La Unión Europea (UE) se dotó de una nueva estructura para proteger los derechos humanos con la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales en enero, el aumento de la función del Parlamento Europeo y la creación de un comisariado de la UE sobre derechos fundamentales. La nueva comisaria Viviane Reding prometió una política de "tolerancia cero" para los países de la UE que violaran la Carta.
Los procedimientos por las infracciones en contra del sistema de asilo de Grecia demostraron la voluntad de la Comisión Europea de exigir cuentas a sus países miembros por violaciones de los derechos fundamentales. La Comisión desaprobó públicamente a Francia por la expulsión de romaníes, haciendo hincapié en las garantías procesales al limitar la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE, en lugar de la obligación de no discriminar.
La dimensión del reto que supone garantizar el pleno respeto por los derechos humanos en la UE se vio subrayada por las evidencias del aumento de la intolerancia -que se puso de manifiesto en el éxito electoral de los partidos de extrema derecha, incluso dentro de coaliciones gobernantes, y las políticas que persiguen a los romaníes, los musulmanes y los migrantes- y las preocupaciones constantes por las políticas abusivas de lucha contra el terrorismo, el acceso inadecuado al asilo y la protección desigual frente a la discriminación.
Políticas comunes de la UE sobre asilo y migración
Los esfuerzos para reformar y armonizar los procedimientos de asilo en toda la UE siguieron estancados. Los estudios publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en marzo y la Comisión Europea en septiembre hallaron diferencias y deficiencias significativas en la manera en que se tramitan las solicitudes de asilo en los países de la UE.
En 2009, alrededor de tres cuartas partes de todos los inmigrantes irregulares entraron en la UE a través de Grecia, y las primeras estimaciones para 2010 sugieren una tendencia al alza. Las llegadas por mar cayeron significativamente en 2010, y la agencia fronteriza de la UE, Frontex, registró una disminución del 75 por ciento en las llegadas marítimas durante la primera mitad del año. Sólo 150 personas llegaron a Italia y Malta durante el primer trimestre del año, en comparación con las 5,200 registradas en el mismo período de 2009. Las llegadas por mar a España también disminuyeron considerablemente.
El Reglamento Dublín II, que requiere que las solicitudes de asilo se presenten en el primer país de entrada a la UE, exacerbó la carga que pesa sobre el ya deficiente sistema de asilo de Grecia (que se analiza más adelante). Sin embargo, las iniciativas emprendidas por la Comisión Europea para poner en marcha una modesta reforma se encontraron con la fuerte oposición de algunos países miembros.
A mediados de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había emitido a los países órdenes de suspensión de más de 750 expulsiones a Grecia en virtud del Reglamento Dublín II, y miles más estaban pendientes de resolución o bloqueadas a nivel nacional. En septiembre, el Gobierno del Reino Unido suspendió todo este tipo de expulsiones a Grecia. Y a principios de noviembre, los Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega (estos dos últimos no forman parte de la UE) habían adoptado la misma decisión.
En septiembre, el TEDH conoció un recurso contra esta política presentado por un afgano expulsado de Bélgica a Grecia, donde dijo que fue maltratado y corría el riesgo de que lo expulsaran a Afganistán sin examinar adecuadamente su solicitud de asilo. La decisión estaba pendiente cuando se escribió este informe.
El plan de acción adoptado en mayo por la Comisión Europea acerca de los menores extranjeros no acompañados dispuso la adopción de una estrategia común europea para garantizar soluciones duraderas que redunden en el mejor interés de los niños.
El Reino Unido y otros países de la UE (así como Noruega) siguieron adelante con sus planes para la construcción de centros de acogida en Kabul, Afganistán, con el fin de repatriar a los niños no acompañados, a pesar de las preocupaciones por la seguridad y la falta de salvaguardias.
Docenas de solicitantes de asilo cuyas peticiones se habían rechazado fueron devueltos a Irak en al menos tres vuelos conjuntos entre abril y septiembre, a pesar de las objeciones del ACNUR. Frontex coordinó al menos uno de estos vuelos especiales. El Reino Unido y los Países Bajos organizaron sus propios vuelos, además de participar en expulsiones conjuntas. En noviembre, los Países Bajos anunciaron la suspensión de dichas deportaciones después de la intervención del TEDH. El Reino Unido dijo que suspendería las expulsiones si se lo ordenara el TEDH.
