En abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) vertió duras críticas contra las políticas de asilo y detención griegas y recomendó a otros países europeos que no devolvieran a solicitantes de asilo a Grecia; un golpe a las reglas de la UE de que las peticiones de asilo se tramiten en el primer país de entrada a la UE, y que las condiciones de recepción y los procedimientos de asilo se ajusten a un criterio común. El ACNUR señaló que los solicitantes de asilo en Grecia "a menudo, carecen de los derechos más básicos, como intérpretes y asistencia jurídica, para asegurar que sus solicitudes reciban el escrutinio adecuado de las autoridades de asilo". En 2007, Grecia sólo admitió el 1.2 por ciento de las solicitudes de asilo en primer instancia.
La policía griega arresta sistemáticamente a inmigrantes dentro de su territorio, muchos de ellos iraquíes, a los que detiene durante días sin registrarlos, como exige la ley, y, en ciertos casos, los golpea o maltrata de otro modo. Se realizan regularmente expulsiones de inmigrantes a Turquía, por la fuerza y en secreto, sin tener en cuenta sus necesidades de protección.
En 2008, alrededor de un millar de menores no acompañados ingresaron a Grecia, la mayoría procedentes de Afganistán. En varios casos, la guardia costera, la policía y los agentes de vigilancia portuaria propinaron golpes y patadas a estos niños en el momento de su intercepción en la frontera o durante su arresto y reclusión. Con frecuencia, estos niños están detenidos junto con adultos. La mayoría no solicitan asilo, están en situación irregular y corren el riesgo de que los deporten. Muchos viven fuera de los centros de acogida y son explotados con condiciones de trabajo peligrosas. Las menores no acompañadas corren especialmente el riesgo de caer en manos de las redes de tráfico de personas.