Los ciudadanos estadounidenses disfrutan de toda una serie de libertades civiles y pueden recurrir a un sistema sólido de tribunales federales y estatales independientes, pero siguen existiendo graves preocupaciones en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de la justicia penal, la inmigración, y la legislación y política antiterroristas. El gobierno de Obama ha dicho que abordará muchas de estas preocupaciones, sin embargo, al momento de escribir el presente informe y a casi un año en la presidencia de Barack Obama, se han tomado muy pocos pasos concretos.

A nivel interno, se produjo un aumento de las ejecuciones en 2009 y un crecimiento continuado de la población carcelaria de Estados Unidos, que ya es la mayor del mundo. Los hombres negros y de otras minorías raciales y étnicas constituyen una parte desproporcionada de dicha población.

Otros problemas existentes desde hace tiempo incluyen la condena de personas a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena por crímenes cometidos cuando eran menores de edad (Estados Unidos es el único país del mundo que lo hace), el uso de castigos corporales en escuelas, las protecciones inadecuadas de los trabajadores menores y las mujeres embarazadas, respuestas inadecuadas a la violencia doméstica y las violaciones sexuales, así como las violaciones de los derechos de los no ciudadanos.

En una decisión positiva, el presidente Obama señaló su intención de romper con las políticas antiterroristas abusivas del gobierno de Bush. En su segundo día de trabajo en el cargo, Obama emitió órdenes ejecutivas para el cierre de las prisiones secretas de la CIA, la prohibición de la tortura y el maltrato, y estableció un plazo de un año para el cierre de la prisión militar de la Bahía de Guantánamo. Después de este comienzo prometedor, su gobierno dio marcha atrás en la lucha contra el terrorismo, y adoptó una serie de decisiones inquietantes relacionadas con la política de detención, los juicios y el secreto oficial.

Pena de muerte

A noviembre de 2009 se habían realizado 45 ejecuciones en Estados Unidos durante este año, en comparación con las 37 de todo 2008. En marzo de 2009, Nueva México abolió la pena capital y aumentó a 15 el número de estados que no imponen esta condena.

Entre enero y noviembre de 2009, nuevo presos fueron eximidos de culpa y liberados del callejón de la muerte, lo que supone un total de 139 presos condenados a muerte puestos en libertad desde 1973 al demostrarse su inocencia.

En septiembre de 2009, el intento de ejecución en Ohio de Romell Broom por inyección letal falló después de que los ejecutores intentaran durante más dos horas localizar una vena adecuada, mientras que, según se informó, Broom hacía muecas de dolor y lloraba cuando los ejecutores le clavaron la aguja al menos 18 veces. El intento frustrado de ejecución hizo que el Gobernador de Ohio impusiera una moratoria sobre las ejecuciones a la espera de una revisión del protocolo de la inyección letal en el estado.

Menores con cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional

En mayo de 2009, Human Rights Watch revisó al alza su cálculo de 2,574 presos condenados a cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional en Estados Unidos por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. No se sabe de nadie que esté cumpliendo este tipo de condena por delitos cometidos cuando eran menores de edad en ningún otro lugar del mundo.

A finales de año, se habían presentado proyectos de ley para poner fin a este tipo de condenas a menores en el Congreso de Estados Unidos y en las asambleas legislativas de Alabama, California, Florida, Iowa, Michigan, Missouri, Nebraska y Pennsylvania. En noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos conoció dos recursos sobre la constitucionalidad de la condena de menores de edad a cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional por crímenes diferentes del homicidio.

Encarcelamiento

Un informe de marzo de 2009 de la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos observó que la población carcelaria había alcanzado un máximo histórico de casi 2.4 millones de reclusos. Estados Unidos siguen teniendo tanto la mayor población carcelaria como la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

En muchas prisiones estatales, el hacinamiento ha generado graves riesgos para la salud y la seguridad de los reclusos. El sistema de prisiones de California, con cerca de 160,000 presos, está funcionando casi al doble de su capacidad; el número de reclusos en algunos centros equivale al 300 por ciento de su capacidad prevista. En agosto de 2009, después de concluir que este hacinamiento provoca deficiencias inconstitucionales en el cuidado a la salud médica y psicológica de los presos, un panel de jueces federales ordenaron al estado que diseñara un plan para reducir su población carcelaria en aproximadamente 40,000 personas en un plazo de dos años.

