LA “SEXTA DIVISIÓN”

                    Relaciones militares-paramilitaresy la política estadounidense en Colombia

AGRADECIMIENTOS

Joanne Mariner y Malcolm Smart editaron este informe. Wilder Tayler ofreció orientación en relación con el derecho internacional. Craig Bloom aportó asistencia legal adicional. José Miguel Vivanco también agregó orientaciones editoriales. Chuck Call formó parte de la misión que condujo al informe. Galen Joseph ofreció asistencia editorial. Jon Balcom, Patrick Minges, Jennifer Gillespie y Marijke Conklin contribuyeron de manera incalculable a la producción. Juan Luis Guillén hizo la traducción.

Human Rights Watch quiere dar las gracias a los testigos presénciales, los investigadores del gobierno, las autoridades municipales, los trabajadores de iglesias, los grupos de derechos humanos, los periodistas y el resto de personas que nos ayudaron a reunir el material empleado para escribir este informe. Por razones de seguridad, muchos de ellos nos pidieron que no utilizáramos sus nombres. Hablaron con nosotros por su compromiso con la justicia y con la expectativa de que el respeto a los derechos humanos no sea un ideal, sino una necesidad que no puede postergarse.

GLOSARIO DE SIGLAS

ASFADDES: Asociación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia

CCJ: Comisión Colombiana de Jurista

CINEP: Centro para la Educación y la Educación Popular

PNC: Policía Nacional de Colombia

CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

COEMM: Comando Operativo Especial del Magdalena Medio de la PNC

CREDHOS: Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos

CTI: Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General

CUT: Central Unitaria de Trabajadores

DAS: Departamento Administrativo de Seguridad

EUM: Informe de control del uso final

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo

GRUDH-INSGE: Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (organismo de la Organización de Estados  Americanos)

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja

INL: Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos

INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MAS: Muerte a Secuestradores

MINGA: Asociación para la Promoción Social Alternativa

OFP: Organización Femenina Popular

ONDCP: Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de las Drogas

PBI:  Brigadas Internacionales de Paz

ACNUDH: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

UC-ELN: Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USAID: Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo

I. RESUMEN Y RECOMENDACIONES

“Sexta División” es una expresión que se utiliza en Colombia para denominar a los grupos paramilitares. Las Fuerzas Armadas de Colombia cuentan con cinco divisiones, pero muchos colombianos dijeron a Human Rights Watch que los paramilitares están tan plenamente integrados en la estrategia de combate del Ejército, coordinados con sus soldados sobre el terreno y vinculados con las unidades gubernamentales mediante la inteligencia, las provisiones, las radios, el armamento, el dinero y un propósito común, que constituyen efectivamente una sexta división de las Fuerzas Armadas.

Está claro que la realidad colombiana es más compleja de lo que indica esta percepción. El Presidente Andrés Pastrana, su vicepresidente, los ministros del Gobierno colombiano, los diplomáticos y los generales de alto rango han denunciado públicamente por igual a los grupos paramilitares. Cada vez se detiene a más combatientes paramilitares. Esto contrasta claramente con años anteriores, cuando los comandantes militares negaban incluso la existencia de los paramilitares y la mayoría de los funcionarios gubernamentales mantenían silencio sobre sus actividades. Hoy en día, los funcionarios colombianos suelen calificar de criminales a los paramilitares, un avance que Human Rights Watch reconoce.

No obstante, la referencia a la “Sexta División” refleja una realidad claramente manifiesta. Human Rights Watch ha documentado pruebas abundantes, detalladas y comprometedoras, que indican que ciertas brigadas del Ejército de Colombia y destacamentos policiales continúan promoviendo, colaborando, apoyando, beneficiándose y tolerando a los grupos paramilitares, tratándolos como una fuerza aliada y compatible con sus tropas.

En su expresión más descarada, las relaciones descritas en este informe conllevan una coordinación activa entre unidades gubernamentales y paramilitares durante operaciones militares; comunicación por radio, teléfonos celulares y buscapersonas (beepers); intercambio de inteligencia, lo que incluye los nombres de presuntos colaboradores de la guerrilla; intercambio de combatientes, entre ellos soldados en el servicio activo que participan en unidades paramilitares y comandantes paramilitares que se albergan en bases militares; intercambio de vehículos, incluido el uso de camiones del Ejército para transportar a combatientes paramilitares; coordinación de retenes del Ejército, que permiten habitualmente el paso de combatientes paramilitares fuertemente armados, y pagos de los paramilitares a oficiales militares a cambio de su apoyo.

En palabras de un funcionario municipal colombiano, la relación entre unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia, especialmente del Ejército, y los paramilitares es un “matrimonio”.

A partir de las pruebas recogidas en este informe, afirmamos que oficiales en brigadas y batallones, y en algunos destacamentos policiales, incumplen, ignoran o esquivan habitualmente las órdenes superiores de romper sus vínculos con los paramilitares. En violación de la ley y de las directivas de sus superiores, estos oficiales mantienen relaciones estrechas y regulares con los grupos responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

 Human Rights Watch considera responsable al Gobierno de Pastrana por la falta dramática y costosa de medidas inmediatas y efectivas para establecer el control de las fuerzas de seguridad, romper los vínculos persistentes con los grupos paramilitares y garantizar el respeto a los derechos humanos. Hasta la fecha, las iniciativas del Gobierno han sido ineficaces o, en algunos casos expuestos en este informe, inexistentes. A pesar de que el Presidente Pastrana deplora públicamente las sucesivas atrocidades, cada una aparentemente más horrible que la anterior, los oficiales de alto rango bajo su mando no adoptan las medidas críticas necesarias para prevenir futuros asesinatos, mediante la suspensión de los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer abusos, la garantía de que sus casos se someterán a las autoridades judiciales civiles y la búsqueda y detención de paramilitares.

Para muchos colombianos, la existencia de una “sexta división” se traduce en un terror diario imposible de recoger en estas páginas. Paramilitares fuertemente armados se desplazan prácticamente sin obstáculos, los líderes paramilitares capturados eluden la detención con facilidad y las fuerzas gubernamentales no hacen más que esfuerzos simbólicos para perseguir y capturar a los paramilitares, incluso cuando se encuentran en ciudades importantes, a corta distancia de bases militares o estaciones de policía, y participando en macabras caravanas de la muerte. Los soldados llegan incluso a decirles a los civiles que después de ellos llegarán los paramilitares, sembrando el pánico y el desplazamiento forzado. Los testigos suficientemente valientes para declarar sobre la “Sexta División” y sus vínculos con las fuerzas de seguridad son amenazados y asesinados con una precisión escalofriante.

Mientras tanto, los paramilitares conceden entrevistas en exclusiva a docenas de periodistas, se dirigen a presidentes, académicos internacionales y ministros europeos; se reúnen con altos funcionarios del Gobierno e incluso  reivindican sus crímenes y prometen cometer más, ampliando así, metódicamente, el reino del terror pueblo a pueblo, calle a calle, casa a casa y corazón a corazón.

En este informe, Human Rights Watch se concentra en tres brigadas del Ejército de Colombia. Incluimos también información que vincula a ciertos destacamentos de la Policía con actitudes de tolerancia y apoyo a los grupos paramilitares:

Vigésimo Cuarta Brigada: Human Rights Watch ha recopilado pruebas que demuestran que, en 1999 y 2000, la XXIVa Brigada, con sede en el departamento de Putumayo, coordinó activamente operaciones con los paramilitares y que ciertos oficiales al mando de tropas recibieron pagos regulares de paramilitares a cambio de su cooperación. Esta relación se mantuvo incluso cuando Estados Unidos planeó y puso en marcha su Campaña en el sur de Colombia dentro de la región bajo el control de la XXIVa Brigada. Los batallones antinarcóticos colombianos, creados con asistencia y financiación de Estados Unidos y entrenados por militares estadounidenses, se coordinaron activamente con la XXIVa Brigada, utilizando sus instalaciones, su inteligencia y su apoyo logístico durante la Campaña en el sur de Colombia.

Tercera Brigada: A partir de las pruebas recogidas en informes anteriores, Human Rights Watch ha reunido nueva información que indica que la IIIa Brigada, con sede en Cali, Valle, ha seguido promoviendo y asistiendo a los paramilitares en el suroeste de Colombia y coordinándose con ellos. Según los testimonios recabados por Human Rights Watch, los oficiales de la IIIa Brigada mantuvieron comunicación constante con los paramilitares sobre el terreno mediante teléfonos celulares y radios. También se informó de que los soldados estaban “pluriempleados” como paramilitares, y que los paramilitares se quedaban en bases militares y empleaban el transporte militar. Los soldados amenazaron también habitualmente a civiles, diciéndoles que las fuerzas paramilitares llegarían después de las tropas del Ejército de Colombia y cometerían atrocidades cuando se fueran.

Quinta Brigada: La zona bajo la jurisdicción de la Va Brigada, con sede en Bucaramanga, Santander, fue testigo de una reciente y exitosa ofensiva paramilitar. Los paramilitares tomaron control de más de una docena de pueblos a orillas del río Magdalena prácticamente sin ninguna resistencia, ni siquiera respuesta, por parte de las fuerzas de seguridad colombianas. Los paramilitares lograron tomar, por primera vez, una ciudad importante: Barrancabermeja. Incluso cuando los paramilitares toman barrios enteros y realizan amenazas, las autoridades militares y policiales locales se muestran mayoritariamente pasivas y se sirven de excusas para eludir la responsabilidad por no haber tomado medidas efectivas.

Algunos funcionarios del Gobierno —la Fiscalía General de la Nación, los miembros de su Unidad Nacional de Derechos Humanos, los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General, los miembros de la Defensoría del Pueblo y la Dirección de la Policía Nacional de Colombia (PNC)— han emprendido acciones contra los paramilitares. Han registrado sus abusos, detenido a líderes paramilitares, requisado su armamento y evitado algunas masacres. Pero sus actuaciones se han visto constante y eficazmente socavadas, canceladas y, en algunos casos, totalmente revertidas por las acciones promovidas por la alianza militar-paramilitar.

Testigos presénciales, funcionarios municipales y hasta los propios investigadores del Gobierno entregaron habitualmente a las fuerzas de seguridad informes detallados e información actualizada sobre la ubicación exacta de las bases paramilitares: números de licencia, colores y modelos de los vehículos paramilitares; número de celular y buscapersonas utilizados por los paramilitares, y nombres de paramilitares. Sin embargo, a pesar de las docenas de alertas tempranas de las atrocidades planeadas, los paramilitares avanzaron, asesinaron, mutilaron, quemaron, destruyeron, robaron y amenazaron con virtual impunidad y, con frecuencia, delante de las narices de agentes de las fuerzas de seguridad que habían jurado hacer respetar el orden público.

En este informe, Human Rights Watch describe varios casos en los que las fuerzas de seguridad, en particular las Fuerzas Armadas, no hicieron nada contra los paramilitares o participaron en acciones que no produjeron más que retrasos y permitieron que los paramilitares continuaran sus actividades con impunidad. Las tropas sólo se presentaron en los lugares donde los paramilitares cometieron graves abusos para contar los cuerpos, fotografiar los daños y dar excusas por no haber protegido a civiles y no haber capturado a los paramilitares responsables de los abusos. Mientras tanto, siguen sin hacerse efectivas miles de órdenes de arresto contra paramilitares porque las Fuerzas Armadas han decidido no ejecutarlas.

Importantes organismos del Gobierno colombiano —la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y especialmente las propias Fuerzas Armadas— no han tomado las medidas necesarias para tratar esta grave situación. En cambio, han dedicado considerable cantidad de energía y tiempo a una campaña de relaciones públicas destinada a demostrar que las Fuerzas Armadas han avanzado en la lucha contra los paramilitares. Human Rights Watch ha revisado muchos de los cientos de informes, gráficos, declaraciones, comunicados de prensa, panfletos, pósters, avisos y revisiones estadísticas del Gobierno colombiano que integran esta campaña. Sin embargo, Human Rights Watch halló que mucha de esta información era engañosa o parcial, y no refleja un análisis objetivo o una imagen exacta de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Sigue existiendo un abismo entre las palabras y las acciones efectivas.

Human Rights Watch dedica parte de este informe a la política de Estados Unidos con respecto a Colombia. La legislación estadounidense al respecto, conocida como Enmienda Leahy, prohíbe que la ayuda militar llegue a unidades de las fuerzas de seguridad involucradas en una conducta abusiva, hasta que se adopten medidas efectivas para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos. Además, el Congreso de Estados Unidos incluyó condiciones de derechos humanos específicas para Colombia en un paquete de ayuda que supuso un drástico aumento de la ayuda militar al país a partir de 2000. En reiteradas entrevistas con Human Rights Watch, funcionarios estadounidenses en Colombia y Washington nos han demostrado que son conscientes de la existencia de la “Sexta División” y sus efectos perjudiciales para los derechos humanos.

Human Rights Watch sostiene que Estados Unidos ha violado el espíritu de sus propias leyes y en algunos casos ha infravalorado o ignorado pruebas de los lazos constantes entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos paramilitares, con el fin de financiar a las Fuerzas Armadas de Colombia y presionar para obtener más ayuda para sus unidades, entre ellas una implicada en una grave violación. El 22 de agosto de 2000, el Presidente Bill Clinton firmó una exención de las condiciones relativas a  derechos humanos impuestas por el Congreso de Estados Unidos, permitiendo, en esencia, la llegada de ayuda de seguridad a las Fuerzas Armadas de Colombia, a pesar de que el Departamento de Estado había informado de que algunas de sus unidades seguían implicadas en el apoyo a los grupos paramilitares.

Con una firma, la Casa Blanca envío un mensaje directo a los líderes de las Fuerzas Armadas de Colombia que ensombreció cualquier otra indicación relacionada con los derechos humanos. Dicho simplemente, el mensaje rezaba  que mientras las Fuerzas Armadas de Colombia cooperaran con la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico, los funcionarios estadounidenses anularían las condiciones de derechos humanos y esquivarían sus propias leyes sobre derechos humanos.

A juzgar por la conducta de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre el terreno —no por la retórica o los panfletos publicitarios— sus líderes entendieron claramente el mensaje. A pesar de que el Alto Mando de Colombia ha aceptado limpiar los problemas de derechos humanos de algunas de sus unidades, el resto de las Fuerzas Armadas parece tener prácticamente carta blanca para continuar la coordinación activa con los grupos paramilitares responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Como documentamos en este informe, a pesar de las pruebas fiables que implican a una unidad de la Fuerza Aérea de Colombia en un ataque que acabó con las vidas de siete niños y que nunca se investigó ni castigó adecuadamente, Estados Unidos no ha suspendido la ayuda a esta unidad, como exige la ley. La ley que requiere la suspensión no contempla ninguna exención. Además, existen pruebas comprometedoras de la existencia de vínculos entre paramilitares y unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia desplegadas en la campaña contra el narcotráfico en el sur de Colombia, lo que ha permitido que tropas financiadas y entrenadas por Estados Unidos se mezclen libremente con unidades que mantienen estrechos lazos con los paramilitares.

El hecho de que el Gobierno no se haya ocupado efectivamente del problema de la colaboración continua entre sus fuerzas y los paramilitares abusivos y de la impunidad de las Fuerzas Armadas ha contribuido a un deterioro constante y grave de las garantías en materia de derechos humanos. En 2000, la violencia política aumentó marcadamente en Colombia, como resultado de los ataques paramilitares a civiles a los que acusan de simpatizar con la guerrilla y de los ataques de la guerrilla a civiles a los que acusan de simpatizar con los paramilitares. Según el estudio anual de la Policía Nacional de Colombia, el número de masacres registradas en 2000 supuso un aumento del 22 por ciento con respecto al año anterior, la mayoría obra de paramilitares que continúan disfrutando, como mínimo, de la tolerancia de las Fuerzas Armadas de Colombia.  Se calcula que en el año 2000 se vieron forzadas a huir de sus casas 319.000 personas, la cifra más alta de desplazados registrada en los últimos cinco años. En palabras de la Comisión Colombiana de Juristas, estos aumentos son “un reflejo dramático de la barbaridad que estamos viendo todos los días en Colombia”.

RECOMENDACIONES

El Gobierno colombiano debe:

<           combatir efectivamente a los paramilitares y desmantelar permanentemente las organizaciones paramilitares, capturando a sus líderes y procesando y castigando a los responsables de formar, organizar, liderar, pertenecer, asistir y financiar a grupos paramilitares, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad que participan en esta actividad;

<           garantizar que la impunidad ya no protege a los responsables, por acción o tolerancia, de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El Gobierno colombiano debe fortalecer las iniciativas para combatir efectivamente a los grupos paramilitares y asegurar que los sospechosos, y entre ellos los miembros gubernamentales, responden ante tribunales civiles;

<           adoptar medidas urgentes para reforzar la protección de funcionarios judiciales, víctimas y testigos, asignando los recursos necesarios para dicha protección;

<           ordenar a las Fuerzas Armadas que dejen de imponer su jurisdicción sobre casos relacionados con acusaciones de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ambas competencia de los tribunales civiles. En este sentido, el nuevo Código Penal Militar y el Código Penal Común deben interpretarse y aplicarse en consonancia con los compromisos de Colombia conforme a los tratados internacionales que ha ratificado y con los fallos de la Corte Constitucional colombiana;

<           ejecutar plenamente los planes y las leyes vigentes para proteger y asistir a los desplazados forzosos;

<           fortalecer el programa del Ministerio del Interior para la protección de defensores de los derechos humanos y sindicalistas, asignándole los recursos necesarios para responder a la demanda. El Gobierno colombiano debe encargar una evaluación externa del programa para revisar sus resultados y los problemas que afronta, e implementar las recomendaciones para mejorar su funcionamiento;

<           adoptar las medidas urgentes necesarias para proteger efectivamente a los líderes indígenas, comunitarios y de grupos étnicos que han sido amenazados;

<           garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad y los civiles arrestados por denuncias de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario están detenidos en instalaciones seguras dentro de prisiones civiles, tomando para ello medidas especiales para evitar fugas;

<           reformar las normas que rigen las investigaciones y los procesos disciplinarios llevados a cabo por la Procuraduría, el organismo oficial que supervisa la conducta de los empleados del Gobierno, entre ellos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Actualmente, los retrasos implican que muchas investigaciones de la Procuraduría sobre delitos graves contra los derechos humanos se archiven debido a los breves plazos de prescripción de los delitos que establecen las leyes, plazos aún más limitados por la promulgación de la Ley de Seguridad 81. Además, el delito de asesinato no está incluido en el código de infracciones como motivo de suspensión. Se debe ampliar la capacidad de suspender de la Procuraduría, con el fin de que pueda suspender a miembros de las fuerzas de seguridad que probadamente hayan cometidos asesinatos. Actualmente, la pena máxima contemplada es una reprensión severa, una simple carta de advertencia dentro del expediente laboral del funcionario;

<           incrementar significativamente la financiación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General, lo que incluye su programa de protección de testigos, los viajes, el equipo de comunicaciones, la seguridad y la capacidad para reunir pruebas. El trabajo de la Fiscalía General ha contribuido de manera significativa a la protección de los derechos humanos y a la exigencia de responsabilidades por delitos graves, entre ellos, los crímenes cometidos por la guerrilla colombiana. Sin embargo, fiscales e investigadores se enfrentan a drásticos recortes presupuestarios y carecen de recursos para poder investigar plenamente los casos que tienen asignados;

El Gobierno de Estados Unidos debe:

<           incluir requisitos en materia de derechos humanos específicos para el país en toda asistencia de seguridad a Colombia, requisitos que tendrán que cumplirse antes de la entrega de la ayuda. Entre otras condiciones, la ley debe requerir que Colombia muestre resultados tangibles con respecto a la ruptura de las relaciones entre sus fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares; la purga y el procesamiento de los oficiales que colaboran con los paramilitares o toleran su actividad, y la garantía de que los tribunales civiles retendrán la competencia sobre los crímenes contra los derechos humanos o el derecho internacional humanitario cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Esta última condición es un reflejo del fallo de agosto de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia, en el que se disponía que todos los casos relacionados con crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos la ayuda a grupos paramilitares o su instigación, fueran enjuiciados en los tribunales civiles;

<           aplicar consistente y estrictamente la Enmienda Leahy. Se deben descalificar para recibir asistencia de seguridad o entrenamiento de Estados Unidos a las unidades de las fuerzas de seguridad contra las que existan pruebas fiables de violaciones a los derechos humanos, lo que incluye la ayuda a grupos paramilitares o su instigación, hasta que se adopten medidas efectivas para investigar y sancionar las violaciones. Las medidas efectivas no deben limitarse al simple traslado del implicado a otra unidad. Para cumplir la Enmienda Leahy, dicha persona debe ser sometida a investigación y, en su caso, enjuiciamiento ante las cortes civiles;

<           aplicar la Enmienda Leahy a todos los intercambios de inteligencia para garantizar que la información no se comparte con las unidades de las fuerzas de seguridad colombianas que violan los derechos humanos, que éstas no la reciben y que no se entrega a grupos paramilitares que violan los derechos humanos;

<           requerir una sección sobre la observación de las condiciones de derechos humanos específicas para el país y la aplicación de la Enmienda Leahy en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado;

<           aumentar el apoyo financiero a programas que fortalecen los derechos humanos, entre ellos la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General y la protección de defensores de derechos humanos. Los fondos no deben estar sujetos a condición alguna y deben desembolsarse de manera inmediata y efectiva, incluso cuando cese la asistencia en seguridad porque Colombia haya incumplido las condiciones en materia de derechos humanos;

<           nombrar a un funcionario civil en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá encargado a tiempo completo de supervisar, administrar y garantizar la entrega diligente de la ayuda para la protección de los derechos humanos;

<           aumentar el personal civil y los recursos asignados a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado para verificar que las unidades de las fuerzas de seguridad de Colombia cumplen las condiciones de derechos humanos. Se debe requerir al personal que se reúna frecuentemente no solo con fuentes de información dentro de las Fuerzas Armadas y el Gobierno de Colombia, sino también con grupos independientes de defensa de los derechos humanos, la Iglesia, y las organizaciones de ayuda. El objetivo debe ser la recopilación de la mayor cantidad posible de información fidedigna sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas;

<           revisar todos los visados concedidos a personal de las fuerzas de seguridad de Colombia y asegurar que se revocan o se deniegan los visados de entrada en Estados Unidos a personas contra las que existan pruebas fiables que las impliquen en violaciones a los derechos humanos o en actividades de apoyo a grupos paramilitares;

<           incluir en todo asesoramiento y entrenamiento militar estadounidense instrucciones detalladas con respecto a la obligación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad de respetar y defender el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra y el                       Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, los acuerdos internacionales que regulan los conflictos internos. El entrenamiento debe contar con situaciones hipotéticas que reflejen la realidad colombiana, incluida la presencia de grupos paramilitares. El entendimiento y la aplicación del derecho internacional humanitario por parte de los alumnos debe evaluarse de cerca. Se debe invitar a especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a que contribuyan a dicha formación y todos los materiales de instrucción existentes deben revisarse en coordinación con los representantes del CICR, la Defensoría, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de Colombia y un representante de los grupos independientes de defensa de los derechos humanos, para garantizar que los materiales reflejan los máximos niveles de protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

II. LA “SEXTA DIVISIÓN”: UN PADRÓN DE APOYO

El Estado no existe como tal. Lo único que hay es la invasión. Uno  no sabe si son los paramilitares, el Ejército, la Armada o la guerrilla.  Todos son miedosos y arbitrarios.

                                —Mirta, activista negra de la costa del Pacífico

El 17 de enero de 2001, unos cincuenta paramilitares sacaron a la fuerza de sus hogares a docenas de habitantes de Chengue, Sucre.

“Los reunieron en dos grupos en la plaza principal y al otro lado del rudimentario centro de salud”, informó posteriormente The Washington Post. “Después mataron a los hombres uno por uno, aplastándoles la cabeza con grandes piedras y una almádena. Cuando todo terminó, veinticuatro hombres yacían muertos en charcos de sangre. Más tarde se encontraron otros dos en fosas poco profundas. Cuando se fueron las tropas, prendieron fuego al pueblo.”[1]

Entre los muertos de los que se informó se encontraba un chico de dieciséis años con la cabeza separada del cuerpo.[2]

El reportero del periódico TheWashington Post entrevistó a más de dos docenas de habitantes que afirmaron que las Fuerzas Armadas de Colombia ayudaron a coordinar la masacre dejando paso libre a los combatientes, que se identificaron como paramilitares. Los entrevistados declararon también que los militares acordonaron la zona, fingiendo una batalla durante todo el día, lo que permitió a los paramilitares descubrir y asesinar a los colombianos que habían seleccionado como víctimas.[3]

Meses antes, las autoridades locales habían advertido a los militares, la PNC y funcionarios del Gobierno de que los paramilitares planeaban llevar a cabo una masacre. Pero estas peticiones de protección resultaron inútiles.[4] Incluso cuando los paramilitares se trasladaban hacia Chengue para cometer la masacre, los mandos militares responsables de la zona ignoraron información puntual sobre vehículos, paradero y dirección de los paramilitares proporcionada por la policía local.[5]

Meses después, el soldado de la Armada Rubén Darío Rojas fue detenido y acusado de suministrar armas a los paramilitares y de ayudar a coordinar el ataque. Además, la Procuraduría abrió expediente disciplinario al General de Brigada Rodrigo Quiñones y a otros cinco oficiales, por ignorar presuntamente la detallada información sobre los movimientos de los paramilitares en la zona y por no tomar medidas para evitar la masacre. En esa época, Quiñones era Comandante de la Primera Brigada Naval, responsable de la región de Chengue.[6]

El caso Chengue no es nada inusual.[7] Human Rights Watch recibió  informes similares de docenas de testigos, investigadores gubernamentales, defensores de los derechos humanos y periodistas durante el año 2000 y durante una misión en Colombia en enero de 2001, cuando tuvo lugar la masacre de Chengue. Constantemente, los informes describen la tolerancia y el apoyo de las fuerzas de seguridad colombianas, y en especial el Ejército, a los paramilitares, y, en algunas regiones, la coordinación activa de los militares con ellos. Incluso cuando las autoridades electas de Colombia y los altos mandos militares decían promover los derechos humanos, Human Rights Watch descubrió abundantes pruebas fiables de una colaboración continua con los grupos paramilitares responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia y de apoyo a estos grupos.

 “Sigue existiendo una convivencia entre algunos sectores de las fuerzas de seguridad y los paramilitares”, aseguró a Human Rights Watch un alto investigador gubernamental, que, para poder hablar con franqueza, pidió que se mantuviera su anonimato. “Hasta ahora, el Estado todavía no tiene una política clara para combatirlos”.[8]

Esta connivencia también se refleja en el número cada vez mayor de quejas de los ciudadanos por el apoyo directo del Gobierno a los grupos paramilitares. Un informe reciente de la Procuraduría, responsable de investigar y sancionar las infracciones administrativas de los funcionarios, descubrió que en los últimos años habían aumentado esas quejas, encabezadas por 149 quejas contra el Ejército de Colombia.[9]

Además, Human Rights Watch siguió comprobando una amplia tolerancia de las Fuerzas Armadas hacia las atrocidades de los paramilitares. Una y otra vez, las autoridades civiles avisaron con mucha antelación a los mandos militares de las masacres paramilitares o incluso les alertaron cuando las masacres se estaban extendiendo. Al contrario de lo que cabría esperar, los militares no actuaron eficazmente para evitar las matanzas, proteger a los civiles o perseguir a los responsables cuando comenzaron los asesinatos. En vez de eso, alegaron distintas excusas —el tiempo, la distancia, el peligro, el exceso de trabajo o la jurisdicción— para no actuar. El resultado fue totalmente macabro: los civiles se encontraron a merced de asesinos que contaron con esa tolerancia para ejecutar, quemar y aterrorizar.

