Comienza en Costa Rica la reunión anual del tratado
3 de Septiembre de 2014
Para maximizar el impacto del tratado global contra las bombas de racimo, todos los países deben adoptar leyes nacionales estrictas y adecuadas a su territorio nacional. Las prohibiciones que puedan ser impuestas en los tribunales nacionales pueden ayudar a garantizar que estas armas mortales no dañen a civiles.
Bonnie Docherty, investigadora principal de la división de Armas de Human Rights Watch y autora del informe

(San José, Costa Rica) – Los países de todo el mundo deberían implementar estrictas leyes para poner en práctica el tratado que prohíbe las municiones en racimo, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy durante una reunión internacional de países que son parte del tratado.

El informe de 81 páginas, “Staying Strong: Key Components and Positive Precedent for Convention on Cluster Munitions Legislation” (“Continuemos firmes: Componentes claves y un precedente positivo para la convención sobre legislación contra las municiones en racimo”), urge a los países a que, lo antes posible, aprueben leyes nacionales sólidas que implementen las provisiones del tratado. El informe describe los elementos de una ley sólida y destaca provisiones ejemplares en las leyes existentes. El informe fue publicado de manera conjunta con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Harvard.

“Para maximizar el impacto del tratado global contra las bombas de racimo, todos los países deben adoptar leyes nacionales estrictas y adecuadas a su territorio nacional”, dijo Bonnie Docherty, investigadora principal de la división de Armas de Human Rights Watch y autora del informe. “Las prohibiciones que puedan ser impuestas en los tribunales nacionales pueden ayudar a garantizar que estas armas mortales no dañen a civiles”.

Las municiones en racimo son armas de gran tamaño que dispersan decenas o cientos de submuniciones. Causan bajas civiles durante los ataques, especialmente en áreas pobladas, porque cubren un área muy amplia con las submuniciones. Además, muchas de las submuniciones no explotan en el impacto y se quedan ahí, como minas explosivas latentes, matando o hiriendo a civiles mucho después del ataque inicial.

Representantes de gobiernos, organismos de la ONU y la Cluster Munition Coalition (Coalición sobre las Municiones en Racimo o CMC, por sus siglas en inglés) se reunirán en San José, Costa Rica, del 2 al 5 de septiembre de 2014, para la Quinta Reunión de los Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo de la CMC. Entre otras cosas, discutirán un amplio abanico de temas relacionados al estatus de la convención, incluida la legislación nacional.

La Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 obliga a los países miembros a que promulguen leyes nacionales que penalicen las violaciones de la absoluta prohibición de las municiones en racimo con penas de cárcel o multas. El tratado también exige la destrucción de reservas, la eliminación de restos y la asistencia a las víctimas. Hasta agosto de 2014, 86 países eran miembros integrales de la Coalición sobre Municiones en Racimo y otros 29 países la habían firmado.

En consonancia con la “Supervisión de las municiones en racimo de 2014”, un informe anual sobre el estatus del tratado, 22 países miembro habían implementado una legislación nacional dedicada al cumplimiento de la convención, mientras que otros 19 estaban en el proceso de esbozar, considerar o adoptar una legislación nacional. Otros 26 países miembro consideran que otras leyes nacionales, más generales, son suficiente para hacer cumplir las provisiones de la convención.

Si bien no hay una simple ley que represente el modelo a seguir, Human Rights Watch y la Clínica de Harvard destacaron componentes de estatutos vigentes implementados que ofrecen apoyo para cada elemento esencial de legislación. Las leyes nacionales deberían incorporar tanto las prohibiciones como las obligaciones positivas para minimizar los daños humanos causados por las municiones de racimo, señalaron los grupos.

La legislación debería prohibir el uso, producción, desarrollo y almacenamiento de municiones en racimo y hacer que la asistencia a cualquiera de estas actividades sea considerada un delito.

Las leyes también deberían especificar que es ilegal que un país albergue reservas de estas armas de otros países, o que permita el tránsito de las bombas en racimo a través de territorio nacional, o que invierta en su producción.

“El proceso legislativo es una oportunidad para ayudar a resolver debates relacionados a la interpretación de la convención y su alcance”, dijo Docherty, que también da clases de derecho en la Clínica de Harvard. “Las leyes nacionales deberían dejar claro que los países tienen prohibido secundar el uso de  municiones en racimo, incluso cuando colaboren con fuerzas aliadas que podrían utilizarlas”.

La legislación nacional también debería fijar plazos para la destrucción de arsenales de reserva y despejar las áreas contaminadas con restos de bombas en racimo. Estas leyes también deberían sentar la base para un programa nacional que auxilie a las víctimas. Finalmente, la legislación de implementación debería ser lo suficientemente amplia como para imponer responsabilidad tanto en individuos como en empresas que tengan lazos legales al país, incluso cuando cometan infracciones fuera del país.

Si bien no ha habido informes o denuncias de que estados miembros hayan violado las prohibiciones de la convención, según el informe de supervisión de 2014, las fuerzas del gobierno sirio han utilizado municiones en racimo desde mediados de 2012, lo que ha resultado en la muerte de cientos de civiles. También han surgido informes sobre ataques con este tipo de armas en 2014 en Sudán del Sur y Ucrania, pero no está claro qué fuerzas armadas involucradas en esos conflictos son responsables. Ninguno de estos tres gobiernos se han unido al tratado.