En 2011, las violaciones de los derechos humanos aumentaron significativamente en Yemen, mientras las autoridades trataban de reprimir las manifestaciones mayoritariamente pacíficas que cuestionaban el régimen de 33 años del presidente Ali Abdullah Saleh. Las fuerzas de seguridad del Estado, actuando a menudo junto con asaltantes armados con vestimenta civil, respondieron a las protestas contra el gobierno con una fuerza excesiva y letal, y acabaron con la vida de al menos a 250 personas e hirieron a más de 1,000.

Los enfrentamientos en varios frentes entre las fuerzas gubernamentales y diversos grupos armados se saldaron con la muerte de decenas más de civiles y el desplazamiento de otros 100,000 más. Las fuerzas de seguridad del Estado, combatientes de la oposición tribal y los militantes islámicos pueden haber cometido violaciones de las leyes de la guerra durante algunos de estos enfrentamientos.

Ataques contra manifestantes

En enero, inspirados en los levantamientos populares en Túnez y Egipto, miles de yemeníes comenzaron las protestas en las principales ciudades para obligar al presidente Saleh a renunciar. El descontento popular, alimentado por el desempleo generalizado y la corrupción gubernamental, se elevó a finales de 2010 después de que el partido gobernante propusiera modificar las leyes electorales y la Constitución con el fin de que Saleh pudiera presentarse a la reelección al finalizar su séptimo mandato en 2013.

Las fuerzas de seguridad respondieron a las manifestaciones mayoritariamente pacíficas con fuerza excesiva, a menudo disparando munición real directamente contra los manifestantes desarmados. Entre estas fuerzas está el Servicio Central de Seguridad, una unidad paramilitar bajo el mando de Yahya Saleh, sobrino del presidente Saleh; la Guardia Republicana, una unidad de elite del ejército comandada por Ahmed Saleh, hijo del Presidente;  y el Departamento de Seguridad General. El Servicio Central de Seguridad cuenta con una unidad de lucha contra el terrorismo que recibe capacitación de Estados Unidos, pero Human Rights Watch no pudo verificar las denuncias de que la unidad participó en los ataques contra las protestas. En ocasiones, las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes junto con hombres armados vestidos de civil, o se mantuvieron impasibles durante los ataques de bandas armadas.

Al menos 250 civiles y transeúntes murieron en esos ataques, la mayoría en la capital del país, Saná, así como en Ta’izz y Adén. Al menos 35 de los muertos eran niños. El 18 de marzo, los francotiradores abrieron fuego contra una protesta en Saná y mataron al menos a 45 personas. Entre 29 de mayo y el 3 de junio, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 22 personas en Ta’izz y arrasaron un campamento de protesta. El 18 y el 19 de septiembre, el Servicio Central de Seguridad y otras fuerzas gubernamentales dispararon directamente contra manifestantes que arrojaban piedras en Saná, y mataron a alrededor de 30 de ellos. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad mataron a docenas más de manifestantes y otros civiles con armas de fuego, lanzagranadas y fuego de mortero.

En Saná, Adén y Ta’izz, las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso de manifestantes heridos a servicios de atención médica. También asaltaron y saquearon los hospitales, y amenazaron, detuvieron o golpearon a los profesionales médicos que intentaron atender a los manifestantes heridos. En junio, las fuerzas de la Guardia Republicana comenzaron la ocupación del hospital al-Thawrah en Ta’izz, que utilizaron como base para bombardear barrios de la oposición. En septiembre, las fuerzas del Servicio Central de Seguridad atacaron a las fuerzas de oposición desde el hospital Jumhuri de Saná. En noviembre, un proyectil de las tropas gubernamentales hizo impacto en el hospital al-Rawdha y mató al menos a un paciente.

Un informe de septiembre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que los elementos "que tratan de conseguir o mantener el poder" están "castigando colectivamente" a la población mediante la reducción del acceso a la electricidad, el combustible y el agua.

Las autoridades no procesaron a ningún miembro de las fuerzas de seguridad por graves violaciones de los derechos humanos.