Para las autoridades civiles que intentaron que los militares intervinieran, fue profundamente frustrante. La historia que se relata a continuación, sobre una masacre en Llorente, Nariño, fue trasmitida a Human Rights Watch por un funcionario del Gobierno colombiano que solicitó permanecer en el anonimato. Según un testigo presencial a quien entrevistó este funcionario, unos 200 paramilitares entraron en Llorente y forzaron a sus habitantes a reunirse en el parque central alrededor de la una de la mañana el 24 de marzo de 2001. Con ellos se encontraba un indígena que parecía haber sido duramente golpeado. Este informante comenzó a señalar a personas a las que acusaba de ayudar a la guerrilla. Cuando unas cuarenta personas fueron separadas de la multitud de 6.000, afirmó el testigo, los paramilitares forzaron a estos cuarenta a subir a un autobús público que habían tomado. Después, los paramilitares robaron varias motosierras a los lugareños.[10]

 La noche misma de la masacre, el gobernador de Nariño se comunicó con el comandante de la Marina en Tumaco para solicitarle su intervención y evitar la masacre. El Comandante le informó que no tenía conocimiento de esos hechos y que al día siguiente investigaría de qué se trataba. El gobernador le dijo que su deber era ir inmediatamente a proteger a la población civil. El comandante le respondió que él no tiene jurisdicción en esa región que eso le corresponde al Batallón [del Ejército de Colombia] que queda en Ipiales [el General José María Cabal, Batallón de Caballería Mecanizada No. Tres] (ojo: este Batallón queda a 250 kilómetros de Llorente y la base de la Marina a sólo 30 kilómetros). Ante esta situación, el gobernador llamó al comandante del ejército en Ipiales, éste le dijo que a esa hora no podía hacer nada por los peligros para su tropa porque esa zona tiene mucha guerrilla, además, que así lo intentara no podría llegar sino hasta dos días después. Ante esto el Gobernador llamó al Comandante de la División con sede en Cali, a esta división pertenece Nariño. El gobernador le advirtió a este General de Cali que si hubo una masacre ellos serían responsables por omisión. Total, no se hizo nada. Al día siguiente de la masacre, el Comandante de la División en Cali llamó al gobernador a decirle que la información que tenía era que se trataba de combates entre los paramilitares y las FARC. Esta información la dieron a conocer mediante un comunicado y así lo confirmó el DAS. Ésta fue la información oficial de los militares, ante la opinión pública y la prensa. Lo cierto es que el combate [entre las guerrillas y los paramilitares] fue ya al final y en las afueras del pueblo. Sobre los 40 desaparecidos no se dice nada [a los que se llevaron en autobús]. El gobernador públicamente ha desmentido esa información de los militares. El ejército de Ipiales llegó sólo hasta las cinco de la tarde del jueves 30 de marzo, es decir, seis días después. La Marina nunca llegó. Durante esos seis días, los paramilitares que seguían con el control del pueblo no permitieron que nadie llegara, menos la prensa. Como en otras masacres, la omisión o acción de los militares es clara. Además, dieron tiempo para que los paramilitares se retiraran.       

          Posteriormente, la Defensoría del Pueblo de Colombia, organismo gubernamental encargado de defender los derechos de los ciudadanos, pidió formalmente a la Procuraduría que abriera una investigación disciplinaria a la IIIa División por no haber actuado,  permitiendo que se llevara a cabo la masacre.[11]

Fuentes entrevistadas por Human Rights Watch que habían tenido contacto directo y reciente sobre el terreno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las describieron como unas fuerzas bien organizadas, armadas y equipadas, sin que sus efectivos parecieran precisamente perseguidos por fuerzas gubernamentales.

Los constantes lazos entre muchas unidades militares colombianas y las AUC han contribuido a lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denominado “el notorio y objetivo agravamiento de la situación del respeto a los derechos humanos y al DIH en Colombia”.[12] El análisis anual de la Policía Nacional de Colombia referido al año 2000 apoya esta triste afirmación. En este informe, la PNC concluye que el número de masacres registradas aumentó de 168 a 236, un incremento de casi el 40 por ciento respecto a 1999. El número total de muertes registradas en estas masacres aumentó aún más, ascendiendo a un total de 1.226 víctimas mortales, 297 más que en l999, lo que representa un incremento del 32 por ciento.[13]

En general, el promedio de víctimas de la violencia política y las muertes en combate se incrementó, durante 2000, de catorce a veinte al día, según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), un respetado grupo de derechos humanos. También en 2000, se calcula que 319.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia política, lo que constituye el mayor número de personas desplazadas registrado en un solo año en los últimos cinco.[14] La CCJ calificó este aumento de “alarmante... es un dramático reflejo de la barbarie que cotidianamente estamos padeciendo en Colombia”.[15] [APÉNDICE I]

Esta tendencia parece empeorar en 2001, año en el que las autoridades han registrado, sólo en los primeros dieciocho días de enero, veintiséis masacres, con un saldo 170 colombianos muertos.[16] A finales de abril, la agencia de servicios sociales de Colombia anunció que el número de matanzas como resultado de la violencia política duplicaba el registrado el año anterior.[17] [ FOTO 1]

La mayor parte de las masacres fueron obra de grupos paramilitares, cuyo crecimiento ha sido explosivo durante el mandato del Presidente Pastrana. El grupo coordinador que agrupa a la mayoría de los paramilitares es las AUC, liderado hasta junio de 2001 por Carlos Castaño, antiguo guía del Ejército de Colombia.[18] Castaño creó las AUC a partir de los restos de un ejército privado organizado por su hermano Fidel, que aterrorizaba a los habitantes de los departamentos de Córdoba y Antioquia, al norte del país, a finales de los años 80.[19]

En 1996, Castaño dijo a Human Rights Watch que había dirigido a 2.000 combatientes armados y entrenados, una información confirmada por analistas del Gobierno colombiano.[20] En 2000, afirmó que eran 11.200 combatientes, lo que supone un aumento del 460 por ciento sólo en cuatro años.[21] Aunque las estimaciones oficiales del número de paramilitares armados y entrenados son mucho más bajas, resulta evidente que las AUC han alcanzado un grado alarmante de fuerza, movilidad, potencia de fuego y capacidad tecnológica.[22]

En toda Colombia, fuerzas aliadas bajo el nombre de las AUC mantienen numerosas bases y retenes permanentes, y se mueven con aparente facilidad. Utilizan faxes, Internet, vehículos todoterreno y camionetas, radios, helicópteros, ordenadores portátiles, y teléfonos celulares y vía satélite para difundir amenazas, identificar objetivos, preparar listas negras y coordinar masacres. “Ha habido un avance significativo por parte de los paramilitares, y es muy preocupante”, comentó un alto investigador gubernamental consultado por Human Rights Watch.[23]

Hay que tener en cuenta que la fuerza cada vez mayor de los paramilitares no se debe sólo al apoyo de las Fuerzas Armadas o a la falta de acción del Gobierno. A medida que aumenta la inseguridad en toda Colombia, algunos colombianos han llegado a considerar a los paramilitares y sus métodos como algo lamentable, pero un mal necesario. Un colombiano contó a Human Rights Watch cómo su suegra, que acababa de mudarse a la región del Magdalena Medio, recibió inmediatamente la visita de unos paramilitares de las AUC, que le dieron el número del celular del comandante local de las AUC para que lo utilizara en caso de emergencia, como una línea directa de la Policía. “Garantizan que reaccionarán en quince minutos si ella informa de alguna actividad extraña”, dijo su yerno a Human Rights Watch.[24]

Castaño ha aprovechado este avance realizando una campaña en los medios para promocionar el modelo paramilitar como la única forma de derrotar a la guerrilla. En marzo de 2000, Castaño concedió al canal colombiano Caracol su primera entrevista televisiva. Desde entonces, medios como The Washington Post, Le Monde, la BBC, la revista Time y la agencia de  noticias Reuters han publicado entrevistas con él, al igual que los diarios colombianos El Tiempo y El Colombiano. Las AUC muestran regularmente en su sitio web estas entrevistas y sus propias opiniones sobre sucesos que ocurren en Colombia o en el resto del mundo.[25]

Las guerrillas que se oponen al Gobierno colombiano también continúan cometiendo graves abusos: masacres, ejecuciones extrajudiciales, toma de rehenes y la utilización de armas de efectos indiscriminados, como bombas de gas. Human Rights Watch ha condenado repetidamente estos abusos y ha solicitado a los líderes de las guerrillas colombianas que den instrucciones claras y estrictas a sus fuerzas para que cesen inmediatamente todas las actividades que violen el derecho internacional humanitario. Estas instrucciones no deberían someterse a ninguna negociación, puesto que son obligatorias y se aplican por igual a todas las partes del conflicto, independientemente de su cumplimiento por las otras partes.[26]

A medida que aumenta la violencia, la distinción entre combatientes se desvanece en las mentes de muchos colombianos. “El estado no existe como tal”, comentó Mirta, una activista de color de la costa colombiana del Pacífico que solicitó a Human Rights Watch permanecer en el anonimato. “Lo único que hay es la invasión. Uno no sabe si son los paramilitares, el Ejército, la Armada o la guerrilla. Todos son miedosos y arbitrarios”.[27] [ FOTO 2]

Putumayo (Vigésimo Cuarta Brigada)                                  

Darío siempre sabía con antelación cuándo se iba a producir una redada del Ejército, así que podía tomar medidas para que no encontraran nada. Los paramilitares tenían radios y teléfonos celulares y mantenían una estrecha comunicación con agentes de la Policía y sus contactos militares.

                    —Pilar, una contable que trabajó para las AUC

Cuando la testigo que llamamos Pilar se encontró por primera vez con el hombre que conocía como Darío en febrero de 2000, supuso que era un soldado del Ejército de Colombia. Vestido de camuflaje, Darío se encontraba junto a un oficial del Ejército de Colombia que ella conocía como Mayor Cuéllar, según contó a Human Rights Watch. Ambos se conocieron en Puerto Asís, el mayor centro urbano del departamento del Putumayo.[28]

Pilar dijo que el Mayor Cuéllar le presentó a Darío como un amigo personal.[29] Según documentos del Gobierno colombiano que se citan en este informe, el Mayor Cuéllar era entonces el comandante del Batallón de Infantería No. 25 Domingo Rico, con sede en las cercanías de Villagarzón e integrante de la XXIVa Brigada.[30]

Más adelante, dijo Pilar, Darío le pidió ayuda con las tareas de contabilidad; pero hubo de pasar un mes, según afirma, para que se diera cuenta de que Darío era, en realidad, el jefe financiero de las AUC en el Putumayo.[31]

“Un amigo que nos había visto hablando en la discoteca Metrópolis me llevó a un lado y me preguntó si sabía que era un líder paramilitar”, contó Pilar a Human Rights Watch durante una entrevista en Puerto Asís. Metrópolis es la mayor sala de baile de la ciudad. “En ese tiempo ya había empezado a hacer algunos trabajos para él y temía que, si paraba de repente, pudiera sospechar, así que continué trabajando para él hasta septiembre”.[32]

Así conoció Pilar la alianza que testigos oculares, investigadores gubernamentales y autoridades locales dijeron a Human Rights Watch que existía, desde 1999 y durante todo el 2000, entre la XXIVa Brigada, algunos oficiales de la PNC y los paramilitares. Durante una misión en el Putumayo en enero de 2001, Human Rights Watch obtuvo  pruebas numerosas detalladas y sólidas de la estrecha alianza entre la XXIVa Brigada con los paramilitares, y, como resultado de ella, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y amenazas de muerte. La XXIVa Brigada coordinaba de forma regular acciones con los paramilitares y les permitía obrar abiertamente, e incluso establecer una de sus bases principales muy cerca de unas instalaciones militares. En su base, los paramilitares disponían de un campo de entrenamiento que atraía a docenas de combatientes sin experiencia de toda Colombia. Según Pilar, y confirmado por el  personero local, los paramilitares pagaban regularmente a oficiales militares por su cooperación.

En un caso confirmado por el personero y que se detalla en este informe, las pruebas sugieren que un oficial del Ejército acordó con los paramilitares el asesinato de un pariente cercano. En otro que describimos en estas páginas,  Óscar Cardona, un afligido padre cuyo hijo había sido asesinado por los paramilitares, regateó el pago de una indemnización bajo supervisión de oficiales de la PNC.

Hasta la fecha, las autoridades gubernamentales no han hecho mucho por investigar esta alianza o a los oficiales del Ejército de Colombia que puedan haberla fomentado. Algunos soldados han sido trasladados fuera del Putumayo y un batallón fue eliminado por reconversión. Sin embargo, el oficial que dirigía la XXIVa Brigada en 2000, el Coronel Gabriel Ramón Díaz Ortiz, va a ser ascendido a General y no parece que vaya a enfrentarse a ninguna acción disciplinaria. Cuando este informe se mandó a la imprenta, a Human Rights Watch le seguían llegando informaciones que señalaban que la alianza entre la XXIVa Brigada y los paramilitares continuaba.

Las AUC entran en el Putumayo

          Algunos habitantes de la zona aseguraron a Human Rights Watch que las AUC anunciaron por primera vez su intención de enviar fuerzas al Putumayo en enero de 1998. Durante más de una década, las FARC-EP habían ejercido un control de facto sobre la región, actuando incluso como fuerzas locales judiciales y policiales.[33] Con el incremento de los cultivos de coca en los años noventa, la mayor parte de ellos gravados por las guerrillas, el Putumayo se había convertido en un importante baluarte estratégico y financiero para las FARC-EP que los paramilitares querían hacer suyo.[34]

Un año después de su anuncio, las AUC cometieron la mayor masacre registrada hasta la fecha en el Putumayo: la matanza, el 9 de enero de 1999, de al menos veintiséis personas y la desaparición forzada de otras catorce en la población de El Tigre, cerca de Puerto Asís.[35]

Desde ese momento, dijeron los entrevistados a Human Rights Watch, la presencia paramilitar creció pueblo a pueblo y ciudad a ciudad. Un año más tarde, los paramilitares controlaban la ciudad de Puerto Asís y mantenían retenes regulares, cuyo paso debía ser negociado por los habitantes de la zona, incluso para hacer los recados cotidianos. Por ejemplo, el 22 de septiembre de 2000, José Agustín Martínez acompañó a su madre para pasar el puente principal sobre el río Putumayo, que separa Colombia de Ecuador. De profesión monociclista, Martínez no era del Putumayo, sino que estaba actuando con el circo Latin Brothers en Puerto Asís. Según su esposa, que testificó más tarde ante las autoridades, los paramilitares que le detuvieron en un retén de las AUC en el lado colombiano de la frontera tenían a otro José Martínez —nombre común en Colombia— en una lista negra. Según la madre de Martínez le contó a su esposa,  los paramilitares detuvieron a Martínez y a día de hoy sigue desaparecido.[36]

Fueron asesinadas tantas personas, dijo el sacerdote local a Human Rights Watch, que nadie ha llevado un registro preciso. Su propio registro, con los nombres y las causas de la muerte de aquellas personas que habían recibido un entierro católico, constituía uno de los pocos medios para medir el nivel de miedo y dolor que se había apoderado de la ciudad. En la mayoría constaba la palabra “asesinato” como la causa de muerte, y el sacerdote presumía que la mayor parte de ellos se podía atribuir a los paramilitares o las FARC-EP.[37] [FOTO 3]

Germán Martínez (sin relación) es el personero de Puerto Asís que escuchó el testimonio de la esposa de Martínez. El personero es el funcionario municipal cuyo trabajo consiste en recibir las quejas de los ciudadanos y asegurarse de que llegan a las autoridades pertinentes. Martínez dijo a Human Rights Watch que en los años 1999, 2000 y 2001 reunió docenas de testimonios similares sobre desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas por parte de los paramilitares. También recopiló pruebas  de que los paramilitares trabajaban con el apoyo y la tolerancia del Ejército de Colombia y la Policía de Puerto Asís.[38]

Martínez describió ante Human Rights Watch y en documentos oficiales la relación entre paramilitares y militares como un “matrimonio”.[39]

El personero discutió con frecuencia sus preocupaciones públicamente con oficiales militares y de la Policía, con la esperanza de detener los asesinatos y promover la detención de los responsables. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2000, el alcalde de Puerto Asís convocó una reunión especial para discutir una ola de asesinatos. Martínez afirmó públicamente que parte del problema era que los paramilitares eran “intocables”, a pesar de que él había informado personalmente a la Policía sobre su papel en al menos cuatro desapariciones forzadas.[40]

El Ejército de Colombia y la Policía de Puerto Asís, dijo, no reaccionaron a sus informes investigando y realizando detenciones, sino negando su información y amenazándole:

 En la base Militar del Batallón 25 [integrante de la XXIVa Brigada], acantonado en la salida de Puerto Asís, hacia Santana, existe a 500 metros un sitio habitado por personas pertenecientes a paramilitares que es una casa abandonada y además, por esta misma vía transportan a las personas que han desparecido (sic) en el municipio de Puerto Asís, hacia la hacienda Villa Sandra... El Coronel Gabriel Diaz [sic], Comandante de la Vigésimo Cuarta Brigada del Ejército Nacional decía desconocer la presencia de grupos paramilitares en este sector y no tener información al respecto, le informé como personero municipal que estos grupos actuaban con suficiente libertad en el casco urbano de Puerto Asís y que se encontraban ubicados en la hacienda Villa Sandra, cerca al Batallón 25 y la sede de la Brigada [XXVIa], por lo que esta información llegó a conocimiento de los paramilitares, quienes me amenazaron por lo que había dicho en el Consejo de Seguridad. A raíz de este Consejo de Seguridad, posteriormente (sic) fui amenazado por el señor mayor Carlos Kenedy Veloza Lancheros, de la policía, quien personalmente me dijo que totalmente estaba molesto e indignado por lo que yo había dicho en el Consejo de Seguridad y que mi problema, no era por el ejercicio de mis funciones, sino por mi lengua, diciéndome al final, ‘vamos a ver quién se revienta primero usted o yo’.[41]

Testimonio del agente de la PNC Gilberto López

          Otro habitante de Puerto Asís que testificó formalmente sobre los lazos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares provenía del interior de la fuerza policial. El agente de la PNC Gilberto López se dirigió por primera vez al personero el 4 de agosto de 2000 para quejarse de lo que él denominó “irregularidades” cometidas por grupos paramilitares.[42]

López volvió un mes después para ampliar su primera declaración. Según su relato, el 13 de agosto de 2000 recibió una llamada telefónica del comandante militar de las AUC en el Putumayo, un hombre conocido como Camilo. Mientras Darío se encargaba de las finanzas, el comandante militar de las AUC, Camilo, se encargaba de la lucha. Algunas informaciones le señalan como ex  teniente de la policía, destituido tras ser vinculado a los paramilitares y a violaciones a los derechos humanos durante su destino en la región de Urabá.[43]

López dijo que Camilo le había informado de que los paramilitares visitarían el destacamento de la Policía en Orito, una población a una hora de Puerto Asís donde López trabajaba en esa época. López dijo al personero: los paramilitares quieren “conversar unos asuntos conmigo”.

Uno de los emisarios era un paramilitar que se llamaba a sí mismo Yaír:

 [Yaír] Ya había hablado con todas las autoridades del pueblo y el único que faltaba era yo... manifestándome que un alto mando de esa organización había autorizado una partida mensual para mí, sin ningún comprometimiento y que lo tomara como una forma de colaboración y que era una buena suma... El acompañante del mencionado señor me insistió por dos oportunidades más, que recibiera la plata, que lo pensara muy detenidamente.[44]

El agente López realizó al día siguiente una tercera y última declaración al personero, esta vez identificando a uno de los oficiales al mando y a otros agentes que, según él, trabajaban directamente con los paramilitares. López describió que en su servicio como escolta del Mayor de la PNC Carlos Kenedy Veloza, recibió en el mes de abril la orden de éste de reunirse con él en un lugar determinado de Puerto Asís. Cuando López llegó, según su testimonio, el Mayor Veloza, su otro policía de escolta y el policía conductor no estaban. El escolta y el conductor le dijeron luego que el Mayor Veloza no había asistido al encuentro porque había estado con líderes paramilitares en Villa Sandra, la sede paramilitar.[45]

El asesinato de Óscar Cardona

          Informaciones sobre la visita del Mayor Veloza a Villa Sandra llegaron  hasta el personero de forma independiente, a través de un habitante de la zona  que dijo haber sido testigo de ella.

En su testimonio, Óscar Cardona Aguirre explicó que su hijo, también llamado Óscar, había sido asesinado por los paramilitares en Puerto Asís el 10 de abril de 2000. Tras trasladar el cuerpo de su hijo del hospital a la casa familiar para velarlo, Cardona fue a Villa Sandra para hablar directamente con el comandante de las AUC Camilo. Cardona era bien conocido entre los policías, puesto que hacía reparaciones en el cuartel de la Policía:

 A partir de las dos y media de la tarde salí para la Hacienda Villa Sandra donde se encontraban ubicados los paramilitares en compañía del Mayor Carlos Veloza y del Capitán Sierra en el carro de la policía y hablé directamente con el Comandante alias Camilo, a esta hacienda entramos sólo los tres los escoltas se quedaron en la primera planta y arriba en el segundo piso donde se encontraba el Comandante Camilo llegamos lo saludamos y el Mayor Veloza le dijo “Yo nunca he querido venir acá, pero con base a las circunstancias que se han presentado ustedes nos han ofendido y me han ofendido a mí por la canallada que han hecho con el hijo del maestro, quien es un señor que apreciamos mucho en Puerto Asís, porque se preocupa que en la estación todo nos funcione bien, entonces quiero que me aclaren esa muerte.[46]

Cardona contó que Camilo intentó justificarse diciendo que los paramilitares tenían información que indicaba que el hijo de Cardona había robado una motocicleta. Sin embargo, el padre del chico aseguró que la motocicleta era de un amigo de su hijo que se la había prestado. Camilo reconoció que sus hombres habían cometido un error, abrió una cartera, sacó 400.000 pesos y se los dio a Cardona con estas palabras: “Tenga patrón, esto no le va a devolver a su hijo pero le va a servir para ayudar a los gastos”.[47]

Esa misma noche, otro paramilitar que se denominaba a sí mismo Mario fue a casa de Cardona. Temiendo ser asesinado por haberse enfrentado a Camilo, Cardona pidió a su hija que llamara al Capitán Sierra. Éste vino inmediatamente, vio a Mario, pero no hizo nada. Cuando la hija de Cardona le preguntó a Mario por la razón de su visita, él contestó que venía para pedir perdón y le dio a la familia Cardona otro millón de pesos.[48]

Las finanzas de las AUC en el Putumayo

          No era raro que los paramilitares indemnizaran a los habitantes locales por sus errores o que pagaran a oficiales militares y de la Policía por su colaboración, como las AUC habían ofrecido hacer con el agente López. Pilar dijo a Human Rights Watch tener conocimiento directo de la manera en que los paramilitares organizaron sus finanzas en 2000, puesto que ella era responsable de registrar sus ingresos y gastos en un disquete de ordenador, realizando informes mensuales para Darío, el jefe financiero de las AUC, e incluso llevando en mano algunos pagos a familias de oficiales.

Entre los gastos regulares, dijo, había pagos mensuales a oficiales militares y de la Policía, algunos de los cuales incluso visitaban la casa de Darío para recoger el dinero. Según el relato de Pilar a Human Rights Watch, estos pagos se basaban en el rango: “Cada capitán recibía entre 2.000 y 3.000 dólares al mes, los mayores percibían 2.500 dólares, y un teniente 1.500 dólares. También se pagaba a los coroneles, pero no directamente”. Según Pilar, “enviaban intermediarios para recoger el dinero”.[49]

Pilar dijo que en agosto y octubre  había enviado personalmente dinero a través de Servientrega, un servicio local de transferencias, a la esposa de un mayor de la XXIVa Brigada.[50] El personero contó a Human Rights Watch que más tarde pudo confirmar esta operación consultando los registros de Servientrega.[51]

Pilar dijo que en ocasiones había visto al propio Mayor de la XXIVa Brigada en casa de Darío, en Puerto Asís, y también a un capitán del Ejército colombiano. Otro ávido agente antinarcóticos de la PNC también fue a la casa a recoger su cuota de marzo, recordó Pilar, aunque no sabía su nombre. “Se me había caído el disquete [de las cuentas] y vi fuera su camioneta de la PNC. Él estaba dentro contando la plata”.[52]

Una vez, según Pilar, Darío le dijo que había pagado a otro mayor de la XXIVa Brigada más de 12.500 dólares para comprar uniformes militares. “El mayor era alto y de piel oscura”, recordó Pilar. “Nunca envió los uniformes y Darío estaba enfadado con él.”[53]

En una declaración formal que Pilar realizó ante el personero, explicó que las solicitudes de efectivo eran constantes: “Darío me dijo una vez, que vivía cansado, mamado, tanto con los del Ejército como los de la Policía, por que lo habían cogido de lechero, cuando no era los $200,000, $300,000, que iba uno, otro a pedir plata eran entonces los tiquetes aéreos. Nunca supe el nombre del oficial, pero sé que era de la Policía que estaba pidiendo una cuota de $40,000,000, para poder adquirir un inmueble casa en Bogotá.”[54]

En general, este dinero parece haber sido una sabia inversión para las AUC. A pesar del minucioso examen y de decenas de visitas de misiones internacionales y periodistas extranjeros, la Policía de Puerto Asís y la XXIVa Brigada negaron constantemente cualquier lazo con grupos paramilitares de la región, incluso cuando la relación era obvia. Un taxista contó a Human Rights Watch cómo veía a los paramilitares cruzar regularmente las puertas del aeropuerto, unas instalaciones fuertemente custodiadas por la Policía y la XXIVa Brigada.[55]

 “Darío siempre sabía con antelación cuándo se iba a producir una redada del Ejército, así que podía tomar medidas para que no encontraran nada”, explicó Pilar. “Tenían radios y teléfonos celulares y mantenían una estrecha comunicación con agentes de la policía y sus contactos militares.”[56]

Pilar también se encargaba del resto de los gastos de las AUC, incluyendo los salarios de los combatientes y otros gastos. En el Putumayo, declaró a Human Rights Watch, los combatientes paramilitares recibían un salario que dependía de su experiencia, rango y situación: “Los combatientes de las zonas rurales percibían un mínimo de 550.000 pesos al mes, que incluía dinero para alimentos. En las zonas urbanas, percibían 700.000 pesos al mes, que se incrementaban si eran ascendidos.”[57]

Según Pilar, entre los gastos fijos figuraban pistolas, municiones, provisiones y facturas de teléfono. Los extras podían ser desde ataúdes para los paramilitares muertos en combate, hasta sumas para pagar a los informadores. En general, según su testimonio, ella supervisaba un presupuesto de alrededor de 650.000 dólares al mes.[58]

Según Pilar, la mayor parte de los ingresos que registraba todos los meses provenían de los impuestos sobre la cocaína. Los mayoristas pagaban una cuota a los paramilitares por cada kilo de cocaína pura que se adquiría en los pueblos que controlaban. Los laboratorios donde se cristalizaba la cocaína pura también pagaban una cuota. Por ejemplo, un pequeño laboratorio pagaba a los militares un mínimo de 3.500 dólares al mes.[59]

Cuando Pilar terminaba su informe mensual, lo grababa en un disquete y se lo daba a Darío. “Darío enviaba el disquete a un hombre que llamaba Rafael en Cali. Era el comandante de Darío y tenía un lazo directo con uno de los hermanos de Carlos Castaño, que forma parte del alto mando de las AUC.”[60]

Rafael visitaba con frecuencia Puerto Asís, contó Pilar a Human Rights Watch. En julio de 2000, dijo, presidió un campamento de entrenamiento paramilitar en Villa Sandra. El campamento atrajo a combatientes sin experiencia de toda Colombia, comentó Pilar, incluyendo a una mujer que ganó un concurso de excelencia en combate. Para llegar allí, los paramilitares pasaban regularmente, e incluso diariamente, por delante de la XXIVa Brigada. “Darío me dijo que venían paramilitares de toda Colombia para una sesión de entrenamiento de dos semanas, por lo que necesitaba gastar dinero extra en camas, alimentos y otros suministros”, contó Pilar a Human Rights Watch.[61]

Ataque a Puerto Vega

          Pilar también dijo que Darío y otros paramilitares le decían con frecuencia que coordinaban operaciones militares directamente con la XXIVa Brigada, entre ellas, un ataque en junio de 2000 a Puerto Vega, un puerto justo al otro lado del río Putumayo desde Puerto Asís. Docenas de periodistas habían hecho la crónica de cómo las FARC-EP controlaban el pueblo antes y después de enfrentamiento.[62]

Las Fuerzas Armadas colombianas anunciaron su acción en Puerto Vega, afirmando que los soldados habían asesinado a un comandante de las FARC-EP llamado Rodolfo, que se rumoreaba que era hermano de Raúl Reyes, un miembro de la Secretaría General de las FARC-EP.[63]

Sin embargo, según Pilar, el ataque se realizó junto con las AUC:

Los paramilitares me dijeron que sus comandantes habían sido transportados en un helicóptero del Ejército. Un informador de la zona fue quien ofreció recogerles. Durante el combate, los paramilitares mataron a dos guerrilleros y, como recompensa, se llevaron sus pertenencias, incluyendo el CD portátil de Rodolfo. Vi unos diez en casa de Darío cuando volvieron del combate, todavía con las caras pintadas y el uniforme. Dos de los paramilitares, que se llamaban a sí mismos Yaír y Coco, afirmaron que eran ellos quienes habían matado a Rodolfo, no las Fuerzas Armadas.[64]

Según Pilar, Yaír pertenecía a los combatientes de las AUC y era un antiguo soldado del Ejército. Entrevistado independientemente por Reuters en mayo de 2000, Yaír afirmó haber servido en las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia y haber recibido entrenamiento de los Soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos (US Special Forces Rangers) y de las SEAL de la Marina estadounidense durante sus ocho años en las Fuerzas Armadas colombianas. “Tenemos la capacidad militar y operativa para despejar las zonas donde se encuentra la guerrilla... de forma que las tropas del Ejército puedan establecer sus bases para abastecer las zonas de vehículos y otros medios de transporte”, dijo Yaír a Reuters.[65]

El puesto de trabajo, campo de batalla

          Con la esperanza de conseguir salir de su trabajo en las AUC, Pilar aceptó un empleo en una institución pública en Puerto Asís en septiembre de 2000. Para su sorpresa, descubrió que era casi tan peligroso como llevar las cuentas de Darío, según manifestó a Human Rights Watch. El lugar de trabajo, dijo Pilar, “era un infierno”. Con preocupación constató que la batalla entre las FARC-EP, los paramilitares y las fuerzas de seguridad continuaba entre sus paredes.[66]

Pilar trabajó para un viceadministrador.  Después de octubre, afirmó, ya no llevaba las cuentas de Darío, pero seguía recibiendo frecuentes llamadas suyas. Pilar atribuía a estas llamadas un interés romántico que no era correspondido, pero temía que, si no las aceptaba, ella y los suyos correrían peligro.[67]

“Darío me dijo que uno de los [administradores] había pedido ayuda a los paramilitares para librarse del director, de forma que este [administrador] pudiera llegar a director”, recordó Pilar en su conversación con Human Rights Watch. Tanto el director en ese momento como el rival que quería su puesto fueron llamados a Villa Sandra al menos una vez, según Pilar. “Afortunadamente, el director dimitió y [el rival aspirante] se convirtió en el nuevo director.” La alternativa, observó Pilar, era que el director titular fuese asesinado, de forma que su rival, que había logrado el apoyo de los paramilitares, pudiera ocupar su lugar.[68]

Una tensión similar resultaba evidente en el único hospital del pueblo, donde la guerrilla y los paramilitares competían por el control y el acceso a los médicos y las medicinas. El 1 de septiembre de 2000, una familia del pueblo llegó con su hijo de un año, Brayan Moreno Guamán, al servicio de urgencias. No satisfechos con el tratamiento, se lo llevaron a casa al día siguiente, según la pediatra que lo supervisaba. Esa misma tarde, la pediatra, Dra. María Fernanda Ramírez, recibió una llamada urgente para que volviera al hospital. En una declaración que la Dra. Ramírez hizo más tarde ante el personero de Puerto Asís  describió así lo ocurrido:

 El médico de urgencias me comunica que los familiares del paciente se encuentran en el servicio de urgencias con los paramilitares exigiendo mi presencia inmediata... me desplacé de inmediato al servicio de urgencias, dos minutos después llegan dos hombres, uno de ellos es el abuelo del paciente y el otro me informó que necesitaba oír mi versión de lo que había pasado con el paciente. Según él, tenía información de que yo no lo había atendido adecuadamente.[69]

La Dra. Ramírez descubrió más tarde que una enfermera pudo haber tratado a la familia con brusquedad. Preocupados por su hijo enfermo, habían apelado a las autoridades con más poder en el pueblo, las AUC. En su declaración, la Dra. Ramírez describió cómo paramilitares armados esperaban regularmente en el hospital mientras sus colegas recibían tratamiento, incluso cuando policías y soldados armados entraban y salían con normalidad.[70]

Rápidamente se propagó la noticia de que la Dra. Ramírez había informado del incidente al personero y que había dicho que los paramilitares la habían amenazado. Aunque los paramilitares podrían haber pasado por alto el incidente, no toleraron que se hiciera público y se atrajera una atención no deseada hacia su control sobre Puerto Asís.

