Recuperar la iniciativa de manos de los saboteadores de derechos humanos

Una solidaridad despiadada
Resistencia a la justicia internacional
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU
En la Asamblea General de la ONU
China: ¿Un obstruccionista en fase de evolución?
Rusia
India
Los años desastrosos del gobierno de Bush
Desaprovechar la iniciativa
La UE y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Recuperar la iniciativa
Una nueva dirección en Washington
Conclusión
Este informe

El respeto por los derechos humanos de un gobierno debe medirse en función no solamente de cómo trata a sus propios ciudadanos, sino también de cómo salvaguarda los derechos en sus relaciones con otros países. Mientras conmemoramos el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la respuesta de los gobiernos a la terrible situación humanitaria en otros países suele resultar anémica. De hecho, existe una triste realidad cuando se trata de la protección internacional de los derechos humanos: los gobiernos con mayor claridad de visión y estrategia suelen ser los que intentan debilitar la salvaguarda. Han quedado atrás los días en que se podía contar con la iniciativa de Washington, Bruselas y otras capitales occidentales para entablar discusiones intergubernamentales sobre derechos humanos. Hoy en día, lo más probable es que la diplomacia más enérgica con respecto a los derechos se inicie en lugares como Argel, Cairo o Islamabad; con el respaldo de Beijing y Moscú. El problema es que empujan en la dirección contraria.

Estos opositores a los derechos humanos defienden la prerrogativa de los gobiernos a hacer lo que quieran con sus ciudadanos. Se ocultan detrás de los principios de la soberanía, la no injerencia y la solidaridad entre los países del sur; pero su objetivo real es frenar las críticas contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por ellos mismos y sus aliados y amigos. Las actividades de estos “saboteadores” han llegado a dominar los debates intergubernamentales sobre derechos humanos. Por ejemplo, han puesto fin al escrutinio de las Naciones Unidas sobre la grave represión en Uzbekistán, Irán y la República Democrática del Congo. Han organizado una intensa campaña para repeler las críticas contra las fuerzas armadas birmanas y cuestionar el posible enjuiciamiento del presidente de Sudán, Omar Al Bashir. Y han comprometido seriamente la labor del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La razón de su éxito no reside tanto en la atracción de su visión como en la frecuente debilidad e incongruencia del compromiso de los gobiernos que han promovido tradicionalmente la defensa de los derechos humanos. No es que la población mundial se sienta de repente atraída por la dictadura y la represión.  Su deseo  por el respeto a los derechos fundamentales se mantiene inalterable, ya sea en los campamentos de desplazados de Darfur, en las regiones tribales de Pakistán o en las prisiones de Egipto. Por el contrario, el vigor de la campaña contra los derechos humanos es una irónica demostración del poder del ideal pro derechos humanos. Si la violación de los derechos humanos no acarreara un estigma tan profundo, los saboteadores tendrían que hacer escasos esfuerzos.

Los cambios en el poder global han hecho que los gobiernos saboteadores se envalentonen en los foros internacionales y cuestionen los derechos humanos por ser una imposición “occidental” o “imperialista”. La fuerza del autoritarismo chino y la potencia petrolera de Rusia han facilitado el rechazo de los principios de derechos humanos. El estatus moral de un país como Sudáfrica en virtud de su propio pasado obscuro implica que sus críticas a la agenda internacional de derechos humanos son influyentes.

No obstante, los gobiernos que se preocupan por los derechos humanos en el mundo conservan una influencia suficiente para formar una amplia coalición contra la represión (si están dispuestos a usarla). Sin embargo, estos gobiernos han tirado la toalla en muchos casos. Han sucumbido a los intereses confrontados y los problemas de credibilidad generados por ellos mismos; y se han dejado ganar y ser marginados en organismos de las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, y en los debates políticos que determinan la diplomacia multilateral con respecto a Birmania, Darfur, Sri Lanka, Zimbabue y otros lugares conflictivos.

En el caso de Estados Unidos, dicha retirada es la consecuencia lógica de la decisión del gobierno de Bush de combatir el terrorismo sin miramientos a los derechos fundamentales de las personas a no ser sometidas a torturas, “desapariciones” o detenciones sin juicio previo. En este contexto, las iniciativas periódicas de Washington para entablar un diálogo sobre derechos humanos se han visto debilitadas por acusaciones justificables de hipocresía. Para que el gobierno de Estados Unidos pueda reasumir un liderazgo creíble en materia de derechos humanos, la prioridad principal del nuevo presidente Barack Obama debe ser revertir esta peligrosa trayectoria.

La abdicación frecuente de Washington ha obligado con frecuencia a la Unión Europea a actuar por su cuenta. En ocasiones, lo ha hecho de manera admirable, como después del conflicto entre Rusia y Georgia, en el que su movilización de observadores alivió las tensiones y contribuyó a la protección de los civiles; o en el este del Chad, donde envió a 3,300 soldados como parte de una misión de protección civil de la ONU. Sin embargo, los esfuerzos de la UE por proyectar su influencia a otros lugares, como Birmania, Somalia o la República Democrática del Congo, han sido deficientes. Con frecuencia, intentó evitar las consecuencias políticas de su pasividad escudándose en el intrincado proceso de decisiones  de la UE, que propicia la inactividad. Es más, su reticencia frecuente a elevar sus protestas al gobierno de Bush por sus políticas antiterroristas abusivas expuso a la UE a las acusaciones de usar un doble rasero, que contagiaron el debate global sobre derechos humanos y facilitaron la victoria de los saboteadores.

Estados Unidos y la Unión Europea no son los únicos que promueven los derechos humanos allende sus fronteras. Cada vez más se puede recurrir a algunos gobiernos de América Latina, África y Asia para que apoyen iniciativas internacionales pro derechos humanos. Entre ellos destacan Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay, en América Latina; y Botswana, Ghana, Liberia y Zambia en África. En el caso de Asia, Japón y Corea del Sur suelen simpatizar con las causas de derechos humanos pero se muestran generalmente reticentes a adoptar públicamente posiciones enérgicas.

Sin embargo, al verse forzadas a actuar sin el respaldo firme y consistente de las principales democracias occidentales, estas voces importantes muy pocas veces logran emprender por si solas una gran campaña diplomática internacional en contra de violaciones graves de los derechos humanos. A pesar de sus mejores intenciones, las potencias de mediana escala no pueden alcanzar una solución a las situaciones más represivas en el mundo sin la intervención de las grandes potencias occidentales, las cuales siguen dominando las Naciones Unidas, cuentan con gran número de diplomáticos activos y pueden movilizar considerables recursos militares y económicos.

Por lo tanto, esta pasividad provoca con frecuencia que los que deciden la agenda de derechos humanos en los foros internacionales sean precisamente los que se oponen a su aplicación: los gobiernos de países como Argelia, China, Egipto, India, Pakistán y Rusia.  Estas naciones quieren volver a la época en que la defensa de los derechos humanos dependía del criterio de cada gobierno, y las violaciones acarreaban escasas consecuencias a nivel internacional.

Poner freno a sus aspiraciones exigirá un nivel de determinación pocas veces visto. Primero, porque la mejor manera de defender los derechos humanos es dando ejemplo: los gobiernos que quieran defender los derechos humanos en el resto del mundo tienen que comprometerse primero a adoptar una conducta respetuosa de dichos derechos. En el caso de la lucha contra el terrorismo, esto implica, como se explica con más detalle a continuación, el cese definitivo de abusos tales como el empleo de la tortura y otras técnicas de coacción en los interrogatorios, la “desaparición” de sospechosos en centros de detención clandestinos, y su reclusión prolongada sin juicio (además de su disposición a denunciar inmediatamente a todo gobierno, aunque sea aliado, que reanude dichas prácticas). También conlleva abordar abusos tan persistentes como el racismo en el sistema de justicia penal, el maltrato a los inmigrantes y el uso de la pena de muerte.

Segundo, como en el caso de cualquier violación grave de los derechos humanos, se debe pedir cuentas a los responsables. Por ejemplo, la única manera de que Washington empiece a recuperar cierta credibilidad como un gobierno que practica lo que pregona en el campo de los derechos humanos es que investigue, reconozca y repudie los errores cometidos; enjuicie los crímenes graves y adopte medidas para garantizar que estos abusos no vuelvan a producirse.

Tercero, se deben emprender iniciativas serias para formar una amplia coalición global pro derechos humanos. Estados Unidos debe intentar involucrarse de nuevo en instituciones multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ratificar tratados esenciales como los relacionados con los derechos de las mujeres y de los niños, las desapariciones forzosas, las municiones de racimo y las minas antipersonales. Debe adoptar una política de respaldo al Estado de derecho reanudando su firma del tratado de la Corte Penal Internacional, apoyando activamente su labor e iniciando un proceso que culmine en la ratificación. Y debe apoyar activamente (política, financiera y militarmente) los esfuerzos multilaterales para proteger a los civiles frente a las atrocidades en masa.

