Órgano de derechos humanos de la ONU emite preocupación por actividades de vigilancia
28 de Marzo de 2014
EE.UU. insiste en que no tiene obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos de privacidad de los extranjeros fuera de sus fronteras, pero uno de los órganos de derechos humanos más importantes de la ONU acaba de dejar en claro que no está de acuerdo.
Andrea Prasow, especialista sénior en seguridad nacional y defensora

(Washington, DC) – Estados Unidosdebería prestar atención a las recomendaciones emitidas el 27 de marzo de 2014 por un importante órgano de derechos humanos de Naciones Unidas para que garantice que sus actividades de vigilancia estén en consonancia con el derecho a la intimidad, tanto dentro como fuera de sus fronteras, señaló hoy Human Rights Watch.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió hoy sus observaciones finales después de examinar el expediente de EE.UU. sobre el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado fundamental de derechos humanos que EE.UU. ratificó en 1992. Las conclusiones abordan una amplia gama de graves problemas de derechos humanos en EE.UU., pero los resultados en materia de vigilancia son notables, ya que representan la primera declaración del comité sobre el grado en que los derechos de privacidad se ven afectados por la vigilancia generalizada de las comunicaciones.

“EE.UU. insiste en que no tiene obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos de privacidad de los extranjeros fuera de sus fronteras, pero uno de los órganos de derechos humanos más importantes de la ONU acaba de dejar en claro que no está de acuerdo”, dijo Andrea Prasow, especialista sénior en seguridad nacional y defensora de Human Rights Watch, quien asistió a la revisión periódica en Ginebra. “Es hora de que EE.UU. reconozca que las personas fuera del país tienen el mismo derecho a que su intimidad sea respetada que aquellos dentro de EE.UU., y que cualquier tipo de vigilancia debe ser estrictamente necesaria y proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo”.

El comité hizo un llamamiento para que EE.UU. se asegure de que sus prácticas de vigilancia cumplan con sus obligaciones de respetar los derechos de privacidad establecidos en el artículo 17 del PIDCP, independientemente de la nacionalidad o la ubicación de las personas monitoreadas. También expresó su preocupación por la falta de transparencia en las leyes y sentencias judiciales de EE.UU. relativas a la vigilancia. Además instó a EE.UU. a reformar su sistema de supervisión de la vigilancia para proteger los derechos de los afectados, a abstenerse de imponer la retención obligatoria de datos por terceras partes y a garantizar que las personas afectadas tengan acceso a recursos efectivos en caso de abuso.

Human Rights Watch señaló que el comité también hizo recomendaciones importantes sobre otras políticas y prácticas de seguridad nacional de EE.UU., como por ejemplo que el gobierno de EE.UU. desclasifique un informedetallado del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa de tortura de la CIA, revise las justificaciones legales para el programa de ejecución selectiva de Estados Unidos, especialmente el uso de aviones no tripulados (drones), y que elimine el actual sistema de detención indefinidasin cargos ni juicio en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

El comité también abordó problemas graves relacionados con los derechos de los inmigrantes, las mujeres y los pueblos indígenas.

Muchas de las conclusiones del comité se centraron en abusos dentro del sistema de justicia penal de EE.UU., como el uso prolongado del régimen de incomunicación, incluso para menores de edad; la criminalización de la indigencia; el uso extendido de la pena de muerte, y la privación de derechos de los delincuentes. El comité también instó a EE.UU. a prohibir todas las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicionalpara menores, tras poner en evidencia con preocupación lo extendida que es en EE.UU. la práctica de procesar a menores como si fueran adultos.

El comité aplaudió la aprobación de la Ley de Condenas Justas (FSA por sus siglas en inglés), que reduce las disparidades de sentencia para el crack y la cocaína en polvo, pero instó a EE.UU. a asegurarse de que la FSA sea aplicada retroactivamente. También hizo un llamamiento para que vaya más lejos en su propósito de reducir las brechas raciales en las sentencias, incluso mediante la reforma de los estatutos de sentencia obligatoria mínima, una medida que Human Rights Watch lleva mucho tiempo recomendando.

“Con demasiada frecuencia, los estatutos de sentencias mínimas obligatorias en EE.UU. resultan en sentencias visiblemente desproporcionadas en relación con el delito”, señaló Prasow. “Ya es hora de que el Congreso y los estados revisen y reformen estas medidas injustas de aplicar una misma sentencia para todos”.