Los miembros de las minorías raciales y étnicas continúan ocupando una parte desproporcionada de esta tasa de encarcelamiento. La tasa de encarcelamiento de los hombres negros es 6.6 veces la de los hombres blancos, y más del 10 por ciento de todos los hombres negros de entre 25 y 39 años están encarcelados en cualquier momento. El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009,  Decades of Disparity: Drug Arrests and Race in the United States (Décadas de desigualdades: Arrestos por drogas y raza en los Estados Unidos) observó que durante el período que va de 1980 a 2007, la tasa anual de detenciones de negros por delitos relacionados con drogas fue entre 2.8 y 5.5 veces superior a la de los blancos, a pesar de que la tasa de implicación en actividades ilegales relacionadas con las drogas fue similar para negros y blancos.

Las mujeres embarazadas encarceladas experimentaron un mayor, aunque aún insuficiente, reconocimiento de sus derechos. El número de estados que restringen la aplicación de grilletes a las reclusas embarazadas pasó de tres a seis, y un tribunal federal de apelaciones dictaminó que poner grilletes a las mujeres durante el parto viola la Constitución de Estados Unidos. La Oficina Federal de Prisiones y el Servicio de Alguaciles Federales de EE. UU. (US Marshals) limitaron esta práctica en 2008; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) carece todavía de restricciones suficientes.

Cada año, decenas de miles de presos en Estados Unidos sufren abusos sexuales por parte del personal u otros reclusos porque los funcionarios no han instaurado medidas básicas para protegerles. En 2003, el Congreso aprobó la Ley nacional para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión (PREA, en inglés), que creó la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones, encargada de examinar las causas y las consecuencias de estas violaciones. En junio de 2009, la Comisión presentó sus conclusiones y recomendó normas para todos los centros de reclusión federales, estatales y locales, lo que incluye las prisiones con gestión pública y privada, las cárceles, los calabozos, los centros para menores, los centros de detención de inmigrantes y los establecimientos correccionales comunitarios. De acuerdo con la PREA, el Fiscal General de Estados Unidos tiene hasta junio de 2010 para adoptar normas nacionales sobre violaciones en las prisiones inmediatamente aplicables a los centros federales; los estados tendrán un año para cumplirlas o tendrán que renunciar a una parte del financiamiento federal para correccionales que reciben.

A pesar del gran número de presos con historiales de consumo de drogas y adicción, las prisiones y las cárceles de Estados Unidos mantienen su resistencia, incluso hostilidad, a ofrecer un tratamiento basado en la evidencia. El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009 Barred from Treatment: Punishment of Drug Users in New York State Prisons (Excluidos del tratamiento: Castigos contra los usuarios de drogas en las cárceles del estado de Nueva York) observó la limitada disponibilidad de tratamiento basado en la evidencia para el número considerable de presos en Nueva York, cuya necesidad de tratamiento ha sido determinada por los funcionarios de prisiones. La terapia suplementada con medicinas como metadona o buprenorfina, que ha demostrado ser el tratamiento más eficaz para la dependencia a los opiáceos, no está disponible en la mayoría de las prisiones. Los presos que consumen drogas-incluyendo a los que recaen, un síntoma normal de la drogodependencia-son sancionados con una dureza desproporcionada, y se enfrentan a meses, incluso años, de reclusión en duras condiciones que suelen constituir una pena cruel e inhumana. 

Una serie de estados imponen pruebas obligatorias de VIH a los presos al ingresar y salir de prisión, una práctica que viola su derecho a ofrecer su consentimiento informado y puede generar discriminación en las oportunidades de empleo, programas y redención por trabajo en prisión. En Alabama, Carolina del Sur y Misisipi, se sigue segregando a los presos con VIH de la población general, lo que obliga a la revelación involuntaria de su condición y promueva la discriminación.

La Ley de Reforma del Litigio Penitenciario (PLRA, en inglés), promulgada por el Congreso en 1996, crea diversos obstáculos para los presos que quieran reivindicar sus derechos en los tribunales. En su informe de junio de 2009 No Equal Justice: The Prison Litigation Reform Act in the United States (Sin igualdad de justicia: La Ley de Reforma del Litigio Penitenciario de Estados Unidos), Human Rights Watch observó que las restricciones de la PLRA han provocado la desestimación de demandas por abusos sexuales y otras lesiones importantes, y constituyen una barrera importante para la protección de la salud y la seguridad de los presos.

Política sobre drogas

Aunque el gobierno de Obama ha emprendido iniciativas para promover la salud y los derechos humanos de los consumidores de drogas y reducir los obstáculos al tratamiento, queda mucho por hacer. El Gobierno dio un paso importante al anunciar su aceptación de las pruebas científicas sobre el intercambio de agujas; pero el hecho de que no promoviera la eliminación de las prohibiciones del financiamiento a los sistemas nacionales e internacionales de intercambio de agujas, o no apoyara otras intervenciones basadas en la evidencia, ha impedido el avance.