Según Pilar, Darío la llamó y se lamentó de tener órdenes de asesinar a la Dra. Ramírez. “Darío me llamó para decirme que estaba asombrado de que fueran a asesinar a un médico”.[71] Sin embargo, la Dra. Ramírez huyó de Puerto Asís antes de que terminara la semana y ha abandonado Colombia.[72]

La desaparición de Nancy

          Pilar también ayudó al personero a desentrañar un caso que sucedió en 2000. Se trataba de la desaparición de Nancy, una estudiante que desapareció en Puerto Asís.[73]

“Un padre [el de Nancy] vino a mi oficina a denunciar que su hija había desaparecido”, dijo Martínez a Human Rights Watch. “Su padre me dijo que [un familiar cercano], un [oficial] del Ejército de Colombia que trabajaba en el Batallón No. 31 en Orito, la había llamado para pedirle que fuera a  Orito a ayudarle a resolver un problema. Ella pidió prestado a su padre el dinero para el avión y llegó en un vuelo regular de Satena. Luego desapareció. Cuando su padre llamó [al oficial del Ejército], éste afirmó que nunca le había pedido que fuera a Orito.”[74]

Martínez aconsejó al preocupado padre que repartiera octavillas por Puerto Asís con la fotografía de Nancy y un número de teléfono, y así lo hizo. “Unos días después, estaba apuntando información de Pilar, que comentó algo sobre uno de los paramilitares que decía que, tras haber visto un prospecto, se dieron cuenta de que habían asesinado a una inocente por error.” [75]

En su declaración al personero, Pilar relató que Darío le había contado que uno de sus teléfonos celulares se había “calentado”. “Recuerdo que me dijo preocupado, histérico [sic], ajá, es que hay muchos carteles pegados en el hospital, qué cagada, que por prestar unos teléfonos a alguien del Ejército y se los habían calentado, por que él, les dio una información y lo que le hicieron al final fue un favor personal y que eso fue una cagada. Porque este militar les había dicho que era guerrillera que llegaba.”[76]

“Comparando ambos testimonios”, contó Martínez a Human Rights Watch, “descubrí que los paramilitares se referían a Nancy”. Martínez supo que el oficial del Ejército quería deshacerse de ella por razones personales, “así que dijo a los paramilitares que una guerrillera con el aspecto de su pariente bajaría del vuelo de Satena ese día. Lo que parece haber sucedido es que se llevaron a Nancy directamente del aeropuerto y la asesinaron. Creo que puede ser una de las personas enterradas en Villa Sandra. El oficial del Ejército utilizó uno de los teléfonos celulares de los paramilitares para efectuar la llamada, como pude documentar después con los registros de la compañía telefónica.”[77]

Investigaciones oficiales

El trabajo insistente y detallado del personero de Puerto Asís dio lugar a varias visitas de la oficina del ACNUDH en Bogotá. Tras expresar al Gobierno, en repetidas ocasiones, su preocupación sobre la descarada alianza de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, y después de no recibir una respuesta efectiva, la Alta Comisionada, Mary Robinson, incluyó esta descripción de la situación en su informe anual, publicado en febrero de 2001:

A la entrada de la vereda El Placer es notoria la existencia de un retén paramilitar apenas a quince minutos de La Hormiga (Putumayo), donde se asienta un Batallón del Ejército perteneciente a la Brigada XXIV. Ocho meses después de que la Oficina reportara su observación directa del mismo, el retén seguía operando. Las autoridades militares negaron por escrito que esa posición paramilitar existiera. También la Oficina observó que en la hacienda “Villa Sandra”, entre Puerto Asís y Santa Ana, del mismo departamento, los paramilitares se mantenían operando a pocos minutos de las instalaciones de la Brigada XXIV del Ejército. Con posterioridad se informó de dos allanamientos realizados por la fuerza pública que, al parecer, no dieron resultados. Sin embargo, la existencia y mantenimiento de dicha posición paramilitar es de pleno conocimiento público, tanto así que fue visitada en repetidas oportunidades por periodistas internacionales, quienes publicaron sus entrevistas con el comandante paramilitar. Testimonios recibidos por la Oficina dan cuenta, incluso, de reuniones entre miembros de la fuerza pública y paramilitares en la misma hacienda “Villa Sandra.” A fines de julio, la Oficina alertó a las autoridades sobre la inminencia de una incursión paramilitar en el casco urbano de La Dorada, municipio de San Miguel (Putumayo), la cual efectivamente tuvo lugar el 21 de septiembre. Los paramilitares permanecieron varias semanas en la localidad, a pesar de que ésta se encuentra a pocos minutos de la base del Ejército en La Hormiga.[78]

En septiembre, llegaron a Puerto Asís investigadores enviados personalmente por el jefe de la Procuraduría de Colombia como resultado de las preocupaciones de la oficina de la ONU. No es habitual que la Procuraduría envíe a altos investigadores, que suelen reservarse para casos especialmente delicados o crímenes presuntamente cometidos por oficiales de alto rango. En su declaración a los investigadores de la Procuraduría, Martínez volvió a resumir la ola de asesinatos y desapariciones forzadas que había inundado su oficina:

Puedo afirmar haber visto en varias oportunidades personal de la Fuerza Pública, Ejército, hablando en la vía pública, con estas personas que son reconocidas en el pueblo como paramilitares. Puedo afirmar que no solamente hay conductas omisivas, sino que lo que existe aquí es un trabajo coordinado entre fuerzas legales, que se suponen legales, y fuerzas ilegales, que se suponen ilegales.[79]

Un día después, investigadores de la Procuraduría advirtieron que desde la base de la XXIVa Brigada se podía ver “perfectamente” una casa paramilitar, cuya entrada, fuertemente custodiada se encontraba a menos de 500 metros. Más adelante en la carretera se encontraba Villa Sandra, donde los investigadores observaron que miembros de las AUC armados y uniformados jugaban al billar a plena vista de un tráfico intenso.[80] [FOTO 4]

Durante su visita a Puerto Asís, Human Rights Watch pudo documentar la geografía que Martínez, la oficina de la ONU y la Procuraduría describen para subrayar la proximidad entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Desde el aeropuerto, una carretera fuertemente militarizada sale de la ciudad por el oeste. Durante dos días, Human Rights Watch observó a varias unidades del Ejército de Colombia patrullando la carretera con equipos de combate. En rápida sucesión, la carretera pasa por la Policía antinarcóticos, la base paramilitar en la hacienda Villa Sandra y la XXIVa Brigada. El trayecto desde el aeropuerto hasta la XXIVa Brigada llevó a Human Rights Watch veinte minutos. Cuando Human Rights Watch visitó Puerto Asís, Pilar y el personero nos dijeron que Darío y el nuevo comandante militar del grupo, Enrique, habían trasladado su cuartel general a la población de La Hormiga, y Villa Sandra aparecía desierta.

En Puerto Asís, Reuters observó cómo los paramilitares, a los que los lugareños llamaban los Power Rangers por la popular serie de dibujos animados montaban patrullas en el pueblo día y noche, “ante las mismas narices de un importante destacamento policial en la XXIVa Brigada del Ejército. A pesar de tres órdenes de arresto emitidas desde que se unió a las AUC hace tres años, Yaír, llamado así por un mercenario israelí que entrenaba a asesinos de la mafia de la droga en los años 80, se mueve con libertad dentro y fuera del pueblo, pasando sin problemas por controles militares.”[81]

Mientras viajaban a la cercana población de La Hormiga en transporte público, investigadores de la Procuraduría fueron detenidos por paramilitares de las AUC vestidos de civiles. Este retén llevaba instalado permanentemente un año, desde que los paramilitares llevaron a cabo la masacre de once personas en el caserío cercano de El Placer, el 7 de noviembre de 1999.[82] La Hormiga está bajo control de la XXIVa Brigada y su Batallón Antiguerrilla No. 31 Sebastián de Belalcázar.

Durante la parada, los paramilitares pidieron identificaciones y una explicación del propósito de la visita de cada pasajero. Una vez en el pueblo, los investigadores fueron seguidos por otro paramilitar que llevaba uniforme de camuflaje, brazalete de las AUC y rifle. La Hormiga estaba fuertemente militarizada, pero los investigadores de la Procuraduría aseguraron que les resultaba imposible distinguir entre los miembros del Ejército de Colombia y los combatientes paramilitares:

“Dejamos constancia que durante el tiempo que permanecimos en el poblado observamos permanente patrullaje de los integrantes de las autodefensas a pie y en camionetas, observando que los que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, en sus uniformes se distinguía la leyenda Ejército.”[83]

Cinco días después de esta declaración, las FARC-EP impusieron una huelga armada en el departamento del Putumayo, prohibiendo totalmente cualquier movimiento. En un retén, guerrilleros de las FARC-EP hablaron con un corresponsal del San Francisco Chronicle sobre las razones de la huelga, que amenazaba con privar de alimentos y de servicios básicos, como la asistencia sanitaria, a los 350.000 habitantes de la región. Unos tres kilómetros más abajo en la carretera, el sargento del Ejército Jairo López declaraba pausadamente al mismo reportero que, cuando su unidad se moviera, los paramilitares tomarían el control. “Tienen una lista [de personas a las que querían matar]”, dijo al San Francisco Chronicle. “Hay muchas personas en ella, 20 ó 30.”[84]

Basándose en sus pesquisas, los investigadores de la Procuraduría invocaron un procedimiento especial que insta al jefe de la Procuraduría a interrogar inmediatamente a los funcionarios implicados y a recomendar medidas disciplinarias específicas, incluyendo despidos o multas. Aunque las medidas se solicitaron el 9 de octubre de 2000, cuando este informe se mandó a la imprenta, la Procuraduría todavía no había tomado ninguna medida, una omisión que no se ha explicado.[85]

Que nosotros sepamos, todos los oficiales nombrados en la investigación de la Procuraduría por su presunto incumplimiento de sus obligaciones y por no tomar medidas contra los paramilitares —el Coronel del Ejército Gabriel Díaz y los capitanes de la PNC Ohover de Jesús Cáceres Díaz, Jorge Raúl Sierra Suárez, Javier Alexander Parra Prada, y el Mayor Carlos Veloza Lancheros—  siguen en activo. Mientras se redactaba este informe, el Coronel Díaz estaba terminando el curso para su ascenso al grado de general.[86]

“El Coronel Gabriel Díaz nos dijo que la información sobre los paramilitares eran sólo historias sin pruebas”, afirmó a Human Rights Watch un observador internacional que había entrevistado al Comandante de la XXIVa Brigada. “Incluso nos dijo que se estaba realizando un registro mientras estábamos sentados en su oficina, pero que no habían encontrado nada.”[87]

Human Rights Watch entrevistó a varios observadores que contaron cómo el Coronel Díaz les había informado de registros en curso en Villa Sandra, que no dieron como resultado el hallazgo de ningún indicio de paramilitares, a pesar de que esos mismos observadores habían visto a paramilitares en Villa Sandra ese día. El Coronel Díaz montó otro espectáculo similar, descrito más tarde en el semanario Cromos. La revista visitó el Putumayo en octubre de 2000, durante la huelga armada de las FARC-EP. Como observaron los periodistas, “no se necesita mucha inteligencia militar para corroborar [la presencia paramilitar]. Durante las cuatro ocasiones que CROMOS pasó por allí, un grupo de las AUCuniformado y con fusiles jugaba billar a la vista de todos los viajeros”.[88]

Cuando los reporteros de Cromos comentaron al Coronel Díaz lo que habían visto, Díaz respondió: “Ése es un tema que tienen las ONG para enlodar el nombre del Ejército”. Entonces les enseñó un expediente con varios registros de búsquedas realizadas por el Ejército que no habían descubierto pruebas de la presencia de ningún grupo armado. Sin embargo, cuando los periodistas de Cromos salieron de la XXIVa Brigada y pasaron por Villa Sandra ese mismo día, los paramilitares armados y uniformados que habían visto antes seguían jugando al billar.[89]

Para otras personas entrevistadas por Human Rights Watch, la relación entre la XXIVa Brigada y los paramilitares era tan clara, y tan aparentemente normal, que el Coronel Díaz se burló de ella abiertamente. Según un observador, que habló con Human Rights Watch con la condición de permanecer en el anonimato, durante una visita en diciembre de 2000 a la XXIVa Brigada y al Coronel Díaz, este oficial señaló tranquilamente a un conocido paramilitar que pasaba por delante de la base militar, pero no hizo ningún esfuerzo por detener e investigar al paramilitar, tal como lo exige la ley.[90]

Detenciones de la Fiscalía

          El 15 de diciembre de 2000, un equipo especial enviado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General llegó a Puerto Asís para realizar detenciones de supuestos miembros paramilitares. Pero tuvieron poco éxito, arrestando sólo a un paramilitar conocido como El Russo.[91]

Pilar contó a Human Rights Watch que Darío, con quien habló por teléfono después de la detención, le dijo que cogieron a El Russo porque no entendió las señales que realizaron con las manos los policías que custodiaban la entrada del aeropuerto de Puerto Asís. “Algunos policías estaban sentados en el restaurante El Paisa, delante del aeropuerto, e intentaban decirle con señales que se fuera, que había peligro”, dijo Pilar. “Él no lo entendió.”[92]

Podría haber sido peor, comentó Pilar que le dijo Darío. Mientras los fiscales escoltaban a El Russo en un vuelo comercial fuera de Puerto Asís, otros cuatro paramilitares viajaban como pasajeros regulares en el mismo vuelo, dejando el pueblo hasta que las cosas se calmaran y pudieran volver.[93]

Un alto funcionario gubernamental que ayudó a coordinar la detención declaró a Human Rights Watch que la operación se consideró un éxito parcial aunque detuvieran sólo a un paramilitar. “La única razón por la que tuvo algún éxito fue porque las Fuerzas Armadas no estaban informadas”, dijo.[94] Los investigadores también exhumaron dos cuerpos de una fosa en Villa Sandra. Se están realizando esfuerzos para identificarlos.[95]

“Enviamos un equipo de agentes del CTI y fiscales de la Unidad de Derechos Humanos al Putumayo para efectuar detenciones, pero podemos hacer muy poco si las Fuerzas Armadas los protegen”, reconoció un investigador gubernamental a Human Rights Watch. El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) emplea a los investigadores de la Fiscalía General y no está autorizado a armarlos fuertemente para realizar operaciones peligrosas, por lo que han de confiar en la PNC o en las Fuerzas Armadas.[96]

Ataques a grupos indígenas

          Entre los grupos más afectados por el avance de los paramilitares en el Putumayo se encuentran los pueblos indígenas que viven a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador. Unas 35.000 personas de las etnias cofán, inga, quechua y emberá viven en el Putumayo, según líderes indígenas entrevistados por Human Rights Watch. Los ataques contra ellos han pasado prácticamente inadvertidos para los medios.[97]

El 26 de diciembre de 2000, individuos que se sospecha eran paramilitares asesinaron a Henry Pascal, un líder de los cofán. Una semana después, el 3 de enero, se informó de que efectivos paramilitares habían asesinado a Pablo Emilio Díaz, director de una organización de ayuda a los cofán conocida como la Fundación ZIO - AI. Se dijo que los paramilitares forzaron a Díaz a salir de su barco, lo asesinaron y arrojaron su cuerpo a un río. Sus familiares fueron amenazados de muerte si recuperaban el cadáver. Docenas de cofans se han visto forzados a huir de la zona.[98]

Amenazas de muerte

          Los paramilitares se dieron cuenta a principios de 2000 de que la diligencia del personero les estaba ocasionando un problema importante. En julio, contó  Martínez a Human Rights Watch, él y el alcalde del pueblo fueron llamados a un matadero fuera del pueblo para reunirse con Rafael, el comandante de las AUC de Cali. Según Pilar, Rafael trabajaba directamente con uno de los hermanos de Carlos Castaño así que tenía un puesto relativamente alto en la jerarquía de las AUC. Martínez recordaba que Rafael dirigió la reunión encapuchado.[99]

“Rafael quería que aclarara mi posición respecto a su grupo y yo repliqué que ya estaba bastante clara”, contó Martínez a Human Rights Watch. “También me ofreció un sobresueldo. Tuvimos una discusión muy acalorada y me dijo que ya debería estar muerto. Unos días después, Camilo [el comandante militar de las AUC] me envió una botella de whisky para disculparse por el tono de Rafael.”[100] [ FOTO 5]

Meses después, Martínez, según su propio testimonio, recibió otros requerimientos de Camilo, ordenándole presentarse en Villa Sandra.  Se negó, así que Camilo fue hasta él. “Confirmó que Villa Sandra era su base permanente”, declaró Martínez a Human Rights Watch. “Me pidió que trabajara menos, que le dejara continuar operando allí. Como un signo de buena fe, me envió a cuatro personas que habían tomado los paramilitares y a las que planeaban asesinar. Yo me negué a trabajar con él, así que se fueron a La Hormiga, donde se encuentran ahora.”[101]

Pilar testificó más tarde ante el personero que Darío había hablado con ella de la primera reunión en el matadero. “Darío me dijo que Rafael había amenazado al personero”, aseguró Pilar a Human Rights Watch.[102] En su declaración al personero, Pilar afirmó: “[Darío dijo] quien estaba armando tanto alboroto era ese hijueputa del Personero, que de todas formas el período del Personero iba a acabar, pero igual, tenían que pelarlo por que estaba creando muchos problemas... no saben por qué sigue vivo el personero, pero que antes de terminar su período lo mataban”.[103]

Pilar también describió cómo Darío había intentado amenazar a miembros del ayuntamiento para elegir a un nuevo personero que tolerara su actividad. Según pilar, Darío dijo que el que no votara así “lo declaraban objetivo militar”.[104]

Martínez continuó aceptando testimonios a pesar del gran riesgo personal que corría. “A través de varias fuentes, me dijeron que los paramilitares intentarían matarme antes de que completara mi período el 28 de febrero de 2001. Incluso uno de mis escoltas policiales recibió esta información y la documentó en una carta al Comandante de la Policía local.”[105]

Desde la misión de Human Rights Watch al Putumayo en enero de 2001, tanto el personero como el sacerdote local se han visto forzados a irse debido a las amenazas de los paramilitares.[106] Sin embargo, no tenemos conocimiento de ninguna acción disciplinaria contra la Policía de Puerto Asís o contra los oficiales al mando de la XXIVa Brigada por sus claros lazos con los paramilitares. Y esto a pesar de la atención sin precedentes que ha recibido la región por la Campaña en el sur de Colombia respaldada por Estados Unidos para erradicar la coca.

Lejos de poner empeño en limpiar la XXIVa Brigada, Estados Unidos y Colombia han hecho de esta unidad una parte clave de sus esfuerzos de erradicación realizados en diciembre de 2000 y enero de 2001, como se describe más adelante en la sección de este informe sobre política estadounidense.

Algunos habitantes de la zona dijeron a Human Rights Watch que el 20 de diciembre de 2000, el día después de que los aviones estadounidenses de fumigación comenzaran a rociar el Putumayo, los paramilitares utilizaron tres camiones para entrar en el pueblo de Puerto Caicedo, a unas dos horas al oeste de Puerto Asís. También anunciaron su intención de entrar en Mocoa, la capital del departamento, a finales de 2001.

“En sólo un mes hemos registrado al menos quince asesinatos en Puerto Caicedo como resultado del avance de los paramilitares”, afirmó el sacerdote local en Puerto Asís.[107]

Un habitante de Puerto Caicedo dijo a Human Rights Watch que los paramilitares tenían un mensaje espeluznante. “Los paramilitares fueron preguntando para ver quién había aplaudido cuando los guerrilleros celebraron un mitin y criticaron el Plan Colombia”, afirmó el testigo. “Prometieron hacer que esas mismas personas aplaudieran el sonido de las balas.”[108]

En marzo de 2001, paramilitares del Putumayo se jactaban ante los periodistas visitantes de encabezar la ofensiva anticoca, tomando el control de las zonas por delante del Ejército para evitar que los guerrilleros dispararan a los aviones fumigadores. “El Plan Colombia sería prácticamente imposible sin la ayuda de las fuerzas de autodefensa [paramilitares]”, dijo el comandante Wilson, miembro de las AUC al Boston Globe.[109]

Un centinela paramilitar “revolvía en un paquete de víveres C del Ejército estadounidense, buscando chicle y pasteles” bajo la mirada del periodista del Boston Globe. “No hacía caso a las preguntas sobre el origen de los suministros, enviados con destino a las tres unidades antinarcóticos del Ejército de Colombia entrenadas por asesores de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos.”[110]

Valle y Cauca (Tercera Brigada)

Los paramilitares se pasean durante el día con los brazaletes puestos, y la policía y los militares simplemente los dejan pasar. Cuando llegan comisiones oficiales, sólo se quitan los brazaletes. Los de fuera no saben más que son soldados.

                       —Ex funcionario municipal de Jamundí

En Los Lazos que Unen, un informe que Human Rights Watch publicó el 23 de febrero de 2000, detallamos el historial de la IIIa Brigada del Ejército de Colombia, a la que investigadores gubernamentales han vinculado con la formación de grupos paramilitares en el departamento del Valle del Cauca.

Investigadores del Gobierno colombiano nos proporcionaron información detallada que demostraba que, en 1999, la IIIa Brigada del Ejército de Colombia ayudó a establecer un grupo paramilitar llamadoFrente Calima. Investigadores de la Fiscalía General dijeron a Human Rights Watch que habían recopilado pruebas precisas de la vinculación del Frente Calima con oficiales militares en servicio activo, retirados y en la reserva asignados a la IIIa Brigada; con terratenientes locales, y con paramilitares contratados de las filas de las AUC. Según estos investigadores del Gobierno y testimonios obtenidos por Human Rights Watch, la IIIa Brigada proporcionaba al Frente armas, inteligencia y apoyo logístico, y coordinaba acciones con sus miembros.[111]

Durante su misión a Valle en enero de 2001, Human Rights Watch recibió más información que vinculaba a la IIIa Brigada con la formación y el despliegue del Frente Calima. Además, lejos de tomar acciones decisivas para cortar estos lazos, castigar a los oficiales responsables y arrestar a los líderes paramilitares, el Gobierno colombiano ha hecho muy poco por enfrentarse a este grave problema.

Al contrario, la relación entre la IIIa Brigada y las AUC, de las que el Frente Calima es una de las fuerzas principales, continuó durante todo 2000 y tuvo como resultado una de las ofensivas más violentas registradas en Colombia durante ese año. En 2000, las AUC afirmaron que habían establecido otras cuatro unidades en la región: Frente Farallones, Frente Pacífico, Frente Páez y Frente Libertadores del Sur. Las AUC utilizaron estas unidades para llevar a cabo su divulgado plan de toma de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño y de establecimiento de una presencia permanente.[112]

“Una y otra vez enviamos alertas tempranas al Gobierno sobre amenazas de masacres, pero nunca se hace nada”, señaló a Human Rights Watch un defensor local de los derechos humanos. “Han venido comisiones del Gobierno en varias ocasiones, pero nunca vemos ningún resultado. Las masacres se realizan a pesar de todo.”[113]

Frente Calima

Durante su misión de enero de 2001, Human Rights Watch entrevistó a Felipe, un adolescente que trabajaba para los servicios de información de la IIIa Brigada cuando se formó el Frente Calima. En el momento de nuestra entrevista, Felipe se encontraba bajo protección por orden de la Fiscalía General, al haber recibido amenazas de muerte.