En el caso tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, se deben hacer esfuerzos serios por entablar un dialogo con los gobiernos de países meridionales, especialmente con quienes demuestran un amplio respeto por los derechos humanos dentro de sus países, pero continúan resistiéndose a su defensa en su política exterior. Esto exige abordar cuestiones que preocupan especialmente a estos gobiernos, como los derechos económicos y sociales, el racismo y los derechos de los migrantes. También implica evitar el doble rasero y mantener la apertura al diálogo y al compromiso político apropiado.

Por su parte, los gobiernos de países meridionales deben reconsiderar su decisión de codearse con los opresores del mundo en lugar de apoyar a sus víctimas. Este sentido equivocado de la solidaridad es especialmente decepcionante en el caso de gobiernos como el de India y Sudáfrica; dos democracias que respetan generalmente los derechos de sus ciudadanos pero siguen una política exterior que sugiere que las demás personas no merecen los mismos derechos.  La solidaridad al bloque no debe suplantar el apoyo a los valores más fundamentales de los derechos humanos.

Finalmente, el nuevo gobierno de Obama debe abandonar la política del gobierno de Bush de excesiva soberanía. A China, Rusia e India les encanta escuchar a Estados Unidos rechazar las críticas sobre derechos humanos por razones de soberanía. Esta actitud nos retrotrae efectivamente a una época anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los muchos mecanismos jurídicos e institucionales derivados de ella. Es necesario reevaluar de manera urgente y radical la política de Estados Unidos. El presidente Obama ha prometido dichos cambios y no debe demorarse lo más mínimo. La prueba será si puede resistirse a las presiones para que mantenga el estatus quo generado por Bush.

Una solidaridad despiadada

En este momento, después de 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es razonable negar simplemente el valor del ideal de derechos humanos. Como consecuencia, los saboteadores determinados a debilitar el marco internacional de respeto por los derechos humanos muy pocas veces describen sus intenciones en estos términos. Tienden a afirmar, en cambio, que apoyan los derechos humanos en principio y se oponen solo a la manera en que las naciones más poderosas supuestamente los tergiversan, utilizan o manipulan. Imitan el lenguaje del antiimperialismo, anticolonialismo o la solidaridad con los oprimidos, pero la realidad es que los saboteadores no están al lado de los perseguidos. Hacen causa común con los dictadores y los tiranos del mundo, no con los ciudadanos ordinarios que se enfrentan a la opresión. Invocan la solidaridad de los países del sur, pero detrás de su grandilocuencia solo pretenden solidarizarse con los gobiernos represivos, no con sus víctimas del sur.

Algunos gobiernos deciden adoptar una postura negativa o indiferente con respecto a los derechos humanos por muy diferentes razones. Algunos de los que vulneran gravemente los derechos humanos, como Bielorrusia, Sudán o Zimbabue, rechazan cualquier escrutinio sobre derechos humanos para prevenir un examen internacional de sus propios abusos. No lideran los foros internacionales, pero sí tienen voz y voto. Intenta evitar cualquier control externo sobre el trato que dan a su población. Su lema es la soberanía, no los derechos humanos.

Otros países tienen un papel más destacado en los intentos de limitar el escrutinio sobre derechos humanos. Entre ellos hay gobiernos de países con una conducta deficiente en materia de derechos humanos, como Argelia, China, Egipto, Pakistán y Rusia. También incluyen a ciertas democracias del mundo desarrollado, como India y Sudáfrica, quienes presumen de sus firmes garantías institucionales para la protección de los derechos humanos, a pesar de que cometen algunas violaciones. Algunos de estos gobiernos quieren evitar también el escrutinio de sus prácticas internas, aunque además les mueve el rechazo a lo que consideran una visión imperialista encabezada por Estados Unidos de la política y el desarrollo internacional. Asimismo, algunos miembros de la Organización de la Conferencia Islámica se resisten a lo que consideran una guerra contra el islam librada por Estados Unidos y otras potencias occidentales.

Los gobiernos que intentan subvertir los derechos humanos articulan una letanía de excusas para sus acciones. Citan el doble rasero occidental en la promoción de los derechos humanos; una realidad deplorable, pero irrelevante para la terrible situación de las víctimas. No hay duda que los gobiernos occidentales son responsables en ocasiones de cometer, apoyar o ignorar graves violaciones de los derechos humanos, y merecen ser criticados por estas transgresiones. Sin embargo, muy pocas personas expuestas a matanzas, violaciones o detenciones arbitrarias renunciarían a ser rescatadas simplemente porque se esté ignorando el sufrimiento de otra persona. Tampoco debe obligarles a ello la ideología de la conveniencia de los saboteadores.

Lo mismo sucede con la invocación del pasado colonialista de algunos países que quieren poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Es cierto que las naciones occidentales tienen una historia, en ocasiones despiadada, de explotación colonial. Sin embargo, muy pocas personas que actualmente enfrentan represión renunciarían a la ayuda de algunos países simplemente porque sus antepasados podrían haber sido represores. Los saboteadores no deben impedir dicha asistencia a las víctimas.

Un ejemplo decepcionante de esta hostilidad contra la protección internacional de los derechos humanos es la respuesta del gobierno sudafricano a la crisis en Zimbabue. El Congreso Nacional Africano reunió una amplia coalición internacional en su lucha contra el apartheid. Cuando los gobiernos occidentales no les apoyaron, encontraron aliados dispuestos a ayudarles en el movimiento internacional de derechos humanos. Durante la presidencia de Nelson Mandela, Sudáfrica abrazó aparentemente la causa de los derechos humanos y estableció un modelo de democracia constitucional con fuertes garantías legales de los derechos individuales. Sin embargo, durante la presidencia de Thabo Mbeki, en lugar de sumarse al movimiento global para ejercer presión sobre el gobierno zimbabuense para que cesara la represión, Pretoria no se pronunció abiertamente. Se justificó a sí mismo esta actitud más pasiva subrayando el aspecto antiimperialista de la lucha contra el apartheid y presentando a Robert Mugabe como un heredero legítimo del poder. La opinión resultante fue que el gobierno sudafricano acabó respaldando a un líder represivo, en lugar de intentar aliviar el sufrimiento de sus víctimas.

El gobierno sudafricano se dejó llevar por el olvido de su propia lucha y también dio la espalda al pueblo birmano. La presión internacional contribuyó al final del apartheid. Sin embargo, en la actualidad, Pretoria se opone a la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU en defensa de la población birmana alegando que la represión militar se sale del mandato del Consejo de Seguridad. Sudáfrica dice preferir las instituciones más democráticas dentro de la ONU, como la Asamblea General o el Consejo de Derechos Humanos, pero tampoco se ha esforzado demasiado por promover los derechos humanos para los birmanos en el seno de estos organismos.

El nuevo gobierno de Pakistán tampoco ha utilizado todavía el ejemplo de su propia lucha contra la dictadura para apoyar iniciativas similares en otros países. El gobierno civil electo del presidente Asif Ali Zardari es beneficiario directo de las intervenciones de la comunidad internacional de derechos humanos. Durante los últimos dos años, las organizaciones de derechos humanos han ejercido una enorme presión sobre el general Pervez Musharraf y sus fuerzas armadas para que pusieran en libertad a los juristas defensores de la democracia, reinstauraran en sus cargos a los jueces destituidos y permitieran la celebración de elecciones parlamentarias libres e imparciales. Ahora que Musharraf ha renunciado al cargo ante las amenazas de un juicio por prevaricación, el gobierno de Zardari ha dado algunas muestras de reconsideración de la hostilidad tradicional de Pakistán ante las iniciativas internacionales pro derechos humanos. Firmó la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su representante ante el Consejo de Derechos Humanos ha moderado las críticas habituales de Pakistán contra la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y aceptado gentilmente los comentarios de las organizaciones no gubernamentales sobre el historial del país en materia de derechos humanos. No obstante, los diplomáticos pakistaníes ante la ONU siguen promoviendo con frecuencia iniciativas contra los derechos humanos, y actuando como si Musharraf continuara en el poder. Por ejemplo, han encabezado los esfuerzos por limitar los comentarios de las ONG sobre la conducta de los gobiernos que se someten al “examen periódico universal” del Consejo de Derechos Humanos.

