Gracias Sr. Presidente.
Sr. Despouy,
El Centro Prodh, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y la Organización Mundial Contra la Tortura quisiéramos agradecerle su informe a este Consejo de marzo de 2009, en el cual destaca la considerable atención que Usted ha prestado al tema de la justicia militar y menciona el Proyecto de Principios sobre la Administración de Justicia por los Tribunales Militares, que aún están pendientes ante el Consejo.
Dichos Principios señalan que "[e]n todo caso, la competencia de los órganos judiciales militares debería excluirse a favor de la de los tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos crímenes".
Deseamos destacar que, a pesar de que los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado sistemáticamente que fiscales y tribunales militares investiguen y juzguen casos que suponen abusos en contra de civiles, al señalar que la jurisdicción de los tribunals militares debe estar limitada a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar, en México los tribunales y agentes del ministerio público militares rutinariamente investigan a los militares acusados de cometer violaciones de derechos humanos. Esta práctica viola las obligaciones de México conforme al derecho internacional y parece contradecir el Articulo 13 de la Constitución Mexicana.
Desde que el Presidente Calderón asumió su cargo en diciembre de 2006, y desplegó miles de tropas para el combate del tráfico de drogas y el crimen organizado, las quejas de presuntos abusos militares recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha incrementado en un seiscientos por ciento.
La regla es que estos abusos terminen impunes. El ejército mexicano habitualmente investiga incluso las más flagrantes violaciones de derechos humanos, incluyendo alegaciones de violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, mediante un sistema que carece de garantías básicas para asegurar su independencia e imparcialidad. El Procurador General de Justicia Militar de México informó que en los últimos dos años solo se han consignado menos del diez por ciento de los casos que involucran crímenes de soldados en contra de civiles y que hayan sido presentados ante dicha autoridad. Asimismo, el Procurador no ha podido dar ni un solo ejemplo en el cual un miembro de las fuerzas armadas, acusado de haber cometido una violación a los derechos humanos, haya sido condenado por los tribunales militares en los últimos diez años.
En el contexto del Examen Periódico Universal realizado a México en febrero de 2009, siete Estados recomendaron que el Estado Mexicano limite el uso de la jurisdicción militar y excluya los crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos de su esfera de competencia. Estas recomendaciones no fueron aceptadas y sigue pendiente su consideración por parte del gobierno mexicano.
En vista de la situación en México repecto al uso del sistema de justicia militar, el cual nos causa gran preocupación, y en seguimiento al trabajo que Usted ha llevado a cabo en este importante tema, incluyendo su informe para la 61° sesión de la Asamblea General sobre la situación de la justicia militar en el mundo (A/61/384), ¿qué medidas, como por ejemplo una visita a México, consideraría Usted adecuadas para abordar este asunto urgente?
La Comisión Internacional de Juristas, el Centro Prodh, Human Rights Watch y la OMCT quieren aprovechar la ocasión para reconocer su importante trabajo como Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.
Gracias.