Enfrentamientos armados

En mayo, después de que Saleh se negara por tercera vez a firmar un acuerdo negociado por el Consejo de Cooperación del Golfo para la cesión del poder, docenas de civiles murieron en combates entre las fuerzas gubernamentales y diversos grupos armados.

En mayo y junio, los combatientes del clan al-Ahmar de la oposición se enfrentaron en escaramuzas con las fuerzas gubernamentales en Saná. El 3 de junio, una explosión en la mezquita del Palacio Presidencial en Saná mató a 11 personas e hirió de gravedad a Saleh y varios funcionarios de alto rango. Saleh pasó tres meses en Arabia Saudita recibiendo tratamiento médico.

A mediados de 2011, las fuerzas gubernamentales comenzaron los enfrentamientos con combatientes de la oposición tribal en Arhab, a las afueras de Saná, y en Ta’izz. En septiembre, el Servicio Central de Seguridad y la Guardia Republicana en Saná comenzaron enfrentamientos con los combatientes del clan al-Ahmar y con soldados de la Primera División Blindada, una unidad militar comandada por el general Ali Mohsen al-Ahmar (sin relación con el clan al-Ahmar), que desertó para pasarse a la oposición en marzo.

Existen informes creíbles de que, durante estos enfrentamientos armados, las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales y ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas. El 22 de junio, en el retén de al-Buraihi, en las afueras de Ta’izz, un soldado de la Guardia Republicana disparó contra un minibús que su unidad había registrado y autorizado a seguir su ruta, y mató a un niño de 15 años.

En mayo, el gobierno también lanzó una campaña militar en la provincia de Abyan contra Ansar al-Sharia (Partidarios de la Ley Islámica), un grupo armado respaldado aparentemente por Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), con base en Yemen. Ansar al-Sharia había tomado previamente dos ciudades de la provincia, Zinjibar y Jaar. El 20 de mayo, las fuerzas del Servicio Central de Seguridad dispararon sus rifles de asalto en un concurrido mercado en Zinjibar, matando a seis comerciantes y compradores e hiriendo a otras tres docenas de personas. Las fuerzas abrieron fuego después de que un coche bomba casi matara a cuatro miembros del Servicio Central de Seguridad, pero no se había denunciado la presencia de militantes o de otros sospechosos en el interior del mercado.

Los testigos dijeron que los combatientes de la oposición se habían desplegado en varias ocasiones en barrios densamente poblados de Ta’izz, y que las fuerzas islamistas habían hecho lo mismo en Abyan, lo que podía exponer a la población civil a un riesgo innecesario de ataque. Las fuerzas tanto del gobierno y como de la oposición movilizaron a niños para que patrullaran calles y vigilaran retenes.

Libertad de expresión y de opinión

Las fuerzas gubernamentales y las bandas armadas atacaron, hostigaron y amenazaron a numerosos periodistas y activistas de derechos humanos yemeníes, en muchos casos por informar sobre los ataques a los manifestantes o denunciarlos.

Dos periodistas fueron asesinados cuando cubrían las protestas en Saná. Jamal al-Sharabi, un reportero gráfico del semanario independiente al-Masdar, fue asesinado durante el ataque del 18 de marzo. Hassan al-Wadhaf, de la Agencia Árabe de Medios (Arabic Media Agency), murió cinco días después de que un francotirador le disparara en la cara, el 19 de septiembre, y él mismo filmó momento del disparo.

El 18 de febrero, en una manifestación en Saná, hombres armados con palos golpearon a Hamoud Munasser, corresponsal jefe de Al-Arabiya, y a su camarógrafo; luego atacaron su vehículo en presencia del director de la Unidad de Lucha contra el Terrorismo de Yemen, financiada por Estados Unidos, y de un funcionario del Departamento Central de Investigación, quienes se abstuvieron de intervenir.

Las autoridades expulsaron a varios periodistas extranjeros y confiscaron los ejemplares de medios impresos independientes de Yemen, como Al-Yaqeen, que contenían artículos sobre los ataques de las fuerzas de seguridad contra opositores de Saleh.

