Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político. En 2012, el gobierno de Raúl Castro continuó imponiendo el consenso político a través de medidas como detenciones arbitrarias por períodos breves, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado.

Si bien durante 2010 y 2011 el gobierno cubano liberó a decenas de presos políticos con la condición de que aceptaran el exilio, aún es común que se condene a disidentes a cumplir penas de uno a cuatro años de prisión mediante juicios a puerta cerrada y sumarios, y que otras personas sean retenidas durante períodos prolongados sin que medie ninguna acusación. También es cada vez más frecuente que el gobierno efectúe arrestos arbitrarios y detenciones por períodos breves para restringir las libertades fundamentales de sus críticos, como el derecho a reunirse y circular libremente.

Si bien las reformas aprobadas en octubre de 2012 eliminan el requisito de obtener un permiso oficial para que los cubanos puedan salir de la isla, estas reformas contienen disposiciones vagas y amplias, las cuales podrían ser utilizadas por las autoridades para continuar denegando el derecho a viajar a personas críticas del gobierno.

Presos políticos

Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno son objeto de acciones penales. No se reconocen a estas personas las garantías de debido proceso, como el derecho a que su caso sea oído públicamente por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, la justicia está “subordinada” al poder ejecutivo y legislativo, y esto excluye la posibilidad de independencia judicial efectiva. Se niega sistemáticamente a los presos políticos la libertad condicional cuando cumplen la pena mínima prevista, en represalia por negarse a participar en actividades ideológicas como las clases de “reeducación”.

La muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo ocurrida en 2010 después de una huelga de hambre de 85 días, a la cual posteriormente también se plegó el disidente Guillermo Fariñas, incidió en la decisión del gobierno cubano de liberar a los presos políticos del “grupo de los 75” (es decir, los 75 disidentes que habían recibido largas penas de prisión en el marco de un operativo represivo efectuado en 2003). No obstante, la mayoría fueron obligados a optar entre continuar en prisión o el exilio forzado, y muchos otros disidentes han tenido que dejar el país para evitar ser encarcelados.

Decenas de presos políticos aún permanecen en las prisiones cubanas, según han indicado diversas organizaciones de derechos humanos en la isla. Estas organizaciones estiman que son muchos más los presos políticos cuyos casos no pudieron ser documentados debido a que el gobierno no permite el acceso por parte de organizaciones independientes de derechos humanos nacionales o internacionales a las cárceles.

Rogelio Tavío López, miembro de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en marzo de 2012 en la provincia de Guantánamo luego de organizar una protesta para exigir la liberación de presos políticos. Se encuentra detenido desde entonces, y no ha sido puesto a disposición de la justicia ni se le ha permitido consultar a un abogado.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento por períodos breves

Además de iniciar procesos penales, cada vez es más habitual que el gobierno cubano recurra a detenciones arbitrarias para perseguir e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional —una organización de derechos humanos independiente que el gobierno considera ilícita— recibió denuncias sobre 2.074 detenciones arbitrarias efectuadas por agentes del Estado en 2010, otras 4.123 en 2011 y 5.105 entre enero y septiembre de 2012.

A menudo, las detenciones se aplican de manera preventiva para evitar que ciertas personas participen en eventos que se consideran críticos del gobierno, como marchas pacíficas o encuentros donde se debaten temas políticos. Numerosos disidentes sufren golpizas y amenazas cuando son detenidos, incluso si no oponen resistencia.

Son muy pocos los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad presentan órdenes de arresto al llevar a cabo una detención, y es común que amenacen a las personas detenidas con la posibilidad de recibir una condena penal si continúan participando en actividades “contrarrevolucionarias”. A veces las víctimas de estos arrestos son mantenidas incomunicadas durante varias horas o incluso días, generalmente en estaciones de policía. En algunos casos reciben un aviso oficial, que puede ser usado posteriormente por la fiscalía en un juicio penal para demostrar que existía un patrón de conducta delictiva. Los disidentes afirman que el propósito de estos avisos es disuadirlos de participar en el futuro en actividades que se consideren críticas del gobierno.

En julio, al menos 40 personas fueron detenidas arbitrariamente en La Habana durante el funeral del disidente Oswaldo Payá, quien falleció en un accidente automovilístico. Un grupo de policías irrumpió durante la procesión pacífica y golpeó a varios de los participantes. Los detenidos fueron trasladados a un campamento penitenciario donde permanecieron incomunicados durante 30 horas, para ser luego liberados sin que se formularan cargos en su contra.

Libertad de expresión

El gobierno controla todos los medios de comunicación de Cuba y limita en forma rigurosa el acceso a información proveniente del extranjero, lo cual cercena profundamente el derecho a la libertad de expresión. Sólo una pequeña fracción de la población cubana tiene la posibilidad de leer artículos y blogs independientes debido al limitado acceso a Internet y su elevado costo.

Si bien unos pocos periodistas y autores de blogs independientes logran escribir artículos para páginas web extranjeras o blogs, quienes usan estos medios para criticar al gobierno son objeto de campañas públicas de desprestigio, detenciones arbitrarias y abusos por parte de agentes de seguridad. Es habitual que las autoridades confisquen sus cámaras, grabadoras y otros equipos. Según la organización de periodistas independientes Hablemos Press, las autoridades detuvieron de manera arbitraria a 19 periodistas en septiembre de 2012, entre ellos Calixto Ramón Martínez Arias, quien a la fecha de este informe aún continuaba detenido sin que se hubieran formulado cargos en su contra.