Felipe contó a Human Rights Watch que comenzó a trabajar para la IIIa Brigada cuando tenía catorce años. Recopilaba información acerca de las guerrillas a cambio de dinero. También trabajó para el Batallón Palacé, parte de la IIIa Brigada, y acompañó a unidades del Ejército en algunas operaciones.[114]

 “La primera reunión a la que asistí fue entre paramilitares y el Ejército y se celebró sobre marzo de 1999 en la sede de la IIIa Brigada en Cali”, contó Felipe a Human Rights Watch. “Estaban recopilando todos los detalles sobre personas adineradas de la zona para que pudieran aportar dinero y traer a los paramilitares a la región.”[115]

Felipe identificó a dos oficiales de alto rango de la IIIa Brigada que habían asistido a la reunión. Un hombre que se autodenominaba Marcos representaba a las AUC. “Marcos me llamó unos meses después y me invitó a trabajar con los paramilitares”, recordó Felipe.[116]

Felipe aseguró a Human Rights Watch que trabajó con soldados que pasaban las vacaciones pluriempleados como paramilitares para obtener un dinero extra. “Me dijeron que les pagaban 1.000.000 de pesos por un mes de trabajo.”[117]

Según el mismo testigo, poco después de la reunión inicial, unidades del Ejército apoyaron el avance paramilitar que comenzó en julio de 1999 cerca de Buga y Tuluá. Los oficiales, dijo, se comunicaban constantemente con los paramilitares sobre el terreno mediante teléfonos celulares y radios.[118]

El Batallón Palacé, parte de la IIIa Brigada, tiene su sede en Buga y es responsable de la región. “Yo estaba allí cuando el Batallón Palacé prestó una de sus camionetas a los paramilitares, que la utilizaron en una operación. Pero los guerrilleros la quemaron”, aseguró Felipe.[119]

El ataque en el que resultó destruida la camioneta del Ejército se produjo cerca de las poblaciones de La Moralia y Monteloro. Se cree que se trata de una de las primeras acciones realizadas por las AUC con la coordinación y el apoyo de la IIIa Brigada. En ese tiempo, un líder de las AUC que se autodenominaba Román declaró a los periodistas locales: “Estamos aquí porque muchas personas nos han pedido que estemos por esta zona, debido a que están cansadas de los hostigamientos de la guerrilla”.[120]

En agosto, los paramilitares atacaron la población de El Placer, cerca de Buga. “Dos camiones paramilitares llenos de combatientes armados pasaron por un retén del Ejército el 23 de agosto”, afirmó a Human Rights Watch un trabajador social que pidió permanecer en el anonimato. “Cuando ya estaban en el pueblo, los paramilitares mataron a dos personas. Otros nos dijeron que los camiones habían salido realmente del Batallón Palacé justo antes de los asesinatos.”[121]

Se informó de que los combatientes de las AUC llegaron a El Placer después de la medianoche, forzaron a los residentes a salir de sus casas y se llevaron a Anacarsis Morantes y Amadeo Valderrama.[122]

Cuatro meses antes, Valderrama había sido detenido y fotografiado por soldados del Batallón Palacé, quienes le acusaron de ayudar a la guerrilla. Según trabajadores sociales locales, a principios de agosto, Morantes y Valderrama habían huido a Buga tras la primera incursión paramilitar. Después de que las autoridades locales garantizaran su seguridad, volvieron a sus haciendas. Investigadores gubernamentales confirmaron más tarde que se había enviado un censo de los desplazados a la oficina del alcalde para obtener ayuda de emergencia. La oficina del alcalde mandó después la lista al Batallón Palacé. Los nombres de Morantes y Valderrama aparecían en la lista.[123]

Entre los paramilitares acusados de identificar a Morantes y Valderrama se encontraba Tatabro, antiguo informador de la guerrilla que se había pasado al Ejército. Tatabro residía regularmente en el Batallón Palacé y vestía uniforme de camuflaje. Según la información disponible, antes de que los paramilitares asesinaran a los hombres, Tatabro se levantó la capucha y fue reconocido por los residentes.[124]

 “A TATABRO algunas veces lo paraban a la entrada del batallón para retenes y ayudar a requisar”, dijo otro testigo a los investigadores. “Él era el que decía qué personas conocía de las personas que pasaban en los carros y a los que requisaban, lo tenían para identificar gente.”[125]

Testigos del Gobierno y residentes locales entrevistados por Human Rights Watch dijeron que el Ejército no hizo nada por perseguir o capturar a los paramilitares.[126] Incluso cuando el Comandante del Batallón Palacé, el Coronel Rafael Hani, negaba la presencia paramilitar, los policías locales presentaban boletines regulares y detallados sobre el avance del Frente Calima. Según declaró a investigadores gubernamentales un testigo de una reunión de emergencia organizada por el alcalde de Buga a la que asistió el Coronel Rafael Hani, el oficial desestimó los informes de que había paramilitares en la zona. Para el Coronel Hani las personas que afirmaban ser “desplazadas” por la violencia eran simplemente guerrilleros.[127]

Otro testigo gubernamental que trabajaba como agente de inteligencia del Ejército y que tenía regularmente contacto con los paramilitares declaró que los paramilitares consideraban al Coronel Hani como uno de sus mejores aliados. “[el Coronel Hani] fue quien más ayudó a los paramilitares, proporcionándoles alimentos, dinero, uniformes de camuflaje de estilo ‘tigre’, todo lo que necesitaran.”[128]

Durante meses, nos dijeron los residentes, los paramilitares tuvieron una base permanente en la región. “En el centro del Valle, se sabe mucho sobre los paramilitares, pero no se hacen los operativos necesarios para capturarlos”, afirmó un alto investigador del Gobierno.[129]

Los investigadores identificaron varias bases paramilitares permanentes en la región, entre ellas, una situada en la hacienda La Iberia, cerca de Tuluá. Tras una visita a la región, la Oficina del ACNUDH reportó que el 24 de marzo de 2000 había informado al Gobierno de la existencia de esta base. Sin embargo, ni el Ejército ni la Policía tomaron ninguna medida contra ella y la base permaneció allí hasta 2000.[130]

La carretera a Buenaventura

          Tras establecerse en el centro del departamento del Valle, las AUC comenzaron a empujar hacia el sur y hacia el oeste, adoptando como objetivo la carretera que conecta la ciudad de Cali con el puerto principal de Colombia, Buenaventura. Los habitantes de la zona señalan la masacre del 11 de mayo de 2000 que tuvo lugar cerca de Sabaletas, Valle, como el punto de partida de una ofensiva paramilitar. Según declararon los habitantes de la zona a una misión investigadora del Gobierno, al menos ocho hombres fuertemente armados y uniformados asesinaron a doce residentes y secuestraron a otros cinco.[131]

Las mismas personas contaron a la misión del ACNUDH que anteriormente los miembros de las fuerzas de seguridad les habían dicho que enviarían “a los paramilitares” contra aquellos que no ayudaran a capturar a las guerrillas.[132] 

La misión del ACNUDH observó que los habitantes y las autoridades locales expresaban repetidamente su indignación por la facilidad con la que las AUC se habían movido por una zona que durante mucho tiempo había tenido permanentemente una fuerte presencia militar y policial:

Sorprende la facilidad con que el grupo armado que asesinó y desapareció tantas personas en una misma jornada, pudo realizar todo un itinerario criminal sin ser vistos por el Ejército a través de los retenes militares que tiene sobre la carretera, especialmente el corregimiento de Zacarías, ubicado a 10 minutos de Sabaletas y el Danubio donde hay puesto militar permanente, además del ubicado sobre la carretera en la entrada de las instalaciones de la Hidroeléctrica del Alto Anchicayá. Sorprendidos se encuentran además los testigos por la cantidad de uniformados que realizaron la incursión (cerca de 80 hombres bien armados y uniformados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares que se movilizaban en 2 camiones y 2 camionetas ‑alguna de ellas color vino tinto fue reconocida por la comunidad pues transitó por allí hace 6 meses con el Ejército‑, cuando la región solo cuenta con una entrada (Sabaletas) y una salida (Queremal), ambas custodiadas por Fuerza Pública).[133]

Las comunidades afrocolombianas de la región —aproximadamente el 20 por ciento de la población de Colombia pertenece a estas comunidades que se  concentran a lo largo de la costa del Pacífico— se vieron golpeadas con especial dureza. Desde que la constitución colombiana de 1991 reconociera el derecho de los grupos étnicos de Colombia a organizarse, los afrocolombianos se han movilizado políticamente para pedir tierras y reclamar otros derechos. “Eso significa que somos un obstáculo para las guerrillas y los paramilitares, que quieren controlar a las comunidades negras”, dijo un organizador a Human Rights Watch. “Los paramilitares constituyen ahora la principal amenaza.”[134]

La historia que Jorge Isaac Aramburo, profesor y organizador afrocolombiano, relató a Human Rights Watch es especialmente dramática. Aramburo, residente de Buenaventura, Valle, supo en septiembre de 2000 que su nombre se encontraba en una lista de supuestos partidarios de la guerrilla que estaban haciendo circular los paramilitares. El 6 de septiembre de 2000, antes de abandonar el pueblo por razones de seguridad, se detuvo en casa de una hermana viuda a dejar dinero.[135] [FOTO 6]

Más tarde se dio cuenta de que los paramilitares le habían visto entrar en la casa, pero no se percató de que había dejado abierta la puerta trasera. Cuando salió, unos hombres armados entraron en la casa y asesinaron a cinco de los sobrinos de Aramburo. También resultó muerto un amigo que estaba de visita, primo de uno de los mejores jugadores de fútbol de Colombia.[136] Según las declaraciones de testigos a periodistas locales, los asesinos habían alineado a los hombres contra la pared y los habían ejecutado uno por uno.[137]

Tal y como señalaron miembros del Parlamento Europeo en una carta al Presidente  Pastrana en mayo de 2001, a pesar de una serie de masacres y de alertas sobre otras masacres planeadas, la presencia paramilitar no sólo continuó, sino que creció a finales de año, aun con la presencia permanente de la Armada en Buenaventura.[138]

La ofensiva de Cauca

          En febrero de 2000, las AUC anunciaron públicamente un plan para avanzar hacia el sur, al  departamento del Cauca. En una carta a los alcaldes de la zona, con copia para el Gobernador, los líderes de las AUC decían que sacarían a los combatientes del departamento del Valle del Cauca y arrebatarían el control a las guerrillas. “Cualquier ciudadano o autoridad civil, que brinde cualquier tipo de colaboración a la subversión a partir de nuestra llegada al Departamento del Cauca, será declarado objetivo militar”, avisaba la carta.[139]

El 11 de mayo de 2000, las AUC repitieron sus amenazas, esta vez al Gobernador del departamento del Cauca, César Negret Mosquera:

Tal como le habíamos anunciado públicamente las AUC, hemos llegado al departamento del Cauca con nuestro frente de guerra CALIMA. En el día de ayer incursionamos en algunos corregimientos del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle, y en otros caseríos pertenecientes al departamento del Cauca, con el resultado de catorce guerrilleros de las FARC dados de baja por nuestras tropas en combate y doce guerrilleros ejecutados de civil. Usted señor Gobernador, quien representa la máxima autoridad departamental, está fortaleciendo descaradamente a las guerrillas en el departamento del Cauca.[140]

Los habitantes de Cauca declararon en repetidas ocasiones a Human Rights Watch que tropas del Ejército de Colombia realizaban operaciones a las que seguía rápidamente la llegada de un gran número de paramilitares. Según dijo un testigo a Human Rights Watch, en junio de 2000, a una ofensiva del Ejército en las afueras de Timba, Cauca, le siguió horas después la llegada de paramilitares de las AUC. Los paramilitares se acercaron a pesar de que helicópteros militares seguían sobrevolando la zona y los surcos de los vehículos blindados Cascabel del Ejército aún estaban frescos.[141]

“Cuando ataca la guerrilla, el Ejército responde en menos de dos horas”, afirmó un personero de Cauca que pidió que no se mencionaran ni su nombre ni su pueblo. “Pero a pesar de las matanzas cada tres o cuatro días, nunca hubo una respuesta del Ejército contra los paramilitares. No se me ocurre un solo enfrentamiento entre ellos.”[142]

El personero siguió contando que en otra ocasión las AUC entablaron un combate con una unidad de la guerrilla UC-ELN y una hora después llegó el Ejército para unirse al ataque a la guerrilla.[143] 

El personero también relató a Human Rights Watch que los habitantes le aseguraron haber visto al Comandante del Batallón de Pichincha conversando con Pirri, un comandante de las AUC, sobre el lugar donde debería albergarse a las familias desplazadas. “Pero la gente tenía demasiado miedo de realizar declaraciones formales”, observó. Tras saber que su nombre estaba en una lista negra, este personero dimitió y huyó a Bogotá.[144]

Otros habitantes de Timba dijeron a trabajadores sociales locales entrevistados por Human Rights Watch que habían visto a soldados del Ejército y paramilitares intercambiando uniformes, de manera que los soldados aparecieran de día como miembros del Ejército y de noche como paramilitares.[145]

En La Esperanza, Cauca, la Navidad marcó la llegada de hombres armados que se identificaron como miembros de las AUC. Unos 200 residentes huyeron a la cercana Timba, donde se refugiaron en la escuela local. Se informó de que las AUC ordenaron a las familias abandonar sus casas y, cuando se hubieran realizado las masacres, volver con la seguridad “garantizada”.[146]

En Jamundí, una población cercana, un funcionario municipal que desde entonces ha huido de la zona, contó a Human Rights Watch que los paramilitares y el Ejército se reunían regularmente en el Plazas, un hotel local. “Los paramilitares se pasean durante el día con los brazaletes puestos, y la Policía y los militares simplemente los dejan pasar. Cuando llegan comisiones oficiales, sólo se quitan los brazaletes. Los de fuera no saben más que son soldados.”[147]

La búsqueda de Enrique

          Cuando Enrique,quien solicitó a Human Rights Watch permanecer en el anonimato, se enteró por miembros de su familia de que su tía había desaparecido en Santander de Quilichao, tomó el primer vuelo de Bogotá a Cali y luego un autobús al pueblo para comenzar la búsqueda. Le dijeron que su tía había sido secuestrada por los paramilitares un domingo por la mañana.[148]

Aunque la PNC mantiene un puesto en el pueblo,  a  Enrique le advirtieron de que los paramilitares patrullaban las calles por la noche con el permiso de la Policía.[149] “Tenemos casos donde los paramilitares han matado gente en el casco urbano de Santander de Quilichao, y aún así la policía nacional no reacciona”, declaró un alto investigador gubernamental a Human Rights Watch.[150]

“Los paramilitares dijeron que iban a dejar ir a mi tía y que solo debía esperar”, contó Enrique a Human Rights Watch. Enrique encontró sin ayuda la base paramilitar a tan solo quince minutos del centro del pueblo. Mientras, docenas de soldados patrullaban las calles. “Después nos dijeron que buscáramos en el río Cauca. La encontramos torturada y muerta. Pudimos identificar el cuerpo por un anillo y una marca en su piel. Sus dedos estaban completamente rotos hacia atrás. Le habían disparado en un ojo, que había perdido.”[151]

Según los habitantes de Cali, aparecen entre tres y cuatro cuerpos a la semana flotando en el río Cauca, que separa el centro de Cali del aeropuerto internacional y que está atravesado por el puente que utiliza la mayoría de los que viajan en avión para entrar o salir de la ciudad. Los pescadores y quienes  recogen arena del lecho del río para venderla suelen ser los que hallan cadáveres y miembros.[152] A veces se encuentran hasta diez cuerpos juntos, con las manos atadas, y con varios disparos.[153]

Terror en Cajibío

          El terror causado por el avance de los paramilitares en Cauca es indescriptible. Cuando las AUC llegaron al amanecer a un caserío cerca de Cajibío, Cauca, el 22 de noviembre de 2000, Ana Zoraida Campo estaba en casa de su familia. Los paramilitares exigieron que saliera su marido, pero éste no se encontraba en esa casa. Campo estaba demasiado asustada para abrir. Los paramilitares derribaron la puerta y se llevaron a su hermano Arsenio diciendo que sería un rehén hasta que apareciera otro hermano. Días después, ella efectuó este relato al personero en Popayán, la capital de Cauca:

Nos sacaron a la plaza donde estaba la mayoría del pueblo, al llegar nosotros allá vimos que mi hermano menor Yonir Campo también lo tenían amarrado, luego nos dividieron en dos grupos mujeres y hombres, a los hombres los hicieron hacer una fila y luego los iban requisando y pidiéndoles papeles, luego llamaron a los dueños de las tiendas, entre éstos está mi hermano mayor Alcibiadez Camayo y mi sobrino James Camayo a ellos también los amarraron... de ahí ya dijeron que necesitaban la mujer que no quería abrir la puerta, entonces yo levanté la mano y les dije que yo era entonces cogieron y me amarraron y dijeron que a todos los que nos tenían ahí amarrados que éramos once (11) nos iban a matar.

Posteriormente, los paramilitares liberaron a ocho de los rehenes, incluyendo a Campo y sus hermanos. Se llevaron a cuatro aldeanos a la carretera que conduce al cementerio y los ejecutaron.[154]

Esa misma unidad paramilitar continuó con las detenciones hasta el 24 de noviembre, según relataron algunas personas. En esa fecha, la unidad llegó a la población de La Pedregosa con cinco hombres con las manos atadas y sujetos por el cuello. Los paramilitares cortaron las líneas telefónicas del pueblo e instalaron un retén para impedir la salida y registrar a cualquiera que llegara. Tras pasear a los cinco rehenes por todo el pueblo, los paramilitares los ejecutaron en la iglesia local, aunque había un helicóptero militar colombiano sobrevolando el campanario. En ese momento, el sacerdote local estaba celebrando una primera comunión y los asistentes a la ceremonia vieron la ejecución, estupefactos, cuando salían de la iglesia.[155]

Los testigos también reportaron a la Procuraduría que los paramilitares hablaron por radio con la tripulación del helicóptero y que éste se alejó de la zona sin actuar contra los paramilitares.[156]

Las autoridades locales celebraron un Consejo de Seguridad en Popayán el 22 de noviembre y solicitaron a las fuerzas de seguridad que tomaran medidas para detener la matanza. Durante la reunión, el Alcalde de Morales denunció que las AUC ya les habían amenazado a él y a otros cuatro candidatos a la alcaldía.[157] Un mes antes, las AUC habían hecho circular un panfleto anunciando una “limpieza social” de los candidatos y sus partidarios, a quienes  acusaban de favorecer a la guerrilla.[158]

Pero, la llegada de las fuerzas gubernamentales no aplacó los temores, sino que los incrementó. Según una asociación de grupos defensores de los derechos humanos con sede en Cauca, tropas pertenecientes al batallón de la IIIa Brigada José Hilario López, con sede en Popayán, llegaron a pueblos en las afueras de Cajibío el 12 de diciembre de 2000, menos de un mes después de que las AUC llevaran a cabo sus primeras matanzas. Sin embargo, en lugar de perseguir a los paramilitares, los habitantes aseguraron que los soldados comenzaron a detener a aldeanos. Se informó de que unos soldados desnudaron a tres jóvenes que iban a cosechar café y les dieron una paliza. Otros soldados dispararon al suelo junto a los pies y cerca de los oídos de un líder local mientras le decían que querían “hacerlo hablar”.

Las informaciones señalan que, antes de irse, los militares amenazaron a los aldeanos: “Esperen que para la Navidad les vamos a apretar las guebas para dañarles la Navidad”.[159]

Los soldados cumplieron con retraso la amenaza. El 10 de enero de 2001 llegaron a casa de Edelmira Montenegro Álvarez, una agricultora de los alrededores de Cajibío. Según el testimonio que Montenegro prestó ante el personero de Cajibío dos días después, un soldado comenzó a preguntarle por el paradero de su cuñado, Saulo Campo, y de sus vecinos. Cuando ella respondió que no había nadie más en la casa,  el soldado vertió amenazas contra ella y los ausentes: “[ese] huevoncito [sic], que saludos le dejaban y que se cuide, porque el rabito ya le estaba oliendo a formol.”[160]

En casa de Campo, según testificó más tarde su esposa, los soldados registraron los dormitorios, cogieron un par de pantalones verdes de su marido y los quemaron. Tras amenazarla y golpearla con un rifle, se fueron. La familia huyó más tarde por miedo a más ataques.[161]

Menos de una semana después, presuntos paramilitares llevaron a cabo la mayor masacre acontecida hasta la fecha en la región: la ejecución de diez hombres a los que sacaron de un autobús público a solo quince minutos de Popayán. Una de las víctimas, José Luis Campo, de veinte años, acababa de terminar el servicio militar obligatorio. Fue asesinado mientras montaba en bicicleta junto al autobús detenido, al parecer porque los paramilitares no querían testigos.[162]               

Los paramilitares no fueron los únicos asesinos. En un supuesto intento por detener el avance paramilitar, los grupos guerrilleros FARC-EP atacaron el 8 de octubre de 2000 la población de Ortega, en las afueras de Cajibío, Cauca. Según la Defensoría, los guerrilleros detuvieron a diez habitantes, entre ellos un chico de quince años, los ataron, los forzaron a tirarse al suelo y los mataron a tiros. A continuación decapitaron tres de los cuerpos. Antes de irse, las FARC-EP destruyeron cuarenta y dos edificios, la capilla del pueblo y un centro de reunión de los protestantes. El ataque se consideró una venganza porque el pueblo se había negado un mes antes a permitir que los guerrilleros quemaran su centro de salud.[163] Se cree que en diciembre de 2000 las FARC-EP asesinaron a cuatro indígenas colombianos en el Cauca porque sospechaban que apoyaban a los paramilitares o porque se negaron a luchar contra ellos.[164]

Los ataques paramilitares de noviembre alrededor de Cajibío hicieron que una comisión de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales visitara y preparara una solicitud especial de alerta temprana que pedía al Gobierno que tomara medidas especiales para proteger a la población civil. La solicitud fue enviada el 1 de diciembre. En ella figuraban los lugares exactos donde se creía que se producirían nuevos ataques. Sin embargo, cinco meses después, el Gobierno colombiano todavía tenía que acusar formalmente el recibo de la solicitud de alerta temprana.[165]

Aunque el Gobierno envió una comisión de investigación el 11 de enero de 2001, después de su partida no se tomaron medidas visibles o eficaces que detuvieran la violencia paramilitar. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH) promulgó medidas de precaución para hacer que el Gobierno pusiera en marcha medidas de emergencia para proteger a las autoridades locales y a los miembros de las organizaciones sociales que operaban en la zona.[166] Pero incluso en mayo de 2001, Human Rights Watch seguía recibiendo informes que indicaban que los paramilitares continuaban moviéndose libremente por Cajibío, a pesar de que el Ejército de Colombia estaba permanentemente en las cercanías.[167]

Incluso cuando las organizaciones humanitarias, la Iglesia, los líderes municipales y las víctimas testificaban sobre el régimen de terror en la región, y cientos de familias desplazadas y sus hijos abarrotaban iglesias y escuelas, los oficiales del Ejército Colombiano responsables del orden público negaban que estuviera pasando nada fuera de lo normal. “En estos momentos tenemos unidades en la parte alta de la montaña y no se nos ha informado nada extraño”, aseguró el Comandante del Batallón Pichincha, Teniente Coronel Tonny Vargas, a la edición de Cali de El País. “De la misma manera, ningún campesino nos ha indicado quién fue el que impuso esa orden de desalojar las casas.”[168]

La ofensiva paramilitar en la región atrajo la atención internacional durante las festividades de Semana Santa de 2001, cuando las gentes comenzaron a reportar una serie de masacres llevadas a cabo por las AUC a lo largo del río Naya, que separa los departamentos del Valle y del Cauca. En ese momento, los comandantes locales del Ejército dijeron a los periodistas que no tenían pruebas de que los paramilitares estuvieran en la región.[169] Un corresponsal de Los Angeles Times visitó después la zona y reconstruyó lo que ocurrió:

           [Los paramilitares] hicieron primero una carnicería con Gladys Ipia, de 18 años, cortándole la cabeza y las manos con una motosierra. A continuación, mataron a seis personas en un restaurante bajando el camino. A algunos les dispararon, a otros los apuñalaron. A un hombre lo acuchillaron hasta la muerte y luego lo quemaron. Y así se extendieron, 200 hombres y adolescentes pertenecientes al mayor grupo paramilitar ultraderechista de Colombia, los Grupos de Autodefensa Unidos de Colombia. La Semana Santa se convirtió en una procesión de muerte a medida que las fuerzas recorrían andando unos 100 kilómetros desde la cabecera del río Naya en los altos Andes hacia su desagüe en las selvas de las tierras bajas, deteniéndose para matar brutalmente en caseríos a lo largo del camino. Para cuando habían cruzado la región del Naya, un tramo remoto y asombrosamente bello de la costa colombiana del Pacífico, al menos 27 personas habían resultado asesinadas, otras 20 desaparecidas y supuestamente también muertas. Algunos eran guerrilleros de izquierdas. Otros eran campesinos. Uno fue encontrado extendido en un campo de fútbol como una muñeca abandonada. Casi todas las víctimas eran indígenas o negros. La violencia hizo que miles de personas huyeran.[170]

La Defensoría determinó más tarde que las AUC habían asesinado hasta cuarenta personas en el Alto Naya y habían forzado el desplazamiento de al menos otras 1.000. En su resumen de los hechos, el informe de la Defensoría concluyó:

Para la Defensoría del Pueblo, resulta inexplicable la forma cómo aproximadamente 500 hombres de las autodefensas pudieron realizar una movilización de estas características, sin ser advertidos, más aún cuando la zona por donde se estima incursionaron los hombres armados al área, se encuentra situada a 20 minutos del corregimiento de Timba, lugar en donde está ubicada la base del Ejército Nacional, desde el 30 de marzo del año en curso.[171]

Responsabilidad de oficiales

          Hasta noviembre de 2000, la IIIa Brigada estaba bajo el mando del General de Brigada Jaime Ernesto Canal Albán y cubría los departamentos del Valle y del Cauca. Human Rights Watch no tiene conocimiento de que haya sido sometido a ninguna clase de investigación.

 El General Canal dimitió el 3 de noviembre de 2000.[172] Posteriormente, el Ministro de Defensa dejó claro que la dimisión de Canal no tenía nada que ver con los supuestos lazos entre la IIIa Brigada y los paramilitares, sino que era  causa del desacuerdo de Canal con la decisión del Gobierno de negociar con la UC-ELN para la liberación de los dieciocho civiles que quedaban de los secuestrados en Kilómetro 18, un conocido restaurante de la carretera entre Cali y Buenaventura.[173] [FOTO 7]

Hasta la fecha, las únicas medidas tomadas para romper los lazos entre la IIIa Brigada y los paramilitares han corrido a cargo de la Fiscalía General. En diciembre de 2000, los fiscales detuvieron al Coronel Rafael Hani, Comandante del Batallón Palacé, con sede en Buga, Valle. Estos fiscales aseguraron a Human Rights Watch que poseen pruebas rotundas de que Hani creó grupos paramilitares, los dotó de vehículos y suministros, y coordinó acciones con ellos. Las pruebas, según los investigadores, son “extremadamente convincentes e implican un apoyo directo y una participación en crímenes paramilitares”. El apoyo de Hani a los paramilitares, decían los investigadores, fue una “flagrancia”.[174]

El Presidente Pastrana convocó en enero de 2001 una reunión de emergencia entre la Fiscalía General y el alto mando militar. La reunión pasó prácticamente desapercibida. Un funcionario del Gobierno que asistió a ella contó a Human Rights Watch que los oficiales protestaron amargamente por la detención del Coronel Hani. “No pueden dar con los autores intelectuales, entonces a los militares nos están cogiendo por el delito de omisión”, comentó ante los periodistas el General Francisco René Pedraza, Comandante de la IIIa Brigada.[175]

Tras la incursión paramilitar en toda la región del Alto Naya, que une Valle y Cauca, el Ministro de Defensa de Colombia anunció el 1 de mayo de 2001 que la Armada había capturado a setenta y tres supuestos miembros de las AUC acusados de haber participado en las acciones paramilitares.[176] Carlos Castaño asumió públicamente su responsabilidad en los asesinatos al mismo tiempo que las autoridades retiraban cuerpos en cabestrillos sujetos bajo los helicópteros.[177]

Magdalena Medio (Quinta Brigada)

    El fin de semana de Navidad y año nuevo serán de dolor y sangre.

