En Argentina han habido avances significativos para juzgar a militares y policías responsables de las "desapariciones", los asesinatos y los hechos de tortura ocurridos durante el "terrorismo de estado". Pese a las demoras en los procedimientos judiciales, desde que el Congreso anuló las leyes de amnistía de la década de 1980, 44 oficiales han sido condenados por abusos.
Actualmente, Argentina enfrenta el importante desafío de modificar sus leyes para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger y promover la libertad de expresión. En 2009, el Congreso aprobó las propuestas legislativas presentadas por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que despenalizan la difamación y regulan la radio y la televisión. Sin embargo, a nivel federal no existe ni una ley de acceso a la información ni pautas sobre cómo asignar la publicidad oficial.
Entre los problemas que persisten en materia de derechos humanos en la Argentina pueden mencionarse las deplorables condiciones carcelarias y las restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres.
Juicios por los abusos del pasado
En 2003, se reabrieron varios casos importantes vinculados con abusos cometidos durante la última dictadura militar (1976-83), luego de que el Congreso anulara la ley de "Punto Final" de 1986, que provocó la interrupción de todos los juicios de esta naturaleza, y la ley de "Obediencia Debida" de 1987, que otorgó inmunidad automática en estos casos a todos los integrantes de las fuerzas armadas, excepto a aquellos con cargos de mando. En junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de estas leyes. Asimismo, desde 2005, varios jueces federales han declarado la nulidad de los indultos decretados en 1989 y 1990 por el entonces Presidente Carlos Menem, que beneficiaron a ex oficiales que habían sido condenados o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.
En julio de 2009, 588 personas estaban siendo juzgadas por estos delitos y 44 personas habían sido condenadas desde la anulación de las leyes de amnistía. En marzo de 2009, por ejemplo, un tribunal de San Luis condenó a dos ex militares y tres ex policías a prisión perpetua por el asesinato de una mujer, por haber torturado a un hombre y por dos desapariciones forzadas en 1976. En julio de 2009, dos ex funcionarios penitenciarios fueron condenados en Misiones a más de 20 años de prisión por haber torturado a un preso político en 1976.
No obstante, las demoras en los procedimientos judiciales frustran la posibilidad de obtener justicia. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, 193 personas que participaron en delitos cometidos durante la dictadura fallecieron antes de ser juzgadas. Una de las causas de las demoras es que varios casos complejos tramitaban ante el mismo tribunal en la ciudad de Buenos Aires. En marzo de 2009, algunos casos fueron reasignados.
La seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos se ha convertido en una cuestión muy preocupante desde la desaparición en septiembre de 2006 de una víctima de tortura que había declarado en uno de los casos concluidos ese año. Jorge Julio López, de 77 años, desapareció de su vivienda en La Plata el día anterior a la fecha en que debía asistir a una de las últimas audiencias del juicio y su paradero se desconoce hasta el día de hoy.
Libertad de expresión e información
En septiembre de 2009, la Presidenta Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley sobre regulación de radio y televisión, que buscaba limitar que individuos o empresas fueran dueños de porcentajes significativos del espectro de radiodifusión y así promover la diversidad de opinión y debate. Sin embargo, la propuesta incluía disposiciones problemáticas como la creación de una autoridad de aplicación que dependería directamente de la Jefatura de Gabinete del poder ejecutivo. En octubre, el Congreso aprobó una versión mejorada del proyecto. Sin embargo, la nueva ley crea un organismo de aplicación que, pese a tener una composición diversa, carece de autonomía absoluta. También contiene definiciones vagas de las "faltas" que podrían dar lugar a sanciones como la caducidad de licencias de difusión. Tampoco contempla la creación de mecanismos específicos para quienes actualmente poseen más licencias de las permitidas por la ley, y que podrían necesitar reclamar daños y perjuicios si prueban que las medidas sobre defensa de la competencia previstas en la ley les causan perjuicios económicos.
En mayo de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Argentina había violado el derecho de libertad de expresión de Eduardo Kimel cuando un tribunal lo condenó en 1995 a un año de prisión (en suspenso) y a pagar una indemnización de 20.000 pesos (en ese entonces, US$ 20.000) por difamación. Kimel había criticado el desempeño de un juez que investigaba una masacre perpetrada durante el último gobierno militar. En cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana, en septiembre de 2009 la Presidenta Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso que despenaliza las calumnias e injurias, el cual fue aprobado en noviembre.
Ante la falta de criterios preestablecidos claros para la asignación de la publicidad oficial en el ámbito federal y en algunas provincias, existe un riesgo creciente de discriminación en la distribución de la pauta oficial que podría permitir beneficiar a los medios locales que ofrecen una cobertura favorable en detrimento de aquellos con una línea editorial crítica. En septiembre de 2007, en un caso contra el gobierno provincial de Neuquén, la Corte Suprema sostuvo que si bien no existe un derecho a recibir publicidad oficial, cuando un gobierno decide concederla no puede aplicar un criterio discriminatorio al otorgarla o cancelarla. Se han presentado diversos proyectos de ley para regular esta cuestión que aún están siendo analizados.
