Durante 2012, en el marco del conflicto armado interno colombiano se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas y los grupos sucesores de los paramilitares. Más de 4 millones de colombianos han sido desplazados internamente, y cada año se suman más de 100.000 nuevos desplazados internos. Es común que defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y líderes de desplazados sean víctimas de amenazas y otros abusos. El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado públicamente las amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos.

La impunidad crónica en casos de violaciones de derechos humanos continúa representando un grave problema. Si bien las autoridades judiciales han avanzado significativamente en algunas áreas, la impunidad continúa siendo la regla y se han conseguido resultados sumamente limitados en lo que respecta al juzgamiento de los máximos responsables de atrocidades. Asimismo, las reformas constitucionales exitosamente impulsadas por el gobierno de Santos en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar podrían revertir en forma dramática los avances logrados recientemente y permitir que abusos aberrantes cometidos por guerrillas, paramilitares y militares queden impunes.

En 2012, Colombia comenzó a implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, destinada a devolver millones de hectáreas de tierras despojadas y abandonadas a la población de desplazados internos (PDI) que fueron forzados a abandonar su hogar en las dos últimas décadas. La implementación ha avanzado lentamente y muchas personas que reclaman la restitución de sus tierras han sufrido amenazas y ataques, en algunos casos perpetrados por grupos sucesores de los paramilitares u otros actores que procuran conservar su control sobre los terrenos despojados.

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron formalmente negociaciones de paz en octubre de 2012. Estas negociaciones representan la primera oportunidad de Colombia en más de una década para llegar a un acuerdo que ponga fin a casi 50 años de conflicto armado.

Guerrillas

Tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúan cometiendo graves abusos contra civiles. Las FARC, en particular, se ven involucradas frecuentemente en asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento y uso de niños para el combate. El 12 de agosto de 2012, Lisandro Tenorio, líder de la comunidad indígena Nasa en Caloto, en el departamento de Cauca, en la región suroeste de Colombia, fue asesinado a balazos por presuntos miembros de las FARC.

Es común que las FARC y el ELN utilicen minas antipersonales y otras armas indiscriminadas. El gobierno informó que 25 civiles murieron y otros 94 sufrieron heridas entre enero y junio de 2012 a causa de minas y municiones sin detonar.

En junio de 2012, el gobierno de Santos consiguió que se convirtiera en reforma constitucional el Marco Jurídico para la Paz, que regularía la administración de justicia en el contexto de un acuerdo de paz con un grupo guerrillero. La reforma contiene varias disposiciones que facilitan la impunidad en casos de abusos aberrantes cometidos por guerrillas, paramilitares y militares. En primer lugar, autoriza al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades a quienes se señale como sus “máximos responsables”, y ofrecer inmunidad legal a todos los demás guerrilleros, paramilitares y militares que a pesar de haber participado en la planificación, la ejecución y el encubrimiento de esos mismos delitos no se consideran los “máximos responsables”. En segundo lugar, habilita al Congreso a eximir de la posibilidad de investigación penal causas enteras sobre abusos graves. En tercer lugar, la reforma permite al Congreso suspender penas de prisión en forma total o aplicar sanciones no judiciales a todos los guerrilleros, paramilitares y militares que hayan sido condenados en relación con atrocidades, incluidos aquellos que se identifique como “máximos responsables” de los más graves delitos cometidos en Colombia.

Los paramilitares y sus sucesores

Desde 2003, más de 30.000 personas han participado en un proceso de desmovilización paramilitar. Sin embargo, existen pruebas contundentes de que muchas de estas personas no eran paramilitares, y de que numerosos miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas continuaron activos y se reorganizaron en nuevos grupos. Los grupos sucesores de los paramilitares, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, mantienen una fuerte presencia en diferentes regiones de Colombia. Si bien las autoridades han conseguido avances notables en la captura de líderes de estas organizaciones, miembros de la fuerza pública han colaborado con grupos sucesores de paramilitares o tolerado su accionar, lo cual contribuye al poder que estos siguen teniendo.

Al igual que las organizaciones paramilitares, estos grupos cometen abusos generalizados contra civiles, como masacres, asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños, amenazas y desplazamientos forzados. Continúan además dirigiendo amenazas y ataques contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y víctimas de grupos paramilitares que reclaman justicia y la restitución de tierras. La Defensoría del Pueblo indicó que en 2011 recibió 1.500 denuncias de posibles violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por grupos sucesores de los paramilitares, lo cual representa más de la mitad del total de violaciones denunciadas atribuidas a actores armados identificados durante ese año.

El 7 de noviembre de 2012, presuntos miembros de un grupo sucesor de los paramilitares dispararon y lanzaron una granada contra trabajadores de una finca en el departamento de Antioquia, con un saldo de 10 muertos.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido lenta y dispar. Hasta julio de 2012, a siete años de la sanción de la ley, los fiscales especializados solamente habían obtenido ocho condenas.