                                             — Las AUC a los residentes de Barrancabermeja

En esta ciudad colombiana a orillas del río Magdalena corrían insistentes rumores de que las AUC planeaban cumplir la promesa de su comandante: “tomar café” en una cafetería local antes de finales de 2000. En los once meses anteriores, la ofensiva de las AUC había sacado a los guerrilleros de la UC-ELN de sus antiguos baluartes en las montañas del norte. Incluso cuando el Gobierno colombiano intentó establecer una zona especial en la región para mantener conversaciones de paz con la UC-ELN, las AUC, totalmente contrarias a cualquier negociación, reclamaron las poblaciones de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches y San Pablo, dando lugar a los acontecimientos que arrastrarían las negociaciones hasta el año 2001, dejando pocas esperanzas de éxito.[178]

A pesar de la omnipresencia de las AUC, el Ejército y las fuerzas policiales tuvieron pocos enfrentamientos con ellas, si es que se registró alguno. Caso tras caso, grupos de defensa de los derechos humanos, organizaciones campesinas, líderes religiosos y residentes en la zona describieron la política de tolerancia y, en algunos casos, de abierta colaboración entre las AUC, la Policía local y unidades bajo el mando del Comandante de la Va Brigada, con sede en Bucaramanga.[179]

Como comentó un observador internacional a Human Rights Watch, “Los paramilitares no podrían hacer lo que están haciendo sin el apoyo absolutamente grosero de la policía.”[180]

Durante una misión de Human Rights Watch al Magdalena Medio en enero de 2001, algunos testigos describieron cómo los paramilitares pudieron mantener su centro de mando en San Blas, a las afueras de la población de San Pablo, durante todo el año 2000. La base, dotada de equipo de comunicaciones, barracones y una flota de vehículos, se utilizaba para convocar a los líderes locales, reunir y distribuir armas y vehículos, y entrenar a cientos de combatientes paramilitares. Tras una visita a la región, la Oficina del ACNUDH informó al Gobierno sobre esta base.[181] Sin embargo, no fue atacada ni una sola vez por las fuerzas de seguridad colombianas en 2000, ni siquiera después de que un grupo de personas que se habían reunido de forma independiente con Carlos Castaño en sus terrenos informara de su existencia a las más altas autoridades de Colombia, incluido el Presidente Pastrana.[182] [FOTO 8]

Hasta marzo de 2001 las fuerzas de seguridad colombianas no ocuparon el centro de mando de las AUC en San Blas. En ese momento, el General Martín Carreño Sandoval, Comandante de la Va Brigada, anunció que sus tropas habían tomado un “fortín” paramilitar, rifles AK-47, municiones y un equipo de comunicaciones. También se informó de que los soldados encontraron cinco laboratorios de cocaína, dieciséis kilos de cocaína pura y 85.000 litros de los productos químicos utilizados para cristalizarla en polvo para su exportación. Sin embargo, ni un solo paramilitar fue detenido, lo que sugiere, como Castaño había dicho previamente a los visitantes, que recibieron un aviso previo preciso de la redada.[183]

“Cuando viajé recientemente por el río Magdalena con una misión humanitaria, estaba completamente controlado por los paramilitares”, dijo a Human Rights Watch un periodista que solicitó permanecer en el anonimato. El primer control paramilitar, dijo, estaba sólo a quince minutos al norte de Barrancabermeja. Este periodista afirmó reconocer en una ocasión a un soldado del Ejército de Colombia con un brazalete de las AUC. “Los lazos entre el Ejército de Colombia y los paramilitares son evidentes.”[184]

Asalto urbano

          La ciudad de Barrancabermeja, sede de la mayor refinería de petróleo de Colombia y de un bullicioso puerto fluvial, es un punto crucial para la salud económica del país. Durante casi tres décadas, la UC-ELN controló los barrios del este y los utilizó para reclutar nuevos militantes, extorsionar y proveer a las unidades rurales. Pero ese dominio se resintió cuando, en 2000, las AUC comenzaron a concentrarse en forzar a las guerrillas, y a cualquiera sospechoso de apoyarlas o simpatizar con ellas, a salir de la región y de la propia ciudad.

Durante el año, las autoridades de la ciudad registraron 567 homicidios en una población de 250.000 personas, una cifra sin precedentes. Fueron doce más que los registrados en el mismo período en la ciudad de Los Ángeles, cuya población es de casi diez millones de personas. La mayor parte de las víctimas de Barrancabermeja murieron por heridas de bala y se cree que fueron asesinadas por los paramilitares.[185] En 2000, Barrancabermeja tuvo una tasa de homicidios de 227 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.[186]

El Obispo Jaime Prieto dijo a Human Rights Watch que creía que la mayoría de los fallecidos no eran combatientes, sino víctimas de la sospecha de simpatizar o apoyar a la guerrilla o a los paramilitares. “Por cada persona que pueda haber ayudado a las guerrillas, dos que nada tienen que ver con ellas son asesinadas”, dijo.[187]

Conforme se acercaba el fin de año, los habitantes de Barrancabermeja alertaron a grupos de derechos humanos y a las autoridades porque las AUC habían prometido que “el fin de semana de Navidad y Año Nuevo serán de dolor y sangre.”[188]

Para prepararse, según se informó, los paramilitares reclutaron a muchos jóvenes locales ofreciéndoles categoría, armas, teléfono celular y un salario regular que superaba al que podían conseguir con un empleo legal. En la actualidad, Barrancabermeja registra una tasa de desempleo de más del 30 por ciento. “Ofrecían un salario de 500.000 pesos al mes”, explicó Francisco Chico Campos, miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, un grupo de defensa de los derechos humanos. “Pagaban a los dueños de tiendas por los suministros con un mes de adelanto y contrataban con conductores de taxis un mes entero de servicio.”[189]

El 4 de noviembre comenzó la tan rumoreada ofensiva. Según informaron grupos de defensa de los derechos humanos, unos cincuenta hombres armados y uniformados, que portaban brazaletes de las AUC, aparecieron en los vecindarios de María Eugenia, El Paraíso, Campestre y Altos de Campestre. Con listas en la mano, sacaron a siete personas y las mataron en el acto. Cuando supieron que una de las personas de la lista no se encontraba en casa, se llevaron a sus hermanos, Oswaldo y Rodrigo Buitrago. Los dos hombres permanecen desaparecidos. Los habitantes de estos barrios llamaron desesperadamente a la Policía y a la  base local del Ejército, pero no obtuvieron una respuesta efectiva.[190]

“A las catorce horas del asalto, habíamos confirmado la información proporcionada por CREDHOS”, dijo un alto investigador gubernamental a Human Rights Watch. “Pero prácticamente no hubo respuesta por parte de la Policía o de las Fuerzas Armadas.”[191]

Asalto a Miraflores y Simón Bolíva

          Según el relato de algunos habitantes de la zona a grupos de defensa de los derechos humanos, algo más de un mes después, la noche del 22 de diciembre, docenas de hombres uniformados y fuertemente armados, que lucían brazaletes de las AUC, hicieron un segundo intento de entrar en la ciudad, en los barrios del este: Miraflores y Simón Bolívar. Los hombres entraron a la fuerza en las casas reteniendo a sus moradores como rehenes. Las familias se vieron obligadas a alimentar y vestir a los paramilitares bajo amenazas de muerte.[192]

“Vi a los paramilitares entrar en esos vecindarios el 24 de diciembre y me resultó evidente que era el resultado de la coordinación entre las AUC y la Policía”, afirmó a Human Rights Watch un testigo que solicitó permanecer en el anonimato.[193]

Durante las veinticuatro horas posteriores, las AUC ejercieron su control calle por calle y casa por casa. Según se informó, el 23 de diciembre los paramilitares instalaron retenes en siete vecindarios y exigieron a los residentes que mostraran una identificación. Esa noche, unos 150 hombres uniformados y fuertemente armados circularon por la parte nordeste de la ciudad. Se informó de que unos pistoleros asesinaron a Edwin Bayona Manosalva, un chico de diecisiete años que entraba en el domicilio familiar.[194]

Aunque la policía patrulló por las cercanías, aparcó vehículos blindados en las proximidades e incluso llevó a cabo registros, los habitantes de la zona aseguraron que no se acercaron a los lugares donde conocidos paramilitares mantenían rehenes. Human Rights Watch recibió numerosos informes de que, por el contrario, la Policía, tras acercarse a paramilitares armados, les permitió seguir sin molestarles.[195]

“Los residentes se sintieron abandonados por las autoridades”, dijo un observador internacional.[196]

Tras la medianoche del 24 de diciembre, hombres armados que se identificaron como paramilitares entraron a la fuerza en la casa y en la tienda de Pedro Ospina, un residente de Primero de Mayo. Según la declaración que hizo más tarde a CREDHOS, los hombres le dijeron que estaban tomando posesión del edificio y le conminaron a ayudarles. “Procedieron a retener personas que transitaban por frente de mi casa y los obligaban a ingresar a la casa donde ellos estaban, una vez adentro eran interrogados, preguntándoles por la Guerrilla.”

Según el relato de Ospina a CREDHOS, esa tarde un grupo de la Policía Nacional de Colombia llegó en el tanque blindado No. 178, entró en su tienda y habló con los hombres que él suponía paramilitares. Tras inspeccionar sus armas, los agentes, al parecer, avisaron a los hombres de que deberían irse por su seguridad.[197] Ospina dijo más tarde a un investigador gubernamental que, en su opinión, la Policía había rescatado a los paramilitares.[198]

No muy lejos, presuntos paramilitares sacaron de su casa a la fuerza a Gustavo Adolfo Lobo y lo metieron en una furgoneta. Su familia encontró el cadáver al día siguiente.[199]

El Coronel Luis Novoa, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional de Colombia, (GRUDH INSGE), dijo a Human Rights Watch que la Policía había realizado una investigación preliminar del vehículo blindado 178. Los supuestos paramilitares, afirmó, eran en realidad agentes de policía camuflados. “Fue un error evidente no comunicar esto a los habitantes”, dijo a Human Rights Watch.[200]

Sin embargo, no explicó por qué los supuestos agentes camuflados  interrogaban a la gente sobre la guerrilla, cuando los paramilitares estaban arrasando la zona, deteniendo a residentes y matándoles.

Posteriormente, las AUC confirmaron sus intenciones en una declaración pública firmada por Esteban, quien se identificó como comandante de una rama regional de las AUC denominada Autodefensas Unidas del sur de Bolívar y Santander. En una declaración enviada por fax a grupos de defensa de los derechos humanos, y distribuida a mano por la ciudad, Esteban confirmó la presencia de lo que él denominaba “nuestras unidades militares y de inteligencia en el área rural y urbana de Barrancabermeja”.[201]

Estrategia de omisión y retraso

          Lo que la Policía describió más tarde como una “intensificación” de sus patrullas no demostró ser ningún obstáculo para una ofensiva paramilitar que tuvo como resultado una docena de asesinatos entre el 22 de diciembre y el 5 de enero de 2001.[202] Entre los hombres que supuestamente dirigían la ofensiva paramilitar se encontraba Wolman Saír Sepúlveda. Algunas informaciones señalaban que Sepúlveda, al igual que otros miembros de las AUC, había sido guerrillero de la UC-ELN hasta que cambió de bando. Un mes antes de que comenzara la ofensiva, soldados del Batallón Antiaéreo No. 2 Nueva Granada habían detenido a Sepúlveda, por creerle responsable de hacer circular una lista negra con los nombres de diez personas. Se informó de que en el momento de la detención, Sepúlveda llevaba armas y se identificó como miembro de las AUC.[203]

Sin embargo, Sepúlveda no fue acusado y quedó en libertad. Volvió a los barrios del noroeste de la ciudad para aterrorizar a sus residentes hasta que fue detenido por segunda vez.[204]

Al fin, el 24 de diciembre, después de que grupos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, la oficina en Bogotá del ACNUDH y la embajadora de Estados Unidos efectuaran literalmente docenas de llamadas telefónicas a la Policía y a comandantes del Ejército, las fuerzas de seguridad de Colombia tomaron algunas medidas en la ciudad. Sin embargo, para cuando las fuerzas de seguridad se desplegaron, los paramilitares habían retenido los vecindarios de Miraflores y Simón Bolívar durante casi veinticuatro horas.[205]

“No hay interés y dejan que el conflicto siga”, comentó un alto investigador gubernamental que visitó Barrancabermeja más tarde. “Las fuerzas del Estado pueden intervenir, pero no existe voluntad.”[206]

Las autoridades militares y policiales a quienes entrevistó Human Rights Watch negaron haber ignorado las pruebas de un avance paramilitar y argumentaron que habían establecido una “presencia general” para evitar ataques y capturar a los paramilitares. Sin embargo, reconocieron que, a pesar de su “presencia”, la violencia política no se había visto prácticamente afectada.[207]

Durante la visita de Human Rights Watch a Barrancabermeja en enero de 2001, los líderes de CREDHOS pasaron la mayor parte del tiempo utilizando los teléfonos celulares, recibiendo información detallada sobre movimientos paramilitares y transmitiendo esa información inmediatamente a las autoridades. “Transmitimos información constantemente”, dijo Francisco Campos, “pero la violencia no ha parado”.[208]

La UC-ELN respondió a la ofensiva paramilitar con su propia violencia. Según los cálculos de los grupos de derechos humanos, dos tercios de las personas asesinadas entre el 22 de diciembre y el 17 de enero lo fueron a manos

de la guerrilla como supuestos colaboradores de los paramilitares.[209] Uno de los ataques que tuvieron lugar fue el intento de activar una bomba junto a un vehículo blindado de la Policía Nacional de Colombia el 6 de enero de 2001. Cuatro agentes resultaron sólo heridos, pero la bomba mató a los transeúntes Mérida Contreras y a su hijo de doce años, Braulio. Otra hija perdió el brazo derecho. Trece civiles más resultaron heridos, incluido un niño de tres años.[210]

Las autoridades gubernamentales informan que en enero de 2001, 200 personas fueron asesinadas en Barrancabermeja, lo que duplica el número de personas asesinadas durante el mismo período de tiempo en 2000.[211] “Aquí hay un estado de absoluta impunidad”, comentó el Obispo Jaime Prieto.[212] Esto representa un incremento espantoso en una ciudad ya aturdida por la violencia.

Respondiendo a la ofensiva de las AUC, el Presidente Pastrana convocó un Consejo de Seguridad de emergencia el 10 de enero de 2001, diecisiete días después de que comenzara la ofensiva. Asistieron miembros de su Gabinete, el Fiscal General Adjunto, Jaime Córboba Triviño, el Procurador, Jaime Bernal Cuéllar, el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, y el Comandante de la Policía Nacional de Colombia Luis Gilibert. Posteriormente, el Ministro del Interior, Humberto de la Calle anunció que el Gobierno había enviado fuerzas especiales del Ejército a la ciudad para “parar las masacres, acabar con el terrorismo y la especie de guerra territorial que está viviendo esta ciudad”.[213] [FOTO 9]

De La Calle afirmó que se enviaron más de 150 hombres. Sin embargo, las autoridades militares de Barrancabermeja dijeron a Human Rights Watch que realmente se habían desplegado cuarenta y cinco soldados de las Fuerzas Especiales.[214]

Posteriormente, el Gobierno anunció la formación de un comité ministerial con el objetivo expreso de perseguir y capturar a grupos paramilitares. En el pasado ya se anunciaron medidas similares, pero se quedaron en nada. De hecho, el Presidente Pastrana ya había anunciado anteriormente, en febrero de 2000, tras una similar serie de masacres, que organizaría un comité de este tipo. Sin embargo, el comité nunca se reunió.[215]

Objetivo: defensores de los derechos humanos

          Los defensores de los derechos humanos han sido uno de los principales objetivos del avance paramilitar en Barrancabermeja. Aunque las amenazas han sido una constante durante años, se agravaron a finales de 2000, cuando las AUC comenzaron sus esfuerzos por tomar la ciudad.

En septiembre de 2000, Mónica Madero y José Guillermo Larios, dos miembros de CREDHOS, se vieron forzados a abandonar la ciudad porque peligraba su seguridad. El 30 de septiembre se repartió una octavilla firmada por las AUC en la que declaraban “objetivos militares” a todos los miembros del consejo de CREDHOS y de la delegación local de la Asociación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y daban autorización efectiva a los paramilitares para considerarlos guerrilleros y asesinarlos.[216]

Francisco Campos, miembro del consejo de CREDHOS, comenzó a recibir amenazas telefónicas el 29 de diciembre. Supuestos paramilitares llamaban al teléfono especial que le había concedido el Ministerio del Interior para su seguridad. Seis días más tarde, unas personas, de las que consta su pertenencia a las AUC, fueron a casa de Larios y a la de Iván Madero, miembro del consejo de CREDHOS, para amenazarles a ellos y a sus colegas.[217]

          También han sido atacadas organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos humanos. La Organización Femenina Popular (OFP) ha sido objeto de violencia física y amenazas. El 19 de junio, Audrey Robayo, miembro de CREDHOS y empleada de la Corporación Mujer, Familia y Comunidad, un grupo no gubernamental, recibió la llamada telefónica de un habitante del vecindario de María Eugenia que afirmó que trabajaba para las AUC. Según el testimonio que Robayo dio a CREDHOS, el vecino le dijo: “Si quiere salvar el pellejo, retírese de toda esa mierda, cierren [la Corporación] ahí, trabaje por usted, por su beneficio personal y el de su familia, no trabaje por los demás y mucho menos por la izquierda”. Más tarde, la invitó a volver al trabajo social “después que nosotros entremos, regresa y hablamos del trabajo social que van a hacer”.[218]

Por su seguridad, Robayo visitó la casa que mantiene en la ciudad la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Los miembros de CREDHOS, OFP y ASFADDES van acompañados prácticamente veinticuatro horas al día de voluntarios de la sede en Barrancabermeja de PBI, organización no gubernamental cuyo objetivo es proteger a los defensores amenazados, mediante una presencia física constante.[219]

En la sede de PBI, Robayo describió lo que le había sucedido. Treinta minutos después de que Robayo llegara a la casa de PBI, que no tiene identificación  y que está situada en un vecindario distante, un hombre no identificado llamó a la Corporación Mujer, Familia y Comunidad en María Eugenia y dijo: “Dígale a Audrey que por qué pide ayuda, que pida ayuda cuando la vayamos a matar por sapa”.[220]

La persecución continuó en marzo. El día 7, dos miembros de OFP repartían folletos para promover el Día Internacional de la Mujer cuando se les acercaron unos hombres que se identificaron como miembros de las AUC. Los hombres tomaron los folletos y los quemaron. Amenazaron a las mujeres y les dijeron que abandonaran la zona.[221]

Pero la protección de PBI resulta cada vez más débil. El 8 de febrero de  2001, los paramilitares entraron en una casa dirigida por un grupo de bienestar social afiliado a OFP y situada en el barrio El Campestre. Los hombres requisaron el teléfono celular de un voluntario de PBI y le dijeron a él y a Jackie Rojas, miembro de OFP, que estaban considerados “objetivos militares”.[222]

“Los paramilitares no sólo nos están matando físicamente, también están acabando con nuestra capacidad de organizarnos, de ser líderes comunitarios”, dijo Yolanda Becerra, presidenta de OFP. “Nos hemos visto obligados a cerrar proyectos fuera de la ciudad porque los paramilitares nos han prohibido que viajemos por el río”.[223]

La Policía Nacional de Colombia ha investigado denuncias de complicidad policial en el avance paramilitar en  Barrancabermeja, pero los resultados todavía no están disponibles. El General Gilibert reconoció en una entrevista con Human Rights Watch que “se cometieron errores” cuando los paramilitares montaron su ofensiva, y se comprometió a corregirlos.[224]

Sin embargo, los grupos de derechos humanos concluyeron que, en general, “pese a las manifestaciones de buena voluntad de algunos funcionarios gubernamentales, la ofensiva paramilitar continúa y las autoridades no están haciendo nada para impedirlo”.[225]

En lugar de actuar de forma eficaz para proteger a los defensores amenazados y detener a los paramilitares, el Comandante del Comando Operativo Especial del Magdalena Medio de la PNC (COEMM), el Coronel José Miguel Villar Jiménez, atacó a los grupos de derechos humanos. En respuesta a la carta en la que los amenazados detallaban pruebas de complicidad policial con los paramilitares, el Coronel escribió que los grupos tenían “su origen en los mismos grupos al margen de la ley que pretenden enlodar el buen trabajo que se realiza constantemente, comentarios e informaciones que a la postre tienen eco en las diferentes Organizaciones No Gubernamentales, con eco internacional. Se puede pensar que no deja de ser una artimaña para hacer ver inoperante y posible vinculación del personal Policial con grupos de Autodefensas.”[226]

III. EL GOBIERNO DE PASTRANA

Aunque las Fuerzas Armadas continúan con una agresiva campaña publicitaria para limpiar su imagen, sobre el terreno siguen apoyando firmemente a los grupos paramilitares.

                                    — Observador internacional

El Gobierno de Pastrana no ha hecho prácticamente nada para ocuparse de las atrocidades cometidas por los paramilitares ni de la colaboración constante entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares abusivos. Tal como lo describió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 2000, la respuesta del Gobierno al empeoramiento de la situación de los derechos humanos ha sido “débil e inconsistente”.[227]

Existe gran cantidad de información disponible sobre quién comete atrocidades y por qué. A veces esta información se revela con gran detalle mucho antes de cualquier ataque. Sin embargo, los intentos del Gobierno por identificar y castigar a los responsables son débiles y en ocasiones totalmente ficticios, y se toman pocas medidas para neutralizar la violencia planeada antes de que haya víctimas que lamentar.

“Sabemos que hay personas de buenas intenciones en el Gobierno, pero la política del Estado no responde a estas intenciones”, comentó un sindicalista de Valle.[228]

Con la notable excepción de la Fiscalía General y su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de un grupo de oficiales de alto rango de la PNC, de la Defensoría y de funcionarios aislados, el Gobierno de Pastrana ha dedicado la mayor parte de su tiempo y su energía a elaborar una sofisticada campaña de relaciones públicas para destacar sus buenas intenciones. Pero esta campaña todavía ha de traducirse en medidas eficaces que se ocupen de las fuentes de la violencia, especialmente de los continuos lazos entre los grupos militares y paramilitares.

Un alto funcionario del Gobierno lo expuso de esta forma: “Hay una fractura entre el poder civil y el poder militar. Las autoridades políticas dan órdenes que se combate el paramilitarismo, y el poder militar las oye pero no las cumple”.[229]

          “Las Fuerzas Armadas están llevando a cabo un doble juego”, comentó un observador internacional a Human Rights Watch.“Aunque continúan con una agresivacampaña publicitaria para limpiar su imagen, sobre el terreno siguen apoyando firmemente a los grupos paramilitares.” [230]

Órdenes de arresto sin ejecutar

          Una forma de medir el fracaso del Gobierno de Pastrana en la adopción de medidas consiste en analizar lo que ocurre con las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía General para supuestos paramilitares. Según miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General (CTI), en enero de 2001 este organismo tenía más de 300 órdenes de arresto pendientes contra supuestos miembros de las fuerzas paramilitares. Entre ellas había al menos veintidós órdenes diferentes contra Carlos Castaño, por masacres, asesinatos y secuestros de defensores de los derechos humanos y de un senador colombiano.[231]

Sin embargo, el CTI ha tenido cada vez más dificultades para efectuar detenciones. En 1998, por ejemplo, el CTI efectuó 120 detenciones con este tipo de órdenes. Ese número descendió hasta ochenta y ocho en 1999 y a sesenta y cinco en 2000.[232] [APENDICE II]

Investigadores gubernamentales de cuatro instituciones diferentes consultados por Human Rights Watch culparon del descenso en el número de detenciones a las Fuerzas Armadas colombianas. Según estos investigadores, las Fuerzas Armadas se negaron a enviar tropas para efectuar las detenciones e incluso filtraron los planes de arresto a los paramilitares.

“Hay casos donde no podemos hacer efectivas las órdenes de captura para los paramilitares porque nos hace falta capacidad militar para enfrentarlos”, explicó un alto investigador gubernamental, que solicitó permanecer en el anonimato. Cuando las Fuerzas Armadas colombianas están implicadas, dijo este investigador, “la información se filtra y cuando llegamos no hay nadie. En muchos casos saben dónde están pero no actúan”.[233]

Por su parte, las Fuerzas Armadas afirmaron haber detenido a paramilitares y, con frecuencia, ilustraron estas afirmaciones con gráficos en color realizados con PowerPoint. Pero investigadores civiles gubernamentales insistieron a Human Rights Watch que la mayor parte de los que aparecían como detenidos en las cuentas de las Fuerzas Armadas no eran más que personal de bajo nivel, ni líderes ni organizadores clave. La Fiscalía, actuando a veces en colaboración con el CTI y la PNC, posee un registro mucho mejor de detenciones de líderes paramilitares.[234] 

          Por ejemplo, el 24 de mayo de 2001, la Fiscalía General practicó detenciones y registros sin precedentes en la ciudad de Montería, Córdoba, considerada durante mucho tiempo una fortaleza de Carlos Castaño. En la redada participó una unidad especial del Ejército de Colombia traída desde Bogotá. Posteriormente se informó de que las autoridades habían realizado treinta y un registros y habían detenido al menos a cinco personas que presumiblemente tenían lazos con los paramilitares. Entre las casas registradas se encontraba una que pertenecía a Salvatore Mancuso, El Mono, presunto miembro de alto nivel de las AUC, buscado en relación con varias masacres.[235] Resulta significativo el hecho de que los fiscales emplearan soldados de la capital y no de Montería, un feudo paramilitar, donde desde hace tiempo se vincula a la IXa Brigada con el apoyo a los paramilitares.

Pero incluso estas detenciones pueden resultar ilusorias. Desde 1998, al menos quince supuestos líderes paramilitares que habían sido detenidos han pasado después por delante de los guardias, soldados y policías camino de la libertad:[236]

Omar Yesud López Alarcón: considerado el jefe de la facción norte de las AUC. Se fugó de la prisión de Cucutá, Norte de Santander, el 17 de mayo de 2001. Había sido detenido a finales de 2000, acusado de ser el cerebro de distintas masacres en el noreste de Colombia.[237]

Martín Villa Montoya: presunto participante en la masacre de El Salado.[238] Se fugó de la prisión donde se encontraba detenido en marzo de 2001, sólo unos días después de que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General presentara cargos formales contra él y contra otros catorce presuntos participantes en el asesinato de treinta y seis personas.[239]

Jorge Iván Laverde Zapata, alias Sebastián o El Iguano: el 22 de noviembre de 2000, cuando Laverde, acusado de pertenecer a las AUC, estaba siendo intervenido en un hospital, llegaron treinta miembros de su grupo para escoltarle hacia la libertad. Aunque se consideraba a Laverde un comandante paramilitar y el hombre de confianza de Carlos Castaño, los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de su custodia no tomaron medidas especiales para evitar su fuga o detener a los pistoleros de las AUC.[240] De hecho, se sabía que existía el riesgo de que Laverde se fugase, puesto que ya lo había hecho después de que la PNC lo detuviera el 18 de enero de 2000 cerca de Turbo, Antioquia.[241] Cuando huyó por segunda vez, se informó de que Laverde tenía tres órdenes de arresto contra él por homicidio y actividades paramilitares, y de que estaba considerado un comandante de las AUC en el departamento del Norte de Santander.[242]

Salomón Feris Chadid: oficial militar retirado vinculado a asesinatos en el departamento de Sucre. Escapó varias semanas después de su detención en agosto de 2000.[243]

Francisco Javier Piedrahíta: fue detenido y acusado de financiar a los paramilitares en la costa caribeña de Colombia. Escapó tranquilamente el 31 de diciembre de 1999 cuando era escoltado hasta una clínica de Barranquilla para ser intervenido.[244]

Humberto Caicedo Grosso: parece que un corte de pelo de estilo militar fue todo lo que necesitó este supuesto paramilitar, conocido como HK, para salir de la VIa Brigada del Ejército en Yopal, Casanare, dos días después de su detención el 18 de febrero de 2000. Aparentemente, Caicedo escapó por la entrada principal de la brigada. Según un informe de El Espectador, la fuga ni siquiera fue registrada por el Ejército de Colombia hasta el 8 de marzo. La Fiscalía General abrió posteriormente una investigación a dos coroneles y un capitán del Ejército por su presunta participación en la preparación de la fuga.[245] Caicedo estuvo implicado después en la mayor toma de rehenes registrada en Colombia: el secuestro, el 16 de mayo de 2001, de 198 trabajadores africanos de las palmeras en el departamento de Casanare. Posteriormente se informó de que todos los trabajadores habían sido liberados.[246]

Héctor Buitrago, Tripas: Buitrago fue detenido en conexión con la muerte de once personas tras el ataque del 3 de octubre de 1997 a una comisión judicial del Gobierno en las afueras de San Carlos de Guaroa, Meta. La comisión pretendía incautarse el rancho de un supuesto narcotraficante que financiaba grupos paramilitares. Buitrago escapó cuando se le trasladaba de una cárcel de Villavicencio a un hospital local tras quejarse de síntomas de infarto cardiaco. Hombres armados interceptaron el vehículo que lo trasladaba y mataron a Carmen Rosa Burgos, la enfermera que le atendía.[247]

Jacinto Soto Toro, alias Lucas o Aníbal: importante contable de las AUC, salió de la prisión Bellavista de Medellín el 2 de noviembre de 1998.[248] El CTI lo había detenido el 30 de abril de 1998, al descubrirlo en una oficina donde, según las autoridades, se realizaba la contabilidad de los paramilitares y se guardaban documentos relacionados con cuentas corrientes, negocios falsos y nombres de colombianos que habían donado dinero u otros bienes.[249] Según el director de la prisión, Soto pudo escapar porque tenía un documento falso firmado por un fiscal local que autorizaba a los guardas a liberarle.[250]

Existen informaciones que aseguran que otros líderes paramilitares en prisión siguen organizando acciones militares desde sus celdas.[251]

Oficiales militares acusados o condenados por asesinato y por ayudar a los paramilitares también han eludido la detención con facilidad. Según la Fiscalía General, desde 1996, al menos cuarenta y cuatro soldados implicados en delitos graves han abandonado las instalaciones militares donde estaban bajo custodia. Diecisiete fugitivos abandonaron instalaciones que estaban bajo el mando de la IVa Brigada, con sede en Medellín, la brigada, con el peor historial. El teniente Carlos Alberto Acosta Tarazona llegó incluso a escapar dos veces, la última, de unas instalaciones especiales de las Fuerzas Armadas en Tolemaida.[252]

Mayor Diego Fino: detenido y acusado de complicidad en el asesinato, en 1999, de Álex Lopera, antiguo asesor para la paz del departamento de Antioquia, y de dos personas más. En aquel tiempo era comandante y dirigía el Batallón Juan del Corral, integrante de la IVa Brigada. En marzo de 2000 abandonó la IVa Brigada, en cuyas instalaciones se había informado que estaba detenido.[253] En junio de 2001, un juez civil declaró a Fino culpable in absentia del triple asesinato.[254]

Mayor David Hernández: Comandante del Batallón de Granaderos de la Cuarta Brigada, fue detenido en relación con el asesinato en 1999 de Álex Lopera, antiguo asesor para la paz del departamento de Antioquia, y de dos personas más. Durante su declaración ante los fiscales, Hernández juró que escaparía y se uniría a los paramilitares si le acusaban del asesinato de Lopera, una afirmación que los soldados bajo su mando también le habían oído hacer. Aunque Hernández fue detenido en la IVa Brigada, pudo escapar a finales de enero de 1999.[255] Algunas informaciones apuntan a que en la actualidad dirige una unidad de las AUC en el departamento de Valle.[256] En junio de 2001, un juez civil encontró a Hernández culpable in absentia del triple asesinato.[257] Según la Escuela de las Américas del Gobierno de los EE.UU., Hernández se entrenó dos veces en sus instalaciones de Fort Benning, Georgia, en 1985 y 1991.

