En Guatemala, las débiles y corruptas instituciones de justicia y fuerza pública han demostrado ser incapaces de contener a los poderosos grupos de delincuencia organizada y las pandillas delictivas que contribuyen a que el país cuente con uno de los índices de delitos violentos más altos de América. Se señala a grupos armados ilegales, que aparentemente se habrían conformado a partir de las fuerzas de lucha contra la insurgencia que operaban durante la guerra civil que culminó en 1996, como responsables por los ataques dirigidos contra actores de la sociedad civil y funcionarios judiciales. A más de una década del fin del conflicto, la impunidad de las violaciones de derechos humanos continúa siendo la regla. La violencia y la intimidación continuas amenazan con revertir los limitados avances logrados en la rendición de cuentas.

Guatemala se ubica en el antepenúltimo puesto de América Latina en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, y es además uno de los países con mayor inequidad de la región en términos de distribución de la riqueza.

Seguridad pública, conducta policial y sistema de justicia penal

Guatemala presenta una de las tasas de homicidios más elevadas del hemisferio, que en 2008 llegó a ser de 48 cada 100.000 habitantes. Las cifras correspondientes a los primeros meses de 2009 indican que la tasa podría incrementarse aún más.

La existencia de estructuras de seguridad clandestinas y grupos armados u organizaciones ilegales es un factor importante que contribuye a este clima de violencia. Estos grupos recurren a la violencia y la intimidación para concretar sus objetivos políticos y sus intereses económicos ilícitos, como el narcotráfico. Manteniendo vínculos con funcionarios públicos, obstruyen sistemáticamente las iniciativas contra la impunidad.

Algunas poderosas pandillas de jóvenes que se encuentran bien organizadas, como "Mara Salvatrucha" y "Barrio 18", también han contribuido a la intensificación de la violencia en Guatemala. Las pandillas utilizan la violencia letal contra quienes disputan su control, incluidas otras bandas rivales y ex miembros, las personas que colaboran con la policía y quienes se niegan a pagar ante sus prácticas extorsivas. Se cree que estas pandillas son responsables de los asesinatos generalizados de operadores de transporte público que son objeto de extorsión: en 2008, fueron asesinados 165 conductores, y las muertes continuaron durante 2009.

La policía utiliza medidas represivas, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, para intentar contrarrestar la actividad de las pandillas. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos y varias ONG han documentado que la policía participa en prácticas de "limpieza social", es decir, ejecuciones perpetradas con el fin de eliminar a presuntos integrantes de pandillas y delincuentes.

Hasta el momento, el sistema de justicia de Guatemala se ha mostrado en gran medida incapaz de combatir la violencia y contener a estas mafias y pandillas delictivas. Según las cifras oficiales y los datos proporcionados por las ONG, el 98 por ciento de todos los delitos cometidos en el país quedan impunes. La deficiencia y corrupción que caracterizan a los sistemas de policía, de fiscales y judicial, sumadas a la ausencia de un programa sistemático de protección de testigos, contribuyen a que Guatemala presente niveles alarmantes (casi nulos) de casos debidamente investigados. Asimismo, los miembros del sistema de justicia son sistemáticamente objeto de agresiones y actos de intimidación: la ONG Lawyers' Rights Watch Canada (LRWC) documentó el asesinato de 40 jueces y abogados de Guatemala entre 2005 y julio de 2009, cuatro de ellos en los primeros siete meses de 2009.

Juicios por abusos del pasado

Guatemala continúa sufriendo los efectos de una guerra civil que se extendió durante 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, estimó que 200.000 personas fueron asesinadas. La CEH atribuyó el 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas a las fuerzas de seguridad del estado, y concluyó que el Ejército había cometido "actos de genocidio". Sólo unos pocos de los responsables por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra civil han sido juzgados. De las 626 masacres documentadas por la Comisión, sólo tres casos han sido juzgados con éxito en los tribunales de Guatemala. La primera condena obtenida en Guatemala por el delito de desaparición forzada fue dictada en agosto de 2009, cuando un ex paramilitar recibió una pena de 150 años de prisión por su rol en la "desaparición" de personas entre 1982 y 1984. El veredicto fue posible gracias a la emblemática decisión de la Corte de Constitucionalidad emitida en julio de 2009, que estableció el carácter permanente del delito de desaparición forzada.

Los ciudadanos guatemaltecos que exigen el juzgamiento de los abusos del pasado se enfrentan a enormes obstáculos. La capacitación y los recursos que reciben los fiscales e investigadores son absolutamente insuficientes. Los tribunales exceden sistemáticamente los plazos para resolver las apelaciones y los recursos judiciales, lo cual permite que los abogados defensores empleen maniobras dilatorias. El Ejército y otras instituciones del estado se rehúsan a cooperar con las investigaciones de los abusos cometidos por miembros actuales o anteriores. La policía, por su parte, no brinda protección adecuada a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos con fuertes implicancias políticas.

La aparición en julio de 2005 de cerca de 80 millones de documentos pertenecientes a la ahora disuelta Policía Nacional, entre ellos varios archivos sobre ciudadanos guatemaltecos asesinados o "desaparecidos" durante el conflicto, podría ser clave para el juzgamiento de quienes cometieron violaciones de derechos humanos en el pasado. Los documentos del archivo permitieron la detención en marzo de 2009 de dos ex agentes de la Policía Nacional por su presunta participación en la "desaparición" del líder estudiantil y activista Edgar Fernando García en 1984. El Presidente Álvaro Colom ha ordenado que los archivos sean transferidos a la autoridad institucional del Ministerio de Cultura, y el proceso de apertura de los archivos se encuentra en curso.

