Perú protagonizó un hecho histórico en 2009 cuando condenó a un ex presidente electo por graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los esfuerzos destinados a juzgar a otros responsables de los abusos cometidos durante el conflicto armado interno de Peru (1980-2000) han tenido resultados decepcionantes, y la mayoría de los responsables continúan evadiendo la justicia. Las investigaciones de masacres y desapariciones forzadas cometidas por fuerzas gubernamentales se han visto obstaculizadas debido a la falta de cooperación militar.

La tortura y el maltrato de presuntos delincuentes representan un problema crónico. En ocasiones la policía infringe los estándares internacionales sobre el uso de fuerza letal para controlar protestas y manifestaciones.

Enfrentar los abusos del pasado 

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, casi 70.000 personas murieron o "desaparecieron" durante el conflicto armado interno que sufrió el país. Muchas de ellas fueron víctimas de atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y otras de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del estado.

El 7 de abril de 2009, mediante un veredicto unánime, un tribunal integrado por tres jueces de la Corte Suprema de Perú condenó al ex Presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue el primer líder latinoamericano elegido en forma democrática que fue condenado por violaciones graves de derechos humanos en su propio país. La Corte determinó que era responsable por la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, Lima, ocurrida en noviembre de 1991, la desaparición forzada y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992, y dos secuestros. Los abogados de Fujimori apelaron la sentencia, y en enero de 2010 la Corte Suprema la confirmó con un fallo unánime [actualizado en enero de 2010]. En el juicio se respetaron las garantías de debido proceso y se cumplieron los estándares internacionales que garantizan un juicio imparcial. Al terminar octubre de 2009, Fujimori había sido condenado en todos los demás casos por los cuales había sido extraditado de Chile en 2007, vinculados con cargos de corrupción, soborno y escuchas telefónicas.

En otro juicio, en abril de 2008, el Gral. Julio Salazar Monroe, ex titular del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante el gobierno de Fujimori, fue condenado a 35 años de prisión por ordenar los asesinatos de La Cantuta. A fines de septiembre de 2009, habían sido condenados 13 miembros del Grupo Colina, el escuadrón de la muerte del gobierno responsable por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos.

Los esfuerzos por investigar y procesar a ex funcionarios y oficiales de las Fuerzas Armadas implicados en numerosos asesinatos y desapariciones desde el comienzo del conflicto armado han tenido escasos resultados. La falta de cooperación de las Fuerzas Armadas ha obstaculizado las investigaciones de los casos de derechos humanos. A su vez, el gobierno del Presidente Alan García ha cuestionado reiteradamente la legitimidad de los juicios de derechos humanos. En 2009, algunos funcionarios de alto nivel, tanto militares y como del gobierno, sugirieron que las iniciativas de las organizaciones de derechos humanos de Perú para promover la rendición de cuentas debilitaban el estado de ánimo de los miembros de las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa Rafael Rey afirmó durante una ceremonia de la Marina de Guerra que los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía no habían cometido delitos de lesa humanidad porque no mataron por motivos religiosos, raciales, políticos ni ideológicos.

Según datos publicados por la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2008, de los 218 casos monitoreados por la institución -que incluyen abusos cometidos por grupos insurgentes- sólo se habían obtenido condenas en ocho de ellos, mientras que 122 aún estaban siendo investigados por los fiscales varios años después de que se iniciaran las investigaciones. En octubre de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una ONG que monitorea la rendición de cuentas, informó que la Sala Nacional Penal, creada en 2004 para tratar violaciones de derechos humanos y casos de terrorismo, había absuelto a 52 militares y policías y condenado a 12. La proporción de absoluciones respecto de condenas se incrementó notablemente en el período de 2008 a 2009: el tribunal absolvió a 29 agentes y condenó solamente a dos. En septiembre de 2009, la Corte Suprema revocó una de las dos condenas.

En este caso, la Corte anuló la sentencia de 20 años de prisión que había sido dictada contra un marino por el asesinato de Indalecio Pomatanta, un joven de 17 años que fue detenido en 1995 por una patrulla militar, torturado y quemado vivo. La decisión de la Corte se basó en las contradicciones entre el testimonio del marino acusado y sus declaraciones anteriores ante un tribunal militar, el mismo que en 2004 la Corte Suprema había declarado que carecía de competencia para entender en el caso. En octubre, la Sala Nacional Penal absolvió a cinco ex oficiales del Ejército de alto rango responsables de los operativos de lucha contra la insurgencia en la región de Huallaga por las desapariciones forzadas ocurridas en 1990, luego de desestimar las pruebas que indicaban que las "desapariciones" eran una práctica sistemática en ese entonces.

Violencia política

Entre 2000 y 2009, hubo varios enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía, con un saldo de varios muertos en ambos bandos. Las circunstancias en las cuales se producen estos incidentes suelen ser controvertidas. Las investigaciones de los fiscales casi nunca permiten esclarecer los incidentes que involucran denuncias de uso de la fuerza letal por parte de la policía.