Teniente Carlos Alberto Acosta Tarazona: condenado en octubre de 1995, junto a tres de sus subordinados en la Va Brigada, por asesinato y apoyo a grupos paramilitares en la región de Chucurí, Santander. El 22 de junio de 1994, el juez determinó que Acosta había detenido a un fiscal enviado a arrestar a un líder paramilitar. La investigación posterior demostró que Acosta y sus hombres habían atado al fiscal, a su conductor y a un guía, les habían matado y habían arrojado sus cuerpos a un río. Tras recibir una condena a cincuenta y seis años de prisión, Acosta comenzó a cumplirla en un centro de detención cerca de su ciudad natal. Un mes después se le permitió visitar la casa de sus padres acompañado de la Policía Militar; salió tranquilamente a comprar tabaco y no volvió. Acosta volvió a ser capturado en Bogotá unos días después y enviado al centro principal de detención de las Fuerzas Armadas en Tolemaida. En julio de 1999 escapó de nuevo. Acosta se unió a las AUC y, en junio de 2000, lo anunció públicamente en una entrevista televisada. Algunas informaciones apuntan a que en ese momento dirigía una unidad en el departamento de César.[258] Sin embargo parece que las AUC ordenaron matarle un mes después a consecuencia de una disputa.[259]

También se ha informado de que otros soldados condenados por crímenes graves, como asesinato, han entrado y salido de sus celdas a voluntad y han participado en otros delitos mientras se les suponía en prisión. Por ejemplo, los sargentos Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho fueron detenidos en el  Batallón de Artillería No. 12 de Bogotá, tras ser condenados por su papel de pistoleros en el asesinato del Senador Manuel Cepeda en 1994. Sin embargo, investigadores del Gobierno dijeron a Human Rights Watch que estos hombres continuaron trabajando como agentes de la inteligencia militar hasta el 14 de julio de 1999. Ese día, Zúñiga y Medina se encontraban entre los soldados que participaron en una operación realizada por el Ejército que acabó con el asesinato de otro soldado fugado, el teniente José Simón Talero.[260]

Tras la fuga del mayor Fino en marzo de 2000, el General Tapias anunció que las Fuerzas Armadas establecerían un nuevo centro de detención más seguro en la base del Ejército en Tolemaida.[261] Sin embargo, no parece que las promesas  hayan llevado a mejoras desde la fuga del Teniente Acosta de las instalaciones de Tolemaida. Por lo que sabe Human Rights Watch, las Fuerzas Armadas no han tomado ninguna medida para establecer este centro ni para asegurar que los oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos o de apoyar a grupos paramilitares sean custodiados en instalaciones totalmente seguras.

Falta de apoyo

          Lejos de fortalecer las instituciones gubernamentales que investigan los casos de violación a los derechos humanos, el Gobierno de Pastrana las ha debilitado considerablemente, recortando sus presupuestos, protegiendo inadecuadamente a los fiscales e investigadores y no proporcionando los fondos adecuados para proteger a los testigos.

Según el Fiscal General Alfonso Gómez, las reducciones han sido tan extremas que amenazan a la Unidad de Derechos Humanos con una “parálisis [...] Particularmente las Unidades, incluida la de Derechos Humanos, que para cumplir sus funciones tiene que hacer desplazamientos continuos, los cuales estamos al borde de suspender por  la ausencia de presupuesto”.[262]

Esto resultó extraordinariamente evidente para Human Rights Watch en una visita a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos en enero de 2001. Durante la entrevista, un fiscal llamaba desesperadamente a distintos funcionarios intentando conseguir una plaza en un helicóptero del Ministerio del Interior para que un colega pudiese ir a investigar masacres en el departamento de Valle. Afirmó que estos incidentes eran algo normal. “El Gobierno ha recortado el presupuesto de la Fiscalía General, así que, cada vez que tenemos que desplazarnos, hemos de ir a la oficina del Presidente con nuestra solicitud, lo que se lleva mucho tiempo y, a veces, resulta inútil”, dijo a Human Rights Watch el fiscal, que pidió permanecer en el anonimato. “No hay suficientes coches para poder realizar nuestras investigaciones ni tampoco gasolina para los pocos de los que disponemos”.[263]

En otro incidente, familias desplazadas de la costa del Pacífico que buscaban desesperadamente ayuda del Gobierno descubrieron que, tras la llegada de un helicóptero del Ministerio del Interior con autoridades a bordo, éstas esperaban que ellos pagaran el combustible. “Los soldados no aceptaron el bono que traían, así que tuvimos que reunir el dinero entre todos como pudimos”, reconoció a Human Rights Watch uno de los desplazados. “Las misiones llegan una tras otra, y a veces realizan informes, pero eso no cambia nada”.[264]

El Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía General continúa con una grave carencia de fondos, lo que limita drásticamente el período de tiempo que los testigos pueden recibir protección. Un testigo entrevistado por Human Rights Watch proporcionó un valioso testimonio al Fiscal General sobre la colaboración entre la IIIa Brigada del Ejército de Colombia y los paramilitares. A cambio, se le prometió protección; pero sólo la recibió durante tres meses, tras los cuales se le comunicó que él era responsable de proteger su propia vida. La misma persona contó a Human Rights Watch que a otros nueve testigos con testimonios similares también se les dijo que la protección se limitaba a tres meses.[265] [FOTO 10]

Otro testigo de los mismos lazos entre paramilitares y la IIIa Brigada fue asesinado en el exterior de la Defensoría en Cali durante la pausa para el almuerzo, mientras testificaba para las autoridades que estaban dentro.[266] “Tienes protección durante un par de meses; luego, mala suerte”, dijo un funcionario del Gobierno a Human Rights Watch.[267]

Algunos colombianos amenazados han recurrido a sus propias medidas para protegerse. Un sindicalista se desplazó varios departamentos para adquirir una licencia para su revólver que ahora lleva enfundado en el pantalón y permanentemente cargado.[268]

Funcionarios e investigadores del Gobierno coinciden en que la falta de fondos hace que no puedan recopilar pruebas sobre los lazos entre militares y paramilitares. “Pregunté [a un funcionario del Gobierno] si él podría garantizar la seguridad de testigos si firmaban una solicitud, pero contestó honestamente que no,” afirmó un defensor de los derechos humanos en Cauca. “Así que los testigos desaparecieron por miedo”.[269]

Investigadores gubernamentales coinciden también en que su trabajo sigue siendo muy peligroso, en parte porque continúan enfrentándose a amenazas y hostigamientos, incluyendo los de las Fuerzas Armadas. Oficiales de alto rango del Ejército han descrito repetidamente estas investigaciones como inspiradas en motivos políticos y como “una persecución que afecta la moral de las tropas”, por citar las palabras del Comandante del Ejército de Colombia Jorge Mora.[270]

Según el Fondo de Solidaridad con Víctimas de la Rama Judicial, entre enero y septiembre de 2000, once trabajadores judiciales fueron asesinados, otros once desaparecieron, veintiuno recibieron amenazas de muerte y tres fueron objeto de ataques a los que sobrevivieron; la mayoría de las víctimas pertenecían al CTI.[271]

El evidente desinterés del Gobierno de Pastrana por llevar a cabo una reforma en materia de derechos humanos se refleja en la relación cada vez más problemática con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bogotá. Tal y como el Alto Comisionado advirtió en su informe de 2000, “la abrumadora mayoría de las respuestas del Gobierno a las comunicaciones de la Oficina sobre casos y situaciones específicas (como alertas tempranas) han resultado insatisfactorias, inoperantes y puramente burocráticas. Aunque el mismo Presidente Pastrana ha tomado nota seriamente de estas situaciones, la débil respuesta del Gobierno al diálogo con la Oficina no se ha corregido sustancialmente y las posibilidades de la Oficina han sido verdaderamente infrautilizadas por el Gobierno”.[272]

Exigencia de responsabilidades cuestionable

          El Gobierno de Pastrana ha destituido en repetidas ocasiones a oficiales militares en activo vinculados a violaciones a los derechos humanos y al apoyo a grupos paramilitares, y lo ha hecho sin asegurarse de que la información contra ellos fuera totalmente investigada ni, en su caso, enviada a la Fiscalía General para iniciar un procedimiento. Los oficiales son simplemente destituidos, sin ser sometidos a ninguna investigación penal.

Lejos de promover los derechos humanos, estas destituciones refuerzan la anarquía y la impunidad y fortalecen a los paramilitares, que dan la bienvenida a los ex oficiales con generosos sueldos, coches, teléfonos celulares e incluso tierras. Según Carlos Castaño, las AUC emplean en la actualidad al menos a treinta y cinco ex oficiales de alto rango, a más de cien ex oficiales de baja graduación y a mil ex soldados o ex policías.[273]

La práctica de destituir a un gran número de miembros de las fuerzas de seguridad comenzó después de que Colombia pusiera en marcha una reforma del Código Penal Militar. De acuerdo con la reforma, los comandantes podían destituir sumariamente a oficiales y soldados sin ninguna explicación. El Gobierno de Colombia utilizó este poder por primera vez el 16 de octubre de 2000, cuando anunció que 388 miembros de las Fuerzas Armadas habían sido destituidos. El Gobierno no facilitó información sobre las razones de las destituciones. Sin embargo, investigadores del Gobierno reconocieron a Human Rights Watch que creían que ninguno de los 388 se enfrentó a un procesamiento como resultado de la información que llevó a su destitución.[274]

Posteriormente, el diario colombiano El Espectador informó de que una investigación interna del Gobierno había descubierto que diecinueve de los 338 se habían unido a las AUC tras su destitución. Algunas informaciones señalaban que varios de ellos estaban utilizando, para entrenar a las tropas paramilitares, las técnicas aprendidas en las Fuerzas Armadas.[275] Carlos Castaño dio crédito a estos informes en una entrevista con el periódico TheWashington Post. Castaño afirmó que treinta de los 388 hombres tenían lazos con las AUC.[276] De hecho, varios de los oficiales destituidos anunciaron más adelante, en declaraciones a la televisión colombiana, que planeaban unirse a las AUC.[277]

En diciembre de 2000, el Ministro de Defensa, Luis Ramírez, reconoció que algunos soldados destituidos por las Fuerzas Armadas habían encontrado un nuevo trabajo en las AUC. “Es muy triste, pero es una realidad del país”, aseguró ante los periodistas.[278]

Sin embargo, el Ministro Ramírez autorizó más destituciones sin investigaciones criminales. En marzo de 2001, el Ministerio de Defensa anunció otra purga, que esta vez incluyó a veinte oficiales y quince hombres alistados, la mayor parte de ellos procedente del Ejército. Tampoco entonces se dio ninguna explicación sobre las destituciones ni hubo pruebas de que alguno de ellos se enfrentara a una investigación por violaciones a los derechos humanos.[279]

También en marzo, el Comandante de la XXIVa Brigada, el General Antonio Ladrón de Guevara, dijo a los periodistas que todo el Batallón Antiguerrilla No. 31 Sebastián de Belalcazar, que estaba bajo su mando, había sido trasladado desde el departamento de Putumayo, donde tenía su sede, a Bogotá, después de que al menos treinta soldados desertaran para unirse a los paramilitares. Oficiales de las Fuerzas Armadas admitieron que existía un problema con los soldados convertidos en paramilitares que mantenían contacto con sus colegas en activo.[280]

          Mientras tanto, oficiales con lazos bien documentados con grupos paramilitares, y supuestamente responsables de asesinatos, no sólo permanecen en servicio activo, sino que son ascendidos. Quizás el caso más conocido sea el que implica al General de la Armada Rodrigo Quiñones, a quien investigadores del Gobierno han vinculado al menos con cincuenta y siete asesinatos de sindicalistas, trabajadores de los derechos humanos y líderes comunitarios en 1991 y 1992, cuando era coronel. En esa época, el Coronel  Quiñones era Jefe de la Inteligencia de la Armada y dirigía la Red 7 de la Inteligencia de la Armada, con sede en  Barrancabermeja, Santander.[281]                    

La única sanción que Quiñones ha recibido hasta ahora ha sido una reprensión severa ordenada por la Procuraduría, el organismo oficial que supervisa la conducta de los empleados gubernamentales, entre ellos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. La Procuraduría concluyó que Quiñones organizó las redes de los asesinos responsables de esas muertes. Pero la Procuraduría determinó también que el asesinato no estaba clasificado como una infracción administrativa bajo la normativa vigente, de forma que la sanción máxima que este organismo podía imponer por asesinato era una reprensión severa, una carta de amonestación dentro de su expediente laboral.[282]

Más adelante, a Quiñones le fue asignado el mando de la Ia Brigada de la Armada, y era responsable de la región donde se produjo la masacre de El Salado en febrero de 2000. En esta aldea de Bolívar, unos 300 paramilitares asesinaron, violaron y torturaron durante tres días, dejando un saldo de treinta y seis muertos. Al igual que en la masacre de Chengue, en El Salado, testigos de los hechos dijeron a los periodistas que unidades militares y de la policía situadas a unas cuantas millas no habían hecho nada por detener la matanza. En vez de eso, según los testigos, instalaron un retén poco después de que comenzara la matanza para evitar que grupos de socorro y de defensa de los derechos humanos entraran en la zona. “A algunos les dispararon, pero muchos fueron apaleados con garrotes y luego apuñalados con navajas o cortados en trozos con machetes”, contó un testigo al periódico The New York Times. “Unos cuantos fueron decapitados o estrangulados con alambres de metal, mientras que a otros les cortaron la garganta”.[283]

En su informe anual, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también registró testimonios sobre la participación directa de miembros de las Fuerzas Armadas en la masacre de El Salado.[284]

Quiñones fue ascendido a general tres meses después de la masacre de El Salado. Aunque altas autoridades colombianas han asegurado en repetidas ocasiones a funcionarios estadounidenses que será jubilado por cuestiones de derechos humanos, Quiñones sigue en servicio activo y es regularmente ascendido a puestos de influencia.[285] Actualmente es el Jefe de Personal de la Armada, el segundo oficial de más alto rango del servicio.[286]

Juegos estadísticos

          El Gobierno de Pastrana ha invertido mucha energía, tiempo y dinero en una campaña de relaciones públicas diseñada para demostrar que ha realizado importantes avances  para mejorar la protección de los derechos humanos. La campaña genera multitud de informes, declaraciones, gráficos, tablas, comunicados de prensa y folletos que afirman que se han conseguido notables mejoras. Pero, tras revisar gran parte de estos materiales, Human Rights Watch concluyó que se trata de materiales poco fiables, en ocasiones contradictorios, a menudo ficticios y sensibleros, y, con frecuencia, simplemente erróneos.

“En los últimos años, la presencia y acción de los grupos paramilitares se ha multiplicado por lo menos tres veces, en capacidad ofensiva, logística, armas y víctimas”, comentó un alto funcionario gubernamental que solicitó permanecer en el anonimato. “Han crecido en términos de territorios e influencia, en gran parte usando amenaza. Mientras tanto, lo único que ha cambiado en el Gobierno es el discurso. Antes negaban la existencia de paramilitares. Ahora, reconocen, pero sin llevar a cabo acciones efectivas”.[287]

Quizás el ejemplo más evidente sea la aseveración del Gobierno de Colombia, expresada repetidas veces en 2000, de que las guerrillas fueron responsables del 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos registradas en Colombia entre enero de 1995 y octubre de 2000. Resulta evidente que los funcionarios colombianos pretendían que estas cifras eximieran de culpa a las fuerzas de seguridad y los paramilitares, y responsabilizaran a los grupos de la guerrilla.

Pero esta cifra suma todas las acciones de guerra y violencia en total, sin distinguir entre violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario y otros hechos; ni siquiera proporciona pruebas suficientes que expliquen  la razón de que determinadas acciones, como las emboscadas, se consideren violaciones. El resultado es que la toma de rehenes se mezcla con las masacres y las amenazas se equiparan a los ataques a poblaciones. Quizás para ocultar una metodología muy poco rigurosa, el Gobierno no ha proporcionado ninguna explicación detallada de cómo se calculó esta cifra, lo que cuestiona seriamente su exactitud.[288]

En contraste, el Banco de Datos, patrocinado por un consorcio de grupos de defensa de los derechos humanos independientes y respetados, publica un compendio trimestral de los casos utilizados para calcular sus estadísticas, un trabajo abierto al público y rigurosamente documentado.[289] Según el análisis más reciente de estos datos realizado por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, los paramilitares que actúan con la tolerancia o el apoyo de las fuerzas de seguridad son responsables del 79 por ciento de los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas registradas en Colombia entre abril y septiembre de 2000. Este documento considera a las guerrillas directamente responsables del 16 por ciento de los asesinatos y los secuestros registrados con carácter de violaciones del derecho internacional humanitario; y a las fuerzas de seguridad, directamente responsables del 5 por ciento de los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas registradas en el mismo período.[290]

Human Rights Watch también ha descubierto casos en los que los propios esfuerzos de relaciones públicas del Gobierno colombiano desmienten la adopción de medidas importantes para abordar la impunidad en torno a las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en 2000, el General Fernando Tapias, Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, subrayó, en una conferencia pública, la severidad de las fuerzas de seguridad en lo referente a las acusaciones contra sus miembros de haber violado los derechos humanos. Como prueba, Tapias afirmó que en 1999 y 2000 el Tribunal Militar Superior enjuició ochenta y cinco casos de supuestas violaciones a los derechos humanos que concluyeron con las siguientes sentencias de culpabilidad: veinticinco por asesinato, cuarenta por lesiones personales y doce por detención arbitraria.[291]

Sin embargo, esto no constituye prueba de avance ninguno, sino más bien de la constante negativa de las Fuerzas Armadas a acatar completamente el fallo de la Corte Constitucional, que ordenó que todos los casos de delitos contra los derechos humanos que estuvieran bajo jurisdicción militar fueran trasladados a la jurisdicción civil. Esta estadística reconoce que las Fuerzas Armadas y sus oficiales de mayor rango continúan burlando la ley e imponiendo equivocadamente su jurisdicción sobre casos que deberían ser enjuiciados en los tribunales civiles.

Otros resúmenes estadísticos oficiales destinados a demostrar algún avance en realidad no lo hacen. En 2000 el Ministro de Defensa, Luis Ramírez, sostenía que los tribunales militares habían trasladado 533 casos a la jurisdicción civil desde agosto de 1997, cuando el fallo de la Corte Constitucional que lo requería se hizo efectivo. En una carta a grupos colombianos de defensa de los derechos humanos, el Ministro mantenía que las estadísticas eran lo suficientemente significativas como para demostrar que la jurisdicción militar estaba  cumpliendo con gran diligencia con sus límites jurisdiccionales.[292]

Sin embargo, cuando Human Rights Watch analizó el material proporcionado para apoyar esta aseveración, surgió un panorama muy diferente. El Ministerio de Defensa sólo proporcionaba documentación sobre 103 casos, no sobre los 533. De los 103, sólo 51 estaban relacionados con miembros de las Fuerzas Armadas; el resto eran oficiales de Policía. De los 51, 12 habían sido acusados de delitos comunes, como permitir la fuga de presos, robo y tráfico de drogas. Sólo 39 estaban relacionados de alguna forma con delitos que podrían calificarse de violaciones a los derechos humanos, como el asesinato. La mayoría implicaban a personal de baja graduación: sargentos y tenientes.[293]

En otras palabras, se trasladan menos de diez casos al año de la jurisdicción militar a la civil, y raramente atañen a oficiales de alto rango que hayan ordenado u orquestado violaciones graves. A pesar de las repetidas peticiones al Gobierno colombiano, incluso por parte de funcionarios del Congreso de los Estados Unidos, nunca se han proporcionado detalles de los 430 casos restantes que se afirma fueron trasladados. Human Rights Watch no ha encontrado ni un solo ejemplo de que las Fuerzas Armadas hayan trasladado voluntariamente de la jurisdicción militar a la civil un caso que implique a un oficial con el rango de coronel o más alto en un delito contra los derechos humanos.

En su Informe Anual sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Ministro de Defensa afirmaba que, desde el fallo de la Corte Constitucional, se habían trasladado 1.307 casos a la jurisdicción ordinaria y que algo menos de la mitad se referían a posibles violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se ha proporcionado una lista detallada de estos casos. De hecho, durante 2000, casos clave, y entre ellos el de los asesinatos en Pueblo Rico de seis niños y de otros siete en Santo Domingo —casos analizados más adelante en este informe— fueron trasladados a tribunales militares, no a las cortes civiles bajo cuya jurisdicción deberían investigarse.[294]

Otros elementos de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano resultaron absoluta ficción, como el Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensa, creado mediante un decreto presidencial y con mucha fanfarria el 25 de febrero de 2000. Se suponía que este centro iba a encabezar una campaña contra los paramilitares; sin embargo, un año después, el centro todavía no ha celebrado su primera reunión.[295]

Pero ello no fue obstáculo para que el Ministro del Interior, Humberto de la Calle, anunciara, el 15 de enero de 2001, otro grupo antiparamilitar: el denominado Comité antiasesino.[296]

Finalmente, otras afirmaciones realizadas en la campaña de relaciones públicas son simplemente erróneas. En diciembre de 2000, el Ministerio de Defensa distribuyó un folleto que pretendía ser una historia de los grupos paramilitares en Colombia. Publicado en inglés y en español, estaba diseñado para un público internacional no familiarizado con la historia colombiana, y en particular para los políticos estadounidenses que pronto considerarían la entrega de una ayuda militar adicional. En ninguna línea de ese documento se puede leer que el Ministerio de Defensa reconozca un hecho histórico básico e indiscutible en Colombia: que el nacimiento de los grupos paramilitares actuales se remonta directamente a un esfuerzo de las Fuerzas Armadas colombianas por reclutar, entrenar y armar a civiles para luchar contra las guerrillas.[297]

En vez de eso, el documento señala que estos grupos “surgen” de ejércitos privados creados por traficantes de droga. Aunque es cierto que los traficantes de droga fundaron y manipularon algunos de los primeros grupos paramilitares, estos grupos mantenían estrechos lazos con el Ejército de Colombia, que continuó entrenándolos, equipándolos y desplegándolos incluso cuando los narcotraficantes los utilizaban para sus propios objetivos.[298]

Un documento adicional que hizo circular la Vicepresidencia, titulado Panorama de los Grupos de Autodefensa, fue un paso más allá afirmando clara —y equivocadamente—: “Es un hecho evidente que las autodefensas no tienen su origen en el Estado”.[299]

En el año 2000, la Vicepresidencia recibió 97.000 dólares de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional para apoyar sus esfuerzos por los derechos humanos.[300] Pero, en este caso, el trabajo del Vicepresidente sirvió para ocultar y desvirtuar la situación de los derechos humanos, no para mejorarla.

Como la CCJ advirtió en febrero de 2001, “las autoridades estatales están más dedicadas a realizar ingentes esfuerzos en materia de propaganda que a lograr resultados reales en el respeto y la protección de los derechos humanos. Numerosos anuncios y publicaciones han sido difundidas por el Gobierno en los últimos meses para dar la impresión de que está combatiendo a los agentes violentos. En el mejor de los casos, la crudeza de los hechos indica una total incompetencia para hacerles frente, cuando no una tolerancia o complicidad con los mismos”. [301]

IV. POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

Creo que obviaremos indefinidamente los requisitos en materia de derechos humanos.

                            —Alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos

Los funcionarios estadounidenses encargados de proporcionar a Colombia asistencia en materia de seguridad saben de la existencia de numerosas pruebas que demuestran contundentemente la permanente conexión entre militares y paramilitares, y de la importancia de esta conexión en la comisión de atroces violaciones a los derechos humanos. El Presidente Bill Clinton y altos cargos del Gobierno declararon públicamente en repetidas ocasiones que la ruptura de esas conexiones y el asegurar la exigencia de responsabilidades por los delitos cometidos contra los derechos humanos formaban parte de los principales objetivos de la política estadounidense. En el momento de redactarse este informe,  esta política no ha sufrido grandes cambios bajo el mandato del Presidente George W. Bush.

El Congreso de Estados Unidos también expresó su preocupación por la relación entre la asistencia estadounidense en materia de seguridad  y las violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad extranjeras receptoras de esa ayuda, y lo hizo aprobando en 1996 la llamada Enmienda Leahy, un texto destinado a evitar que la asistencia en materia de seguridad vaya a parar a autores de violaciones a derechos humanos que no contiene exenciones.

Sin embargo, el 22 de agosto de 2000, el Presidente Clinton levantó los requisitos en materia de derechos humanos que vinculaban la asistencia estadounidense a Colombia en materia de seguridad. Su firma significaba la llegada de ayuda estadounidense en forma de armamento letal, apoyo de inteligencia y entrenamiento contrainsurgente a manos de los militares colombianos, a pesar de que muchas de sus unidades hubieran trabajado con grupos paramilitares responsables de matanzas y de haber difundido el terror.

El Presidente Clinton declaró que la exención se dictaba en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Funcionarios gubernamentales añadieron a puerta cerrada que la exigencia del cumplimiento de la legislación sobre derechos humanos resultaba poco práctica, dada la necesidad de luchar contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, algunos funcionarios claves se implicaron en un esfuerzo sutil pero importante para minimizar, eludir o descartar pruebas fiables de flagrantes violaciones a derechos humanos contra unidades receptoras de ayuda y entrenamiento estadounidenses, pruebas que, de haberse conocido, habrían obligado a cortar la ayuda, incluso con la exención presidencial en vigor.

Human Rights Watch discrepa de la aseveración de que la exigencia del cumplimiento de los requisitos en materia de derechos humanos en la ayuda en seguridad a Colombia comprometiera de alguna manera la seguridad nacional de Estados Unidos. La lucha contra los criminales y violadores de los derechos humanos depende del cumplimiento de las leyes. Asegurar que las leyes alcanzarán a todos  —incluso a aquellos que visten uniforme y violan los derechos humanos— debería ser un objetivo común de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

 Human Rights Watch reconoce que Estados Unidos ha enviado a Colombia algunos mensajes positivos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el informe anual por países sobre la situación de los derechos humanos que publica el Departamento de Estado continúa describiendo un pormenorizado y sombrío panorama  sobre el empeoramiento de la situación. También hay que destacar que la Embajadora de los Estados Unidos Anne Patterson comenzó una largamente aplazada política de denuncia de la situación de los derechos humanos y expresó su preocupación por episodios concretos. Como recoge este informe, su oportuna llamada de teléfono al militar al mando de un batallón de Barrancabermeja durante las festividades navideñas constituyó el detonante para la actuación de las autoridades colombianas frente al avance paramilitar. La Embajadora, además, apoyó a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refiriéndose, en momentos críticos, a la importancia de su labor.