Las nuevas directrices para las operaciones de Frontex en el mar, adoptadas en abril, incluyeron una prohibición de la devolución a una situación de persecución y la obligación de considerar las necesidades de los grupos vulnerables, como los solicitantes de asilo, los niños y las víctimas de la trata de personas.
En marzo, Malta se retiró de las misiones de Frontex debido a las directrices que exigen que las personas rescatadas en aguas internacionales sean trasladadas al país donde tenga su sede la misión, en lugar del puerto más cercano. Sin embargo, en julio, Malta participó en un polémica operación conjunta de rescate con Libia, que se saldó con la expulsión de algunos migrantes somalíes a Libia, mientras que otros fueron trasladados a Malta.
En septiembre, el Parlamento Europeo aprobó un acuerdo de readmisión entre la UE y Pakistán, a pesar de las graves preocupaciones con respecto a clausulas sobre derechos humanos. También fue motivo de preocupación que el acuerdo pudiera facilitar la repatriación de afganos, incluidos los niños, que hubieran transitado por Pakistán con destino a la UE.
En octubre, la Comisión Europea firmó un acuerdo de cooperación con Libia, que incluyó una dotación de €50 millones (unos US$67 millones) para la gestión de fronteras y la protección de refugiados, a pesar del cierre forzado de la oficina del ACNUR en Trípoli en junio.
Discriminación e intolerancia
Los romaníes, la minoría más numerosa de Europa, siguieron sufriendo discriminación, exclusión y pobreza extrema en toda la región. En abril, la Comisión Europea adoptó por primera vez un comunicado sobre los romaníes, con vistas a la segunda Cumbre de la UE sobre la población romaní que se celebró ese mismo mes en España, en el que instó a la adopción de políticas más eficaces para abordar las múltiples causas de la marginación de los romaníes. A pesar de las directrices del ACNUR, los países de la UE, notablemente Alemania, continuaron repatriando a romaníes a Kosovo, mientras que Francia expulsó a romaníes al este de Europa.
A pesar de las preocupaciones acerca de la interferencia con el derecho a la libertad de culto y la autonomía religiosa, los esfuerzos para restringir que las mujeres se cubran la cara con un velo en Europa cobraron impulso político en 2010. En septiembre, el Parlamento francés aprobó una legislación que prohíbe dicho uso del velo en todos los lugares públicos y tipifica como delito que se coaccione a las mujeres para que se cubran la cara. A principios de octubre, el Consejo Constitucional dictaminó que la ley era compatible con la Constitución de Francia.
La Cámara Baja del Parlamento belga aprobó una legislación similar en mayo. Al momento de escribir este informe, el proyecto de ley estaba pendiente del examen del Senado. En septiembre, se incluyó esta prohibición en el acuerdo de la coalición gobernante de los Países Bajos, y también se han presentado propuestas legislativas en España, Italia y Dinamarca.
En mayo, el ministro del Interior de Alemania rechazó una prohibición similar. Sin embargo, una sentencia de diciembre de 2009 del Tribunal Federal de Trabajo, que confirmó la prohibición a una maestra de Renania del Norte-Westfalia de cubrirse la cabeza con un pañuelo en clase, subrayó la presencia continuada a nivel estatal de restricciones para evitar que las maestras o funcionarias publicas se cubran la cabeza.
Alemania y otros países de la UE bloquearon las iniciativas de actualización de las leyes contra la discriminación de la UE que buscaban prohibir la discriminación por motivos de religión, edad, discapacidad y orientación sexual. También permanecieron los obstáculos nacionales para poner fin a la discriminación contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, incluso en el caso de los Países Bajos, donde las personas transgénero sólo pueden cambiar oficialmente de género si se someten a una operación irreversible de reasignación del sexo, y en Italia, que siguió careciendo de protección concreta contra la discriminación por motivos de orientación sexual.