No se debe equiparar a los saboteadores con el conjunto de los países meridionales. Hoy en día, muchos gobiernos del sur están a la vanguardia en las iniciativas pro derechos humanos. En América latina, por ejemplo, los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay han apoyado constantemente las iniciativas pro derechos humanos, desde la Corte Penal Internacional hasta el Consejo de Derechos Humanos. México ha desempeñado un papel importante en el Consejo de Derechos Humanos (participando activamente en la revisión de todos los países sometidos al examen periódico universal), en la Asamblea General de la ONU (defendiendo la independencia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y su programa) y como posible miembro del Consejo de Seguridad de la ONU (expresando su opinión de que las cuestiones importantes de derechos humanos deben incluirse en la agenda). Lamentablemente, México se ha rezagado en la resolución de problemas de derechos humanos graves y persistentes dentro del país, resistiéndose a las condiciones de derechos humanos de la asistencia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico dentro de la Iniciativa de Mérida, y presionando para la destitución del representante de la Alta Comisionada de la ONU por sus críticas contra el historial doméstico de derechos humanos de México. En los últimos años, Brasil ha apoyado activamente los mecanismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, en ocasiones ha simpatizado con la opinión de los saboteadores de que la soberanía está por encima de los derechos humanos, como en las negociaciones del tratado para la prohibición de las municiones de racimo. Mientras tanto, Cuba (que sigue siendo la única sociedad cerrada de las Américas después de la transferencia de poder de Fidel Castro a su hermano Raúl) ha atenuado su liderazgo entre los saboteadores, aunque con el entendimiento tácito de que el Consejo de Derechos Humanos no debe volver a adoptar resoluciones críticas con La Habana.

En África, una serie de gobiernos se han rebelado contra el liderazgo poco útil de Argelia, Egipto y Sudáfrica. Por ejemplo, Botswana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Zambia intentaron presionar a la Unión Africana para que hiciera frente a Robert Mugabe en Zimbabue. Nigeria también tiene una buena representación en Ginebra a través de su embajador, quien preside el Consejo de Derechos Humanos y ha demostrado su compromiso para despolarizar la institución. Numerosos gobiernos africanos han suministrado tropas para las misiones de pacificación en Burundi, Darfur, Somalia y la República Democrática del Congo, donde el objetivo principal es la protección de la población civil. Marruecos ha desempeñado una labor constructiva en las negociaciones de un nuevo tratado contra las desapariciones forzadas. Hasta Sudáfrica, que no había apoyado la celebración de una sesión especial sobre Birmania en el seno del Consejo de Derechos Humanos, criticó finalmente la represión birmana cuando se celebró la sesión. Sin embargo, las iniciativas enérgicamente destructivas de los saboteadores suelen ensombrecer estos ejemplos positivos.

Resistencia a la justicia internacional

Los saboteadores actuaron recientemente en contra de la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de una orden de arresto contra el presidente sudanés Omar Al Bashir por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur. Sudán intentó convencer al Consejo de Seguridad de que suspendiera el procesamiento. La consiguiente batalla política enfrentó a un gobierno responsable de asesinatos, violaciones y desplazamientos en masa en contra de las víctimas y su búsqueda de justicia. Habría sido de esperar que los gobiernos africanos tendieran la mano a las víctimas. Sin embargo, en nombre de la solidaridad africana, Sudáfrica, junto con Argelia, Egipto y Libia, respaldaron una campaña para impedir el enjuiciamiento del presunto genocida Bashir. Está claro que estos gobiernos no tuvieron en cuenta el sufrimiento de los africanos de a pie. Para su desgracia, la Unión Africana, la Liga Árabe, el Movimiento No Alineado y la Organización de la Conferencia Islámica se sumaron a la campaña.

Algunos gobiernos africanos se quejan de que la CPI se ha centrado injustamente en su continente. Aunque los cuatro países en los que la CPI ha iniciado un proceso judicial son, de hecho, africanos, ninguno de los casos ha sido seleccionado únicamente por la CPI. Tres gobiernos africanos (Uganda, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo) solicitaron a la Corte que enjuiciara violaciones cometidas en sus países, y el Consejo de Seguridad pidió a la Corte que procesara las atrocidades cometidas en Darfur (Sudán). Estos críticos también ignoran la iniciativa más amplia de justicia internacional. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha enjuiciado a muchos más sospechosos que la CPI. El año pasado logró detener al antiguo líder serbobosnio Radovan Karadzic para juzgarlo por genocidio.

Algunos de los que critican más intensamente la justicia internacional son líderes temerosos de que ellos o las personas bajo su mando tengan que rendir cuentas por su conducta criminal. El presidente ruandés Paul Kagame, por ejemplo, pretende impedir el enjuiciamiento independiente de los soldados del Frente Patriótico Ruandés (FPR), un grupo rebelde que él mismo encabezó, por los crímenes de guerra cometidos durante y después del genocidio de Ruanda, lo que incluye la matanza de al menos 30,000 personas. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) tiene la obligación de enjuiciar estos crímenes, pero, antes de permitir que juzgara a los soldados del FPR, el gobierno ruandés logró que el último caso que estaba siendo investigado por el TPIR fuera transferido a los tribunales nacionales donde podría más fácilmente determinar y limitar el resultado.

Cuando los familiares de víctimas francesas y españolas asesinadas por los soldados del FPR intentaron obtener justicia en sus tribunales nacionales, los jueces instructores dictaron órdenes de arresto contra los oficiales ruandeses a los que querían interrogar. Ruanda tomó represalias exaltando el sentimiento africano contra esta supuesta “violación clara de la soberanía y la integridad territorial”. Ruanda también se escudó en el anticolonialismo para denunciar la jurisdicción universal (la autoridad de todo gobierno para enjuiciar en cualquier país los crímenes más terribles independientemente de donde se hayan cometido) por ser una afrenta contra África. No obstante, en su crítica obvió que Ruanda se ha beneficiado más que ningún otro país de la jurisdicción universal (que ha contribuido a pedir cuentas a muchos de los responsables del genocidio). También pasó por alto los numerosos precedentes del uso de la jurisdicción universal contra violadores de países no africanos, como los agentes de las “guerras sucias” de los setenta y los ochenta en América Latina, entre ellos el antiguo presidente chileno Augusto Pinochet, y las personas involucradas en el genocidio en Bosnia y los crímenes de guerra en Afganistán.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Los saboteadores, que demuestran mucha más iniciativa y claridad de visión que los defensores tradicionales de los derechos humanos, han adoptado numerosas medidas para debilitar el nuevo Consejo de Derechos Humanos, el organismo líder gubernamental de derechos humanos de la ONU, debido a que podría pedir cuentas a ellos o sus aliados. Es especialmente notable e ilustrador el hecho de que se resistan a resoluciones críticas sobre países concretos, a menos que se diluya su contenido hasta el punto de que el propio país cuestionado acepte la resolución.

Argelia, China, Egipto, India, Pakistán, Rusia y Sudáfrica, entre otros, han practicado el sabotaje en Ginebra en diferentes momentos. Argelia y Egipto han desempeñado un liderazgo formal del grupo africano en el seno del Consejo de Derechos Humanos. En los últimos uno o dos años, una versión de esta coalición ha:

• logrado promover una resolución para poner fin al mandato del Experto Independiente en la República Democrática del Congo, a pesar de las constantes atrocidades masivas en el país. Egipto, afirmando actuar en representación de la Unión Africana, encabezó la campaña.
• puesto freno a la revisión de la situación de los derechos humanos en Irán y Uzbekistán.
• presentado oposición o abstencionismo en una resolución crítica contra Corea del Norte, aunque se adoptó de todos modos.

• mostrado reticente a la celebración de una sesión especial sobre Darfur y totalmente en contra de una sesión sobre Birmania.

La única excepción a esta campaña contra las resoluciones sobre países ha sido el apoyo entusiasta de los saboteadores a las críticas contra Israel por su conducta en Cisjordania y Gaza, y la guerra del Líbano. Israel merece las críticas, pero estas condenas pierden mucha fuerza por la reticencia de los saboteadores, y en consecuencia del Consejo, a criticar a cualquier otro país.

Los saboteadores justifican su oposición a la mayoría de las resoluciones sobre países afirmando que el Consejo debería limitarse a cooperar y entablar un diálogo con los gobiernos, y nunca  presionarlos. Pero esto conlleva asumir falsamente que todos los gobiernos tienen un deseo genuino de respetar los derechos humanos, y solo cometen abusos debido a la falta de capacidad técnica que podría remediarse con asistencia internacional. De hecho, los gobiernos suelen cometer abusos deliberadamente. La única respuesta adecuada en dichos casos es incrementar la presión, con medidas tales como resoluciones críticas de la ONU, hasta que cesen en su actitud.

Dada su capacidad para formar rápidamente mayorías entre los 47 gobiernos miembros del Consejo de Derechos Humanos, los saboteadores han intentado consolidar su control limitando la influencia de las voces independientes. Estas voces (la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y su personal, los relatores especiales y los expertos independientes, además de las ONG) constituyen un antídoto importante contra los debates politizados entre gobiernos que suelen dominar el Consejo. Los saboteadores han intentado silenciarlas.

Por ejemplo, el mayor problema al que se enfrentan los expertos, los relatores y otros observadores independientes del sistema de la ONU es la falta de cooperación entre gobiernos. Un ejemplo de este problema es que Angola (país con una influencia creciente dentro del grupo africano) cerrara la representación local de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU apenas un año después de haberse comprometido a aumentar su cooperación con esta oficina, como parte de su  campaña para ser elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, los saboteadores promueven la ficción de que el problema reside en la conducta de los propios observadores, y que la solución consiste en aumentar los controles gubernamentales sobre ellos. Por lo tanto, los saboteadores, encabezados por Argelia, han aumentado el papel de los gobiernos en la selección de expertos y relatores, y han intentado restringirlos con un nuevo “código de conducta”.     