Un decreto ejecutivo permite a los ciudadanos argentinos obtener información en poder del Ejecutivo federal. Sin embargo, varios proyectos de ley que conceden a los ciudadanos argentinos el derecho a obtener información en poder de otros poderes del gobierno federal han estado pendientes en el Congreso durante años. (Algunas provincias cuentan con leyes sobre acceso a la información que permiten a las personas obtener información de los gobiernos provinciales).
Sistema de justicia penal
En las instalaciones de detención, la sobrepoblación, los abusos por parte de los guardias y la violencia entre internos continúan representando problemas graves. En mayo de 2005, mediante una sentencia paradigmática, la Corte Suprema determinó que todas las cárceles del país deben cumplir las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
La situación en la provincia de Buenos Aires continúa siendo crítica. Durante 2006 y 2007, se registró una leve reducción de la cantidad de personas detenidas en celdas en dependencias policiales, las cuales absorben el exceso del sistema carcelario. No obstante, el Centro de Estudios Legales y Sociales indicó que, según datos de marzo 2009, la sobrepoblación en las cárceles provinciales era del 26 por ciento, y que ascendía al 47 por ciento si se tomaban en cuenta los presos que permanecían en dependencias policiales. Casi el 77 por ciento de los presos se encuentran en prisión preventiva, una de las principales causas de sobrepoblación.
Los niños y niñas en conflicto con la ley menores de 16 años son sometidos a un procedimiento que otorga a los jueces amplia discreción para autorizar su detención. En los casos en que se les imputa un delito, y cuando están sujetos a una medida tutelar o cautelar en razón de su "situación personal o social", los jueces ordenan habitualmente la detención de niños en instituciones. En diciembre de 2008, la Corte Suprema rechazó un recurso de hábeas corpus colectivo para que se dispusiera la liberación de decenas de niños y niñas detenidos, si bien notó que el sistema de justicia de menores viola las obligaciones internacionales de la Argentina. Al momento de la redacción del presente documento, el Senado estaba analizando una propuesta legislativa para modificar el sistema y adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos.
Impunidad por el atentado a la AMIA en 1994
Hasta hoy, ninguna persona ha sido condenada por la explosión de la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 en Buenos Aires, en la cual perdieron la vida 85 personas, y más de 300 resultaron heridas. En 2004, un tribunal sobreseyó a varias personas acusadas de haber participado en el atentado, al declarar que todas las pruebas obtenidas durante la investigación eran inadmisibles debido a que el juez a cargo de la investigación había sobornado a uno de los sospechosos. El juez fue sometido a juicio político un año después. En mayo de 2009, la Corte Suprema determinó que las pruebas obtenidas durante la investigación inicial con anterioridad al 31 de octubre de 1995 (la fecha en que el juez había sobornado al sospechoso) eran válidas y podrían ser usadas para investigar la participación del sospechoso en el atentado y otros delitos relacionados. Asimismo, en octubre de 2009 un juez federal acusó al ex Presidente Menem y otros ex altos funcionarios de encubrimiento por haber interferido en la investigación judicial del atentado.
En octubre de 2006, un fiscal especial de Argentina acusó a Irán de haber planificado el ataque y a Hezbollah de haberlo concretado. En noviembre de 2006, un juez federal emitió una orden internacional de arresto contra el ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros ocho ex funcionarios de dicho país. Un año después, la Asamblea General de Interpol votó a favor de publicar seis notificaciones de arresto, y en septiembre de 2009 la Presidenta Fernández de Kirchner reiteró ante la Asamblea General de la ONU la solicitud del gobierno argentino de que Irán colabore con el sistema judicial de Argentina. En junio de 2009, un juez federal ordenó la captura de un ciudadano colombiano acusado de coordinar una célula de Hezbollah que habría llevado a cabo el atentado.
Derechos reproductivos
Las decisiones de las mujeres y adolescentes de Argentina sobre salud reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos, especialmente las pastillas anticonceptivas de emergencia, están sujetos a restricciones discriminatorias y arbitrarias. Si bien los abortos terapéuticos y de víctimas de violación son lícitos, las mujeres enfrentan obstáculos incluso en los supuestos en los cuales su derecho al aborto se encuentra amparado por la ley. En mayo de 2009, Santa Fe se convirtió en la primera provincia en adoptar una guía exhaustiva destinada a asistir a los profesionales de la salud que practican abortos lícitos. La guía, que se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre abortos seguros, fue elaborada por el Ministerio de Salud en 2007.
Actores internacionales clave
La Argentina ha promovido activamente la adopción de resoluciones internacionales destinadas a combatir la impunidad de violaciones de derechos humanos. Como resultado de sus esfuerzos, en 2008 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que reconoce la importancia del derecho a la verdad e insta a los estados a implementar las recomendaciones de organismos no judiciales (como las comisiones de la verdad y reconciliación) y a establecer mecanismos específicos que complementen al sistema de justicia en la investigación de las violaciones graves de derechos humanos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos adoptó una resolución similar en mayo de 2009.
En marzo de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó otra resolución propuesta por la Argentina, que insta el empleo de la genética forense para contribuir a la identificación de los restos de víctimas de abusos y restablecer la verdadera identidad de quienes fueron separados de sus familiares, incluidos aquellos que fueron sustraídos cuando eran niños.