Medidas antiterroristas y derechos humanos
Los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo concluyeron en un informe conjunto dado a conocer en febrero que Alemania (con un caso de 2002) y el Reino Unido (con varios casos a partir de 2002) habían sido cómplices de la detención secreta de sospechosos de terrorismo. En junio, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó la falta de progreso hacia la plena rendición de cuentas por la complicidad en los abusos cometidos por Estados Unidos en Polonia, Rumanía y Suecia. En enero se puso en marcha una investigación criminal en Lituania después de que un comité parlamentario concluyera, en diciembre de 2009, que la CIA había establecido dos centros secretos de detención en ese país en 2005 y 2006.
Continuó el reasentamiento de detenidos de la Bahía de Guantánamo en Europa. Entre enero y septiembre, diez detenidos fueron reasentados en países de la UE, tres en España, tres en Eslovaquia, dos en Alemania, uno en Bulgaria y uno en Letonia. Italia y España se comprometieron a acoger a dos más.
En abril, como parte de un plan de acción para combatir la radicalización y el reclutamiento para el terrorismo, el Consejo de la Unión Europa acordó en abril reunir y compartir sistemáticamente información acerca de la radicalización, lo que despertó preocupaciones sobre el derecho a la privacidad.
En septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló un reglamento de noviembre de 2008 de la Comisión Europea sobre el financiamiento del terrorismo por el que se congelaban los activos del ciudadano saudí Yassin Abdullah Kadi, lo que constituyó la segunda sentencia de este tribunal contra la congelación de sus activos, en ambos casos por falta de garantías procesales.
Preocupaciones sobre derechos humanos en países seleccionados miembros de la UE
Francia
En julio, el Gobierno puso en marcha una campaña muy anunciada de expulsión de romaníes tras las protestas desencadenadas por la muerte en ese mes de un miembro de la comunidad francesa de los losgens de voyage (gitanos nómadas) por los disparos de un gendarme (ahora bajo investigación criminal). A finales de agosto, se habían desmantelado 128 asentamiento informales, entre ellos los ocupados por gens du voyage franceses, y casi un millar de romaníes habían sido devueltos a Rumanía y Bulgaria. Una directiva del Ministerio del Interior del 5 de agosto, filtrada a principios de septiembre y anulada posteriormente, ordenaba a los prefectos que adoptaran "medidas sistemáticas para desmantelar los campamentos ilegales, dando prioridad a los de los romaníes" conectados con las expulsiones, lo que demostraba la intención de discriminar.
En septiembre, Francia acordó mejorar las garantías procesales después de que la Comisión Europea amenazara con emprender procedimientos de infracción debido a su implementación inadecuada de la legislación de la UE sobre la libertad de movimiento. Cuando se escribió este informe todavía no se habían introducido los cambios.
Después de su examen de Francia en agosto, el Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por lo que parecía una expulsión colectiva, así como por las dificultades a las que se enfrentan los gens du voyage franceses y romaníes para ejercer sus derechos y acceder a la educación y una vivienda decente. El comité expresó también una preocupación más general acerca del discurso político discriminatorio en Francia y el aumento de la violencia racista y xenófoba.
En octubre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley de inmigración presentado por el Gobierno que debilita los derechos de los solicitantes de asilo y los migrantes. Esto a pesar de las críticas vertidas por el Comité de la ONU contra la Tortura en mayo y el TEDH en 2009 acerca de las salvaguardias inadecuadas en el trámite acelerado de solicitudes de asilo. El Senado tiene programado debatir este proyecto de ley a principios de 2011.
La propuesta también contenía enmiendas del Gobierno de último minuto destinadas a ampliar las razones para la expulsión de ciudadanos de la UE, e incluir conductas como el "abuso" del sistema de protección social de Francia, la explotación de la mendicidad y la ocupación "abusiva" de tierras. El momento y la especificidad de las enmiendas y las declaraciones realizadas por ministros del Gobierno sugieren claramente que estaban destinadas a los romaníes.
A finales de diciembre de 2009, las autoridades francesas expulsaron a un tunecino a Senegal por motivos de seguridad nacional, a pesar de que el TEDH había ordenado que se suspendiera esta expulsión. A principios de ese mes, el Tribunal había dictaminado que Francia violaría sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo si deportaba a un argelino que había cumplido seis años de cárcel en Francia por delitos de terrorismo. Francia cumplió esta sentencia.
