agravien a funcionarios del Estado, violaban las garantías de libertad de expresión consagradas en la Constitución. El presidente del Tribunal Constitucional indicó que la sentencia tenía carácter vinculante y que por lo tanto no era necesario adoptar leyes para derogar las disposiciones relevantes del Código Penal. Varias figuras públicas estaban siendo procesadas por el delito de desacato debido a que habían expresado comentarios ofensivos sobre funcionarios.

Actores internacionales clave

Tras una visita a Bolivia efectuada en septiembre de 2012, el Relator Especial de la ONU sobre racismo Mutuma Ruteere reconoció los logros conseguidos por Bolivia en la sanción de leyes y la creación de instituciones para combatir el racismo. No obstante, señaló que el poder judicial debería determinar si la aplicación de la ley contra el racismo contraviene la obligación jurídica asumida por Bolivia de proteger la libertad de expresión y opinión.

En septiembre de 2012, el gobierno de Estados Unidos rechazó el pedido de Bolivia de que se extradite al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos ministros de su gobierno para que sean juzgados por delitos como genocidio, homicidio y tortura vinculados con su presunta responsabilidad por las muertes y lesiones durante los sucesos de “Octubre Negro”.