Los saboteadores también han intentado suavizar el examen periódico universal de cada gobierno sobre la situación de derechos humanos, insistiendo en que se base principalmente en la información suministrada por el gobierno que se está examinando, en lugar de la facilitada por expertos u organizaciones de derechos humanos. Y aun más, ahora defienden el aumento de la supervisión del trabajo de la Alta Comisionada por parte del Consejo.

En la Asamblea General de la ONU

La mayoría de la actividad de los saboteadores en la ONU ha tenido lugar en el Consejo de Derechos Humanos, pero también han intentado menoscabar las iniciativas de derechos humanos en el seno de la Asamblea General. Sin embargo, en este organismo no solieron lograr su objetivo. Por ejemplo: 

• Sudáfrica afirmó que hablaba en representación del grupo africano al oponerse a la resolución de la Asamblea General que condena la violación como crimen de guerra. Su argumento: La resolución sería “una imposición sobre los Estados africanos”. Afortunadamente, la mayoría de los gobiernos rechazó dicha excusa insensible.
• Argelia, Egipto, Libia, Sudán y Zimbabue se opusieron a una resolución de la Asamblea General criticando a Birmania por detener y utilizar violencia contra manifestantes pacíficos. Esto era demasiado para la mayoría de los países, incluso para muchas naciones africanas, quienes se abstuvieron o votaron a favor de la resolución, que fue finalmente adoptada.

China: ¿Un obstruccionista en fase de evolución?

Al haber rechazado durante mucho tiempo cualquier crítica internacional contra su propia conducta con respecto a los derechos humanos, China también se ha mostrado reticente a criticar los abusos cometidos por otros gobiernos.  Por lo tanto, se une con frecuencia a los saboteadores. Sin embargo, en los últimos años ha habido excepciones. En Darfur, por ejemplo, China ha usado a veces su influencia como principal comprador de petróleo y proveedor de armas de Sudán para animar a Jartum a aceptar, en principio, el envío de tropas internacionales de pacificación al país. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el gobierno chino sigue manteniendo su hostilidad a la aplicación de los derechos humanos. Se resiste especialmente a imponer sanciones, aumentar la transparencia de su asistencia a otros países o actuar de manera acorde con la doctrina de la “responsabilidad de proteger” adoptada en una cumbre mundial de 2005. En algunas de las situaciones más graves, su insistencia en la improbabilidad de que la intervención internacional logre su objetivo enmascara una indiferencia real por el bienestar de las víctimas.

Por ejemplo, China, junto con Rusia, vetaron una resolución del Consejo de Seguridad que habría reforzado las sanciones sobre Zimbabue en respuesta al rechazo violento del presidente Mugabe a aceptar la victoria electoral de su opositor, Morgan Tsvangirai. Además, cuando la represión de Mugabe había alcanzado su punto culminante, con la violencia generalizada contra la oposición pacífica, China envío un barco cargado de armas a las fuerzas armadas zimbabuenses. El gobierno sudafricano habría entregado las armas a Harare de no ser  por una protesta de sus estibadores.

De manera similar, Beijing podría haber ejercido cierta presión en la trastienda a las fuerzas armadas birmanas para que permitieran la entrada de ayuda humanitaria al país tras la devastación del ciclón Nargis, pero bloqueó las medidas del Consejo de Seguridad para abordar el problema. También intentó impedir que el Consejo de Seguridad debatiera el uso de niños soldados en Birmania, y descartó imponer un embargo más amplio de armamento para remediar esta violación, a pesar de que China acababa de ratificar el tratado para la prohibición de los niños soldados.

A pesar de la retórica interminable sobre su buena conducta en el seno de las Naciones Unidas, China desairó no sólo a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sino también a cinco relatores especiales de la ONU que quisieron visitar el Tíbet tras los episodios de violencia de marzo de 2008. China también ejerció presión sobre Nepal para que reprimiera a los tibetanos que se estaban manifestando en Katmandú contra la represión china en su país de origen.

Rusia

Aunque promueve formalmente el respeto por los derechos humanos, Rusia suele sumarse a los saboteadores en los foros de la ONU para proteger a sus aliados y ponerse a salvo de cualquier escrutinio de sus prácticas internas cada vez más represivas. Afirma que la soberanía nacional debe prevalecer sobre cualquier medida relacionada con los derechos humanos, y subraya la importancia de evitar el doble rasero y la aplicación de “sistemas de valores impuestos”. Su tendencia en el seno del Consejo de Seguridad, por ejemplo, es oponerse a la consideración de cuestiones de derechos humanos. Ha utilizado o esgrimido su poder de veto para bloquear resoluciones críticas con Birmania o Zimbabue. Rusia apoyó finalmente la movilización de una fuerza internacional de pacificación en Darfur, pero se resistió a las iniciativas para aumentar la presión sobre el gobierno sudanés.

Rusia también aprovecha su membrecía en varios organismos europeos de derechos humanos para obstruir su labor. Por ejemplo, Rusia es el único país del Consejo de Europa que se niega a una reforma que posibilitaría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos reducir su enorme cantidad de casos pendientes. Una de las razones aparentes es que el Tribunal ha adoptado repetidas decisiones contra Rusia en casos de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” en Chechenia. Rusia tampoco ha ejecutado las reformas estructurales ordenadas por el Tribunal.

Además, Rusia ha logrado limitar el examen de su propia conducta, especialmente en Chechenia, e intimidado a  otros gobiernos europeos para acallar ampliamente sus protestas. Impidió durante más de un año que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa llevara a cabo una supervisión sobre el terreno de la situación de los derechos humanos en Chechenia y evitó un  debate público sobre el tema. También continúa impidiendo la publicación de informes sobre Chechenia del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.

Rusia también desempeña un papel negativo en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Ha amenazado, hasta ahora sin éxito, con “reformar” la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR, en inglés) de la OSCE. Moscú intentó que los informes de observación electoral de la ODIHR fueran sometidos al consenso de todos los Estados de la OSCE, lo que permitiría que todos los países (incluido Rusia) vetaran las críticas y debilitaría el trabajo de la Oficina. Rusia también intentó limitar la participación en las reuniones de la OSCE a aquellas ONG registradas en sus países de origen y aprobadas por la delegación de su país (otra manera para que los gobiernos abusivos pudieran silenciar a sus críticos).

India

Por ser el país democrático con mayor población del mundo,  podría esperarse que India encabece las iniciativas globales para la promoción de los derechos humanos. En el pasado, India ha adoptado, en ocasiones, el liderazgo en la defensa de los derechos humanos, como cuando se opuso al apartheid en Sudáfrica o respaldó el movimiento democrático de 1988 en Birmania. Sin embargo, su actual política exterior podría con frecuencia enorgullecer a un dictador declarado.

La decepción con su conducta se debe a varias razones. Primero, a pesar de la firmeza de las salvaguardias legales y la independencia del sistema de justicia, el gobierno indio sigue cometiendo graves abusos, por ejemplo, en Cachemira y Manipur, en su represión de la insurgencia naxalita y sus supuestos simpatizantes, y en su trato a los dalits o intocables. Estos abusos hacen que India tienda a oponerse a las medidas internacionales sobre derechos humanos por temor a que se vuelvan en su contra. Segundo, como economía emergente y globalizada, India da cada vez más prioridad a sus intereses económicos y estratégicos, por encima de la promoción de los derechos humanos; especialmente cuando intenta minimizar (con frecuencia sin éxito) la influencia de China en Asia meridional y competir con China en países como Birmania.

Finalmente, al igual que Sudáfrica, el gobierno indio se suma a una desacertada solidaridad con el sur. Tanto el gobierno como los burócratas, que tienen una importante influencia sobre las decisiones políticas, albergan una visión del mundo profundamente arraigada que confunde la protección internacional de los derechos humanos con el colonialismo. India tiene todo el derecho a recordar a las potencias occidentales sus pecados del ayer, pero se equivoca al subordinar las necesidades de las personas que sufren abusos en la actualidad a una política anclada en el pasado. Lamentablemente, son demasiados los funcionarios indios que no parecen sentir responsabilidad alguna de procurar que los habitantes de otros países disfruten de los mismos derechos que la mayoría de los ciudadanos de India.

Ha habido excepciones. Por ejemplo, en un momento importante en Nepal, India contribuyó a allanar el camino para el establecimiento de una oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (en parte debido a los temores de un movimiento maoísta en común), aunque ahora está intentando promover la salida de la misión de la ONU. En el caso de Birmania, India ha suspendido al parecer su ayuda militar en respuesta a la represión de las manifestaciones pacíficas de 2007 y las restricciones de la asistencia internacional a los sobrevivientes del ciclón Nargis en 2008. Sin embargo, los resultados de su diplomacia de puertas adentro han sido inciertos en el mejor de los casos.