El 25 de mayo, las fuerzas partidarias de Saleh dispararon ametralladoras y proyectiles de mortero contra la estación de televisión por satélite Suhail, propiedad del clan opositor al-Ahmar. El 12 de agosto, las fuerzas gubernamentales detuvieron a Ahmed Firas, un camarógrafo del canal Suhail, cuando salía de Arhab, y confiscó su equipo. Cuando se escribió este capítulo, seguía detenido sin cargos.

Las autoridades siguieron enjuiciando a periodistas en tribunales penales especiales que no cumplieron con las normas internacionales del debido proceso. El 18 de enero, el Tribunal Penal Especial de Saná condenó a Abdulelah Haidar Shae', de la agencia estatal de noticias Saba, a cinco años de prisión tras declararlo culpable de pertenecer a un grupo terrorista en un juicio plagado de irregularidades procesales. Shae' había criticado los métodos del gobierno para combatir a Al Qaeda.

Numerosos defensores de los derechos humanos fueron golpeados y recibieron frecuentes amenazas anónimas. En enero, algunos defensores de los derechos humanos que habían participado activamente en las protestas fueron detenidos durante un breve período, entre ellos Tawakkol Karman, de la organización de Mujeres Periodistas Sin Cadenas, y el abogado de derechos humanos Khaled al-Anisi. El 24 de febrero, cinco hombres armados apuñalaron repetidamente a un guardia de seguridad en las oficinas del Observatorio de Derechos Humanos de Yemen en Saná, después de que la organización recibiera amenazas anónimas por haber divulgado información sobre los ataques contra los manifestantes.

Personas desplazadas internas

Los enfrentamientos armados desplazaron a alrededor de 100,000 personas, la mayoría de Abyan a Adén. Aproximadamente 300,000 ya habían sido desplazadas durante los seis años de conflicto armado intermitente del norte entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes huthis que, a pesar de un alto el fuego, retomaron la gobernación de Sada en marzo. Hasta 100,000 de estas personas desplazadas regresaron presuntamente as sus hogares. Las agencias de ayuda no pudieron acceder a muchas personas desplazadas debido a la inseguridad, el financiamiento inadecuado y la falta de autorización del gobierno.

Terrorismo y antiterrorismo

En 2011, los funcionarios de Estados Unidos consideraron que la red de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) constituía una mayor amenaza para su seguridad que el núcleo principal de Al Qaeda en Pakistán.

AQPA se atribuyó la responsabilidad de colocar bombas a bordo de dos aviones de carga con destino a Estados Unidos en octubre de 2010. Se informó también de que el grupo también había prestado apoyo a Ansar al-Sharia, el grupo armado que tomó Jaar y Zinjibar en Abyan. Docenas de civiles murieron durante los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y Ansar al-Sharia en Abyan.

Se informó de que Estados Unidos había lanzado más de una docena de ataques aéreos con aviones tripulados y no tripulados contra supuestos militantes de AQPA en Yemen, entre ellos uno en septiembre que mató al clérigo Anwar al-Awlaki y a Samir Khan, editor de Inspire, la revista en inglés de AQPA. Otro presunto ataque con aviones no tripulados en octubre mató a nueve personas, entre ellas el hijo de 16 años de al-Awlaki, Abderrahman. Tanto Awlaki como Samir eran ciudadanos de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que Awlaki era el "líder de las operaciones exteriores" de AQPA, pero el asesinato de tres estadounidenses fuera de un campo de batalla tradicional suscitó una controversia acerca del programa de asesinatos selectivos de Estados Unidos.

Funcionarios no identificados de Estados Unidos y Yemen dijeron que los ataques aéreos con aviones no tripulados y de otro tipo mataron a docenas de militantes. Las autoridades locales informaron de algunas bajas civiles, pero la falta de acceso a las zonas atacadas impidió la verificación independiente.