En julio, el Consejo Constitucional declaró inconstitucionales ciertas salvaguardias inadecuadas en los casos penales ordinarios, como la negación de la presencia de un abogado durante los interrogatorios. En octubre, el Gobierno introdujo un proyecto de ley para reformar la custodia policial. Esta propuesta estaba pendiente de aprobación cuando se escribió este informe. Ese mismo mes, el TEDH dictaminó que las reglas vigentes violaban las normas del debido proceso. También en octubre, la Corte de Casación, el máximo tribunal penal, decretó que las débiles salvaguardias en los casos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de drogas violan el derecho a una defensa eficaz. El proyecto de ley que se había presentado al momento de escribir este informe no abordaba estos problemas.
Alemania
Un informe de febrero del relator especial de la ONU sobre el racismo subrayó la persistencia del racismo, la xenofobia y la discriminación en la esfera de la vivienda, el empleo, la educación, las condiciones de vida y las restricciones del movimiento de los solicitantes de asilo.
En junio, la Gran Sala del TEDH dictaminó que Alemania había violado la prohibición del maltrato por limitarse únicamente multar a un subcomisario de policía (ascendido posteriormente) y a su subordinado por amenazar a un secuestrador con torturarlo en 2002, y concluyó que la sanción carecía del efecto disuasorio necesario.
En una sentencia que se hizo final en mayo, el TEDH decretó que una ley alemana que permite la detención indefinida de presos condenados considerados peligrosos después de haber cumplido sus sentencias violaba el derecho a la libertad y la prohibición de la detención arbitraria.
En julio, Alemania levantó sus restricciones sobre la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que abarcaban una variedad de cuestiones como los niños solicitantes de asilo. Las organizaciones de derechos humanos alemanas siguen instando al Gobierno a que trate a los niños extranjeros no acompañados de manera compatible con la Convención, lo que incluye dejar de albergarlos junto con adultos y no detener a aquellos que tienen entre 16 y 18 años a la espera de la deportación.
Grecia
En septiembre, el ACNUR describió la situación a la que se enfrentan los migrantes y los solicitantes de asilo en Grecia como una "crisis humanitaria". No hubo mejoras concretas a pesar de los reiterados compromisos del Gobierno de reformar su deficiente sistema de asilo, restablecer los derechos de apelación, garantizar el trato humano a los migrantes y exigir cuentas a la policía por el maltrato.
Un decreto presidencial que contenía reformas modestas, como la resolución de un retraso de más de 46,000 casos, siguió estancado, en parte como consecuencia de la crisis presupuestaria del país. En 2009, sólo se concedió asilo en primera instancia a 11 de los 30,000 solicitantes (0.04 por ciento). Las reformas más amplias se han pospuesto para 2011 o más adelante.
La Comisión Europea continuó los procedimientos de infracción contra Grecia por la violación de las reglas sobre asilo de la UE, y envió al Gobierno una segunda carta de emplazamiento el 24 de junio. En respuesta a una petición de Grecia, en noviembre, Frontex movilizó a 175 guardias fronterizos a lo largo de la frontera entre Grecia y Turquía.
Los migrantes y los solicitantes de asilo siguieron detenidos en condiciones deficientes. Los niños extranjeros no acompañados y otros grupos vulnerables cuentan con muy poca o ninguna asistencia, y muchos de ellos viven en la indigencia o en las calles y corren el riesgo de ser explotados y traficados. Tras una visita en octubre, el relator especial de la ONU sobre la tortura calificó de inhumanas y degradantes las condiciones en muchos centros de detención de inmigrantes.
La violencia de los grupos armados de oposición, así como las huelgas y las manifestaciones, marcaron un año de creciente crisis económica y medidas de austeridad en Grecia. Se produjeron varios atentados mortales con bomba contra edificios públicos, que mataron a un transeúnte en marzo y al asistente del ministro de Protección Ciudadana en junio. Otros atentados provocaron daños estructurales. En noviembre, la policía interceptó en Grecia y otros países europeos más de una docena de cartas bomba dirigidas a embajadas extranjeras en Atenas, al Parlamento griego, a jefes de Estado e instituciones de Europa.