Lo más habitual es que India muestre hostilidad con respecto a la protección internacional de los derechos humanos, y vote en contra de resoluciones sobre países en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Por ejemplo, votó a favor de bloquear cualquier debate sobre Sudán, se abstuvo en una resolución crítica con Corea del Norte, votó en contra de una resolución sobre Cuba y respaldó una propuesta de “no intervención” en el caso de Bielorrusia. Para justificar su hostilidad en la defensa de los derechos humanos, India repite constantemente el argumento de que el dialogo privado es mejor que la presión pública. En privado, los funcionarios indios dicen que dicha aplicación de los derechos humanos casi siempre se centra en los países más pobres, mientras que las naciones poderosas pueden cometer abusos graves sin consecuencia alguna. Es una injusticia, pero, como señalamos anteriormente, no es una excusa legítima para la pasividad frente a las víctimas de países pobres.

India también mantiene su recelo de cualquier debate público sobre su propia conducta con respecto a los derechos humanos. Se opone con frecuencia a las visitas de investigadores de derechos humanos de la ONU, y sólo ha permitido las visitas al país de los relatores especiales sobre el derecho a la alimentación en 2005, la violencia contra la mujer en 2000, y la libertad religiosa o de credo en 1996. Sin embargo, ha ignorado las solicitudes de visita de los relatores especiales sobre la tortura y las ejecuciones extrajudiciales desde 1993, así como las peticiones de visita más recientes de los investigadores de la ONU sobre el racismo, los residuos tóxicos, los defensores de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias.

Los años desastrosos del gobierno de Bush

Como se ha señalado anteriormente, el apogeo de los saboteadores habría tenido menos consecuencias sin la renuncia al liderazgo de los gobiernos que se consideran tradicionalmente abanderados de la defensa de los derechos humanos. El mayor responsable de esta renuncia es el gobierno de Estados Unidos presidido por George W. Bush. Como es bien sabido, el gobierno de Bush decidió responder al grave problema del terrorismo ignorando los requisitos más fundamentales del derecho internacional de derechos humanos. Su decisión, que no fue adoptada por “manzanas podridas” de bajo rango sino por los más altos funcionarios del gobierno, fue hacer “desaparecer” a los sospechosos en centros de detención clandestinos administrados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) en los que no se reconoció su reclusión, se les sometió a torturas y otras técnicas abusivas de interrogatorio como el “sumergimiento en agua” (conato de ejecución mediante ahogamiento) y  varias situaciones de “estrés”; y recluirlos durante años y años sin cargos ni juicio en Guantánamo. Las consecuencias han sido desastrosas. Esta vulneración de las leyes internacionales de derechos humanos generó un resentimiento muy beneficioso para los reclutadores de terroristas, y desalentó la cooperación internacional con las iniciativas internacionales de aplicación de la ley, especialmente en los países que podrían sentirse más identificados con las víctimas y obtener más información sobre actividades sospechosas.

La mala conducta del gobierno de Bush socavó profundamente la influencia de Estados Unidos con respecto a los derechos humanos. En algunas ocasiones, Washington pudo seguir promoviendo productivamente  los derechos humanos: en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión o asociación, que conservan un amplio respeto en Estados Unidos; cuando el gobierno estadounidense contó con la influencia adicional de ser un importante financiador del gobierno en cuestión; o cuando las atrocidades fueron tan masivas, como las matanzas étnicas o políticas generalizadas, que Estados Unidos no podía dejar de oponerse a ellas sin que lo acusaran de hipócrita.

Sin embargo, lo más habitual cuando se trataba de los mismos abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno de Bush es que Estados Unidos se viera forzado a ceder terreno. Esta situación se hizo especialmente patente en el Consejo de Derechos Humanos. Washington criticó legítimamente las muchas deficiencias de esta nueva institución pero, como se explica a continuación con más detalle, no se trata de una causa pérdida. En lugar de esforzarse por hacer realidad sus considerables posibilidades, el gobierno de Bush tiró la toalla desde el principio.

Podría haber sido en parte una aceptación de la realidad, ya que, teniendo en cuenta la conducta del gobierno de Bush con respecto a los derechos humanos, la candidatura de Estados Unidos habría tenido muchas dificultades para salir elegida. Sin embargo, otra buena parte parece deberse a la arrogancia del gobierno de Bush ante las instituciones multilaterales. En lugar de emprender la tarea complicada, pero esencial, de desarrollar una amplia coalición global pro derechos humanos, Washington tendió a la crítica explosiva desde fuera cuando no logró lo que quería. Dado que uno de los aliados tradicionales más poderosos del movimiento pro derechos humanos se retiró sin plantar batalla, no es de extrañar que los aliados que permanecen en el Consejo se enfrenten a una lucha ardua.

Desaprovechar la iniciativa

Como se ha señalado, los saboteadores han tomado el protagonismo en los debates políticos globales sobre derechos humanos, en parte debido a que las principales democracias respetuosas de estos derechos han decido echarse a un lado. Por supuesto, muchas de estas democracias nunca han defendido de manera constante los derechos humanos y tienen una larga tradición de ignorar, y  a veces promover, los abusos cometidos por sus aliados o socios estratégicos. Pero las esperanzas de que el nuevo siglo trajera consigo una política exterior basada en una defensa congruente y de principios de los derechos humanos se han visto frustradas por los arreglos adoptados en la lucha contra el terrorismo y la decepcionante falta de compromiso. En los últimos años hemos sido testigos de una actuación especialmente débil. Parece que estos gobiernos consignan cada vez más la promoción de los derechos humanos a sus relaciones con parias y adversarios.

Estados Unidos fue el principal responsable de algunos casos de ineficacia bilateral. Por ejemplo:

• Washington suministró una asistencia masiva a las fuerzas armadas pakistaníes, pero hizo muy poco por frenar el uso de la tortura y la desaparición de sospechosos por parte de la Dirección de Inteligencia Inter-Services. De hecho, la CIA colaboró estrechamente con los servicios de inteligencias pakistaníes en la detención de presuntos terroristas y su interrogatorio en prisiones clandestinas. La insistencia de principios de la judicatura pakistaní en investigar estos casos de desapariciones forzosas, así como su falta de voluntad aparente para legitimar la elección del general Musharraf como presidente mientras siguiera formando parte del ejército, hizo que Musharraf destituyera al presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, y a otros magistrados del Tribunal. Washington insistió muy poco en su restablecimiento en el cargo o en que Musharraf se sometiera al Estado de derecho. Musharraf renunció finalmente al cargo debido a la presión interna, pero la preocupación prioritaria de Washington por que no humillaran a un estrecho aliado frustró los esfuerzos para que rindiera cuentas por su conducta ilegal.
• Etiopía ostenta uno de los peores historiales en materia de derechos humanos en África. Sus tropas han utilizado políticas contrainsurgentes de tierra arrasada, que incluyen el estrangulamiento de personas y el incendio de aldeas para desplazar a los residentes rurales de origen somalí de la región de Ogaden. En Somalia, las fuerzas etíopes han bombardeado indiscriminadamente zonas urbanas densamente pobladas así como torturado y ejecutado a presuntos simpatizantes de grupos insurgentes. Mientras tanto, el gobierno etíope ha usado la violencia y la detención arbitraria para reprimir la disidencia pacífica dentro del país. Sin embargo, al ser un importante aliado regional en la lucha contra el terrorismo, Etiopía se beneficia de unos 700 millones de dólares anuales del gobierno de Estados Unidos y de un notable silencio de Washington con respecto a estas atrocidades.
• En 2005, Washington demostró brevemente su capacidad para obtener concesiones en materia de derechos humanos del gobierno egipcio, pero se retractó de promover reformas cuando las elecciones parlamentarias dieron muchas alas a la Hermandad Musulmana. Con la recuperación del apoyo incondicional de Estados Unidos (Egipto sigue siendo el segundo beneficiario mundial de la asistencia estadounidense), el gobierno egipcio ha retomado la detención y el maltrato de activistas pro democracia, entre ellos miles de miembros de la Hermandad Musulmana; el enjuiciamiento de periodistas, editores y escritores por reclamar elecciones libres o incluso comentar sobre el estado de salud del presidente Hosni Mubarak; la tortura generalizada; el maltrato a refugiados mediante el retorno a la fuerza de muchos de ellos a Eritrea y Sudán; y, desde 2007, el asesinato de al menos 32 migrantes que intentaban cruzar la frontera con Israel.