Los derechos de los no ciudadanos

En Estados Unidos viven unos 38 millones de no ciudadanos, de los cuales aproximadamente 12 millones carecen de documentación legal. En 2009, el Gobierno de Estados Unidos adoptó algunas medidas preliminares positivas, pero no resolvió muchos de los diversos problemas de derechos humanos que sufre esta población.

En 2009, casi 100,000 no ciudadanos, entre ellos muchos inmigrantes en situación irregular, fueron deportados de Estados Unidos después de cumplir condenas de prisión, con frecuencia por delitos menores no violentos como posesión de marihuana. De acuerdo con las leyes restrictivas aprobadas en 1996, los jueces que presiden muchos de estos casos no tienen discrecionalidad para permitir que los inmigrantes permanezcan en Estados Unidos; a pesar de su presencia legal en el país, su condición de cónyuge o progenitor de un ciudadano estadounidense, sus contribuciones a la economía, su servicio en las fuerzas armadas de Estados Unidos o la posibilidad de que sufran persecución después de su deportación.

El informe de Human Rights Watch de abril de 2009, Forced Apart (By the Numbers) (Separación forzosa (por la norma)) analizó los datos oficiales y desmintió la creencia popular de que la política de deportación estadounidense se centra casi exclusivamente en los no ciudadanos indocumentados (o en situación ilegal) con antecedentes de violencia criminal. En realidad, los antecedentes penales de tres cuartas partes de los no ciudadanos deportados de Estados Unidos durante la última década se limitaban a delitos no violentos, y uno de cada cinco había residido legalmente en el país, a veces durante décadas. Estas deportaciones separaron de sus familiares al menos a un millón de cónyuges e hijos, muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos.

Estados Unidos recluye aproximadamente a 300,000 no ciudadanos cada año en una red de alrededor de 300 centros. Los inmigrantes están recluidos inicialmente cerca de sus abogados o los testigos de su caso, en lugares como Nueva York o Los Ángeles, pero son trasladados después a centros de detención en las zonas rurales de Texas y Luisiana. Entre 1999 y 2008, se produjeron 1.4 millones de traslados de detenidos. Los traslados interfieren con el derecho de los detenidos a ser representados por un abogado, defenderse contra la deportación, presentar testigos y otras pruebas, y no sufrir una detención arbitraria y prolongada.

El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009, Detained and Dismissed: Women's Struggles to Obtain Health Care in United States Immigration Detention (Detenidas y descartadas: Las luchas de las mujeres para obtener cuidados de salud en los centros de detención inmigratoria de EE. UU.), documentó la prestación inadecuada de atención ginecológica periódica, controles y diagnósticos de cáncer de cuello de útero y de mama, servicios de planificación familiar, cuidados prenatales y postnatales, y servicios para las víctimas de violencia sexual y de género. Muchos de estos problemas pueden atribuirse a la política oficial del ICE, que se centra en la atención de emergencia y disuade al personal de que ofrezca ciertos servicios sanitarios esenciales a las mujeres.

A finales de 2008, el ICE revisó sus estándares de detención e incorporó algunas mejoras de la atención médica prestada a los detenidos, pero los cambios no llegaron a cumplir las reformas que se habían reclamado. En julio de 2009, los funcionarios del ICE se negaron a convertir los estándares de detención en reglas de obligado cumplimiento, y declararon que las políticas revisadas eran adecuadas.

En 2008, el Congreso rechazó las leyes que prohíben la entrada, la permanencia y la residencia en Estados Unidos a los no ciudadanos con VIH. En noviembre de 2009, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el levantamiento total de esta prohibición a partir del 1 de enero de 2010.

Los derechos de las mujeres y las niñas

En su primer año en el cargo, el presidente Obama demostró su intención de hacer hincapié en los derechos de la mujer en la política interior y exterior. Creó el Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas, un organismo de coordinación compuesto por miembros del gabinete, y estableció una embajada especial para asuntos globales de la mujer. El Presidente anuló también la Regla de Mordaza Global, que había restringido las expresiones y las actividades relacionadas con el aborto entre los beneficiarios de asistencia de Estados Unidos para la salud reproductiva, relajó las restricciones problemáticas del financiamiento estadounidense para lucha contra el VIH/SIDA, reanudó las contribuciones al Fondo de Población de las Naciones Unidas, y promovió la creación de un alto puesto en la ONU para examinar la manera en que los conflictos armados afectan a las mujeres.

