En importantes sentencias dictadas en febrero y marzo, el Tribunal Constitucional de Alemania decretó que las leyes sobre la vigilancia y el almacenamiento de datos telefónicos y de Internet constituían una restricción desproporcionada del derecho a la privacidad. Las enmiendas a la ley que rige las operaciones de la policía federal alemana, adoptadas por el Bundestag (Cámara baja) en noviembre, permitirían a los investigadores el uso de técnicas invasivas para la vigilancia de presuntos terroristas partiendo de una sospecha generalizada. En el momento de escribir este informe, estas enmiendas estaban pendientes de la aprobación del Bundesrat (Cámara alta). Se mantienen las restricciones laborales para los profesores y otros funcionarios públicos que quieran cubrirse la cabeza con un velo, a pesar de la preocupación de que puedan constituir una discriminación religiosa; y, desde diciembre de 2007, tres tribunales estatales han confirmado la prohibición de que los profesores lleven velos en la cabeza.
En junio, la ONG denominada Centro Europeo de Derechos Constitucionales presentó una demanda judicial contra el gobierno alemán ante el Tribunal Administrativo de Berlín por no haber solicitado oficialmente la extradición de 13 agentes de la CIA acusados en Alemania de participar en el secuestro de Khaled El Masri, un ciudadano alemán de origen libanés capturado en Macedonia y trasladado a Afganistán, donde estuvo recluido durante cinco meses y fue torturado.
La decisión de Alemania de extraditar, con las garantías diplomáticas de Turquía, a Hassan Atmaca, un refugiado sospechoso de vinculación con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el momento de escribir este informe, dos recursos contra la deportación, mediante garantías diplomáticas de dos tunecinos sospechosos de suponer una amenaza contra la seguridad nacional también estaban pendientes de resolución en los tribunales alemanes.
Tras un examen de Alemania en agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU constató un aumento de las denuncias de incidentes relacionados con el racismo contra miembros de las comunidades judía, musulmana, romaní y cíngara; así como contra ciudadanos alemanes de origen extranjero y solicitantes de asilo (especialmente africanos); y recomendó una "actuación más resuelta" para prevenir y sancionar a los responsables. El examen universal periódico de Alemania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está previsto para febrero de 2009.