En otros casos, los principales responsables de la débil respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos fueron la Unión Europea y sus Estados miembros:

• La UE impuso sanciones (un embargo de armas y restricción de visados a algunos altos funcionarios) a Uzbekistán después de la masacre de manifestantes ocurrida en 2005 en Andizhán. Desde entonces, la política de la UE con respecto a Uzbekistán ha sido un buen ejemplo de capitulación. Inicialmente, el levantamiento de las sanciones de la UE estaba condicionado a la aceptación de Tashkent de una investigación independiente internacional sobre la matanza. El gobierno uzbeco se negó y, por el contrario, arrestó a testigos de los asesinatos a los que obligó a exculpar al gobierno. No obstante, la UE fue reduciendo gradualmente las sanciones, justificándolo como “gestos constructivos” para animar al gobierno uzbeco a emprender las reformas necesarias. Hay que reconocer que la UE condicionó el levantamiento de las sanciones a la puesta en libertad de todos los defensores de los derechos humanos encarcelados. Pero cuando Tashkent volvió a negarse, la UE se encogió de hombros y levantó igualmente las sanciones. Algunos ejemplos de los “avances” que sirvieron para justificar esta rendición eran que Tashkent había puesto en libertad a algunos presos políticos, aunque hubiera encarcelado a otros, y había sido sede de un seminario sobre libertad de prensa, a pesar de la carencia real de libertad de prensa en Uzbekistán.
• Cuando las fuerzas del líder rebelde Laurent Nkunda atacaron y amenazaron a civiles en la región oriental de la República Democrática del Congo, los gobiernos británico y francés tomaron las riendas y enviaron a sus ministros de exteriores a la zona, pero sus expresiones de preocupación no se tradujeron en un refuerzo sustancial de la protección de los civiles del Congo occidental. En lugar de movilizar inmediatamente a una modesta fuerza de pacificación europea, la EU arrastró los pies durante unas semanas críticas. El Consejo de Seguridad autorizó una ligera expansión de la fuerza de pacificación de la ONU en la región, aunque, a finales de noviembre de 2008, no se había comprometido a mejorar la calidad y la capacidad de la fuerza necesaria para proteger a los civiles. Cabe destacar la reticencia de la UE a movilizar a los dos “grupos de combate” de 1,500 efectivos que había creado en 2007 para situaciones precisamente como ésta; lo que hizo dudar de que alguna vez se fueran a usar estas fuerzas de protección.
• Cuando las fuerzas del líder rebelde Laurent Nkunda atacaron y amenazaron a civiles en la región oriental de la República Democrática del Congo, los gobiernos británico y francés tomaron las riendas y enviaron a sus ministros de exteriores a la zona, pero sus expresiones de preocupación no se tradujeron en un refuerzo sustancial de la protección de los civiles del Congo occidental. En lugar de movilizar inmediatamente a una modesta fuerza de pacificación europea, la EU arrastró los pies durante unas semanas críticas. El Consejo de Seguridad autorizó una ligera expansión de la fuerza de pacificación de la ONU en la región, aunque, a finales de noviembre de 2008, no se había comprometido a mejorar la calidad y la capacidad de la fuerza necesaria para proteger a los civiles. Cabe destacar la reticencia de la UE a movilizar a los dos “grupos de combate” de 1,500 efectivos que había creado en 2007 para situaciones precisamente como ésta; lo que hizo dudar de que alguna vez se fueran a usar estas fuerzas de protección.
• La UE levantó una prohibición de entrada a la región del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, a pesar de que no hubo mejoras concretas en la terrible situación de los derechos humanos en el país. La decisión estuvo motivada por el empeoramiento de las relaciones de la UE con Rusia, y la esperanza de los gobiernos europeos de acercar a Bielorrusia al occidente.

Gran Bretaña, muy lejos de responder a las violaciones cometidas por otros, amenazó con implicarse en el abuso al seguir insistiendo en el derecho a enviar a sospechosos de terrorismo a gobiernos que practican la tortura. Para ello confiaría en las endebles garantías diplomáticas del trato humano por parte de gobiernos que incumplen habitualmente sus obligaciones internacionales de no practicar la tortura. Gran Bretaña no ha logrado hasta ahora desarrollar una posición común en la UE de apoyo a esta práctica, pero su mal ejemplo ha inspirado a otros gobiernos (entre ellos los de Dinamarca, Italia, Kirguistán, Rusia, España y Suiza) y ha debilitado, por lo tanto, la prohibición mundial de la tortura. Gran Bretaña también intentó crear una excepción a la prohibición de enviar personas a lugares donde corren el riesgo de maltrato, sin llegar a la tortura, promoviendo una nueva regla que permitiría este tipo de deportación si la presencia continuada de un sospechoso en el país constituyera una amenaza demasiado grande para la seguridad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó unánimemente esta propuesta.

Especialmente en el caso de Oriente Medio, todos los gobiernos de occidente compartieron el mismo nivel de responsabilidad por la falta de promoción de los derechos humanos:

• Dado que Arabia Saudita es productor de petróleo y aliado en la guerra contra el terrorismo, ningún gobierno occidental cuestionó seriamente la virtual inexistencia de libertades políticas y una sociedad civil en el país, o las graves restricciones de los derechos de las mujeres y los migrantes. De hecho, Estados Unidos y Gran Bretaña alabaron y se comprometieron a estudiar y aprender de un programa saudí para la detención de miles de sospechosos de terrorismo sin cargos ni juicio, a los que se ofrece en cambio la opción de “reeducarse”.
• Occidente intentó mejorar activamente sus relaciones con Libia con escasas críticas a las deplorables condiciones de derechos humanos en el país. La decisión de Libia de abandonar sus planes de desarrollo de armas de destrucción masiva y compensar a las víctimas del atentado de Lockerbie ha sido recompensada generosamente con la reanudación de las visitas diplomáticas y la actividad económica. Sin embargo, los gobiernos occidentales apenas se han manifestado sobre la ausencia virtual de libertades civiles y políticas en el país.
• Israel aisló repetidamente a Gaza, bloqueando la importación de combustible, alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Intentó justificar este castigo colectivo contra la población civil como una represalia por los lanzamientos indiscriminados de cohetes de grupos armados de Gaza contra áreas civiles de Israel. Los gobiernos occidentales condenaron públicamente la situación en ocasiones, pero no condicionaron su asistencia masiva a Israel para que produjera un cambio en este aspecto. Israel tampoco sufrió ninguna consecuencia por la expansión de sus asentamientos ilegales ni la construcción del muro o la barrera dentro de Cisjordania.

En el resto del mundo, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania y los Países Bajos intentaron, al menos al principio, menoscabar la prohibición absoluta de las municiones de racimo procurando que se incluyeran excepciones para ciertos tipos de municiones, mismos que solían formar parte de sus arsenales. Es importante que la prohibición fuera absoluta porque, como ocurrió con el tratado sobre las minas terrestres,  es previsible que algunas grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China rechacen el tratado, pero la prohibición absoluta estigmatizaría este tipo de armas y aumentaría de todos modos las dificultades políticas para su uso. Una coalición liderada por Austria, Irlanda, México, Noruega y Nueva Zelanda superó esta resistencia y logró una prohibición total.

De manera similar, la Convención de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares no ha sido ratificada por ningún Estado miembro de la UE, ni por Australia, Canadá, Japón o Estados Unidos. Hasta la fecha, el tratado sólo ha sido adoptado por países de origen de trabajadores migratorios, lo que debilita considerablemente su capacidad para proteger a una población numerosa y vulnerable.

Algunas de las principales democracias del mundo demostraron a veces un liderazgo positivo en materia de derechos humanos:

• El primer ministro británico Gordon Brown se negó a asistir a una cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana debido a la presencia del presidente zimbabuense Robert Mugabe. 
• Douglas Alexander, secretario de desarrollo internacional británico, sugirió que iba a condicionar la ayuda a Etiopía al cese de los abusos en la región de Ogaden. Esto significó un posible cambio al silencio tradicional de Gran Bretaña con respecto a los abusos cometidos por el gobierno etíope, mientras le ofrecía un sustancial apoyo financiero
• En protesta por el apoyo de Ruanda a las fuerzas abusivas de su aliado en el Congo oriental, el líder rebelde Laurent Nkunda, los Países Bajos reasignaron su ayuda para el desarrollo de Ruanda al Congo oriental.
• Estados Unidos, Australia y la Unión Europea impusieron sanciones contra Birmania por su brutal represión de los manifestantes pacíficos, a pesar de las presiones en contra de China y los gobiernos de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, en inglés).
• La canciller alemana Angela Merkel boicoteó las ceremonias inaugurales de los Juegos Olímpicos de Beijing en protesta por la represión china en el Tíbet.
• A pesar de su oposición a la Corte Penal Internacional, el gobierno de Bush encabezó los esfuerzos para evitar la suspensión de la iniciativa de la CPI para enjuiciar al presidente sudanés Bashir.

Sin embargo, estos ejemplos positivos no se reprodujeron con la suficiente frecuencia para que la defensa de los derechos humanos cobrara el impulso necesario para eludir la presión destructiva de los saboteadores.