En octubre, un policía fue condenado a cadena perpetua por disparar intencionadamente contra un muchacho de 15 años durante una manifestación organizada en diciembre de 2008 en Atenas, que desencadenó disturbios en todo el país. Otro agente de policía fue condenado a diez años de prisión por complicidad en el caso.
En mayo, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa hizo públicas sus conclusiones de diciembre de 2009 en las que condenaba a Grecia por la discriminación generalizada contra los romaníes en el acceso a la vivienda. El mismo comité había condenado a Grecia en 2004.
Italia
La violencia racista y xenófoba y el discurso político hostil siguieron siendo un problema acuciante. En enero, 11 africanos trabajadores migrantes de temporada fueron gravemente heridos por disparos desde automóviles y ataques de bandas durante un período de tres días en Rosarno, Calabria. Al menos otros 10 migrantes, 10 agentes de la ley y 14 residentes locales requirieron tratamiento médico. Más de un millar de migrantes salieron de la ciudad tras los episodios de violencia, y la mayoría de ellos fueron evacuados por agentes de las fuerzas de seguridad. Numerosos países expresaron su preocupación por el racismo y la xenofobia en Italia durante su examen periódico universal de febrero en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los romaníes y los sinti continuaron sufriendo grandes niveles de discriminación, pobreza y condiciones de vida deplorables en campamentos tanto autorizados como ilegales. Los romaníes del este de Europa, procedentes principalmente de Rumanía y que viven en asentamientos informales, fueron objeto de desalojos forzados e incentivos financieros para que regresaran a sus países de origen. En octubre, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa hizo públicas sus conclusiones de junio en las que condenaba a Italia por discriminación contra los romaníes en el ámbito de la vivienda y el acceso asistencia jurídica, económica y social.
Italia siguió deportando a sospechosos de terrorismo a Túnez, lo que incluyó la deportación de Mohamed Mannai en mayo, a pesar del riesgo de maltrato, las intervenciones persistentes del TEDH y la condena del Consejo de Europa. Un resolución adoptada en junio por su Comité de Ministros reiteró la obligación de Italia de cumplir las decisiones del Tribunal Europeo.
En un informe publicado en abril, el Comité Europeo sobre la Prevención de la Tortura señaló que Italia había violado la prohibición de la devolución de personas cuando interceptó un barco con migrantes que intentaban llegar a sus costas y los devolvió a Libia sin comprobar si algunos de ellos necesitaban protección internacional. Dos funcionarios italianos enfrentaban juicios en un tribunal de Sicilia por su participación en la expulsión de 75 personas a Libia en una embarcación de la Policía Financiera Italiana en agosto de 2009.
Italia no concedió asilo a aproximadamente una docena de eritreos a los que había forzado a regresar a Libia en 2009, donde, junto con centenares de compatriotas, sufrieron maltrato, condiciones de detención abusivas y la amenaza de ser deportados a Eritrea.
En mayo, un tribunal de apelaciones de Génova condenó a 25 de 29 agentes de policía acusados de usar la violencia contra los manifestantes de la Cumbre del G8 de 2001, revocando las absoluciones dictadas por un tribunal inferior. El Ministerio del Interior dijo que no suspendería a los agentes. Los recursos contra la sentencia de mayo estaban pendientes de resolución cuando se escribió este informe.
Los Países Bajos
En las elecciones generales de junio, el Partido de la Libertad Antiinmigrante obtuvo el tercer puesto con 24 representantes en el Parlamento. A finales de septiembre, tras meses de negociaciones, el Partido Liberal y el Cristiano-Demócrata anunciaron un Gobierno de coalición de centro derecha basado en el respaldo del Partido de la Libertad.
En octubre, Geer Wilders, dirigente del Partido de la Libertad, compareció ante un tribunal por incitar a la discriminación y el odio contra los musulmanes, los inmigrantes no occidentales y especialmente los marroquíes, además de por difamación colectiva de los seguidores del islam. Ese mismo mes se designaron a nuevos jueces tras un recurso de Wilders por presunta parcialidad; la causa seguía abierta cuando se escribió este informe.