 

 

 

Cómplices de los paramilitares

Durante 2012, la Corte Suprema de Colombia continuó avanzando en la investigación de miembros del Congreso acusados de colaborar con paramilitares. Desde que en 2006 se desató el denominado escándalo de la “parapolítica”, han sido investigados más de 150 miembros actuales y anteriores del Congreso, y cerca de 55 han sido condenados. La abrupta decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de relevar al magistrado auxiliar Iván Velásquez como coordinador de las investigaciones —y su posterior renuncia en septiembre de 2012— despertó dudas acerca de si las causas continuarán teniendo avances importantes.

 

A pesar de que paramilitares desmovilizados también han declarado que existía una amplia colaboración con funcionarios locales, militares de alto rango y empresarios, las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General de la Nación sobre estos individuos, que se enmarcan dentro de su competencia, han tenido resultados limitados. Una excepción destacable es la pena de 25 años de prisión dictada el 23 de agosto de 2012 contra del ex general del Ejército Rito Alejo del Río por un homicidio cometido en 1997 durante un operativo llevado a cabo conjuntamente por fuerzas militares y paramilitares en el departamento de Chocó.

 

En 2011 y 2012, varios ex paramilitares afirmaron que el ex Presidente Álvaro Uribe (2002-2010) mantenía lazos con grupos paramilitares. Uribe ha negado las acusaciones. El 20 de agosto de 2012, el general de policía retirado y ex jefe de seguridad de Uribe durante su presidencia Mauricio Santoyo se declaró culpable de haber colaborado con paramilitares entre 2001 y 2008 en el marco de un proceso en la justicia federal de Estados Unidos.

 

Abusos e impunidad de militares

En la última década, miembros del Ejército colombiano han cometido una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales de civiles. En muchos casos —que se conocen como “falsos positivos”— miembros del Ejército asesinaron a civiles y luego informaron que se trataba de combatientes muertos en enfrentamientos, aparentemente como respuesta a la presión que recibieron para demostrar resultados.

 

El gobierno no lleva un registro de datos estadísticos sobre “falsos positivos” como una categoría específica de delitos. Sin embargo, en agosto de 2012, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.727 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado en todo el país, que afectaban a casi 3.000 víctimas. La mayoría de estos casos se atribuyen a miembros del Ejército y ocurrieron entre 2004 y 2008. El número de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, si bien durante 2011 y 2012 se registraron algunas denuncias.

 

Las investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales siguen avanzando; sin embargo, la gran mayoría de los casos no han sido resueltos. En agosto de 2012, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación había obtenido condenas en menos del 10 por ciento de los 1.727 casos investigados. Los procesos que se impulsaron con éxito permitieron condenar a 539 miembros del Ejército, 77 de ellos oficiales, incluidos dos tenientes coroneles y dos coroneles. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó en noviembre de 2012 que “la mayoría de los procedimientos existentes [sobre falsos positivos] no se ha centrado en quienes podrían ser los máximos responsables de estos crímenes”.

 

Los avances que se han conseguido hasta el momento en el juzgamiento de los responsables se deben a que la mayoría de los casos están siendo investigados por fiscales de la justicia ordinaria. No obstante, el gobierno de Santos logró aprobar una reforma constitucional que genera un riesgo significativo de que se investigue y juzgue en el sistema de justicia penal militar las atrocidades cometidas por militares, incluidos asesinatos y violaciones sexuales. La reforma también podría facilitar que las causas sobre hechos del pasado vinculados con “falsos positivos” se remitan desde los fiscales de la justicia penal ordinaria a la justicia penal militar, lo cual prácticamente garantizaría su impunidad.

 

Violencia contra sindicalistas

Si bien la cantidad de sindicalistas que fueron asesinados anualmente en los últimos años es menor en comparación con una década atrás, continúa siendo elevada: 47 sindicalistas fueron asesinados en 2009, 51 en 2010, 30 en 2011 y 12 entre enero y el 15 de septiembre de 2012, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los derechos sindicales. Se han registrado amenazas contra sindicalistas en forma extendida: la ENS informó 539 casos en 2011 y 255 entre enero y el 15 de septiembre de 2012.

 

Nadie ha sido condenado en la gran mayoría de los más de 2.900 asesinatos de sindicalistas informados desde 1986 por la ENS. En mayo de 2012, la subunidad de la Fiscalía General de la Nación dedicada exclusivamente a la violencia contra sindicalistas había iniciado investigaciones en 815 casos de homicidios de sindicalistas y señalaba haber obtenido condenas en 263, en conjunto con otros fiscales de la Unidad de Derechos  Humanos. Este progreso se debe principalmente a las confesiones de los paramilitares que participan en el proceso de Justicia y Paz, y por otra parte se consiguieron resultados sumamente limitados en el juzgamiento de delitos cometidos desde 2007, que no están alcanzados por la ley de desmovilización.

