Si bien Brasil es una de las democracias con mayor injerencia en temas regionales y mundiales, aún subsisten graves problemas de derechos humanos en el ámbito interno. Frente a los altos índices de crímenes violentos, algunas unidades de policía de Brasil recurren a tácticas abusivas con total impunidad, en vez de implementar prácticas policiales responsables. Es habitual que funcionarios judiciales que intentan hacer justicia en casos que involucran prácticas ilícitas por parte de policías sean objeto de amenazas de violencia. En agosto de 2011, la Jueza Patricia Acioli fue ejecutada frente a su vivienda en el estado de Río de Janeiro, presuntamente como represalia por haber ordenado la detención de varios policías que habrían participado en un homicidio.

Existe una grave situación de hacinamiento en varios centros de detención, es común que se extienda indefinidamente el período de prisión preventiva y la tortura continúa siendo un problema grave. Persiste el trabajo forzado en algunos estados, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno federal para lograr su erradicación.

Seguridad pública y conducta policial

En muchas ciudades de Brasil, prevalece la violencia generalizada perpetrada por bandas delictivas y es común que en respuesta se cometan prácticas policiales abusivas. La violencia afecta especialmente a las comunidades de bajos ingresos. En Río de Janeiro, por ejemplo, cientos de favelas permanecen bajo el control de bandas de narcotraficantes que participan habitualmente en delitos violentos y extorsión. En noviembre de 2010, estas bandas de narcotraficantes provocaron una ola de ataques en las calles de Río, que incluyeron el incendio de vehículos y saqueos, y que tuvieron como respuesta el despliegue masivo de policías y miembros de las Fuerzas Armadas en la comunidad de Complexo do Alemão.

El abuso policial, que incluye casos de ejecuciones extrajudiciales, también representa un problema crónico. Según datos oficiales, durante los primeros seis meses de 2011, la policía fue responsable de 372 muertes en el estado de Río de Janeiro y de otras 252 en el estado de San Pablo. En varias oportunidades la policía ha señalado que estos casos de muertes por “resistencia” se producen durante enfrentamientos con delincuentes. Si bien muchas muertes producidas por policías son sin duda el resultado del uso legítimo de la fuerza, Human Rights Watch y otras organizaciones han comprobado que en una gran cantidad de casos esto no es así, y esta situación ha sido reconocida por funcionarios de la justicia penal de Brasil.

Las iniciativas de reforma no han sido efectivas, debido a que los sistemas de justicia penal de los estados dependen casi exclusivamente de investigadores policiales para resolver estos casos, es decir, se confía el control de la policía a esa misma institución. En 2010, el fiscal general de San Pablo dio un paso importante para abordar el problema de la violencia policial y dispuso que todos los casos relativos a supuestos abusos policiales debían ser investigados por una fiscalía especial.

En 2009, el estado de Río de Janeiro implementó un Sistema de Control de Objetivos y Resultados, por el cual se otorga a la policía una compensación económica cuando se alcanzan los objetivos de reducción de delitos. Estos objetivos fueron reformulados en enero de 2011 y se incluyeron los homicidios cometidos por policías. A su vez, desde 2008 se crearon en Río casi 20 Unidades de Pacificación Policial (UPP) con el fin de establecer una presencia policial más efectiva en el ámbito de la comunidad. No obstante, el estado aún no ha adoptado medidas adecuadas para asegurar que los policías que cometen abusos respondan por sus actos.

Numerosas comunidades de Río que anteriormente eran manejadas por narcotraficantes están hoy bajo el control de milicias integradas por policías, guardias penitenciarios, bomberos y otras personas que presionan a los residentes para que paguen a cambio de conexiones ilegales a servicios públicos, transporte y seguridad. Estas milicias han estado implicadas en muertes que presentan todas las características de ejecuciones, así como en amplias redes de extorsión y en el secuestro y la tortura de un grupo de periodistas que investigaban sus actividades. En octubre de 2011, el legislador por el estado de Río Marcelo Freixo anunció su decisión de abandonar Brasil momentáneamente debido a que se habían intensificado las amenazas de muerte en su contra. Freixo presidía una comisión parlamentaria encargada de investigar la actividad de las milicias en Río en 2008 y ha denunciado abiertamente los vínculos entre algunas milicias y funcionarios locales electos.

Los jueces y magistrados que admiten casos de violencia en los cuales están involucradas milicias ilegales son objeto de amenazas de violencia. En agosto de 2011, la Jueza Patricia Lourival Acioli fue ejecutada frente a su vivienda en la ciudad de São Gonçalo, presuntamente como represalia por haber ordenado la detención de varios policías que habrían participado en un homicidio. Antes de ser asesinada, había recibido cuatro amenazas de muerte. Tras este hecho, el jefe de la policía militar de Río presentó su dimisión, y varios policías de São Gonçalo fueron procesados. Sin embargo, la Asociación de Jueces de Brasil ha denunciado que la cantidad de empleados judiciales que pidieron protección al gobierno aumentó un 400 por ciento desde el crimen de Acioli.