La discriminación por embarazo sigue limitando la condición de la mujer en la fuerza laboral de Estados Unidos. Estados Unidos es el único de un puñado de países que no garantizan licencia familiar pagada, y las quejas por discriminación relacionada con el embarazo han aumentado considerablemente en los últimos años. Una sentencia de 2009 de la Corte Suprema limitó los remedios por la discriminación cometida en el pasado, pero la Ley Lilly Ledbetter de Justo Pago eliminó algunos obstáculos para el pago de indemnizaciones legales por discriminación.

Cada día, no se atienden miles de peticiones de refugio y servicios básicos para supervivientes de la violencia doméstica en Estados Unidos, una situación agravada por la crisis económica. Los albergues señalaron la necesidad creciente de servicios en 2009, a pesar de que los programas esenciales seguían sin contar con fondos suficientes, habían disminuido las donaciones privadas y las crisis presupuestarias estatales y locales ponían en peligro el financiamiento existente, y algunos albergues se habían visto forzados a cerrar.

En cuanto a la salud de la mujer, las mujeres afroamericanas sufren una tasa muy desproporcionada de contagio y muerte por VIH/SIDA, ya que esta enfermedad es la causa principal de las muertes de mujeres afroamericanas de entre 25 y 34 años. Los derechos reproductivos de todas las mujeres siguen siendo objeto de ataque, y los proveedores de abortos sufren las regulaciones innecesarias, el hostigamiento y la violencia física. El Dr. George Tiller, uno de los pocos proveedores de abortos en estado de gestación avanzada de Estados Unidos fue asesinado en mayo de 2009.

Violencia sexual

En Estados Unidos, el delito de violación tiene una de las tasas más bajas de arresto, enjuiciamiento y condena entre los crímenes violentos graves. Cuando una víctima denuncia un ataque sexual, se le pide que se someta a un examen físico de cuatro a seis horas para recopilar pruebas de ADN que, una vez analizadas, pueden ayudar en la investigación criminal. El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009 Testing Justice: The Rape Kit Backlog in Los Angeles City and County (Análisis de la justicia: El retraso en los análisis de estuches de violación en la ciudad y el condado de Los Ángeles) observó que, sólo en el Condado de Los Ángeles, había más de 12,500 estuches sin analizar en los centros de almacenamiento de la policía. Tras la publicación del informe, los Departamentos de Policía y del Sheriff de Los Ángeles instauraron una política de análisis de todos los estuches registrados, y aseguraron recursos para contratar a más personal para los laboratorios criminológicos. Las nuevas informaciones sobre 10,000 estuches de violación sin analizar en Detroit y 4,000 en Houston subrayan el alcance nacional del problema, pero sigue siendo difícil determinar las cifras totales de estuches sin analizar porque ninguna agencia estatal o federal hace un seguimiento de esta información.

Los derechos del niño

Cientos de miles de niños trabajan en campos agrícolas de Estados Unidos y, sin embargo, no disfrutan de las protecciones legales que tienen todos los menores trabajadores de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 exime específicamente a los jóvenes trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y horario máximo, lo que hace que puedan trabajar desde más jóvenes, durante más horas y en condiciones más peligrosas que los niños empleados en otros trabajos. Las protecciones federales existentes no se aplican con frecuencia y las leyes estatales sobre trabajo infantil varían en su firmeza y aplicación. Como consecuencia, los niños trabajadores agrícolas, la mayoría de los cuales son latinos, suelen trabajar durante 12 a 14 horas al día, y están expuestos al envenenamiento por pesticidas, enfermedades provocadas por el calor, lesiones y discapacidades permanentes. Muchos abandonan la escuela; y las niñas son víctimas a veces de acoso sexual.

Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, más de 200,000 alumnos de escuelas públicas recibieron castigos corporales al menos una vez durante el año escolar 2006-2007. El castigo corporal-que suele aplicarse mediante uno o más azotes en las nalgas con una pala de madera-es legal en las escuelas públicas de 20 estados. Ohio prohibió el castigo corporal en sus escuelas públicas en julio de 2009. En agosto de 2009, el informe de Human Rights Watch, Impairing Education: Corporal Punishment of Students with Disabilities in US Public Schools (Educación perjudicial: Castigo corporal a estudiantes con discapacidad en  escuelas públicas estadounidenses), observó que se sometía a castigos corporales con una frecuencia desproporcionada a los estudiantes con discapacidades psicológicas y físicas. 