La UE y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La debilidad del apoyo de la UE a los derechos humanos se puso especialmente de manifiesto en organismos multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos. Como se señaló anteriormente, el gobierno de Bush ni siquiera intentó hacerlo funcionar y dejó esa tarea en manos de otros. La UE ha hecho algunos esfuerzos por asumir el liderazgo en Ginebra, pero los diplomáticos europeos suelen caer en el derrotismo.

Gran parte de esta situación se deriva de la labor extenuante de la UE para desarrollar el consenso en torno a una política común. En términos generales, el Consejo se divide entre los gobiernos que tienden a apoyar las iniciativas pro derechos humanos, los gobiernos que tienden a oponerse a ellas y los gobiernos indecisos (que han tendido a alinearse con los saboteadores, pero podrían inclinarse más a una dirección pro derechos humanos). La UE podría haber ofrecido una dirección estratégica general para que sus diplomáticos pudieran actuar de manera creativa y enérgica para obtener una mayoría interregional y pro derechos humanos entre los indecisos.

Sin embargo, la UE dejó que la formación del consenso interno se convirtiera en un ejercicio de microgestión. Los diplomáticos de la UE dedicaron tanto tiempo a la negociación de un consenso minucioso entre sus miembros, lo que consiste habitualmente en la aprobación al pie de la letra de cualquier resolución propuesta, que, para cuando logran un acuerdo entre los 27 miembros, están tan agotados que no les queda energía ni flexibilidad para diseñar un consenso entre otros posibles aliados. Para no tener que reanudar el trabajoso proceso de formación de un nuevo consenso europeo, los diplomáticos de la UE  tienen que evitar ofrecer verdaderas contraprestaciones e intentar en cambio convencer a los demás de que acepten al pie de la letra la posición acordada por la UE. Huelga decir que esta postura negociadora no es eficaz.

Esta estrategia tiende a empeorar el ambiente ya enrarecido de los países occidentales contra el resto del mundo que predomina frecuentemente en la ONU. Esta polarización y “mentalidad de bloque” hace aún más difícil que los países moderados se distancien de saboteadores como Argelia, Egipto y Sudáfrica, que suelen dominar las deliberaciones de la Unión Africana, y dificulta la obtención de una mayoría interregional y pro derechos humanos.

Incluso cuando la UE ha estado dispuesta a actuar, su reticencia a criticar las políticas antiterroristas abusivas de Washington la ha expuesto a las acusaciones de selectividad y doble rasero. Por ejemplo, al negarse a respaldar una iniciativa apoyada por Cuba en el seno del Consejo de Derechos Humanos criticando la situación en Guantánamo (a pesar de que la propuesta de resolución se expresó deliberadamente en exactamente los mismos términos que la resolución previa del Consejo de Europa), la UE contribuyó a la mentalidad proteccionista que plaga ahora al Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, al aceptar que se pusiera fin al escrutinio de la ONU sobre Irak y Afganistán después de las invasiones de Estados Unidos, la UE facilitó que otros pudieran oponerse a resoluciones contra sus países amigos.

Ante su incapacidad consiguiente para obtener un apoyo mayoritario a los derechos humanos en el Consejo, la UE tiende a conformarse con una forma diluida de consenso para algunas resoluciones, como la relativa a Sudán, o arroja directamente la toalla, como en el caso de las decisiones para poner fin a la labor de un grupo de expertos en Darfur o para terminar con el escrutinio de la situación en Bielorrusia o Cuba. De manera similar, a pesar de las atrocidades masivas que están ocurriendo en la región oriental de la República Democrática del Congo, la UE aceptó una resolución de “compromiso” promovida por Egipto para poner fin al mandato del experto independiente de la ONU sobre el Congo; y aceptó como excusa la programación de un nuevo debate sobre el país un año después.

Recuperar la iniciativa 

El hecho de que la iniciativa sobre los derechos humanos esté en manos de gobiernos que no desean la protección internacional no debería generar desesperación, sino resolución. El nuevo gobierno de Obama en Washington ofrece la esperanza de un liderazgo en la promoción de los derechos humanos. Si la Unión Europea puede generar la voluntad política y superar su autoimpuesta parálisis procesal,  estará en condiciones de contribuir a la formación de una verdadera coalición global pro derechos humanos que pueda arrebatar la iniciativa a los saboteadores.

Para que su respaldo a la promoción de los derechos humanos sea eficaz, los gobiernos deben acatar ciertas reglas. Primero, deben garantizar su escrupuloso respeto por los derechos humanos; porque la legislación internacional les obliga a ello, porque sienta un ejemplo positivo y porque el cumplimiento contribuye a silenciar las acusaciones de hipocresía. También deben abandonar los esfuerzos por menoscabar las normas de derechos humanos, como la prohibición de la tortura en el contexto de la lucha contra el terrorismo o la protección de los refugiados por la premura en el desarrollo de una política común de asilo. Cuando estos gobiernos reciban críticas por violaciones de los derechos humanos, deben aceptarlas como una opinión legítima, en lugar de una afrenta que deben rechazarse reflexivamente.

En su política exterior, estos gobiernos deben promover los derechos humanos lo más equitativamente que puedan. Esto significa criticar no sólo a los Estados parias sino también a los amigos cuando se cometan graves violaciones de los derechos humanos. También deben aumentar  la importancia de los derechos humanos en sus relaciones con otros gobiernos, asignando la cuestión a altos funcionarios, insistiendo en que los derechos humanos ocupen un lugar destacado en la agenda de las discusiones bilaterales y estableciendo criterios claros para medir el cambio con consecuencias específicas para la indiferencia o el retraimiento.

En los organismos multilaterales, estos gobiernos deben darle mucha prioridad a la formación de una mayoría pro derechos humanos animando a los países que respetan estos derechos en todas las regiones a que se expresen abiertamente sobre el tema. Con respecto al Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, se debe fomentar que estos países presenten su candidatura, mientras se rechazen activamente las candidaturas de los saboteadores y sus aliados. Las derrotas en años recientes de las candidaturas de Bielorrusia y Sri Lanka son un ejemplo de lo que debería hacerse con más frecuencia.

Se debe intentar también garantizar que los gobiernos que obstruyan la defensa de los derechos humanos paguen un precio político en sus países. Los gobiernos democráticos con sociedades civiles vivaces, como India o Sudáfrica, logran adoptar posiciones contrarias a los derechos humanos sin consecuencia alguna porque muy pocos de sus ciudadanos dan un seguimiento a sus votos en los organismos intergubernamentales y sus medios de comunicación informan muy pocas veces sobre ello. Por lo tanto, cuando votan a favor de los gobiernos de Birmania, Sudán o Zimbabue, no se enfrentan a las críticas que recibirían con toda seguridad si intentaran adoptar políticas nacionales igual de retrógradas. Una primera medida útil sería invitar a periodistas y representantes de la sociedad civil a visitar Nueva York, Ginebra y las capitales regionales para que observen la conducta e influyan en las decisiones de sus gobiernos.

También es importante reconocer que muchos gobiernos meridionales tienen quejas legítimas sobre la conducta de los gobiernos occidentales. Estas quejas no justifican su hostilidad con los derechos humanos, pero afectan claramente su perspectiva. Para aumentar el número de gobiernos meridionales dispuestos a promover los derechos humanos habrá que abordar su percepción de que la preocupación occidental por los derechos humanos varía en función del interés estratégico, que países poderosos pueden actuar mal sin consecuencia y que las regiones más ricas del mundo no están lo suficientemente preocupadas por los derechos económicos y sociales del sur, como el derecho a la alimentación en el contexto de la subida constante de los precios o el derecho a la atención básica a la salud en medio de una económica en declive. Un compromiso verdadero para reconocer estas preocupaciones contribuirá a recabar el apoyo de países como Ghana, Zambia, México, Perú, Indonesia y Filipinas, que deberían estar ejerciendo un mayor liderazgo con respecto a los derechos humanos en los organismos internacionales y regionales.

Finalmente, existe la necesidad de acabar con la mentalidad de bloque que lleva a muchos gobiernos a condicionar su voto (casi por defecto) al de sus grupos regionales, incluso cuando sus opiniones son más progresistas. Hay que animar a los países moderados a que se distancien de los saboteadores que suelen dominar los bloques de votantes. Es decir que, en el caso de África, se debe fomentar que Ghana y Zambia tomen distancia de Argelia y Egipto. En Asia, se debe alejar a Filipinas y Tailandia de Birmania y Vietnam. Para lograrlo hará falta estrategia y visión, compromiso y diplomacia; siempre con el objetivo de establecer una relación con los países moderados, tomarse en serio sus preocupaciones y atraerlos al lado de los defensores de los derechos humanos.