Sin embargo, queda clara la necesidad de traducir las expresiones diplomáticas estadounidenses en defensa de los derechos humanos en una política que le acarree consecuencias reales al Gobierno colombiano por sus fracasos en el manejo de los problemas más urgentes en materia de derechos humanos.

La Enmienda Leahy

          El Congreso de Estados Unidos expresó su preocupación sobre la asistencia estadounidense en materia de seguridad y su impacto en la situación de los derechos humanos en todo el mundo, a través de la inclusión de una enmienda en la legislación sobre asignaciones para operaciones en el extranjero (Foreign Operations Appropriations Act) referida al ejercicio fiscal 1997. La enmienda se denominó Enmienda Leahy por su autor, el senador demócrata por Vermont Patrick Leahy. El texto constituía un intento de prohibir que los fondos  para la lucha internacional contra el narcotráfico fueran a parar a miembros de fuerzas de seguridad extranjeras responsables de violaciones a derechos humanos. La Enmienda Leahy prohíbe expresamente el envío de fondos a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras cuando la Secretaría de Estado estadounidense determine que existen pruebas fiables de que esa unidad ha cometido graves violaciones a derechos humanos y no se hayan adoptado “medidas efectivas” para poner a los responsables a disposición de la Justicia.[302] [APÉNDICE III]

En la práctica es imposible muchas veces conocer los nombres de los miembros de las Fuerzas de Seguridad a los que se atribuyen violaciones. En consecuencia,  los funcionarios estadounidenses aplican la legislación determinando la unidad a la que dichos individuos están asignados. Cuando la Enmienda Leahy entró en vigor, el Departamento de Estado interpretó el concepto de “unidad” como el grupo operacional más pequeño en el que se puedan incluir los autores del delito.[303] Aplicando este criterio a Colombia, el Departamento de Estado definió “unidad” como “brigada”, un grupo compuesto por aproximadamente 3.000 soldados.[304]

Aprobada con el voto de demócratas y republicanos, el alcance de la Enmienda Leahy se amplió después para cubrir otros tipos de asistencia en materia de seguridad a fuerzas extranjeras: fondos para programas internacionales de educación y entrenamiento militares; financiación militar extranjera, y fondos del banco Export-Import.[305]

En 1998, el Congreso estadounidense incluyó una restricción similar en la sección 8130 de la Ley de Asignaciones para la Defensa (Defense Appropriations Act). Esta versión de la Enmienda Leahy afecta sólo a los programas de entrenamiento y contiene la expresión “pasos correctores necesarios” en vez del término “medidas efectivas”. La versión del Departamento de Defensa incluye además un mecanismo de exención para cuando se produzcan “circunstancias extraordinarias”.[306] Ninguna de las dos versiones afecta a los recursos destinados específicamente a Colombia bajo control de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). [APÉNDICE IV]

La Enmienda Leahy se aplica a todos los fondos, sin distinción por su país de destino; incluye a todos. Hasta el momento, sin embargo, uno de los países en el que la Enmienda Leahy ha tenido más impacto ha sido Colombia. En una decisión elogiada por Human Rights Watch, la Secretaria de Estado Madeleine Albright declaró que cursaría instrucciones al Departamento de Estado para que la Enmienda Leahy se aplicara tan ampliamente como fuera posible e incluyera las municiones, armas y otros equipos enviados a Colombia  antes de su entrada en vigor.[307]

Ayuda estadounidense a Colombia

          Durante más de cuatro décadas, Estados Unidos ha entrenado, asesorado y equipado a policías y militares colombianos. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Enmienda  Leahy, Estados Unidos entrenó y equipó con asiduidad a unidades del Ejército colombiano responsables de violaciones a los derechos humanos. En 1996, el año anterior a la entrada en vigor de la Enmienda Leahy, un informe de control de uso final (End-Use Monitoring Report, EUM) elaborado por la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley  (INL) recogía que dos de las unidades del Ejército colombiano receptoras de armas y municiones estadounidenses habían sido la IVa Brigada en Medellín, Antioquia, y la VIIa Brigada en Villavicencio, Meta; ambas con amplios y conocidos historiales de violaciones a derechos humanos y de colaboración con grupos paramilitares.[308]

Entre el material que estas unidades recibieron de Estados Unidos  figuran 700 fusiles M16A2, ametralladoras M60E3, pistolas M9, escopetas, lanzagranadas M79, y morteros de 60 mm.[309] El año siguiente, el informe EUM ponía de manifiesto que, según el cálculo más optimista, el Ejército colombiano había utilizado este equipamiento en operaciones contra el narcotráfico sólo en “el cincuenta por ciento de las ocasiones; el resto del tiempo lo utilizó en misiones de seguridad y orden público”.[310]

Pero los niveles de ayuda fueron relativamente modestos hasta el año 1998, cuando el Gobierno de Clinton y el Ministerio de Defensa  colombiano planificaron la creación de un batallón completamente nuevo dentro del Ejército colombiano para luchar contra narcotráfico. Para su creación, los funcionarios estadounidenses pusieron en marcha los mecanismos burocráticos de forma que les permitieron crear el batallón sin la aprobación del Congreso y sin arriesgarse a que las Cámaras decretaran una suspensión. Sólo algunos congresistas y sus ayudantes fueron informados de la intención de formar aquel batallón de 950 hombres y de los planes de desplegarlo para la Campaña en el sur de Colombia hasta que el batallón estuvo entrenado y se hubo ultimado su equipamiento, empresa presupuestada en tres millones de dólares.[311]

Estados Unidos comenzó a entrenar al batallón en abril de 1999, utilizando los fondos de la Sección 1004 que proporciona el Departamento de Defensa.[312] La Sección 1004 no exige consulta al Congreso, aunque el Pentágono, en marzo de 1999, informó a congresistas y senadores miembros de los comités responsables de la autorización de la ayuda. Para el siguiente mes de junio, una compañía del batallón estaba ya operativa.[313] El Gobierno estadounidense dotó al batallón de equipamiento letal y no letal a través de los mecanismos de disposición de la Sección 506.[314]

Aunque esta ley obliga a la Casa Blanca a notificar al Congreso la transferencia en un plazo no superior a quince días, el Congreso carece de poderes para frenarla. A finales de 1999, el Departamento de Defensa acordó un alquiler gratuito que equipó al batallón con dieciocho helicópteros Huey recién recomprados a Canadá, procedimiento éste que tampoco requiere de consultas al Congreso.[315]

El Primer Batallón Antinarcóticos quedó formalmente inaugurado el 19 de diciembre de 1999, y fue desplegado en Tres Esquinas poco tiempo después.[316] El 24 de mayo de 2001, el tercero de los tres batallones antinarcóticos quedaba también formalmente inaugurado. Los tres batallones conformaban la primera brigada del Ejército colombiano dedicada a la lucha contra el narcotráfico.[317] [FOTO 11]

Intercambio de información

          También en 1999, el Departamento de Estado comenzó a compartir con el Ejército colombiano información sensible y actualizada sobre la guerrilla, una vez más sin consulta previa al Congreso. Algunos funcionarios expresaron entonces al periódico TheWashington Post su temor a que el Gobierno colombiano estuviera “perdiendo la guerra contra los insurgentes marxistas-leninistas”. Se trataba de un giro importante en la tradicional política estadounidense de compartir con el Ejército colombiano información muy limitada y únicamente cuando esta información estaba directamente relacionada con la lucha contra el narcotráfico, lo que indicaba que Estados Unidos siempre había querido evitar implicarse en operaciones contrainsurgentes y le preocupaba la posibilidad de que su información pudiera utilizarse en la comisión de delitos o en violaciones a  los derechos humanos.[318]

En 1999 un informe de la Oficina de Contabilidad (General (General Accounting Office, GAO) destacaba los modos en los que la información podía desviarse de sus propósitos originales, por ejemplo hacia operaciones contrainsurgentes repetidamente vinculadas a violaciones a los derechos humanos y a actividades paramilitares. El informe señalaba que la Embajada estadounidense “carece de un sistema que asegure que [la información] no está siendo utilizada para otros propósitos distintos de los de la lucha contra el narcotráfico”.[319]

El intercambio de información no está cubierto por la Enmienda Leahy a  pesar de sus evidentes consecuencias para los derechos humanos. Durante la persecución del narcotraficante Pablo Escobar en 1992 y 1993, Estados Unidos compartió información con las fuerzas de seguridad colombianas, quienes, a su vez, coordinaron sus esfuerzos con narcotraficantes rivales de Escobar, miembros del cartel de Cali. En contrapartida, estos narcotraficantes proporcionaron información sobre Escobar, sus hábitos y su paradero, a las autoridades colombianas. Investigadores gubernamentales aseguraron a Human Rights Watch que varios de los narcotraficantes que participaron en este intercambio, miembros del grupo autodenominado Personas Perseguidas por Pablo Escobar (PEPES) fundaron y lideran las AUC. Entre ellos figuran Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna.[320]

Ayuda suplementaria de emergencia

          El Congreso estadounidense ni siquiera debatió el cambio de la política de Estados Unidos hacia Colombia hasta un año después de la creación del primer batallón de lucha contra el narcotráfico y de la entrega directa de información militar a las Fuerzas de Seguridad colombianas. En julio de 1999, el general retirado Barry McCaffrey, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca  (Office of National Drug Control Policy, ONDCP), reclamó medidas para salvar a Colombia de lo que calificó como una situación “próxima a la emergencia”, fruto de los lazos del narcotráfico con la insurgencia de izquierda.[321]

Aunque algunos miembros del Congreso habían propuesto con anterioridad el envío de nuevas ayudas a Colombia, fue el toque de alarma del General McCaffrey lo que desencadenó que el Congreso tomara en consideración una propuesta gubernamental de 1.300 millones de dólares en “ayuda suplementaria de emergencia”. La ayuda siguió el camino ya trillado: la creación de nuevas unidades dentro del Ejército colombiano específicamente dedicadas a la lucha contra el narcotráfico; el entrenamiento de las unidades ya existentes, y su equipamiento con armas, municiones y vehículos, helicópteros Black Hawk incluidos.[322]

A pesar de la desesperada situación de los derechos humanos en Colombia, la propuesta de la Casa Blanca contenía mera retórica en cuanto a una mayor protección. Fue necesaria la intervención de algunos congresistas sensibilizados con la situación para  introducir la exigencia de una ruptura del Ejército colombiano con los grupos paramilitares, el procesamiento de los culpables y una persecución efectiva de los paramilitares. [APÉNDICE V]     

En contraste con las disposiciones contenidas en la Enmienda Leahy, las condiciones que se introdujeron en el texto eran específicas para Colombia y se redactaron en coherencia con la legislación colombiana vigente, habitualmente ignorada o burlada por el Ejército colombiano. El 5 de agosto 1997, la Corte Constitucional de Colombia, máxima autoridad constitucional del país, había resuelto que fuera la  jurisdicción civil  la que se encargara del enjuiciamiento de todos los casos en los que existieran acusaciones de violaciones a derechos humanos, incluidos aquellos en los que los acusados pertenecieran a las Fuerzas Armadas.[323] 

La Casa Blanca y el Gobierno colombiano presionaron duramente contra estas condiciones. Cuando se iba a celebrar la votación del proyecto en el Congreso, los defensores de la ayuda militar se las arreglaron para introducir una enmienda que permitía al Presidente decretar la exención del cumplimiento de las condiciones con el argumento de que el envío de ayuda se efectuaba en “interés de la seguridad nacional”.[324] “No se frena la consecución del mayor de los objetivos para lograr el menor”, declaró, a modo de explicación, Brad Hittle, portavoz de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas del Zar antidrogas McCaffrey.[325]

El 13 de julio de 2000, el Presidente Bill Clinton firmó la ayuda adicional urgente (Ley 106-246), que consistía en 1.300 millones de dólares para combatir el narcotráfico en los Andes. De la suma total,  642 millones de dólares se destinaban a entrenar y equipar a dos batallones más del Ejército colombiano y a dotar a militares y policías de helicópteros, sistemas de comunicación, infraestructura, armas y  otros materiales.[326]

Otros 109 millones quedaron reservados para programas de derechos humanos, reformas judiciales, y programas de promulgación y ejecución de leyes para mejorar la protección de los derechos humanos.[327] Sin embargo, como Human Rights Watch descubrió en su misión de enero de 2001, a pesar de la velocidad con la que millones y millones de dólares en asistencia en seguridad llegaron al Ejército colombiano, los fondos destinados a la protección de los derechos humanos seguían bloqueados y, los que llegaban lo hacían inadecuadamente si se tiene en cuenta la naturaleza urgente de las violaciones.

Durante todo el año 2000 y los tres primeros meses del 2001, un período de quince meses, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General y los asesores de la Procuraduría  recibieron la insignificante suma de 65.763 dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Agency for International Development, USAID). La mitad de esa suma se empleó en el envío de fiscales y funcionarios a Estados Unidos para que aprendieran las características del sistema judicial estadounidense, dudosa elección si tenemos en cuenta la necesidad imperiosa que de vehículos, fondos para viajes y recursos para proteger a testigos amenazados existía en esos organismos.[328] La inversión no alcanza el monto del gasto en asistencia militar a Colombia durante un par de horas de un sólo día.[329]

Exención de los requisitos en materia de derechos humanos

          El  Presidente Clinton, desafortunadamente, no tardó en eximir de los requisitos relativos a los derechos humanos nacidos de la preocupación del Congreso. El 22 de agosto de 2000 firmó la exención que daba luz verde al envío de la ayuda en seguridad. La exención afectaba a seis de los siete requisitos incluidos en el texto que acordaba la ayuda suplementaria de emergencia.

          Con anterioridad, el Departamento de Estado había certificado que el Presidente Pastrana había satisfecho el primero de los requisitos, al firmar, el 17 de agosto de 2000, la Directiva 01, que atribuye a la jurisdicción civil el enjuiciamiento de los delitos contra los derechos humanos.[330]

Human Rights Watch se opuso a la exención y a esa certificación suelta, que atribuimos a una lectura defectuosa de la directiva.[331] Conjuntamente con Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Human Rights Watch mantuvo ante el Departamento de Estado que la Directiva 01 sólo se ajustaba parcialmente a la Sec. 3201(1) (A) (i). Este requisito exigía no una directiva cualquiera, sino una directiva referida expresa y únicamente al que es uno de los pilares de la impunidad en Colombia. En consecuencia, cualquier recorte en el cumplimiento íntegro de lo establecido en el requisito debería haber resultado en una denegación de la certificación.[332]

Con la firma presidencial, la Casa Blanca enviaba a los mandos militares colombianos un mensaje que borraba cualquier otro relativo a los derechos humanos. En esencia, el mensaje decía que mientras el Ejército colombiano cooperase con la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, Estados Unidos buscaría la manera de lograr la exención de los requisitos en materia de derechos humanos.

A juzgar por el comportamiento del Ejército colombiano, no por la retórica publicitaria, sus mandos entendieron perfectamente el mensaje del Gobierno estadounidense: aunque la cúpula militar colombiana haya creado nuevos batallones contra el narcotráfico limpios de denuncias por violaciones a derechos humanos, otras unidades militares desplegadas en áreas donde existe presencia paramilitar mantienen una coordinación activa con estos grupos.

El mensaje de que Estados Unidos no se toma en serio los derechos humanos  quedó subrayado el 18 de enero de 2001, cuando la Casa Blanca anunció que no emitiría la certificación —ni una exención a la misma— que requería la ayuda prevista para el ejercicio 2001.[333] El argumento utilizado era enrevesado, pero básicamente consistía en la utilización de un tecnicismo legal para saltarse lo dispuesto y continuar financiando un ejército responsable de la violación de los derechos humanos, minimizando el coste político de obviar públicamente un empeoramiento de la situación de los derechos humanos.[334]

En entrevistas con Human Rights Watch, funcionarios de la Embajada estadounidense responsables del Plan Colombia coincidieron con nuestro criterio de que el Gobierno colombiano no cumplía con los requisitos exigidos en materia de derechos humanos. Sin embargo, los mismos funcionarios declararon sentirse incapaces de imaginar una violación de los derechos humanos que les llevara a recomendar la suspensión de la ayuda militar.  “Creo que obviaremos indefinidamente los requisitos en materia de derechos humanos”, aseguró uno de ellos a Human Rights Watch.[335]

Los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos expresaron su preocupación ante Human Rights Watch sobre la violencia paramilitar y la relación continuada de estos grupos con los militares. “Todavía no se ha producido una ruptura entre ambos”, reconocieron, y añadieron: “Se trata de un proceso a largo plazo”. [336]

Hay pocos indicios de que la estrategia establecida por el Gobierno de Clinton vaya a sufrir cambios importantes bajo de la presidencia de George W. Bush. Como muestra de su apoyo al plan del Gobierno de Clinton, el Secretario de Estado, Colin Powell, anunció al Congreso su intención de conseguir, para el ejercicio 2002, otros 400 millones de dólares con destino a Colombia, más o menos el equivalente a las cantidades recibidas en 2000 y 2001.[337] En una comparecencia ante el subcomité del Senado que estudia las asignaciones extranjeras, Powel evitó pronunciarse sobre su eventual apoyo u oposición a proseguir con la política de obviar los requisitos en materia de derechos humanos.[338]

Estrategia de evasión

          La estrategia de evasión comenzó en 1998, cuando Estados Unidos empezó el escrutinio de las unidades militares colombianas que recibirían entrenamiento y fondos para la lucha contra el narcotráfico. Como era previsible el Ejército Tierra era el que tenía mayores problemas para superar la Enmienda Leahy. En una carta al Senador Patrick Leahy, el Embajador de Estados Unidos ante Colombia, Curtis W. Kamman, afirmó que la primera lista de unidades del Ejército propuesta por el Ministerio de Defensa de Colombia en septiembre de 1997 “se consideraba gravemente deficiente”.[339]

Funcionarios estadounidenses que pidieron no ser identificados declararon después al periódico The Washington Post que el Ejército de Colombia tenía dificultades para encontrar unidades no documentadas por violaciones importantes de los derechos humanos. Uno de los funcionarios se preguntaba: “¿Queda alguien ahí fuera con quien tratar?”[340]

En enero y febrero de 1998, el Ministerio de Defensa de Colombia presentó una nueva lista que se juzgó mejorada. Después del nombramiento de los miembros del Primer Batallón Antinarcóticos, Estados Unidos, el 17 de marzo de 1997, dio su aprobación al Comando Específico del Sur, CES,con base en Puerto Carreño, Vichada, como receptor de entrenamiento y asistencia. La XXIVa Brigada, con sede en las afueras de Puerto Asís, Putumayo, recibió la aprobación en junio de ese mismo año.[341]

El embajador Kamman señaló que el retraso se debió a que la brigada tenía que trasladar a otra unidad al segundo de los dos oficiales acusados de estar relacionados con violaciones a derechos humanos cuando estaban destinados en otros destacamentos. En noviembre de 1998, el embajador Kamman comunicó por carta  al senador Leahy que tanto el CES como la XXIVa Brigada habían recibido ametralladoras M60, equipos de primeros auxilios y chalecos antibalas.[342]

En aquel momento, Human Rights Watch y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron su desacuerdo con el hecho de que se utilizaran los traslados como vía para satisfacer los requisitos de la Enmienda Leahy: la adopción de “medidas efectivas” para cumplir con la justicia. Lejos de promover la exigencia de responsabilidades y el imperio de la ley, esta práctica permite al Gobierno colombiano presentar unidades supuestamente limpias, aptas para recibir ayuda estadounidense, mientras las unidades sucias continúan operando con normalidad. Cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Enmienda Leahy dentro del la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Exterior (Foreign Operations Appropriations Act) referida al año 2000, quedó establecido que el término “medidas efectivas” significa que los individuos “se enfrentan a acciones disciplinarias oportunas y apropiadas, o a una persecución penal imparcial de acuerdo con las leyes locales”, disposiciones que continúan siendo ignoradas.[343]

Entre 1998 y 2001, once unidades del Ejército de Colombia recibieron la aprobación bajo la Enmienda Leahy, entre ellos, el CES, la XXIVa, la XIIa Brigada, las Fuerzas Especiales del Ejército y su Escuela, la Brigada de Aviación del Ejército, el Batallón No. 49 del Ejército en la Selva del Putumayo, la Central de Inteligencia Conjunta de Tres Esquinas en Caquetá, y los tres batallones antinarcóticos. Además, se cursó también autorización para que recibieran asistencia estadounidense las unidades antinarcóticos de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea de Colombia y la Armada Nacional.[344]

Tal y como descubrió Human Rights Watch, la aplicación de la Enmienda Leahy puede ser muy subjetiva cuando amenaza a una unidad que se considera clave para la estrategia estadounidense. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos reconocieron abiertamente que la Enmienda Leahy no se aplica de forma coherente. “No es un proceso completamente coherente”, admitió uno de los funcionarios a cargo de la verificación. “Utilizamos diferentes procedimientos para las distintas unidades”.[345]

De hecho, Human Rights Watch comprobó que si una unidad se considera suficientemente importante para los objetivos de la guerra contra el narcotráfico, Estados Unidos viola la Enmienda Leahy para proseguir con su entrenamiento y el envío de fondos.

Un ejemplo de ello es el caso del Comando Aéreo de Combate No. 1, integrante de la Fuerza Aérea de Colombia. El Departamento de Estado nunca ha suspendido a esta unidad a pesar de las pruebas fiables que existen de que la tripulación de uno de sus helicópteros cometió en 1998 una importante violación de los derechos humanos al bombardear en el pueblo de Santo Domingo, cerca de Arauca, una casa en la que se habían refugiado civiles.

Parece ser que el Comando Aéreo de Combate No. 1 está considerado, desde hace tiempo, crucial en la guerra contra el narcotráfico. En 1991 recibió 4,7 millones de dólares en concepto de ayuda de Estados Unidos y en septiembre de 1997 fue autorizado bajo la Enmienda Leahy para recibir asistencia estadounidense antinarcóticos. El helicóptero UH-1H desde el que se cree que se disparó el proyectil fatal procedía de un envío a las Fuerzas Aéreas de Colombia en 1989 como parte de la ayuda del Programa de Ventas Militares Extranjeras (FMS).[346]

Human Rights Watch ha seguido este caso de cerca. No nos consta que la Fuerza Aérea de Colombia haya llevado nunca a cabo una investigación imparcial a fondo ni del incidente ni del papel o la responsabilidad de los oficiales de mayor grado antes, durante o inmediatamente después del bombardeo que se les atribuye, ni de cualquier posible encubrimiento u obstrucción a la Justicia. La reacción de los militares consistió en difundir información falsa o contradictoria y en engañar a los investigadores. Además, el Jefe de la Fuerza Aérea, el General Héctor Velasco, criticó duramente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que pedían justicia para las víctimas, equiparándolas abiertamente con las guerrillas y los narcotraficantes.

El incidente tuvo lugar la mañana del 13 de diciembre de 1998, después de más de un día de combates en torno a Santo Domingo entre los militares y el Décimo Frente de las FARC-EP. Aproximadamente a las 9:45 de la mañana, una explosión mató a siete niños. Veintiocho testigos declararon ante las autoridades locales que la explosión fue causada por un cohete lanzado desde un helicóptero militar colombiano. Según estos testigos, los militares lanzaron en Santo Domingo al menos otros dos proyectiles. También resultaron muertos once adultos.[347]

Cuatro días después del incidente, en un informe interno de la Fuerza Aérea, el oficial de enlace comunicó al Jefe de las Operaciones Aéreas que un helicóptero  transportó y lanzó bombas durante la operación.[348]

Las Fuerzas Armadas de Colombia reconocieron haber utilizado durante el combate aviones y munición estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos aclaró que los siete vehículos aéreos utilizados por la Fuerza Aérea de Colombia en la operación habían sido obtenidos en Estados Unidos. Seis provenían del Gobierno de Estados Unidos a través de los programas de ayudas y ventas militares; el otro, de un intercambio comercial con un fabricante privado.[349]        Portavoces de las Fuerzas Armadas de Colombia alegaron que las guerrillas habían utilizado a los civiles como escudos humanos y habían detonado un coche bomba causando la muerte de los civiles. De esta versión no existen pruebas. A pesar de ello, en una carta dirigida al senador Leahy, el embajador Kamman parecía aceptarla, centrándose exclusivamente en la propia investigación militar de la operación, aunque se contradecía con las abundantes pruebas materiales y testimoniales.[350]

Los militares  colombianos archivaron la investigación preliminar el 28 de diciembre de 1998. La Embajada de Estados Unidos aceptó considerarlo una “medida efectiva” como requiere la Enmienda Leahy, a pesar de que el Departamento de Estado ha criticado sistemáticamente a las Fuerzas  Armadas de Colombia por no llegar al fondo de las investigaciones, ocultar pruebas incriminatorias y descartar las fiables cuando contradicen las declaraciones de los militares.[351]

En una conversación posterior con Human Rights Watch, un funcionario del Pentágono declaró que el Departamento de Estado decidió no suspender al Comando Aéreo de Combate N°1 “porque el Gobierno estadounidense no mantiene una  política de suspender su asistencia porque haya acusaciones pendientes de investigación que verifique su fiabilidad”.[352]

Mientras tanto, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General recogió pruebas materiales que fueron reexaminadas por expertos colombianos y por el FBI. Ambos coincidieron en que entre las muestras había restos de un cohete fabricado en Estados Unidos. El 1° de mayo de 2000, el FBI confirmó que había identificado restos de un detonador y una bomba de fragmentación AN-M47 de fabricación estadounidense.[353] Habitualmente se instalan cohetes de este tipo en los lanzadores de los helicópteros de la Fuerza Aérea de Colombia; son parte de la munición que Estados Unidos envió a Colombia.[354]

Como resultado, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General recomendó a la Fuerza Aérea de Colombia que reabriera la investigación, e identificó a los miembros de la tripulación del helicóptero UH-1H FAC 4407: los tenientes  Johan Jiménez Valencia y César Romero Pradilla, piloto y copiloto, y el técnico de vuelo Héctor Mario Hernández Acosta. Sin embargo, la Fuerza Aérea, el mes de septiembre siguiente, declaró nula la orden. El caso sigue en manos de un tribunal militar.[355]

Casi dos años después del incidente, el General de la Fuerza Aérea de Colombia Héctor Fabio Velasco presentó una demanda por calumnia, todavía pendiente, contra los miembros de Humanidad Vigente, una organización local defensora de los derechos humanos, y contra el Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, con sede en Arauca. El cargo se fundamenta en un póster que estos grupos esponsorizaron y que reclamaba justicia en el caso del ataque, que ellos atribuían a las Fuerzas Aéreas de Colombia. En el póster se muestra un dibujo infantil con helicópteros negros y aviones amarillos lanzando bombas sobre los habitantes de Santo Domingo.[356] [FOTO 12]

El General Velasco también atacó públicamente a los grupos de derechos humanos de Colombia que exigían justicia y los equiparó con las guerrillas, una táctica que emplean comúnmente oficiales del Ejército para desacreditar y amenazar a los defensores de los derechos humanos. En una carta, el General Velasco acusó al Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra de actuar de manera “falaz, irresponsable y capciosa” al publicar el póster que mostraba los dibujos de un niño que había sobrevivido al ataque. “La defensa de los derechos humanos —continuaba el General Velasco— no puede ser, ni es, legitimación de injustas e infundadas acusaciones que sólo logran despertar confusión y favorecer las organizaciones de delincuencia común organizadas también denominadas FARC-EP, UC-ELN, EPL, etc.”.[357]

 Human Rights Watch no considera que en este caso las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano para investigar las acusaciones constituyan las “medidas efectivas” requeridas por la legislación estadounidense.

Sin embargo, esta tergiversación de la justicia es, en palabras de un funcionario de la Embajada estadounidense, “superflua” e irrelevante para la situación del Comando Aéreo de Combate N°1. A finales de 2000, veinticuatro meses después del incidente, ningún miembro de la Fuerza Aérea había sido investigado a fondo o disciplinado por un incidente que acabó con la vida de siete niños y once adultos. A lo largo de todo ese tiempo, el Comando Aéreo de Combate N°1 mantuvo la autorización para recibir de Estados Unidos entrenamiento y en materia de seguridad.[358]

Otra vía por la que se viola  el espíritu de la Enmienda Leahy es permitiendo que las unidades verificadas se mezclen, coordinen su logística y compartan instalaciones con unidades suspendidas. Cuando la unidad suspendida tiene antecedentes de apoyo a grupos paramilitares, el desastre está servido. Inevitablemente se establecen relaciones y se toman decisiones que vinculan de forma directa la ayuda de Estados Unidos con la violación de los derechos humanos, exactamente las razones que llevaron a promulgar la Enmienda Leahy.