Las nuevas reglas promulgadas en julio extendieron el plazo de 48 horas del proceso acelerado de asilo a ocho días y lo convirtieron en el procedimiento predeterminado, a pesar de las críticas nacionales e internacionales que señalaban que ocho días eran insuficientes para una evaluación adecuada, especialmente en los casos complejos y relacionados con grupos vulnerables. En febrero, el Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer criticó los procedimientos acelerados de los Países Bajos por ser inadecuados para las mujeres víctimas de violencia y los niños no acompañados, e instó al Gobierno a reconocer formalmente la violencia doméstica y la persecución por motivos de género como razones para conceder asilo.
En julio, el TEDH dictaminó que la expulsión a Libia de un ciudadano de ese país, absuelto de los cargos de terrorismo por un tribunal holandés en 2003, constituiría una violación de la prohibición de la devolución al riesgo de tortura.
En septiembre, de acuerdo con las nuevas políticas anunciadas en julio, el Gobierno deportó a Mogadiscio a un somalí cuya solicitud de asilo había sido rechazada, a pesar de las directrices del ACNUR recomendando la no devolución de personas a las regiones meridional y central de Somalia.
Polonia
Los registros oficiales de vuelos obtenidos por dos organizaciones de derechos humanos en febrero confirmaron que al menos seis vuelos de la CIA que trasladaban a detenidos para entregarlos a otros países aterrizaron en Polonia en 2003. Prosiguió una investigación criminal iniciada en 2008 sobre la complicidad en una prisión clandestina de la CIA, y las informaciones indicaron que el fiscal estaba considerando formular cargos de crímenes de guerra contra el ex presidente Aleksander Kwasniewski y otros altos cargos de su gobierno. En septiembre, el fiscal encargado del caso dijo que su investigación incluiría la presunta detención y tortura de un saudí cuando estaba bajo la custodia de la CIA en Polonia.
La discriminación por motivos de raza, género e identidad sexual siguió siendo un problema grave. En junio, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa expresó su preocupación por el hecho de que Polonia no abordara adecuadamente la discriminación contra los romaníes y los no ciudadanos en el ámbito de la educación, la vivienda, el empleo y la salud. En mayo, la Comisión Europea remitió el caso de Polonia al Tribunal de Justicia de la UE por no implementar la directiva de la UE sobre igualdad de raza. Cuando se escribió este informe, un proyecto de ley contra la discriminación presentado por el Gobierno estaba pendiente de la aprobación final del Parlamento y se espera que entre en vigor en enero de 2011. Una coalición de 40 organizaciones de derechos humanos criticó el proyecto de ley porque no protege contra la discriminación por motivos de orientación sexual, discapacidad, edad o religión en una variedad de esferas, o contra la discriminación de género en la educación.
En julio, Varsovia fue el escenario de un encuentro histórico sobre derechos de los homosexuales. La primera celebración del Orgullo Gay en un país del antiguo Bloque Oriental fue pacífica, a pesar de la fuerte oposición. En diciembre de 2009, el Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había expresado su preocupación por la discriminación contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en Polonia. En marzo, el TEDH dictaminó que Polonia discriminaba ilegalmente a las parejas del mismo sexo al negarles las mismas salvaguardias con respecto a la vivienda y los derechos de sucesión de que disfrutan las parejas heterosexuales no casadas.
Un informe de mayo del relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud criticó a Polonia por la falta de acceso a abortos legales, anticonceptivos y exámenes prenatales.
España
El violento grupo separatista vasco ETA anunció un alto el fuego unilateral a principios de septiembre, tras un año de relativa inactividad y considerables arrestos gracias a la continua colaboración entre Francia y España. Un gendarme francés fue asesinado en marzo cerca de París en un tiroteo con presuntos miembros de ETA. En enero, el Tribunal Supremo de España decretó que las negociaciones de 2006 entre funcionarios vascos electos y Batasuna, el partido independentista vasco declarado ilegal en 2003 por sus presuntos vínculos con ETA, no constituían un delito. Tres miembros de ETA fueron condenados por el atentado con bomba de diciembre de 2006 en un aeropuerto de Madrid. Cada uno de ellos cumplirá la pena máxima de 40 años de cárcel, a pesar de recibir una condena simbólica de 1,000 años.