El gobierno cubano otorga de manera selectiva las credenciales de prensa y visas que los periodistas extranjeros necesitan para poder informar desde la isla, y de este modo controla las noticias sobre Cuba y sanciona a los medios que se consideran excesivamente críticos del régimen. Por ejemplo, en el período previo a la visita del papa Benedicto XVI a Cuba en marzo de 2012, el gobierno negó el pedido de visas a periodistas de El País y El Nuevo Herald, por considerar que mantienen una postura parcial .

Defensores de derechos humanos

El gobierno cubano no está dispuesto a reconocer el monitoreo de los derechos humanos como una actividad legítima, y también niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. A su vez, es habitual que autoridades gubernamentales persigan, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar los abusos. Durante la visita del papa Benedicto XVI a Cuba y en las semanas previas, las autoridades detuvieron, golpearon y amenazaron a numerosos defensores de derechos humanos.

Restricciones para viajar y separaciones familiares

En 2012, el gobierno cubano prohibió a sus ciudadanos salir de Cuba o regresar al país sin obtener previamente un permiso oficial, el cual solía ser denegado a quienes criticaban al gobierno. Por ejemplo, a la reconocida bloguera Yoani Sánchez, de postura crítica frente al gobierno, se le ha negado el derecho a salir de la isla al menos en 19 ocasiones desde 2008, una de ellas en febrero de 2012, cuando el gobierno de Brasil le concedió una visa para que asistiera a la proyección de un documental.

Las reformas a las regulaciones de viaje, que entraron en vigencia en enero de 2013, eliminan la necesidad de contar con un permiso de salida para trasladarse fuera de la isla, lo cual ha sido utilizado en el pasado para denegar el derecho a viajar a personas críticas del gobierno y a sus familias. Sin embargo, la reforma estipula que el gobierno puede restringir el derecho a viajar por motivos tan vagos como “razones de Defensa y Seguridad Nacional” u “otras razones de interés público”, lo cual podría permitir a las autoridades continuar denegando la posibilidad de salir de Cuba a personas que expresan opiniones disidentes.  

El gobierno restringe la circulación de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217. Esta norma, cuyo propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital del país. Se aplica frecuentemente para impedir que disidentes viajen a La Habana y asistan a mítines, y para perseguir a disidentes originarios de distintos puntos de Cuba que residen en la capital.

Condiciones en centros de detención

En las cárceles prevalecen las condiciones de hacinamiento, falta de higiene e insalubridad, que propician la malnutrición y las enfermedades. Más de 57.000 cubanos residen en prisiones o campos de trabajo, según se indica en un artículo publicado en mayo de 2012 por un periódico del gobierno. Los presos que critican al gobierno o realizan huelgas de hambre u otras formas de protesta suelen ser sometidos a un régimen de aislamiento prolongado, golpizas, restricción de visitas familiares y denegación de atención médica. No existe un mecanismo efectivo a través del cual los presos puedan presentar denuncias, y esto permite que las autoridades penitenciarias gocen de absoluta impunidad.

En enero de 2012, Wilman Villar Mendoza, de 31 años, murió en la cárcel tras una huelga de hambre de 50 días que había iniciado en protesta por no haber recibido un juicio justo y por las condiciones inhumanas de detención. Había sido arrestado en noviembre de 2011 tras participar en una manifestación pacífica, y fue condenado a cuatro años de prisión por “desacato” en un proceso sumario durante el cual no tuvo representación letrada. Después de iniciar la huelga de hambre, fue obligado a permanecer completamente desnudo en una fría celda de aislamiento. Recién fue trasladado a un hospital pocos días antes de morir.

Actores internacionales clave

El embargo económico aplicado por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo continúa imponiendo privaciones indiscriminadas a los cubanos, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en noviembre, 188 de los 192 países miembros votaron una resolución que condena el embargo estadounidense.

En 2009, el Presidente Barack Obama sancionó varias reformas para eliminar las restricciones de viajes y envío de remesas por parte de cubano-estadounidenses hacia Cuba, las cuales se habían establecido durante el gobierno del Presidente George W. Bush. En 2011, Obama hizo uso de sus facultades ejecutivas para morigerar las restricciones a viajes de encuentro de tipo “people-to-people”, que permiten que grupos religiosos, educativos y culturales de Estados Unidos realicen visitas a Cuba. Sin embargo, en mayo de 2012 el gobierno de Obama fijó requisitos adicionales a las licencias para realizar estos viajes, y a causa de esto su frecuencia se ha reducido.

La Unión Europea aún mantiene su “Posición Común” sobre Cuba, adoptada en 1996, que supedita la plena cooperación económica con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos.

En junio, el Comité contra la Tortura de la ONU publicó un informe sobre Cuba en el cual expresó su preocupación ante las denuncias relativas a condiciones carcelarias inhumanas y el uso de medidas de detención preventiva basadas en criterios ambiguos como la “peligrosidad social”, entre otras cuestiones sobre las cuales, según señaló, el gobierno cubano no había aportado información fundamental.