Esto ocurrió con los batallones antinarcóticos Primero y Segundo. En su primer despliegue conjunto en diciembre de 2000, ambos batallones dependían del apoyo y la asistencia lógica de la XXIVa Brigada. Como ya se ha mencionado en este informe, existen pruebas abundantes y fiables de que esta brigada ha apoyado a grupos paramilitares y  ha trabajado con regularidad con ellos en el departamento de Putumayo.

Como ya se ha indicado, la XXIVa Brigada estaba entre las primeras unidades que fueron autorizadas por Estados Unidos para recibir ayuda y entrenamiento. La razón por la que fue elegida por los funcionarios estadounidenses es evidente. Con sede en el departamento de Putumayo, donde se produce la mayor parte de la coca de Colombia, la brigada goza de una situación estratégicamente valiosa para apoyar la lucha contra el narcotráfico. En el diseño de la participación de Estados Unidos en la guerra de Colombia, se pretendió que la XXIVa Brigada fuera un componente clave de la Fuerza de Tarea del Sur, FTS, la fuerza antinarcóticos de elite, con base en Tres Esquinas, creada con fondos, asesoramiento y voluntad política de Estados Unidos.[359]

Los recién creados batallones antinarcóticos utilizan bases de las brigadas del ejército regular para su entrenamiento, apoyo logístico y coordinación de inteligencia. Una vez verificadas, estas brigadas envían a sus soldados a operaciones del FTS en vehículos del FTS, incluidos helicópteros suministrados por Estados Unidos.[360]

Después de que la XXIVa Brigada fuera verificada y declarada apta para recibir ayuda de Estados Unidos, se supo, sin embargo, de una acusación contra sus miembros pendiente en los tribunales colombianos desde 1998. Seis meses antes de que fuera declarada apta para recibir ayuda y entrenamiento de Estados Unidos, la unidad había sido implicada en la ejecución extrajudicial de tres residentes del departamento de  Putumayo, cerca de San Miguel, Putumayo. El 17 de enero de 1998, tropas destinadas en la XXIVa Brigada detuvieron al parecer a ocho personas en un control de carreteras a las afueras de San Miguel, Putumayo. A cinco de ellas se les permitió continuar; los soldados retuvieron a Pablo Emilio Maya, Jorge Florencio Portilla y Aldemar Velasco Ruiz. Vecinos de la zona oyeron disparos y, más tarde, los militares transportaron tres cuerpos al hospital de Puerto Asís, dónde los presentaron a la prensa como guerrilleros muertos en combate.[361]

Los tres retenidos eran muy conocidos en la región y sus familiares los declararon rápidamente desaparecidos. La posterior exhumación de los cadáveres confirmó que los tres supuestos guerrilleros eran Maya, Portillo y Velasco. Los cuerpos mostraban señales de tortura.[362]

En octubre de 1999, Estados Unidos suspendió la ayuda y el entrenamiento a la XXIVa Brigada mientras se investigaba el hecho. Aunque se trata de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, el Ejército consiguió mantenerlo bajo su jurisdicción, contraviniendo lo dispuesto por la Corte Constitucional.[363] Un tribunal militar colombiano resolvió haber encontrado pruebas de delito; el caso está pendiente aún de una resolución definitiva.[364]

La misión de Human Rights Watch a Larandia, una de las bases del FTS, reveló que la suspensión de la ayuda no fue impedimento para que los batallones antinarcóticos Primero y Segundo se alojaran en instalaciones ocupadas y mantenidas por la XXIVa Brigada. El alojamiento fue sólo uno de los aspectos de la ayuda que brindó la brigada, según declaró el Coronel Blas Ortiz, quien tenía bajo su mando la Brigada Antinarcóticos, unidad a la que pertenecen los dos batallones.

El Coronel Ortiz declaró a Human Rights Watch, durante las fumigaciones del mes de diciembre, que los dos batallones antinarcóticos tuvieron su sede en las instalaciones que la XXIVa Brigada tiene en Santana, a las afueras de Puerto Asís. De acuerdo con sus palabras, durante la fumigación, la brigada también les habría prestado ayuda de inteligencia, comunicación entre los sectores militar y civil, y operaciones psicológicas.[365]              

El Coronel Ortiz señaló que la XXIVa Brigada  también alojó a tropas de los batallones antinarcóticos en sus instalaciones de La Hormiga; lugares en los que, según testigos, no se puede distinguir las tropas paramilitares de las del Ejército. Como el propio Coronel indicó, la presencia paramilitar en los alrededores de La Hormiga era muy conocida.[366]

Otra manera de sortear la Enmienda Leahy es consecuencia de la diferencia que existe en la forma de examinar las unidades o a sus miembros. Una persona es verificada según sus informes, y cada vez que esta persona es propuesta para un programa de Estados Unidos, vuelve a ser verificada, con lo que puede aparecer  nueva información.  Por el contrario, si una unidad es declarada apta para recibir asistencia, no se examina a los individuos que posteriormente son trasladados a esa unidad.[367]

Este procedimiento ya ha provocado graves problemas y posibles vínculos entre la ayuda y el entrenamiento de Estados Unidos y soldados implicados en graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en agosto de 2000, el Ministerio de Defensa de Colombia presentó a Estados Unidos su informe de control de uso final, EUM, para derechos humanos, un documento que, según ellos, contiene información actualizada sobre el personal de las Fuerzas Armadas de Colombia que recibe ayuda o entrenamiento de Estados Unidos. Según los funcionarios estadounidenses que tuvieron acceso al documento, en él constaba de que tres oficiales sin mando en tropa trasladados a la XXIIa Brigada, previamente autorizada a recibir ayuda, fueron acusados de presuntas violaciones a los derechos humanos mientras prestaban sus servicios en otras unidades en dos casos todavía pendientes de sentencia.[368]

Como resultado, se suspendió la ayuda a la XXIIa Brigada por el traslado a ella de oficiales con expedientes dudosos en materia de derechos humanos. [369]

Aunque no consta que se hayan tomado “medidas efectivas” contra estos oficiales, el envío de ayuda a la XXIIa Brigada se reanudó el 22 de diciembre de 2000. El 22 de enero de 2001, instructores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos comenzaron a dar clases a miembros de la XXIIa Brigada y del Tercer Batallón Antinarcóticos en los cuarteles de la brigada en Larandia, Caquetá.

No nos consta que Estados Unidos haya tomado medidas para evitar que esta situación se repita en el futuro. Lo que sí parece probable, en consecuencia, es que el  Ejército de Colombia proseguirá con el traslado de personal con expediente dudoso en materia de derechos humanos a unidades verificadas y autorizadas, contradiciendo así el espíritu de la Enmienda Leahy. El Coronel Kevin Higgins señaló que para detectar estos casos dependen de los informes que les presenta el Ministerio de Defensa cada seis meses.[370]

Giro del Departamento de Estado

          Con el fin de extraer información positiva de una situación que es cada vez más caótica y oscura, Estados Unidos ha comenzado a dar un giro a ciertas noticias, con el fin de crear una sensación de progreso en la protección de los derechos humanos, progreso que en realidad es falso. Ejemplo de esta política es la reacción del Departamento de Estado al veredicto de un tribunal militar en el caso de Mapiripán.

En julio de 1997, paramilitares que trabajaban para el Ejército colombiano mataron a más de treinta residentes de Mapiripán, Meta. Leonardo Iván Cortés, residente, Juez Local y testigo del ataque, trató de alertar a las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, con mensajes urgentes que describían los macabros acontecimientos que sucedieron durante cinco días. Más de treinta personas resultaron muertas según distintas informaciones. [371] El Juez Cortés declaró al semanal Cambio 16:“Cada anochecer asesinan a grupos de cinco o seis personas indefensas, que son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio”.[372]

El Juez Cortés recibió posteriormente amenazas contra su vida y se vio obligado a abandonar Colombia con su familia. Docenas de personas tuvieron que dejar Mapiripán, uniéndose a la enorme población de desplazados internos de Colombia.[373]

La investigación civil posterior mostró que las tropas a cargo del General Jaime Uscátegui recibieron en el aeropuerto de San José del Guaviare a paramilitares que llegaron en avión, les ayudaron a cargar camiones y se aseguraron de que las tropas locales que podían haber hecho frente a  los paramilitares se mantuvieran ocupadas en otro lugar.[374]

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General investigó el caso y concluyó que las tropas al mando del General Jaime Uscátegui se mantenían en “estrecha relación y comunicación” con los paramilitares que llevaron a cabo la masacre. “La comunicación no podía ser únicamente con soldados rasos o suboficiales sin mando, sino con altos oficiales que estuvieran en condiciones de disponer movimiento de tropas y control del área”, señalaron los investigadores en su intento de mantener la jurisdicción del caso.[375]

El Coronel Hernán Orozco, subalterno del General Uscátegui, declaró posteriormente ante la Fiscalía General que el General le había ordenado falsificar documentos para ocultar su complicidad.[376] En  agosto de 1999, la Fiscalía General acusó también al Teniente Coronel Lino Sánchez Prado, quien  tenía a su cargo en aquel momento a la Segunda Brigada Móvil, de haber coordinado la matanza directamente con los paramilitares.[377]

A pesar de todo, el Consejo Superior de la Judicatura envió el caso a un tribunal militar. Estos tribunales cuentan con una amplio historial de casos en los que han amparado a oficiales de alto frente a exigencias de responsabilidades. El 12 de febrero de 2001, el tribunal militar declaró al General culpable únicamente de “prevaricato por omisión”, es decir, de no actuar al informársele de la masacre. El mismo tribunal absolvió al General Uscátegui de cargos mucho más graves: crímenes de lesa humanidad, terrorismo, falsedad, y conspiración. Fue sentenciado a cuarenta meses de prisión, poco más de un mes por cada uno de los colombianos asesinados en Mapiripán. 

El subalterno que testificó contra el General Uscátegui, el Coronel Hernán Orozco, fue sentenciado a treinta y ocho meses de prisión por “no insistir” para que su superior actuara. Orozco había solicitado el traslado de su caso a un tribunal civil por creer que no tendría un juicio militar justo. El Coronel declaró al periódico The New York Times que el deseo de ayudar a los paramilitares a avanzar llevó a oficiales de su rango a traicionarle, y a los altos mandos a volverle la espalda.[378]

El veredicto demostró que los oficiales de alto rango que organizan o participan en atrocidades siguen gozando de la protección de los tribunales militares de Colombia. Además, la condena de Orozco envió un claro mensaje a los oficiales de grado medio: si denuncian a sus superiores, ponen en peligro sus carreras y se enfrentan a represalias. El Coronel Orozco objetó su sentencia y argumentó que había hablado claramente de los abusos como pocos oficiales lo habían hecho, y que había puesto en peligro su vida y el bienestar de su familia al decir la verdad. “Me condenaron por denunciar a un general y, por extensión, ofender a todo el Generalato”.[379]

Curiosamente, el Departamento de Estado estadounidense acogió favorablemente las sentencias, y las describió como “un paso más en la exigencia de responsabilidades al personal de las fuerzas de seguridad responsable de la violación de derechos humanos”.[380] [APÉNDICE VI]

El Departamento de Estado se vio obligado por ley a presentar informes sobre el progreso de la protección de los derechos humanos en Colombia. Uno de estos informes fue enviado a los comités de Asignaciones del Congreso sesenta días después de que la Ley 106-246 entrara en vigor. En este informe, el Departamento de Estado asegura que Colombia ha “demostrado mayor deseo” de apartar del servicio a los oficiales de las Fuerzas de Seguridad cuando existen sospechas fiables de que han cometido abusos o han  trabajado con los grupos paramilitares. Sin embargo, en el informe no aparece ninguna prueba que demuestre esa afirmación; en cambio figuran y sí cita destituciones que tuvieron lugar incluso meses antes de que se firmara la ley.[381]

Desde que el Presidente Clinton firmara la  Ley 106-246, Human Rights Watch no ha sabido de ningún oficial o soldado que haya sido licenciado del cargo por motivos exclusivamente relacionados con los derechos humanos. Al contrario, y como ya señala anteriormente este informe, cientos de policías y soldados han sido destituidos por razones aún sin explicar. Ninguno ha tenido que hacer frente a una investigación o un juicio y muchos  de ellos han pasado a engrosar las filas de los paramilitares. 

A pesar de todo, el Departamento de Estado ha elogiado estos licenciamientos como “un importante paso adelante para fomentar mayor profesionalidad y responsabilidad en las Fuerzas Armadas de Colombia”.[382]

APENDICE I         

                                 VOCES INTERNACIONALES

En varios informes se señalan los lazos continuos entre los militares y los paramilitares en Colombia: 

“A pesar de algunos juzgamientos y convicciones, las autoridades casi nunca juzgaron a altos oficiales de las fuerzas de seguridad y de la Policía, acusados de violaciones a los derechos humanos, y la impunidad continúa siendo un problema. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron con grupos paramilitares que cometieron abusos, en algunos casos permitiéndoles a los paramilitares cruzar los retenes; compartiendo información; o proporcionándoles provisiones o municiones. A pesar de los mayores esfuerzos del Gobierno para combatir y capturar a los paramilitares, a menudo las fuerzas de seguridad no tomaron acción para prevenir ataques paramilitares. Las fuerzas paramilitares tienen una base de apoyo efectiva entre los militares y la Policía, así como entre las élites civiles, en muchos sitios”.

-- Capítulo relativo a Colombia del Informe por países sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, 26 de febrero de 2001.

En sus constantes visitas a zonas rurales, la Oficina “siguió recibiendo y siendo testigo de múltiples indicios sobre la existencia de actitudes omisivas así como de vínculos estrechos y persistentes entre algunos integrantes de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares... La intensidad y recurrencia de las acciones paramilitares contra la población civil, lejos de debilitarse se incrementaron, sin que se hayan visto confrontadas por una acción gubernamental que les ponga freno. En contraste con las grandes ofensivas militares contra las guerrillas, en las que se aplican ingentes recursos humanos y logísticos en campañas que duran semanas, los resultados que se han presentado en el marco de la ejecución de la política gubernamental contra el paramilitarismo y el funcionamiento del Decreto 324 de 2000, son puntuales. Generalmente, el ataque contra estos obedece a escaramuzas menores, requisas y detenciones individuales y esporádicas (en muchos casos logradas gracias a la acción de la Fiscalía). El alcance estratégico de tales acciones en la lucha contra el paramilitarismo es cuestionable. Desde que el Ministro de Defensa fue designado responsable del "Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensa y demás grupos armados al margen de la ley", creado por el mencionado Decreto, la Oficina,como se ha detallado líneas atrás, ha transmitido informaciones señalándole la ubicación de bases paramilitares y los movimientos de los distintos bloques. Las respuestas recibidas han sido generalmente insatisfactorias y formales, al carecer de información sobre acciones específicas de las autoridades”.

-- “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, 20 de marzo de 2001.

“La libertad con la que los grupos paramilitares siguen operando en gran parte del territorio a pesar de la presencia del Ejército, y los elevados y crecientes niveles de violencia que continúan causando el desplazamiento forzado de la población civil, sugieren que persiste la colaboración y aquiescencia de los agentes del Estado para con estos grupos”.

-- Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000, Organización de los Estados Americanos, 16 de abril de 2001.

                                                          APÉNDICE II                                        

                                      LAS AUC Y LA TERRAZA

Los propios integrantes de los grupos paramilitares pueden acabar revelando la mayor información acerca estos grupos. En 2000, un grupo de sicarios conocido como La Terraza se peleó con Carlos Castaño. Según los investigadores gubernamentales, Castaño les había pagado para que cometieran una serie de asesinatos en áreas urbanas como Bogotá y Medellín a comienzos de 1997. En agosto de 2000, parece ser que Castaño citó a siete miembros de La Terraza para una reunión y luego los mató por haber cometido crímenes contra algunas de las personas que le respaldaban económicamente.1

Como respuesta, unos hombres que se identificaron como miembros de La Terraza enviaron una carta abierta a los medios y a los líderes de Colombia en la que afirmaban que Castaño y las AUC “no son más que una banda de mafia paramilitar”.2 En esa carta, en un vídeo y en declaraciones a periodistas de televisión, estos hombres reconocían haber cometido una serie de asesinatos de los que les acusaba la Fiscalía General, incluidos los asesinatos en 1997 del trabajador de CINEP, Mario Calderón, su mujer, Elsa Alvarado, y su suegro, Carlos Alvarado; y el asesinato en 1998 de los abogados de defensores de los derechos humanos Eduardo Umaña y Jesús Valle.3

En enero de 2001 comenzaron a estallar coches bomba en zonas ricas de Medellín sin que todavía se sepa quién los colocó. Los encargados de la investigación sospecharon que las explosiones formaban parte de la lucha entre Castaño y La Terraza4.  El 16 de mayo fue asesinado en Medellín otro líder de La Terraza, Ronald de Jesús Arroyave, lo que causó el pánico en la ciudad; los habitantes de Medellín  temieron otra serie de atentados con bomba5. El miedo se vio justificado: al día siguiente explotó un potente artefacto en un próspero barrio de Medellín causando la muerte de seis personas6.

 La ruptura entre Castaño y La Terraza no impidió que Castaño continuara pagando a otros para cometer asesinatos. El 15 de diciembre, hombres armados y supuestamente pagados por Castaño atacaron e hirieron al líder sindicalista Wilson Borja; un vendedor ambulante, testigo del ataque, resultó muerto. Borja era Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, FENALTRASE. Una de las personas que cometieron el atentado fallido resultó herida por los guardaespaldas de Borja. Inmediatamente después, el hombre murió asesinado cuatro bloques más allá, aparentemente a manos de los otros asesinos que buscaban una salida rápida. La Fiscalía General sospecha que entre quienes diseñaron y perpretaron el atentado se encuentran el capitán de la CNP,  Carlos Freddy Gómez Ordóñez, y los siguientes los miembros del Ejército: el Mayor César Maldonado Vidales, el Capitán retirado Jorge Ernesto Rojas, y los oficiales sin mando en tropa Johnson Gamboa Sotelo y Juán Evangelista Basto Bernal.7

                                                          APÉNDICE III

                                           ENMIENDA LEAHY

Los fondos disponibles en virtud de esta ley no podrán destinarse a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Secretario de Estado cuenta con indicios fiables de que dicha unidad ha cometido violaciones graves de derechos humanos, salvo en el caso de que el Secretario determine e informe ante los comités de Asignaciones que el Gobierno de dicho país está adoptando medidas efectivas para poner a los miembros de la unidad responsables a disposición de la Justicia. Lo previsto en esta sección no podrá servir de instrumento para congelar los fondos disponibles en virtud de esta ley con destino a unidades de fuerzas de seguridad de un país extranjero contra las que no existan pruebas fiables de su implicación en una violación grave de derechos humanos. Además, caso de que se acuerde una congelación de los fondos destinados a una unidad en cumplimiento de lo aquí dispuesto, el Secretario de Estado informará con diligencia de las razones de la congelación al gobierno extranjero afectado y, en la medida de lo posible, le asistirá en la adopción de medidas efectivas para poner a disposición de la justicia a los miembros de esas fuerzas de seguridad responsables de las violaciones, de tal manera que la dotación de fondos a la unidad pueda reanudarse.

                                                          APÉNDICE IV

      VERIFICACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Estados Unidos comienza el proceso de verificación y autorización con la solicitud al Ministerio de Defensa de Colombia de una lista de miembros de las fuerzas de seguridad de los que existan garantías de que está limpios de problemas relacionados con los derechos humanos. Para preparar esta lista, el Ministerio de Defensa comprueba que los candidatos no tienen cargos pendientes en los tribunales colombianos o en la Procuraduría. En este primer paso ya se ignoran los términos de la Enmienda Leahy, que exige descartar a las unidades contra cuyas miembros  existan “pruebas fiables” que los impliquen en violaciones a derechos humanos. El Ministerio de Defensa colombiano sólo descarta a los candidatos contra los que ya existe una acusación oficial, algo que puede tardar años en el sistema judicial de Colombia, un sistema sobrecargado y carente de medios.1

La lista final se presenta ante la Sección Militar o  MilGroup, la sección de la Embajada de Estados Unidos ante Colombia que incluye personal del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas y que es responsable de la ayuda militar y el entrenamiento. El MilGroup trabaja junto a la Sección Política en una revisión inicial, en la que se contrastan los nombres con información proporcionada por la Fiscalía General y la Procuraduría.  Los funcionarios responsables del proceso de verificación declararon a Human Rights Watch que periódicamente contrastan los nombres con información proporcionada por otras fuentes: informes de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos o de otro tipo, notas de prensa e información obtenida por la CIA.2

Según afirmaron funcionarios de EEUU a Human Rights Watch, en la lista que presenta el Ministerio de Defensa, aparecen habitualmente cuatro o cinco nombres que pueden dar problemas. En ese caso, la Sección Política incluye esa información entre el material que remite junto con la lista al Departamento de Estado en Washington. Allí, un comité interno estudia de nuevo la lista, la coteja con nueva información y toma la decisión final. Todo el proceso de verificación y autorización puede llevar de cuarenta y cinco a sesenta días.3

Una vez que la unidad ha sido verificada y autorizada, los oficiales y soldados que la integran no son fijos. Como el resto de las unidades de las fuerzas militares de Colombia, las unidades verificadas transfieren regularmente a sus hombres a otras unidades a la vez que reciben personal. Para mantener un control, el Ministerio de Defensa presenta, dos veces al año, informes de control de uso final, EUM, en los que incluye información sobre los soldados trasladados a las unidades verificadas.4

Hasta ahora, Estados Unidos ha tenido dificultad para controlar con exactitud el uso de su asistencia en materia de seguridad. Según un informe de agosto de 2000 de la Oficina General de Contabilidad, el Departamento de Estado no había cumplido con el requisito de que su personal observara e informara del uso que se da a los servicios y artículos que Estados Unidos proporciona a gobiernos extranjeros, dejando abierta la posibilidad de un mal uso de esos bienes y servicios. El informe sólo se refiere al control de uso final normal, no al control de respeto de derechos humanos. Sin embargo, subraya que incluso el control normal es defectuoso y que, si no se aplica rigurosamente la ley, puede fracasar en el intento de proporcionar información exacta del uso que se hace de la ayuda estadounidense.

                                           APÉNDICE V

          REQUISITOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Los siguientes requisitos son los que se recogen en la ley registrada como Ley 106‑246, de 29 de junio de 2000.1

Sec. 3201. Requisitos de la asistencia a Colombia. (a) Requisitos:

 (1) Requisito de certificación: la asistencia prevista en esta sección se pondrá a disposición de Colombia en los ejercicios 2000 y 2001 únicamente en el caso de que el Secretario de Estado certifique ante los comités pertinentes del Congreso, con anterioridad al inicio del envío de la ayuda cada año, que:

(A)(i) el Presidente de Colombia ha cursado orden escrita para que el personal de las Fuerzas Armadas colombianas al que se presuma autor de violaciones graves de derechos humanos sea puesto a disposición de los tribunales civiles de Colombia, en conformidad con la decisión de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia sobre la competencia de la jurisdicción civil en materia de derechos humanos; y

(ii)que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas colombianas está suspendiendo del servicio con diligencia a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas colombianas contra quien existan acusaciones fiables de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, o de haber ayudado o instigado a grupos paramilitares; y

(iii) que las Fuerzas Armadas colombianas y su Comandante en Jefe están acatando íntegramente (A)(i) y (ii); y

(B) que las Fuerzas Armadas colombianas están cooperando plenamente con las autoridades civiles en la investigación, procesamiento y castigo en la jurisdicción civil de los responsables de delitos de violaciones graves de derechos humanos atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas colombianas;

(C) que el Gobierno de Colombia está poniendo a disposición de la jurisdicción ordinaria, con diligencia, a los dirigentes y miembros de los grupos paramilitares y al personal de las Fuerzas Armadas que ayude o instigue a estos grupos.

(D) que el Gobierno de Colombia ha acordado y está llevando a cabo una estrategia para eliminar, para el año 2005, la producción total de coca y opio en Colombia, a través de una combinación de programas de desarrollo alternativo; erradicación manual; fumigación aérea de herbicidas químicos; micoherbicidas comprobadamente seguros para el medioambiente, y la destrucción de laboratorios de narcóticos ilegales dentro del territorio colombiano;

(E) que las Fuerzas Armadas colombianas están organizando y desplegando en sus unidades sobre el terreno un Cuerpo General de Auditores para investigar a su personal por mala conducta.

(2) Proceso consultivo: el Secretario de Estado consultará con organizaciones defensoras de los derechos humanos reconocidas internacionalmente sobre los progresos del Gobierno de Colombia en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado (1) antes que se libre la certificación exigida por ese apartado (1).

(3) Aplicación de las leyes vigentes: las mismas restricciones contenidas en la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Exterior, Financiación de Exportaciones y Programas Relacionados del año 2000 (Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act), Ley 106-113; y la sección 8098 de la Ley de Asignaciones del Departamento de Defensa del año 2000 (Department of Defense Appropiation Act), Ley 106-79, se aplicarán a la disponibilidad de los fondos establecidos en esta sección.

(4) Exención: la asistencia podrá prestarse, omitiendo lo dispuesto en esta sección, si el Presidente determina y certifica ante los comités pertinentes que se presta en interés de la seguridad nacional.

(b) Definiciones: en esta sección:

(1)        Ayudar o instigar: la expresión “ayudar o instigar” significa apoyar directa o indirectamente a los grupos paramilitares e incluye la acción de conspirar para permitir, facilitar o promover las actividades de los grupos paramilitares.

(2)  Comités pertinentes del Congreso: la expresión “comités pertinentes del    Congreso” se refiere al Comité de Asignaciones (Committee on Appropriations) y al Comité de Relaciones Exteriores (Committee on Foreign Relations), del Senado, y al Comité de Asignaciones (Committee on Appropriations) y al Comité de Relaciones Internacionales (Committee on International Relations), de la Cámara de Representantes.

(3) Grupos paramilitares: la expresión “grupos paramilitares” significa grupos ilegales de autodefensa y cooperativas de seguridad ilegales.

(4) Asistencia: el término “asistencia” se refiere a la ayuda asignada en esta sección para los ejercicios 2000 y 2001, y que se proporciona en virtud de lo establecido en las siguientes leyes:

(A) Sección 1004 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act) para el ejercicio 1991, Ley 101-510, sobre ayuda contra el narcotráfico.

(B) Sección 1033 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act) para el ejercicio 1998, Ley 105-85, sobre ayuda contra el narcotráfico destinada a Colombia y Perú.

(C) Sección 23 de la Ley de Control de Exportación de Armas (Arms Export Control Act), Ley 90-629, sobre ventas a crédito.

(D) Sección 481 de la Ley de Ayuda Exterior de 1961 (Foreign Assistance Act of 1961), Ley 87-195, sobre control internacional de narcóticos.

(E) Sección 506 de la Ley de Ayuda Exterior de 1961 (Foreign Assistance Act of 1961), Ley 87-195, sobre autoridad para disposiciones de emergencia.

                                                       APÉNDICE VI

LA CIA Y LOS VÍNCULOS ENTRE MILITARES Y PARAMILITARES 

Durante más de una década, los principales periódicos y semanarios colombianos y los informativos vespertinos —por no mencionar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Human Rights Watch— han publicado cientos de informes y artículos sobre las continuas conexiones entre las Fuerzas Armadas colombianas y los grupos paramilitares. Sin embargo, todo ese material parece no haber hecho la menor mella en la CIA. Lo que sigue es un extracto de la declaración ante el Senado del director de la CIA, George Tenet, a preguntas del senador demócrata por Michigan Carl Levin:

SEN. LEVIN: En Colombia, primero. El Ejército, o elementos del mismo se han solido aliar secretamente con fuerzas de los carteles para combatir a la cada vez más poderosa insurgencia… ¿Todavía lo están haciendo?

SR. TENET: Bueno, sabemos que históricamente han existido conexiones entre el Ejército y los paramilitares.

SEN. LEVIN: ¿Y existen ahora?

SR. TENET: Verá, si tengo que darle una respuesta… Quiero decir, estamos estudiándolo cuidadosamente, pero no lo sé. No puedo. Senador. Es algo que nos preocupa.1