En mayo, España rechazó las recomendaciones de otros gobiernos durante examen periódico universal en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Entre las recomendaciones rechazadas estaban la mejora de las salvaguardias para los detenidos por terrorismo en condiciones de incomunicación y la implementación de las recomendaciones sobre la reforma judicial acerca de los casos de los terrorismo planteadas en 2008 por el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. El Gobierno español rechazó asimismo las recomendaciones de creación de un mecanismo independiente de quejas acerca de la policía.
En junio, el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal de España efectiva a partir de diciembre de 2010, por la que se aumentaron las condenas para más de una treintena de delitos, se creó un nuevo sistema de "libertad vigilada" post-condena para los delitos terroristas y sexuales, y se estableció un nuevo crimen por divulgar información para "provocar, fomentar o promover" la comisión de un delito de terrorismo.
El juez Baltasar Garzón, conocido internacionalmente por sus esfuerzos para llevar ante la justicia al antiguo dictador chileno Augusto Pinochet, fue suspendido en mayo y se enfrentaba a un juicio por investigar casos relacionados con las presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100,000 personas durante la guerra civil española y el subsiguiente régimen de Franco, a pesar de la ley de amnistía de 1977. En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó su preocupación por la suspensión de Garzón y criticó la ley de amnistía española.
Alrededor de 200 menores extranjeros no acompañados, procedentes principalmente del África Subsahariana y Marruecos, siguen en centros de "emergencia" establecidos en las Islas Canarias en 2006, a pesar de las reiteradas peticiones de su cierre por parte del Gobierno regional. Alrededor de la mitad de ellos viven en La Esperanza, un antiguo centro de detención extenso, aislado y en condiciones deficientes. En septiembre, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño expresó su preocupación por las condiciones inadecuadas de acogida y el abandono de los niños en las Islas Canarias. Recomendó a España que estableciera centros adaptados para niños e introdujera mecanismos eficaces de queja para que los niños bajo su tutela pudieran denunciar los casos de maltrato.
En julio, entró en vigor una nueva ley que anuló las restricciones del aborto y legalizó su práctica por petición de la mujer hasta la décimo cuarta semana del embarazo. También aumentó el acceso a los derechos reproductivos y los servicios de planificación familiar, así como la información acerca de ellos. Antes de la reforma, el aborto sólo era legal si existía un grave riesgo para la salud de la mujer, malformaciones del feto o en los casos de violaciones.
Reino Unido
Las elecciones generales de mayo se saldaron con una coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Demócrata, la primera coalición de Gobierno en el país desde 1945.
En julio, el nuevo gobierno anunció una investigación judicial de las acusaciones de complicidad de las agencias de inteligencia británicas en casos de tortura, y publicó por primera vez directrices para los agentes de inteligencia sobre el interrogatorio de detenidos en el extranjero. No se prevé que la investigación, cuyos términos de referencia detallados no se habían hecho públicos cuando se escribió este informe, comience hasta que se hayan resuelto todas las investigaciones criminales en curso acerca de la presunta complicidad de agentes británicos en actos de tortura en el extranjero. En noviembre, el fiscal jefe del Reino Unido anunció que no existían suficientes pruebas para enjuiciar a un agente del Servicio de Seguridad (MI5) por abusos contra Binyam Mohamed. Ese mismo mes, el Gobierno anunció que indemnizaría a antiguos detenidos de la Bahía de Guantánamo para cerrar un acuerdo en las demandas civiles y evitar la revelación de documentos clasificados, sin que las autoridades del Reino Unido admitieran su culpabilidad.
Siguió existiendo preocupación por el hecho de que las directrices actuales sobre los interrogatorios en el extranjero dan demasiada discreción a los agentes de inteligencia, generan aparentemente discrecionalidad ministerial para permitir el uso de técnicas abusivas y consideran que las garantías diplomáticas son una manera de mitigar el riesgo de tortura o maltrato, a pesar de que no son confiables por naturaleza.
En septiembre, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos advirtió al Gobierno que emprendería la vía judicial si no se modificaban las directrices. Los abogados representantes de civiles detenidos y presuntamente torturados por las fuerzas británicas en Irak también amenazaron con interponer demandas porque las directrices no prohíben inequívocamente que se cubra la cabeza de los detenidos, una cuestión esencial la investigación pública de la muerte en 2003 del recepcionista de hotel iraquí Baha Mousa, cuando estaba bajo la custodia del ejército británico en Basra. Las audiencias sobre este caso terminaron en octubre y todavía no se había emitido un informe final cuando se escribió este informe.