 

Desplazamiento interno y restitución de tierras

Cada año, son más de 100.000 los colombianos desplazados forzosamente, lo cual convierte a esta población de desplazados internos en una de las más numerosas de todo el mundo. El gobierno de Colombia registró 3,9 millones de desplazados internos entre 1997 y diciembre de 2011, comparados con los 5,4 millones informados entre 1985 y diciembre de 2011 por CODHES, una respetada organización no gubernamental colombiana. El gobierno registró más de 140.000 nuevos desplazados en 2011, mientras que CODHES indica que casi 260.000 colombianos fueron desplazados ese año. Según datos del gobierno, las causas principales del desplazamiento forzado durante 2011 fueron las amenazas, el reclutamiento forzado y los asesinatos. Esta información señala además que el 25 por ciento de las personas desplazadas en ese año se identificaron como afrocolombianas, es decir, un porcentaje desproporcionadamente elevado respecto de las últimas estimaciones del gobierno sobre el total de la población afrocolombiana.

 

A la fecha de este documento, el gobierno colombiano había avanzado lentamente en la implementación de su programa de restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. El gobierno previó que en 2012 se dictarían sentencias judiciales sobre 2.100 casos de restitución de tierras iniciados en el marco de la Ley de Víctimas, y que para 2014 habría sentencias para 60.000 casos. No obstante, a mediados de noviembre de 2012, la justicia especializada había proferido una sentencia ordenando la restitución en menos de 15 casos. Los abusos cometidos en los últimos años contra desplazados que reclaman tierras y sus líderes —como amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos— han generado un clima de temor entre quienes exigen la restitución en varias partes del país, como Urabá, Montes de María y Cesar.

 

Violencia de género y desplazamiento

Si bien la violencia de género es un problema extendido en toda Colombia, diversos estudios señalan que afecta más a mujeres y niñas desplazadas. El gobierno ha adoptado leyes, políticas y programas para abordar este tipo de violencia y el riesgo especial que supone para las mujeres y niñas desplazadas. No obstante, la falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención luego de hechos de violencia. Entre estos obstáculos se pueden mencionar establecimientos de salud que no implementan debidamente las leyes y políticas relevantes, lo cual redunda a veces en un examen inadecuado de mujeres y niñas para la identificación de signos de violencia de género, maltratos, la demora en el acceso a servicios básicos o directamente la negación arbitraria de atención médica.

 

Algunos de los obstáculos que se interponen al acceso a la justicia de víctimas de violencia de género incluyen el maltrato de algunas autoridades, las dificultades para presentar pruebas y el temor a represalias. Las mujeres y niñas que son víctimas de este tipo de violencia a veces no son informadas sobre los derechos que les corresponden, como por ejemplo dónde y cómo acceder a servicios. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son llevados ante la justicia.

 

Defensores de derechos humanos

Es habitual que defensores de derechos humanos sufran amenazas o ataques de agresores que casi nunca responden ante la justicia. El 28 de febrero, en un panfleto presuntamente firmado por el grupo sucesor de los paramilitares “Águilas Negras-Bloque Capital” se amenazó a dos organismos de Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos, incluidas varias dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer. Human Rights Watch documentó varios casos de violación sexual de defensoras de derechos humanos a fines de 2011 y durante 2012.

 

El Ministerio del Interior administra un programa de protección que se aplica a más de 10.000 miembros de grupos vulnerables, incluidos defensores de derechos humanos y sindicalistas. Se trata de un programa pionero en la región, pero sus beneficiarios continúan denunciando problemas en las medidas de protección.

 

Actores internacionales clave

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2012, aportó cerca de US$ 482 millones para asistencia, de los cuales aproximadamente el 58 por ciento se destinó a las fuerzas armadas y la policía. Una porción de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, si bien el Departamento de Estado de ese país no ha exigido su cumplimiento. En agosto de 2012, el Departamento de Estado certificó que Colombia cumplía los requisitos de derechos humanos. No obstante, señaló que “las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, activistas de la defensa de tierras, sindicalistas, periodistas y otros grupos vulnerables continuaban representando materia de preocupación… Las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles podrían hacer más en la investigación de denuncias sobre colusión con grupos armados ilegales, que aún persisten”.

 

La Unión Europea proporciona asistencia social y económica a Colombia. Noruega y Cuba fueron designadas “garantes” de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, en tanto Venezuela y Chile participan como “acompañantes” de este proceso.

 

La Misión de la Organización de los Estados Americanos de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, responsable de verificar las desmovilizaciones paramilitares, señaló en su informe de 2012 que la presencia de grupos sucesores de los paramilitares y sus actividades ilegales en algunas regiones “pone en riesgo los retornos [a sus hogares] de los desplazados por la violencia”.

 

La fiscalía de la CPI continuó monitoreando las investigaciones locales de delitos que estarían comprendidos dentro de la competencia de la Corte. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tiene presencia activa en Colombia y en noviembre de 2010 se amplió por tres años su mandato en el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también tiene presencia activa en Colombia, y como parte de su labor brinda asistencia a desplazados internos.