En junio de 2009, 33 personas (23 policías y 10 civiles) perdieron la vida como resultado de enfrentamientos violentos entre la policía y manifestantes indígenas de las provincias de Utcubamba y Bagua en el Amazonas peruano. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, otras 82 personas debieron ser hospitalizadas por heridas de bala. La policía se encontraba despejando un tramo de una carretera que había sido bloqueado por grupos indígenas que exigían al gobierno abandonar una serie de decretos legislativos destinados a facilitar las actividades económicas en la región de la Amazonia. Tres testigos indígenas que participaron en la protesta y fueron entrevistados por un periodista en el hospital donde recibían tratamiento por las heridas de bala, dijeron que la policía había disparado municiones directamente contra ellos. Otros testigos afirmaron que varios policías recibieron disparos de los manifestantes, que habían tomado armas de la policía. Los manifestantes indígenas también mataron a 10 policías que fueron capturados mientras custodiaban un oleoducto.

Según la Defensoría del Pueblo, 84 civiles debieron enfrentar procesos judiciales por los hechos de violencia, y 18 de ellos se encontraban detenidos. El ministerio público también inició una investigación para determinar la posible responsabilidad policial por las ejecuciones ilícitas. En agosto, una fiscal inició acciones legales contra 16 policías que habrían sido responsables por las muertes y las lesiones. Sin embargo, la Fiscal de la Nación acusó a la fiscal de actuar sin mandato al iniciar el caso luego de que le notificaran que había sido reemplazada. La imputación quedó sin efecto, y otro fiscal aún se encontraba recabando pruebas al momento de la elaboración de este informe.

Tortura y maltrato

La tortura y el maltrato de presuntos delincuentes continúan representando un problema en Perú. Los antecedentes de juzgamiento de agentes del estado por la comisión de abusos son insatisfactorios, y ello obstaculiza la erradicación de este tipo de prácticas. La Defensoría del Pueblo recibió 503 denuncias de tortura y maltrato entre enero de 2003 y octubre de 2008.

El delito de tortura fue incorporado al Código Penal en 1998, pero algunas autoridades judiciales no han llegado a comprender la gravedad de este delito. En 2008, una sala de la Corte Suprema anuló una condena por hechos de tortura basándose en el equivocado argumento de que la tortura -que se encuadra en los delitos de lesa humanidad en el Código Penal- sólo existe en épocas de conflicto político. La Corte ordenó que se realizara un nuevo juicio y, en agosto de 2009, una nueva sala determinó que el acusado era culpable únicamente de lesiones y redujo la condena a una pena de cuatro años de prisión en suspenso. En otro caso, un fiscal utilizó el mismo argumento para abandonar los cargos de tortura contra un militar acusado de golpear a un conscripto en 2001. El fiscal declaró que el delito menor de lesiones estaba sujeto a prescripción, y privó a la víctima de cualquier tipo de reparación.

Libertad de expresión

Los periodistas de las provincias de Perú están expuestos a intimidación y amenazas. Los periodistas que difunden los abusos cometidos por funcionarios de los gobiernos locales son objeto de agresiones, que a veces culminan en asesinato, por quienes trabajan para las autoridades municipales o las respaldan.

En junio de 2009, el gobierno revocó la licencia de transmisión de una estación de radio local en el Amazonas peruano, La Voz de Bagua, luego de que el Ministro del Interior y varios miembros del partido del presidente, la Alianza Popular Revolucionaria (APRA), acusaran a dicho medio de "incitar a la violencia" durante su cobertura de los disturbios en Bagua. Si bien las autoridades de transmisión afirmaron que la estación operaba ilegalmente, la oportunidad y las circunstancias en que se produjo la revocación sugieren que se trató de un acto de censura o una represalia en respuesta a la cobertura de las protestas contra el gobierno.

Defensores de derechos humanos

Los partidarios del ex Presidente Fujimori en el Congreso, así como algunos funcionarios del gobierno de alto nivel, han intentado activamente desacreditar a las ONG que promueven la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Estas ONG han sido acusadas sin fundamentos de tener afinidad con grupos terroristas o de socavar la moral de las fuerzas armadas.

Los defensores de derechos humanos son objeto de amenazas anónimas. En septiembre de 2009 Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, informó que los perros que tenía en su propiedad habían muerto por envenenamiento. Dos semanas después, recibió varias llamadas anónimas en su domicilio y en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del cual es presidente. El autor de los llamados dejó un mensaje advirtiéndole: "lo mismo que le hicimos a tus perros, lo vamos a hacer contigo".

Derechos reproductivos

Las leyes y políticas restrictivas de Perú sobre el aborto, que penalizan esta práctica en general y sólo ofrecen pautas vagas sobre los casos en que sí podría obtenerse en forma lícita, contribuyen a incrementar la mortalidad materna y la discapacidad. Cerca del 16 por ciento de las muertes maternales en Perú se atribuyen a abortos inseguros. En octubre de 2009, una comisión especial del Congreso creada con el objeto de revisar el Código Penal propuso despenalizar el aborto en casos de violaciones, incesto y malformaciones congénitas.

Actores internacionales clave

En junio de 2009, James Anaya, el Relator Especial de la ONU sobre pueblos indígenas, visitó Perú en una misión destinada a investigar los sucesos en el Amazonas peruano. En agosto, en sus observaciones finales al informe de Perú ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, el comité instó a Perú a implementar con urgencia la recomendación de Anaya de formar una comisión independiente, que cuente con representación indígena, para realizar una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial de los hechos.