Campaña contra los separatistas del sur

Las fuerzas de seguridad dirigieron sus ataques contra activistas del Movimiento del Sur, una coalición de grupos que reclaman la independencia o mayor autonomía para el sur de Yemen, que era un estado independiente hasta 1990. Después de que el Movimiento del Sur se unió a las protestas contra Saleh en febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron durante breves períodos a docenas de sus miembros e hicieron desaparecer por la fuerza al menos ocho de ellos durante días o semanas. Entre los ocho que fueron "desaparecidos" estaban el líder del Movimiento del Sur, Hassan Baoum, de 68 años, y su hijo Fawaz, de 34 años. Agentes de seguridad enmascarados secuestraron a los dos el 20 de febrero en un hospital de Adén, donde el mayor de los Baoum estaba recibiendo tratamiento médico. Ambos estuvieron incomunicados hasta julio y, cuando se escribió este capítulo, seguían detenidos sin cargos.

En junio, soldados en Adén mataron a Jiyab Ali Muhammad al-Saadi, de 35 años, hijo de un líder del Movimiento del Sur, cuando este les pidió que no interrumpieran el paso de una procesión fúnebre para Ahmad al-Darwish, quien, según los activistas locales, fue torturado hasta la muerte cuando se encontraba bajo la custodia de la policía en 2010. En marzo, las autoridades trasladaron al jefe de Seguridad General, Abdullah Qairan, a Ta’izz, después de que un tribunal local lo acusara de estar implicado en la muerte de al-Darwish.

Derechos de las mujeres y las niñas

En general, las mujeres tienen un bajo nivel social en la sociedad yemení y están excluidas de la vida pública.

Los matrimonios de menores de edad y los matrimonios forzados siguen siendo un fenómeno generalizado, lo que expone a las jóvenes a la violencia doméstica y a la mortalidad materna, y frustra su educación. Los jueces no tienen la obligación de garantizar el libre consentimiento de la niña antes de autorizar un contrato matrimonial. En agosto, se informó de que una recién casada de 12 años de edad procedente de Hudeida había resultado herida después de haber sido drogada y violada por su esposo de 50 años. A pesar de estos casos, los conservadores han paralizado un proyecto de ley que fija la edad mínima para contraer matrimonio en 17 años.

Las mujeres desempeñaron un papel importante en las protestas contra Saleh, a pesar de las palizas, el acoso y, en algunos casos, el repudio de sus familiares. En abril, Saleh amonestó a las mujeres manifestantes y afirmó que "la ley divina no permite" que personas de diferente sexo se mezclen en público. Las mujeres respondieron con más protestas. Karman fue una de las galardonadas con el Premio Nobel de la Paz en octubre por su papel en las protestas.

Yemen tiene una alta tasa de mortalidad materna con 370 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Aproximadamente de siete a ocho mujeres mueren cada día por complicaciones en el parto.

Principales actores internacionales

Arabia Saudita, Qatar y otros países del Golfo proporcionaron una asistencia sustancial al gobierno, los líderes tribales y las instituciones religiosas de Yemen. Estados Unidos fue el principal donante de fuera de la región. Los países de la Unión Europea también proporcionaron ayuda humanitaria y para el desarrollo.

Una iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo, apoyada por el Consejo de Seguridad de la ONU, ofreció inmunidad a Saleh y sus altos funcionarios a cambio de que renunciaran al poder.

En mayo, la mayoría de los países occidentales y del Golfo había retirado su apoyo público a Saleh y suspendido de manera informal la ayuda militar y la venta de armas a Yemen, pero ignoraron las peticiones de congelar los activos del Presidente en el extranjero. Estados Unidos retrasó la entrega de asistencia contra el terrorismo a Yemen debido a los disturbios políticos, después de haberle suministrado ayuda por un valor estimado de 172 millones de dólares durante el año fiscal 2010.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó las violaciones de los derechos humanos en Yemen, pero no autorizó una investigación internacional e independiente sobre estos abusos ni el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, pese a la petición para instaurar estas medidas por parte de la Oficina del Alto Comisionado.

En octubre, por segundo año consecutivo, el presidente Obama aprobó una exención para que Yemen pueda recibir ayuda militar prohibida por la Ley de Prevención del Uso de Niños Soldados de 2008, a pesar del uso documentado de niños soldados por parte de las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas al gobierno.