Guantánamo, detención indefinida y comisiones militares

Cuando el presidente Obama asumió el cargo había 242 prisioneros en Guantánamo, de los cuales aproximadamente 50 habían sido puestos en libertad pero no podían ser enviados a sus países de origen por un temor creíble al maltrato. Aunque una serie de países europeos han aceptado acoger a un pequeño número de detenidos, la negativa del Gobierno de Estados Unidos de acoger a algunos de estos prisioneros ha obstaculizado los intentos de reasentamiento. En el momento de escribir este capítulo, sólo se había trasladado o puesto en libertad a 20 prisioneros de Guantánamo desde la toma de poder del presidente Obama, y el Gobierno ha reconocido ahora la improbabilidad de que cumpla el plazo para el cierre de enero de 2010.

La posibilidad de que el Gobierno continúe recluyendo indefinidamente a los presos sin juicio es aún más preocupante que los retrasos en el cierre de Guantánamo. Aunque parece que el Gobierno ha descartado la idea de pedir al Congreso que promulgue una legislación sobre la detención preventiva, ha seguido recurriendo al razonamiento de los tiempos guerra de la era Bush para justificar la detención indefinida sin juicio de sospechosos de terrorismo.

El Gobierno de Obama dio muestras positivas de que ofrecería juicios justos a los sospechosos de terrorismo cuando anunció los autos de procesamiento federales contra dos hombres detenidos anteriormente sin cargos como "combatientes enemigos". Sin embargo, en mayo, el presidente Obama anunció que planeaba revivir el sistema de comisiones militares para juzgar a los prisioneros de Guantánamo. En colaboración con el Congreso, el Gobierno firmó leyes que ofrecen mayores protecciones a los sospechosos juzgados en dichas comisiones, lo que incluye la prohibición de las pruebas obtenidas mediante coacción y la aplicación más estricta de las reglas sobre la invalidación del testimonio oral. No obstante, las comisiones siguen siendo un sistema de justicia por debajo de la norma que carece de legitimidad; y la continuación de uso producirá litigios innecesarios, retrasos y juicios deficientes.

Responsabilidad por abusos cometidos en el pasado

Aunque las pruebas demuestran abrumadoramente que los altos funcionarios del gobierno de Bush aprobaron los métodos de interrogatorio brutales e ilegales, el gobierno de Obama demostró muy poco entusiasmo por iniciar una investigación exhaustiva de estos abusos. Un avance importante fue la decisión del fiscal general Eric Holder de nombrar a un fiscal federal encargado de investigar las prácticas de interrogatorio posteriores al 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, todo indica que la investigación se limitó considerablemente y es improbable que examine la responsabilidad de los altos funcionarios que establecieron las políticas y autorizaron los abusos.

Secreto

El gobierno de Obama ha hecho una interpretación demasiado amplia de la protección de los "secretos de Estado", argumentando que se deben desestimar las causas judiciales relacionadas con el programa de detención y entregas secretas de Estados Unidos, así como las demandas presentadas por víctimas de tortura y vigilancia ilegal, porque podrían divulgar información clasificada. Aunque enseñó varios memorandos importantes relacionados con los interrogatorios durante la era Bush, el Gobierno retractó su compromiso de hacer públicas las fotos que muestran el abuso a los detenidos, alegando que hacerlo podría poner en peligro a las tropas estadounidenses en el extranjero.

Entregas

El Gobierno de Obama ha dicho que continuará confiando en las "garantías diplomáticas"-promesas no vinculantes del país receptor de que tratará con humanidad a los detenidos-para trasladar a prisioneros. La investigación de Human Rights Watch ha concluido que no puede confiar en dichas garantías contra la tortura y ha instado al Gobierno a reconsiderar su posición.

Actores internacionales clave

En su informe de mayo de 2009, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias instó a Estados Unidos a que mejore las garantías procesales en su aplicación de la pena de muerte, y concluyó que las deficiencias del sistema actual aumentan la posibilidad de que se ejecute a personas inocentes. En su informe de abril de 2009, el Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y la intolerancia relacionada instó al establecimiento de una comisión para evaluar el progreso y los fallos, y recomendó medidas para combatir el racismo y lo que denominó "el actual proceso de resegregación" en la vivienda y la educación.

En noviembre, un tribunal de Milán halló a 23 estadounidenses, entre ellos 22 presuntos agentes de la CIA, culpables del secuestro de un clérigo egipcio en 2003. Esta sentencia histórica supuso la primera vez que un tribunal examinaba la legalidad del programa de entregas de la CIA. En marzo, se interpuso una querella criminal en España contra de seis abogados considerados responsables de formular las justificaciones legales de los abusos cometidos durante la era Bush.