En febrero de 2008, el Presidente Colom anunció que revelaría los archivos militares correspondientes a la guerra civil. Luego de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad a favor de la divulgación de los archivos militares, en septiembre de 2008 el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual dispone que "en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad". El Ejército guatemalteco, sin embargo, sólo ha entregado un porcentaje mínimo de sus archivos.

Defensores de derechos humanos y periodistas

Las agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen sustancialmente el trabajo sobre derechos humanos en todo el país. La ONG Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), denunció 220 agresiones contra defensores de derechos humanos durante 2008, y 171 agresiones en el primer semestre de 2009. Según el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se presentaron 12 denuncias de ejecuciones de defensores de derechos humanos durante 2008.

Los periodistas, en particular aquellos que investigan hechos de corrupción, narcotráfico y asuntos relacionados con la justicia por los abusos cometidos durante la guerra civil, reciben amenazas y agresiones por su trabajo. El Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (CERIGUA) informó que en 2008 fueron asesinados tres periodistas, 13 fueron víctimas de agresiones y otros 10 recibieron amenazas de muerte. En abril de 2009, Rolando Santis, un periodista que investigaba la muerte de un conductor de autobús de los suburbios fue asesinado a balazos por hombres no identificados.

Derechos laborales y trabajo infantil

La libertad sindical y el derecho a organizarse y de negociación colectiva se ven amenazados por la creciente violencia contra sindicalistas, que incluye ataques contra delegaciones sindicales, amenazas, hostigamiento y asesinato de sindicalistas. Según datos de la Confederación Sindical Internacional, nueve sindicalistas fueron asesinados durante 2008, lo cual representa la segunda cifra más alta de toda América. Según UDEFEGUA, se produjeron 49 ataques contra sindicalistas entre enero y junio de 2009, incluidos cinco asesinatos.

Los trabajadores que exigen el reconocimiento de sus derechos en causas laborales deben recurrir a los tribunales del trabajo, cuya labor se ve obstaculizada por medidas legales dilatorias, el volumen de trabajo acumulado y la incapacidad de hacer cumplir las sentencias. Los empleadores ignoran sistemáticamente las sentencias judiciales que ordenan la reincorporación de trabajadores despedidos en forma ilegítima. La falta de cumplimiento facilita que los empleadores eludan las disposiciones del código laboral, en especial en las zonas francas de exportación (ZFE) donde se encuentran las "maquilas" (establecimientos de procesamiento de exportaciones). Según un informe de 2008 del Departamento de Estado de Estados Unidos, sólo dos de las 216 compañías que operan en las ZFE tenían sindicatos reconocidos, y ninguna contaba con un convenio colectivo de trabajo. Los abusos y la discriminación sexual contra las mujeres que trabajan en el sector de las maquilas son habituales.

Guatemala presenta una de las tasas más altas de trabajo infantil de toda América. La Organización Internacional del Trabajo informó en 2008 que el 16,1 por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 14 años son obligados a trabajar, muchos en condiciones inseguras.

Violencia sexual y de género

La violencia contra las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y la gran mayoría de quienes cometen estos actos nunca son juzgados. Se estima que 722 mujeres fueron asesinadas en Guatemala en 2008. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, aproximadamente el 14 por ciento de las víctimas presentan marcas de tortura, y cerca del 13 por ciento muestran signos de abuso sexual. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las investigaciones de delitos que afectan a mujeres, incluidas las mujeres transexuales, suelen ser inadecuadas y se ven obstaculizadas por la policía de investigación, cuya conducta está marcada por la discriminación de género.

Actores internacionales clave

En septiembre de 2007, el Secretario General de la ONU designó a un ex fiscal y juez español a cargo de la recientemente creada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El mandato de la comisión es trabajar con la Procuraduría General de la Nación, la policía y otros organismos gubernamentales en la investigación, el juzgamiento y la desarticulación de las organizaciones delictivas que operan en Guatemala. La CICIG puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas. Hasta septiembre de 2009, la Comisión había iniciado 39 investigaciones y participaba en 8 querellas. En julio, el Congreso de Guatemala ratificó la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2011.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en Guatemala desde 2005, la cual lleva a cabo una labor de observación y asistencia técnica vinculada con las prácticas de derechos humanos en el país.

Mediante una decisión emblemática, el Tribunal Constitucional de España determinó en septiembre de 2005 que, según el principio de "jurisdicción universal", los supuestos casos de genocidio cometidos durante la guerra civil de Guatemala podían ser juzgados en los tribunales españoles. En julio de 2006, un juez español dictó una orden internacional de detención contra el Gral. Efraín Ríos Montt y otros siete oficiales guatemaltecos por su participación en actos de terrorismo, genocidio y tortura. En diciembre de 2007, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó que los pedidos de detención y extradición emitidos por España eran inválidos. El tribunal español ha continuado impulsando el caso y para ello ha recibido pruebas y testimonios en España. No obstante, en noviembre de 2009 el gobierno español aprobó una ley que limita la aplicación de la jurisdicción universal por los tribunales españoles. Al momento de la redacción de este documento, aún es incierto qué impacto tendrá esta ley en el caso de Guatemala.