En julio y septiembre se publicaron documentos con numerosas tachaduras tras una orden del Alto Tribunal de Justicia en una demanda civil interpuesta contra el Gobierno del Reino Unido por seis antiguos presos de Guantánamo. Los documentos demostraban que ya en enero de 2002 el Gobierno tenía conocimiento de las alegaciones de que ciudadanos y residentes británicos estaban siendo torturados bajo la custodia de Estados Unidos, pero no puso objeciones al traslado de ciudadanos del Reino Unido a la Bahía de Guantánamo. Los documentos incluían también directrices de 2002 a los agentes de inteligencia británicos señalándoles que en caso de observar el "maltrato" de presos bajo la custodia de otro país "la ley no les obligaba a intervenir para prevenirlo".
En julio, el Ministerio del Interior puso en marcha una revisión de algunas medidas antiterroristas muy criticadas, como las órdenes de control, la extensión de la detención preventiva, las detenciones y los registros sin sospecha, y la deportación con garantías. En el momento de escribir este informe, el Gobierno aún no había presentado sus propuestas de reforma al Parlamento. El Gobierno suspendió la autoridad de detener y registrar en julio, después de que el TEDH confirmara que esta autoridad violaba el derecho a la privacidad, era demasiado amplia y carecía de salvaguardias. A pesar del proceso de revisión del Ministerio del Interior, el acuerdo del Gobierno de coalición refrendó el uso de garantías diplomáticas para deportar a sospechosos de terrorismo.
En mayo, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración (CEAI) bloqueó la deportación a Pakistán basada en las garantías diplomáticas de dos sospechosos de terrorismo pakistaníes. En julio, el Gobierno de Estados Unidos empezó el proceso de extradición de uno de los sospechosos. El caso estaba en marcha cuando se escribió este informe. En septiembre, la CEAI dictaminó que un sospechoso de terrorismo etíope podía ser deportado a salvo a Etiopía a pesar del riesgo de tortura, el primer caso relacionado con un acuerdo de 2008 entre los dos países. La apelación de esta decisión estaba pendiente de resolución cuando se escribió este informe.
En junio, el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido confirmó una moratoria del traslado de sospechosos de terrorismo al centro de la Dirección Nacional de Seguridad en Kabul, tras las denuncias de tortura. En marzo, el TEDH dictaminó que el Reino Unido había violado los derechos de dos iraquíes al transferirlos de la custodia del Ejército británico en Basra a las autoridades iraquíes en diciembre de 2008. El Tribunal rechazó la apelación del Gobierno del Reino Unido en octubre.
En julio, el Primer Ministro se disculpó públicamente por el asesinato "injustificado e injustificable" de 1972 de 14 manifestantes desarmados en el Norte de Irlanda a manos de soldados británicos, después de la publicación ese mismo mes del largamente esperado informe de investigación del Domingo Sangriento. La investigación de 12 años concluyó que los soldados no se enfrentaban a ninguna amenaza y no dieron ninguna advertencia antes de abrir fuego.
La muerte en octubre de un angoleño cuando estaba siendo deportado por guardias de seguridad privada contratados por el Ministerio del Interior suscitó una investigación del Comité de Asuntos Interiores del Parlamento acerca de las técnicas de restricción empleadas durante dichas expulsiones. Cuando se escribió este informe estaba en marcha una investigación criminal sobre los hechos.
Se siguió deteniendo a niños en centros de inmigración a pesar de que el Gobierno había prometido detener esta práctica en mayo. Las mujeres, entre ellas sobrevivientes de la violencia sexual en Pakistán, Sierra Leona y Uganda, siguieron siendo sometidas al procedimiento de asilo "acelerado" bajo detención, inadecuado para casos con este tipo de complejidad.
En julio, la Corte Suprema dictaminó que no se podía negar la protección a dos gais solicitantes de asilo de Irán y Camerún basándose en que podrían ocultar su sexualidad en sus países de origen. El Ministerio del Interior anunció nuevas reglas para impedir las expulsiones a países en los que los afectados corran el riesgo de persecución por motivos de orientación sexual o identidad de género.