Una nueva dirección en Washington

El éxito de cualquier esfuerzo para recobrar la iniciativa de manos de  los saboteadores dependerá en gran medida de Washington. El gobierno de Obama debe revertir los enormes daños causados por su predecesor y empezar a restablecer la reputación y la eficacia del gobierno estadounidense como defensor de los derechos humanos. Para empezar, es esencial cambiar la política de Estados Unidos de lucha contra el terrorismo. Algunas de las medidas que debe adoptar el presidente Obama son:

• Cerrar permanentemente los centros clandestinos de detención de la CIA. Bush sugirió que sólo los había vaciado temporalmente.
• Aplicar a la CIA el nuevo reglamento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (revisado tras el escándalo de Abu Ghraib), que prohíbe la coacción en los interrogatorios. El Congreso había intentado legislar dicha prohibición, pero Bush vetó el proyecto de ley, y no hubo suficientes votos para anular el veto.
• Cerrar el centro de detención de Guantánamo sin trasladarlo efectivamente al interior del país permitiendo la detención sin juicio en Estados Unidos. Esto implica repatriar o enjuiciar a todos los detenidos, y garantizar que los procesos se celebren en tribunales ordinarios, no en las comisiones militares carentes de garantías, que permiten condenas penales basadas en confesiones obtenidas mediante coacción, o cualquier otro tribunal “especial” que comprometa las garantías procesales. También conlleva abandonar la teoría radical de que los sospechosos de terrorismo detenidos en cualquier parte del mundo, incluso lejos de cualquier campo de batalla reconocible como tal, pueden ser considerados combatientes enemigos sin derecho a garantías de las leyes de derechos humanos.
• Poner en marcha una comisión de investigación no partidista e integrada por profesionales, con autoridad para citar a testigos, encargada de determinar quién autorizó estos abusos graves, qué responsabilidades deben exigírseles y qué medidas deben adoptarse para garantizar que no vuelva a repetirse este terrible episodio de la historia de Estados Unidos. Este proceso de denuncia, reconocimiento y repudio es importante para que los abusos cometidos por el gobierno de Bush no sirvan de precedente para futuras épocas de amenazas contra la seguridad.

El gobierno de Obama debe señalar también que, a partir de ahora, el gobierno de Estados Unidos acatará las obligaciones de las leyes internacionales de derechos humanos y renovará su participación en las instituciones internacionales para que se hagan cumplir dichas leyes. El presidente Obama debe:

• Presentar la candidatura de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de convertirla en una institución eficaz para la promoción de los derechos humanos. Aunque una candidatura presentada durante el gobierno de Bush podría haber fracasado fácilmente, es probable que una candidatura del gobierno de Obama logre su objetivo.
• Señalar su intención de volver a participar de manera constructiva en la Corte Penal Internacional, reanudando su firma del Tratado de la CPI, revocando la Ley de Protección de los Militares Estadounidenses (que dispone la interrupción de la asistencia a los gobiernos que no se comprometan a no entregar nunca a un ciudadano estadounidense a las autoridades judiciales internacionales y autoriza la invasión de La Haya para liberar a cualquier estadounidense encarcelado), y apoyando a la CPI políticamente y en la práctica. El nuevo gobierno también debe emprender el trabajo político interno para que Estados Unidos ratifique el Tratado de la CPI.
• Ratificar otros tratados fundamentales de derechos humanos, como la nueva convención contra las desapariciones forzadas (como muestra de su compromiso de no volver a recurrir nunca a esta práctica despreciable), los tratados largamente ignorados sobre los derechos de las mujeres y los niños (ratificados prácticamente por todos los países menos Estados Unidos), el tratado sobre derechos económicos, sociales y culturales (para asegurar la protección social dentro del país mientras ayuda a formar una alianza interregional más amplia pro derechos humanos en el extranjero), el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (que establece normas para la conducta en la guerra que Estados Unidos ya acepta ampliamente como derecho consuetudinario), y los tratados adoptados más recientemente para salvar vidas como los de la prohibición de las municiones de racimo y las minas terrestres antipersonales (armas que de todos modos serían difíciles de emplear  por las fuerzas armadas estadounidenses debido a su grado de estigmatización). 

Finalmente, el presidente Obama debe reevaluar sus relaciones bilaterales con ciertos gobiernos, cuya importancia como aliados estratégicos o en la lucha contra el terrorismo hizo que el gobierno de Bush pasara por alto sus abusos. Estados Unidos debe usar su considerable influencia económica para promover el cese de los abusos cometidos por sus estrechos aliados, como las atrocidades del gobierno etíope en Ogaden y Somalia, el uso de la tortura y las “desapariciones” por parte de las fuerzas armadas pakistaníes, el silenciamiento de Egipto de la oposición política, el empleo por parte de Israel del castigo colectivo en respuesta a los ataques con cohetes desde Palestina contra civiles israelíes y la obstrucción de Colombia a la investigación de las relaciones entre altos funcionarios del gobierno y las fuerzas paramilitares asesinas.

Conclusión

Al igual que otras iniciativas globales, la promoción eficaz de los derechos humanos no puede ignorar los cambios de poder en el mundo. El papel tradicional de los países de occidente en la promoción de los derechos humanos ya no es suficiente. Se deben formar nuevas coaliciones estableciendo relaciones con otras democracias que respetan ampliamente los derechos humanos dentro de sus fronteras y podrían unirse a los esfuerzos para promover los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, dichas coaliciones no pueden formarse sin cambios importantes en la política y la estrategia de las principales democracias del mundo.

Actualmente, la defensa eficaz de los derechos humanos requiere nuevos compromisos: respetar minuciosamente los derechos humanos en la conducta dentro del país, insistir en el rendimiento de cuentas por abusos graves sin importar quién sea el responsable, promover los derechos humanos constantemente sin favoritismo hacia los aliados o socios estratégicos, y establecer relaciones con posibles nuevos aliados mostrándose dispuesto a abordar sus preocupaciones en materia de derechos humanos. Nada de esto es imposible. Los que consideran que los cambios globales en el poder son un presagio de la caída de los derechos humanos creen también que la deficiente conducta actual de las principales democracias es una realidad inmutable.

Sin embargo, para que la defensa de los derechos humanos sea satisfactoria, estas democracias tienen que reexaminar seriamente su conducta y estar dispuestas a modificar el rumbo. La llegada del gobierno de Obama a Washington, con su aparente determinación a poner fin a los desastrosos abusos cometidos durante la era Bush, constituye una oportunidad ideal. La comunidad internacional pro derechos humanos tiene por delante la tarea de convencer a sus simpatizantes (tanto los tradicionales como los posibles nuevos aliados) de que aprovechen la oportunidad. Esto sería un verdadero motivo de celebración coincidiendo con el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este informe

Este informe es el décimo noveno examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas en materia de derechos humanos en todo el mundo. Resume cuestiones clave de derechos humanos en más de 90 países y territorios del mundo, partiendo de los acontecimientos ocurridos hasta noviembre de 2008.

En cada sección sobre países se identifican los problemas importantes de derechos humanos, se examina la libertad de los defensores locales de los derechos humanos para realizar su trabajo y se evalúa la respuesta de actores clave internacionales, como las Naciones Unidas, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y varias organizaciones e instituciones regionales e internacionales.

Este informe es un reflejo del extenso trabajo de investigación emprendido en 2008 por los investigadores de Human Rights Watch, que habitualmente colaboran estrechamente con activistas pro derechos humanos del país en cuestión. También refleja el trabajo de nuestro equipo de incidencia política, que da seguimiento a los acontecimientos políticos y se esfuerza por persuadir a los gobiernos y las instituciones internacionales para que frenen los abusos y promuevan los derechos humanos. Las publicaciones de Human Rights Watch, que se editan durante todo el año, contienen información más detallada sobre muchos de los temas tratados en los resúmenes breves de este informe anual. Pueden consultarse en el sitio web de Human Rights Watch, www.hrw.org.

Al igual que en años anteriores, este informe no incluye un capítulo sobre cada país del que Human Rights Watch se ocupa, ni analiza cada cuestión importante. El hecho de que no aparezca un país o un tema particular no suele deberse más que a las limitaciones de personal y no debe interpretarse como una valoración del problema. Human Rights Watch carece simplemente de la capacidad necesaria para abordar todas las violaciones graves de los derechos humanos.

Los factores que hemos tenido en cuenta para determinar el enfoque de nuestro trabajo en 2008 (y por lo tanto el contenido de este informe) incluyen el número de personas afectadas y la gravedad del abuso, el acceso al país y la disponibilidad de información sobre él, la susceptibilidad de los responsables de las violaciones a la influencia y la importancia de abordar ciertas preocupaciones temáticas y fortalecer el trabajo de las organizaciones locales de derechos humanos.

El Informe Anual no contiene capítulos separados sobre nuestro trabajo temático, sino que incorpora directamente esa información a las secciones sobre países. Puede consultar el sitio web de Human Rights Watch para obtener información más detallada sobre nuestro trabajo acerca de los derechos del niño; derechos de la mujer;  cuestiones de armamento y militares; el mundo de los negocios y los derechos humanos; el VIH/SIDA y los derechos humanos;  justicia internacional;  terrorismo y antiterrorismo; refugiados y personas desplazadas; derechos de lesbianas, gay, bisexuales y transgénero; y nuestros festivales internacionales de cine.

Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch.