El Presidente Hugo Chávez y sus partidarios han logrado neutralizar la independencia del poder judicial de Venezuela. Ante la ausencia de control judicial de sus acciones, el gobierno de Chávez ha debilitado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de los grupos de la sociedad civil de promover los derechos humanos.

Los abusos policiales continúan siendo un problema generalizado. Las condiciones carcelarias se encuentran entre las más deficientes del continente, con altos índices de mortalidad producto de la violencia entre reclusos.

Independencia del poder judicial

En 2004, Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional emprendieron una estrategia de copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó la designación de partidarios del gobierno y la adopción de medidas que permitieron depurar al Tribunal. Desde entonces, el Tribunal prácticamente ha abdicado de su rol de contralor del poder ejecutivo. No ha defendido derechos fundamentales consagrados en la Constitución venezolana en varios casos clave vinculados con medidas que había adoptado el gobierno para limitar la libertad de expresión y la libertad sindical.

Acciones legales contra opositores políticos

En 2009, varias destacadas figuras de la oposición fueron objeto de acusaciones penales y, dada la ausencia de tribunales independientes, existen serias dudas de que puedan recibir un juicio imparcial. Entre los líderes que han sido objeto de estas acciones se encuentra Manuel Rosales, ex gobernador del estado de Zulia y candidato por la oposición en las elecciones presidenciales de 2006, cuya detención por cargos de corrupción fue ordenada en marzo de 2009. En un discurso de octubre de 2008, Chávez había instado públicamente a la Fiscal General de la Nación y al Tribunal Supremo a que tomaran estas medidas contra Rosales: "[u]na calaña como esa tiene que estar en prisión... Yo me pongo al frente de la operación, y esa operación se llama ‘Manuel Rosales vas preso'". Para evitar ser detenido, Rosales abandonó Venezuela y recibió asilo político en Perú en abril de 2009. Raúl Baduel, un general del Ejército que comandó la operación militar que permitió que Chávez regresara al poder tras el intento de golpe de abril de 2002, se encuentra actualmente en la prisión militar de Ramo Verde, y está siendo juzgado por un tribunal militar por cargos de corrupción. Baduel se opuso abiertamente a las reformas constitucionales propuestas por Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional.

Libertad de expresión

En Venezuela existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo a Chávez. Sin embargo, en su intento por influir en el control y el contenido de los medios de comunicación, el gobierno ha realizado actos discriminatorios contra los medios que expresan puntos de vista opositores, ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren.

Desde que asumió Chávez, se han adoptado diversas leyes que han contribuido a generar un clima de autocensura, como las enmiendas al Código Penal que amplían el alcance de las leyes de desacato y una ley sobre radio y televisión que fomenta la autocensura al permitir la suspensión arbitraria de canales en el caso de cometer "incitación", un delito definido de manera sumamente vaga. 

El gobierno ha utilizado esta ley para tomar medidas contra Globovisión, el único canal de señal abierta que aún mantiene una postura abiertamente crítica. En noviembre de 2009, el canal era objeto de seis investigaciones por parte de CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por presuntas infracciones de las imprecisas disposiciones sobre orden público contenidas en la ley. En mayo de 2009, por ejemplo, CONATEL inició una investigación contra Globovisión argumentando que la cobertura que este canal había hecho de un terremoto, que instaba a mantener la calma pero, a la vez, criticaba al gobierno por no haber brindado información oportunamente, "podrí[a] generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población".

El gobierno ha abusado de sus facultades de control de las frecuencias de transmisión para castigar a las estaciones de radio que emiten una programación manifiestamente crítica. En julio de 2009, se canceló intempestivamente la señal de 32 emisoras, luego de que CONATEL determinara que sus licencias no estaban en condiciones. No se concedió a estas estaciones la posibilidad de presentar argumentos o pruebas que permitieran analizar sus reclamos de manera transparente. Asimismo, muchas señalaron que durante años CONATEL no había respondido a sus solicitudes para regularizar su situación jurídica. El director de CONATEL anunció en septiembre que otro grupo de 29 estaciones de radio sería cerrado próximamente, y que la situación de otras 177 estaba siendo evaluada. A principios de noviembre, aún no se habían tomado medidas adicionales.

El Presidente Chávez ha respondido en varias oportunidades a la cobertura periodística crítica amenazando a las estaciones de televisión con que perderían sus derechos de transmisión apenas vencieran sus concesiones. Radio Caracas Televisión (RCTV) perdió su concesión en 2007, luego de que Chávez anunciara en una ceremonia militar que se transmitió por cadena nacional que no se renovaría la concesión de RCTV por su apoyo al intento de golpe de 2002. En ningún momento se probó esta acusación, ni tampoco el supuesto incumplimiento de normas sobre transmisión, en el marco de un procedimiento que permitiera a RCTV defenderse.

El gobierno ha adoptado o propuesto otras medidas para ampliar el control del gobierno sobre el contenido de las transmisiones de radio y televisión. Según un decreto dictado en septiembre de 2009, las estaciones de radio privadas deberán transmitir programas seleccionados por el gobierno y realizados por productores independientes certificados por el gobierno durante tres horas al día. En julio, el director de CONATEL propuso imponer límites a la capacidad de las estaciones de radio privadas de compartir discrecionalmente su programación. No podrán agruparse más de tres estaciones de radio privadas para transmitir su programación, y sólo podrán hacerlo por un máximo de media hora al día.

En julio de 2009, la Fiscal General de la Nación presentó un proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" que contemplaba penas de prisión de hasta cuatro años para quienes, a través de los medios de comunicación, divulgaran información "falsa" que produzca un "perjuicio a los intereses del Estado". Ante las fuertes críticas que recibió la propuesta tanto dentro de Venezuela como por parte de organizaciones internacionales, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que no sería debatida.

Derechos laborales

El gobierno de Chávez ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores con el propósito de debilitar a los sindicatos establecidos y favorecer a nuevos sindicatos paralelos que apoyan su agenda política.

El gobierno exige que todas las elecciones sindicales sean organizadas y certificadas por una autoridad pública, el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este control obligatorio de las elecciones sindicales resulta violatorio de los estándares internacionales, que garantizan el derecho de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones que ellos determinen. Los sindicatos establecidos cuyas elecciones no hayan sido reconocidas por el CNE no pueden participar en negociaciones colectivas.

El gobierno ha prometido durante años que reformaría las leyes laborales y electorales relevantes para restringir la interferencia del estado en las elecciones sindicales. Sin embargo, las nuevas reglamentaciones introducidas por el CNE en mayo de 2009 regulan en detalle las elecciones sindicales, y no disponen en forma clara que las elecciones que no estén organizadas y certificadas por el CNE sean legalmente válidas. Al momento de la elaboración de este documento, una esperada reforma laboral aún está siendo sujeta a un proceso de consulta y no se ha presentado ningún proyecto de ley ante el poder legislativo.

En la clave industria del petróleo nacional, los propios funcionarios del gobierno han actuado para interferir en las elecciones sindicales. En 2009, el CNE pospuso reiteradamente una elección en la federación de trabajadores del petróleo, la FUTPV, ante las impugnaciones del padrón electoral planteadas por facciones sindicales que tienen el respaldo del gobierno, lo cual ha demorado la negociación de un contrato colectivo para el sector. El presidente de la compañía petrolera del estado, PDVSA, quien también se desempeña como Ministro de Energía y Petróleo, anunció durante un acto político que se transmitió por televisión, que  iban "a discutir [el contrato colectivo] cuando la Revolución asuma la dirección de la FUTPV" y que no se iba a "sentar a discutir la convención colectiva con ningún enemigo de Chávez". Afirmó estar respaldando a una de las facciones que participaban en la elección y acusó a sus opositores -que en su mayoría también apoyaban al gobierno pero criticaban la gestión de la empresa- de ser "enemigos disfrazados" de la revolución. Las elecciones sindicales finalmente se celebraron el 1 de octubre, con el triunfo de la facción respaldada por PDVSA.

Abusos policiales

En Venezuela, los delitos violentos representan un problema generalizado y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad continúan siendo una práctica recurrente. En la última década, se registraron miles de ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla. En 2009, la Fiscal General denunció que hasta septiembre de 2008 se habían iniciado investigaciones en 6.422 casos de violaciones de derechos humanos por la policía, y que 463 agentes habían sido procesados.

En abril de 2008, el gobierno de Chávez aprobó por decreto la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que contempla medidas tendientes a mejorar la rendición de cuentas por parte de la policía. Estableció la creación de una nueva oficina dentro del Ministerio del Interior y Justicia, denominado Órgano Rector, cuyo propósito es evaluar el desempeño de todos los departamentos de policía, incluido su cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Sin embargo, la implementación de la ley ha sido lenta.

Condiciones carcelarias

Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. La seguridad deficiente, la cantidad insuficiente de guardias y la corrupción permiten que, en la práctica, las cárceles estén controladas por pandillas armadas. La sobrepoblación, el deterioro de la infraestructura y la capacitación inadecuada de los guardias contribuyen a la severidad de las condiciones. En mayo de 2009, el director del servicio penitenciario afirmó que los niveles de violencia se habían reducido en un 52 por ciento como resultado de las medidas del gobierno para "humanizar" el sistema penitenciario. Quienes promueven la reforma carcelaria en Venezuela niegan que la violencia haya disminuido.

Defensores de derechos humanos 

El gobierno de Chávez ha intentado activamente desacreditar a las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. En septiembre de 2009, por ejemplo, un alto funcionario del partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene su propio programa en la televisión estatal, acusó a Liliana Ortega, directora de COFAVIC, una ONG que trabaja para las víctimas de violencia policial, de apropiarse de parte de las indemnizaciones. Diversos funcionarios, incluido el presidente, han formulado reiteradamente acusaciones infundadas que vinculan a defensores de derechos humanos con los intentos por desestabilizar el país. El gobierno a menudo busca impedir que los defensores locales participen en encuentros internacionales de derechos humanos, alegando generalmente que su labor es de naturaleza política o que reciben financiamiento de Estados Unidos u otras fuentes extranjeras. Los defensores de derechos humanos también han sido víctimas de acoso judicial.

Actores internacionales clave

El gobierno venezolano ha endurecido su rechazo frente a la observación internacional de la situación de derechos humanos en el país. En mayo de 2009, en respuesta al capítulo sobre Venezuela del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente Chávez amenazó con sacar a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos y crear una organización alternativa de "pueblos libres". El gobierno se ha referido a la "posición parcializada" de la Comisión como la razón por la cual no ha sido invitada a visitar el país desde 2002.

En una sentencia de diciembre de 2008, el Tribunal Supremo instó al gobierno a revocar la ratificación por Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.