Condiciones de detención, tortura y maltrato de detenidos

En muchas cárceles y centros de detención de Brasil prevalece la violencia y existen graves condiciones de hacinamiento. Según el Sistema Integrado de Información Penitenciaria (INFOPEN) del Ministerio de Justicia, la población carcelaria de Brasil se triplicó durante los últimos 15 años, y actualmente supera el medio millón de personas. Las demoras del sistema judicial agravan la situación de sobrepoblación: casi la mitad de los internos cumplen prisión preventiva. El 4 de julio de 2011, el Congreso sancionó una ley que prohíbe la posibilidad de prisión preventiva para delitos con penas inferiores a cuatro años de prisión.

La tortura representa un problema crónico en centros de detención y estaciones de policía en todo Brasil. Un informe de 2010 de la Comisión Pastoral Penitenciaria documentó casos de tortura en 20 de un total de 26 estados brasileños. Las tasas de prevalencia de VIH y tuberculosis en las cárceles de Brasil son mucho mayores que entre la población general. A su vez, las condiciones inhumanas favorecen la propagación de enfermedades, y el acceso de los presos a la atención médica continúa siendo inadecuado. A principios de septiembre de 2011, cientos de detenidos en el estado de Maranhão organizaron un motín en protesta ante los extensos períodos de prisión preventiva, instalaciones insalubres, acceso limitado a agua potable y abuso sexual por parte de guardias penitenciarios. Durante los sucesos, al menos 18 internos fueron asesinados por facciones rivales.

El 30 de septiembre de 2011, la Presidenta Dilma Roussef presentó un proyecto de ley que propone crear un mecanismo nacional —el Sistema Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura— destinado a controlar los centros de detención en todo el país e investigar denuncias de torturas y malos tratos.

Salud femenina y derechos reproductivos

Si bien Brasil ha reducido significativamente la tasa de mortalidad materna durante las dos últimas décadas, las estadísticas nacionales ocultan la existencia de marcadas disparidades que responden a factores raciales o están determinadas por la condición económica, la región y la pertenencia a entornos urbanos o rurales. En agosto de 2011, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer determinó que en el caso de Alyne da Silva Pimental, quien falleció luego de que se le negara atención médica oportuna en un centro de salud pública, Brasil había incumplido su obligación de garantizar el acceso oportuno, adecuado y sin discriminación a servicios de salud materna.

El Código Penal de Brasil penaliza el aborto, salvo en casos de violación sexual o cuando resulte necesario para preservar la vida de la madre. Las mujeres y niñas que se someten a tales procedimientos voluntariamente pueden recibir penas de hasta tres años de prisión, y los médicos que practican estos abortos pueden ser condenados a un máximo de diez años de cárcel. El acceso por parte de mujeres y niñas a servicios de salud reproductiva se vio limitado por irrupciones en clínicas de planificación familiar y medidas judiciales enérgicas contra las prácticas de aborto. Actualmente se encuentran pendientes más de 40 proyectos de ley ante la Cámara de Diputados que prevén nuevas restricciones al acceso a métodos anticonceptivos o que establecen penas más rigurosas para casos de aborto. El Ministerio de Salud estima que se practican más de un millón de abortos ilegales anualmente, y que cientos de mujeres y niñas que sufren complicaciones a causa de abortos ilegales acuden cada año a los hospitales para recibir atención.

Orientación sexual e identidad de género

En mayo de 2011, el Supremo Tribunal Federal resolvió por unanimidad legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo en reconocimiento de la garantía constitucional contra la discriminación. Los cónyuges del mismo sexo gozan ahora de los mismos derechos que las parejas heterosexuales: cobertura más amplia del seguro de salud, derecho de visita hospitalaria, planes de jubilación y derechos sucesorios. Al mes siguiente, un tribunal de primera instancia del estado de San Pablo reconoció el primer matrimonio civil entre personas del mismo sexo de Brasil. El Tribunal Superior de Justicia hizo lo mismo en octubre, y estableció un importante precedente al interpretar que el Código Civil de Brasil permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Trabajo forzado

Desde 1995, el gobierno federal ha adoptado medidas importantes para erradicar el trabajo forzado, como la creación de unidades de investigación móviles que evalúan las condiciones en zonas rurales y la confección de una especie de “lista negra” de empleadores que han recurrido al trabajo forzado. Según datos oficiales, más de 39.000 trabajadores habrían sido liberados desde 1995. No obstante, la Comisión Pastoral de la Tierra informó que más de 4.000 trabajadores fueron sometidos a trabajos forzados durante 2010. Son pocos los casos en que quienes vulneran los derechos de los trabajadores responden ante la justicia penal.

Violencia rural

Líderes indígenas y activistas rurales continúan siendo objeto de amenazas y violencia. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 34 personas fueron asesinadas en todo el país durante 2010, y hubo otros 55 intentos de homicidio. Más de 1.900 activistas rurales han recibido amenazas de muerte durante la última década, y 42 de ellos han sido asesinados. La región sur del estado de Pará es, desde hace tiempo, uno de los puntos de mayor violencia rural, si bien en otras áreas fronterizas en los estados de Maranhão, Mato Grosso y Rondônia se desarrollan actividades ilegales de tala y ganadería y han pasado a ser peligrosas para ambientalistas y funcionarios públicos por igual.

Juicios por abusos del pasado

Brasil ha otorgado indemnizaciones por más de US$ 1.000 millones a más de 12.000 víctimas de abusos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1964 y 1985. El 26 de octubre de 2011, el Congreso aprobó una ley por la cual se creó una comisión de la verdad encargada de “examinar y esclarecer” violaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988.

Sin embargo, fueron pocos los avances conseguidos en el juzgamiento de los responsables de estas atrocidades. Hasta el momento, se ha interpretado que la ley de amnistía sancionada en 1979 prohíbe juzgar a agentes del Estado, y esta postura fue confirmada en abril de 2010 por el Supremo Tribunal Federal.

Libertad de expresión y acceso a la información

En julio de 2009, un tribunal en el Distrito Federal dictó una medida cautelar que prohibía al periódico O Estado de São Paulo publicar una serie de artículos con información sobre “Operação Faktor”, una investigación policial en la cual estaba implicado Fernando Sarney, hijo del Presidente del Senado José Sarney. Pese a las fuertes críticas de organizaciones de libertad de prensa nacionales e internacionales, la sentencia fue confirmada por el Supremo Tribunal Federal en diciembre de 2009.

El 15 de junio de 2011, el Supremo Tribunal Federal determinó por unanimidad que las manifestaciones pacíficas que exigían la legalización de la marihuana estaban protegidas por las garantías constitucionales de libertad de expresión y reunión. Algunos jueces de los estados han prohibido este tipo de manifestaciones por considerar que fomentaban o hacían apología del consumo de drogas.

En septiembre de 2011, Vanderlei Canuto Leandro, conductor de un programa en Radio Frontera, fue asesinado por agresores armados no identificados en la ciudad de Tabatinga, en el estado de Amazonas, supuestamente en represalia por haber investigado hechos de corrupción en los cuales estarían implicados funcionarios del gobierno local. Se trató del quinto homicidio de un periodista ocurrido en Brasil durante 2011, según datos de la Relatora Especial para la libertad de expresión del sistema interamericano.

Actores internacionales clave

El sistema interamericano ha tenido un rol clave en la respuesta ante problemas de derechos humanos. En noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la ley de amnistía de Brasil no puede impedir la investigación y el juzgamiento de violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante el régimen militar. A través de resoluciones dictadas en febrero y septiembre de 2011, la Corte también ordenó al estado de Espírito Santo que adoptara medidas para abordar los presuntos abusos contra menores detenidos en el centro Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS).

En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en contra de Brasil, debido a que no se habría consultado a grupos indígenas antes de comenzar la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte que, según se prevé, será la tercera más grande del mundo. El gobierno de Rousseff rechazó públicamente las conclusiones de la Comisión y se refirió a estas como “prematuras e injustificadas”. El 29 de julio de 2011, la Comisión modificó las medidas cautelares sobre la base de información proporcionada por el gobierno brasileño. En septiembre de 2011, un juez federal del estado de Pará ordenó que se paralizaran las obras en la cuenca del río Xingu para proteger a ciertas especies de peces que se consideran indispensables para la subsistencia de las comunidades indígenas. El consorcio a cargo de la construcción de la represa apeló la decisión en noviembre.  

En mayo de 2011, la Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud instó a Brasil a redoblar sus esfuerzos para subsanar las lagunas legislativas que perpetúan las prácticas de esclavitud, incluido el trabajo forzado en las zonas rurales del país.

Brasil se ha posicionado como un actor influyente e importante en los debates sobre las respuestas internacionales a problemas de derechos humanos en el ámbito de la ONU. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el período entre julio de 2010 y junio de 2011, Brasil votó sistemáticamente a favor de resoluciones sobre la situación de países específicos como Sudán, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia y Siria. Sin embargo, en octubre de 2011, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, se rehusó a apoyar una resolución que condenaba los actos de violencia avalados por el Estado en Siria.